CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente


STC10605-2016

Radicación n.º 11001-02-03-000-2016-02075-00

(Aprobado en sesión de tres de agosto de dos mil dieciséis)



Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil dieciséis (2016).


Decídese la tutela promovida por Eliberto Gallo Gómez frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo lugar, específicamente contra el magistrado Javier González Serrano, con ocasión del juicio de resolución de contrato de promesa de compraventa adelantado por Ana Victoria Chacón Abreo respecto del aquí promotor.






1. ANTECEDENTES


1. El petente reclama la protección de la garantía al debido proceso, presuntamente lesionada por las autoridades judiciales accionadas.


2. En sustento de su inconformidad expresa, en esencia, que antes de iniciarse el juicio materia de este resguardo, la demandante, Ana Victoria Chacón Abreo, agotó la “conciliación prejudicial” consagrada en la Ley 640 de 2001.


Agrega que realizado lo anterior, la mencionada señora formuló demanda de resolución de contrato de promesa de compraventa en su contra, tramitación en la cual él alegó la excepción previa de “cosa juzgada”, pues, esa “conciliación, al haber conciliado la totalidad de las pretensiones, la misma adquirió la fuerza de una sentencia y la misma hizo tránsito a cosa juzgada”, desestimada por el a quo, determinación confirmada en segunda instancia.


Manifiesta que si para los funcionarios “(…) esa conciliación (…) no tiene nada que ver con el [juicio] de resolución de contrato de promesa de compraventa, (…) [habría] que (…) [anular] todo lo actuado por falta del requisito de procedibilidad”.


Sostiene que “(…) la sentencia que está contenida en el acta de conciliación (…) no puede ser sometida a ninguna condición, sino que si hubo un incumplimiento de lo conciliado, el demandante cuenta con la acción ejecutiva para hacerla cumplir (sic)”.


Destaca que no le era dable a la señora Chacón Abreo formular el citado pleito, pues las peticiones del mismo ya se “conciliaron”, por tanto, “ni el juez de instancia [ni] el Tribunal [pueden considerar] (…) que en la conciliación lo que se pactó fue una condición resolutoria, porque una sentencia no tiene una condición resolutoria (sic)”.


Asevera que los despachos incurrieron en yerro al argüir que los extremos litigiosos “pactaron una condición resolutoria, porque se pactó que si el señor Eliberto Gómez Gallo incumplía la conciliación daba derecho a que el contrato se resolviera de forma inmediata (…), [pues] si hubo una conciliación total (…) de las pretensiones, el contrato original sobre el cual se realizó la conciliación ya no existe”, y por sustracción de materia, es imposible demandar su “resolución”.


3. Tras reiterar incesantemente los hechos ya descritos y exponer su particular criterio de la forma como debió solucionarse el caso, pide acoger el memorado medio exceptivo.


1.1.  Respuesta de los accionados


Guardaron silencio.



2. CONSIDERACIONES


1. El Tribunal accionado para confirmar el proveído aquí criticado, inició aludiendo al escrito contentivo de la memorada conciliación, del cual adujo que las partes en contienda se presentaron el 27 de abril de 2015 ante el Notario Primero del Círculo de San Gil “(…) y llegaron a un acuerdo en la totalidad de las pretensiones, pactándose modificar las cláusulas inicialmente acordadas en el contrato de compraventa celebrado”.


Refirió a la figura jurídica de la cosa juzgada, específicamente, a sus elementos estructurales, esto es, “identidad de partes, causa y objeto”, y, seguidamente, emprendió el estudio del caso concreto, acotando


“(…) que en el acuerdo conciliatorio (…) [se] modificar[on] algunas de las condiciones del clausulado de (…) [la] compraventa signad[a] por las partes aquí en litis, el día diez (10) de mayo de dos mil catorce (2014). [De] esas precisas condiciones se colige que se mantuvo (…) [la] compraventa del predio ‘Bellavista’ [, se creo un] pacto adicional en materia de algunas obligaciones dinerarias [y] se estipuló que el quince (15) de septiembre de dos mil quince (2015) se suscribiría la respectiva escritura pública. Y también, que ‘si el señor Eliberto Gallo Gómez [aquí tutelante] incumple uno de los pagos pactados esto dará derecho para que el contrato se resuelva de manera inmediata”.       

