CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
STC2596-2016
Radicación n.° 44001-22-14-002-2015-00042-01
(Aprobado en sesión de dos de marzo de dos mil dieciséis)
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 21 de enero de 2016 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha dentro de la tutela promovida por la E.S.E. Hospital San José de Maicao contra los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos del Circuito, Primero y Segundo Promiscuos Municipales de esa localidad, y Primero Civil del Circuito de Riohacha, con la vinculación de todos los demandantes que han iniciado procesos en contra de la accionante.
1. La entidad promotora solicita la salvaguarda de los derechos a la salud, vida, trabajo y mínimo vital supuestamente quebrantados por los accionados.
2. Su reclamación se apoya en los hechos que enseguida se compendian (fls. 1 a 16 c-1):
2.1. En los procesos que en contra de la ESE Hospital San José de Maicao inició Gases Industriales de Colombia S.A.[2012-032], Laboratorios Dai de Colombia S.A. [2012-021], Hennys Márquez González [2011-025], Industrias Metálicas Los Pinos [2011-040], Pirámide Textil S.A. [2011-023], Cooperativa de Hospitales de Antioquia [2010-009], Impermeabilizaciones y Acabados EU [2010-026] y Comité Municipal de la Cruz Roja de Maicao [2010-029], el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de esa localidad dictó varias medidas cautelares.
2.2. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Maicao libró esa misma orden en los juicios promovidos por Suministros y Dotaciones Colombia [2010-079], Labserving Ingeniering y Aplications [2014-0140], Vigilancia y Seguridad Ltda. [2012-025], Enlaces del Caribe [2009-0168], Vigilancia Guajira Ltda. [2011-009, 2013-0085], Ciber Segurity Ltda. [2011-0026], Luis Rafael Moscote Salazar [2011-044], Jorge Enrique Villarraga Poveda [2011-058], Cruz Roja Municipal [2012-0031], Cooperativa de Profesionales de la Salud [2012-051], Procesos Médicos Ltda. [2012-069, 2012-0090], Laboratorios Clínicos [2013-049], Aseo y Salud S.A. ESP. [2014-0119, 2014-0172], Laboratorio Clínico Santa Lucía [2014-056].
2.3. Los Jueces Primero y Segundo Promiscuos Municipales de Maicao, en su orden, procedieron igualmente a decretar medidas previas en los procesos entablados por Laboratorios Dai de Colombia S.A. [2014-0149] y Tech Biónica S.A. [2015-0191]; en similar sentido actuó el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha en el juicio iniciado por Interauditar Ltda. [2013-0058].
2.4. Esa cantidad de embargos y la ausencia de recursos llevó a la empresa, desde el 28 de octubre de 2015, a cesar temporalmente sus actividades en los servicios de urgencias, hospitalización de adultos, pediatría, ginecoobstetricia y cirugía, en perjuicio de los niños, personas de la tercera edad y toda la comunidad en general.
3. Solicita se ordene suspender temporalmente los embargos dispuestos sobre las cuentas que están a su nombre en las distintas entidades bancarias (fl. 7).
1.1. Contestación de los accionados y vinculados
La Juez Primera Promiscuo Municipal acusada alegó no haber vulnerado garantía alguna porque en la ejecución iniciada por Laboratorios Dai de Colombia S.A. contra el ente gestor aún no se habían pedido medidas cautelares (fls. 104 y 105).
El Primero Civil del Circuito de Riohacha manifestó haber tramitado la ejecución 2013-0058-00 acatando las reglas del debido proceso, en la cual el Hospital demandado no ejerció el derecho de defensa (fl. 126).
El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Maicao informó haber dictado mandamiento de pago en ocho ejecuciones promovidas en contra de la entidad accionante, en las cuales decretó medidas cautelares haciéndole la salvedad a las entidades bancarias, instituciones de salud, alcaldías, gobernaciones etc., que esa orden no aplicaba para los dineros con carácter inembargable ni sobre aquellos que hicieran parte del sistema general de participaciones (fls. 127 a 129).
Laboratorio Clínico Santa Lucía, Tech Biónica S.A. y Labserving Ingeniering y Aplications pidió negar el amparo (fls. 174 a 177).
Suministros y Dotaciones de Colombia expresó no haber violado garantía fundamental alguna (fls. 184 a 186). Familia guardó silencio.
1.2. La sentencia impugnada
Negó el amparo por no haberse cumplido con el requisito de inmediatez y ningún recurso se interpuso frente a los proveídos ordenadores de las cautelas; es más, en algunos juicios no se pidieron por la parte interesada y otros ya fueron terminados por pago total de la obligación (fls. 189 a 205).
1.3. La impugnación
La propone la entidad gestora insistiendo en los argumentos planteados en el escrito de tutela (fls. 243 a 256).
2. CONSIDERACIONES
1. La institución accionante pretende la suspensión temporal de las medidas cautelares ordenadas en todos los procesos ejecutivos promovidos por sus acreedores en cada uno de los despachos judiciales convocados, pues estima que ese cúmulo de embargos y retenciones no le ha permitido prestar el servicio de salud de manera integral a la comunidad.
2. No se accederá al auxilio, al observarse prima facie que el tema toral soporte del mismo atinente a detener o diferir la consumación de las cautelares decretadas en las ejecuciones singulares iniciadas en contra de la ESE Hospital San José de Maicao, no ha sido planteado ante los distintos despachos judiciales accionados que conocen de esos asuntos, pues éstos en sus contestaciones aseveraron que la entidad demandada al notificarse del mandamiento de pago guardó silencio frente al decreto de las cautelas.
Esa súplica debe hacerse primeramente ante el juez natural que conoce del asunto y no derechamente al constitucional; aquél es quien tiene la competencia y facultad de estudiar lo pedido, sopesar los argumentos expuestos y ponderar las pruebas arrimadas para luego emitir una decisión juiciosa acerca del tema, la cual puede resultarle favorable o adversa a sus intereses, pudiendo en este último evento acudir a los recursos ordinarios previstos por el legislador.
Le está vedado al Juez constitucional anticiparse en la adopción de pronunciamientos sobre aspectos que le corresponde zanjar solamente al juzgador natural, por cuanto no puede arrogarse facultades que no le son propias.
Así las cosas, el resguardo resulta prematuro porque, como quedó visto, el tópico que impulsa a la entidad gestora a acudir a esta vía ni siquiera ha sido formulado ante el funcionario competente.
Al respecto, esta Corte manifestó:
“(…) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, según la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le está vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (…) para que de una manera rápida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso’, pues, reitérase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera específica señale la ley (…)”1.
3. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmación del fallo impugnado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.
SEGUNDO: Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 2013-00211-01, entre otras.