Luego de destacar que en el señalado “acuerdo conciliatorio (…) se previó una nueva posibilidad de resolución [del] contrato (…) [y que] estas nuevas condiciones contractuales o cláusulas de lo allí pactado constitu[ían] aspecto determinante del fundamento fáctico (…) [invocado] en la demanda”,  concluyó que, precisamente, esos cambios introducidos al negocio primigenio truncaban la posibilidad de alegar con éxito el instituto jurídico de la cosa juzgada, por ausencia del presupuesto de “identidad de causa”.


En punto de ese requisito, afirmó


“(…) que en sus alcances los hechos invocados [en el libelo] son diferentes a los referidos [en] la conciliación, (…) pues, posteriormente se impusieron nuevos plazos de pago, incluso, nueva fecha para [el] perfeccionamiento [del acuerdo de voluntades], lo cual hace visible que no se esté ante las mismas condiciones que de por sí son otras para el perfeccionamiento del negocio (…) de compraventa, inicialmente suscrito por las partes respecto del predio ‘Buenavista’ (…)”.


Con apoyo, entre otros, en los argumentos glosados en antelación  el ad quem confirmó la providencia recurrida por el demandado en ese litigio, ahora impulsor de este ruego.


2. Del anterior relato se colige que el Tribunal, afincado en los elementos demostrativos recopilados en el caso materia de este auxilio, infirió razonadamente la imposibilidad de acceder al medio de defensa deprecado por el petente de la salvaguarda, por cuanto no acreditó la totalidad de los presupuestos de la figura legal invocada como sustento del mismo. 


Con relación al exclusivo carácter ejecutivo que emana de una conciliación, en sede de casación, esta Sala señaló que a más del efecto procesal, puede contener un verdadero negocio jurídico objeto de acción declarativa. Justamente, en sentencia de 22 de noviembre de 1999 –exp.: 5020-, la Corte estimó errado el criterio del juzgador ad quem, 


“(…), pues, si bien es cierto, el pleno acuerdo conciliatorio tiene la virtud de impedir la iniciación de un proceso o de terminarlo, pues produce efectos de cosa juzgada entre las partes respecto de la materia litigiosa, también es cierto que cuando dicha conciliación concluya con la celebración de un contrato, del cual surjan nuevas obligaciones bilaterales, no se le puede desconocer o cercenar la prerrogativa que tiene el contratante cumplido frente al contratante incumplido de pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1546 del C. Civil”.


4. Se establece, en definitiva, que el laborío del mencionado juzgador, en tanto corresponde a una interpretación plausible del acervo probatorio obrante en el trámite, no luce arbitrario, ni caprichoso, sino, por el contrario, ecuánime, conclusión que per sé descarta la prosperidad de esta salvaguarda.


La inconformidad del tutelante con el comentado pronunciamiento por ser adverso a sus intereses no le abre paso a esta particular justicia, por cuanto se halla reservada para eventos de patente desafuero judicial, lo cual no se configura en el pleito examinado.


Memórese, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional.


Atinente a ello, esta Corporación ha afirmado:

“(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra exégesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia”1.


Esta Sala también ha indicado:


“(…) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (…) autonomía en la exégesis de la ley y en la valoración de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento así sea coherente sobre lo que debió ser ya la explicación de la norma o del análisis de la prueba, para desdeñar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como vía de hecho judicial (…) ‘el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia’ (…)”2

(sublínea fuera de texto).


4. Por las razones señaladas, el amparo deprecado será desestimado.



3. DECISIÓN

       

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:


PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Eliberto Gallo Gómez frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo lugar, específicamente contra el magistrado Javier González Serrano, con ocasión del juicio de resolución de contrato de promesa de compraventa adelantado por Ana Victoria Chacón Abreo respecto del aquí.


SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.


TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO



LUIS ALONSO RICO PUERTA



ARIEL SALAZAR RAMÍREZ



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.

2 CSJ. STC 1° de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00.