CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente



STC9256-2016

Radicación n.° 11001-22-03-000-2016-00570-01

(Aprobado en sesión de seis de julio de dos mil dieciséis)



Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil dieciséis (2016).



Decide la Corte la impugnación formulada respecto de la sentencia proferida el 19 de abril de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Javier Antonio Gutiérrez Lozano contra la Superintendencia de Sociedades –Delegatura para Procedimientos Mercantiles-, con ocasión del asunto verbal impulsado por el aquí actor frente a Gilma Lozano de Gutiérrez y Palmeras La Cabaña Gutiérrez y Cía. S. en C.

  1. ANTECEDENTES


1.        El accionante reclama la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por la autoridad querellada.


2.        Para sustentar su reparo, asevera que impulsó el trámite criticado, pretendiendo, entre otras cuestiones, (i) se declarara responsable a Lozano de Gutiérrez por incumplir sus deberes como administradora de Palmeras La Cabaña Gutiérrez; (ii) la revocatoria de las decisiones de la junta de socios por ineficaces, dado que a pesar de su condición de asociado no fue convocado a esas reuniones; y (iii) el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios causados y de “(…) las utilidades que nunca [le] pagaron (…)”.


Admitido el libelo, se estableció el 2 de julio de 2015 para celebrar la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio.


En esa data el despacho invitó a las partes para que llegaran a un acuerdo. La diligencia se suspendió y el superintendente delegado se reunió con los extremos procesales separadamente.


La fórmula de arreglo aceptada consistió en la designación de un perito para determinar el monto


“(…) de las utilidades que se [le] debían [al actor] y (…) valorar (…) la compañía para efectos de llevar a cabo una escisión total y con ello finiquitar los conflictos societarios (…). Además, el superintendente (…) ordenó que en el evento en que se determinara que [él] como demandante, hubiere recibido dineros de la compañía, sólo se tendrían en cuenta los valores que le corresponderían a aquéllos que constaran en comprobantes bancarios que dieran cuenta de consignaciones a nombre del demandante o cheques girados y efectivamente cobrados por el mismo para efectos de descontar (…)”.


Advierte que en varias ocasiones le manifestó al titular del estrado su desconfianza con la contraparte y éste lo “tranquilizó” indicándole “(…) que en el evento en que (…) no llegaren a un acuerdo final y no se pusieran de acuerdo en los términos restantes de la negociación, el proceso seguiría (…)”.


Acota que en esa oportunidad nada se pactó en torno a la forma de pago y plazo para saldarle lo adeudado; cuestiones que, en su criterio, “(…) serían objeto de una negociación a la cual [se] llegaría (…) una vez se elaborara el dictamen (…)”.


Relata que se levantó un acta indicándose que los involucrados “(…) acordaron conciliar sus diferencias (…)” con la designación del experto para la finalidad antes precisada; también se señaló que el “(…) precio determinado por [éste] ser[ía] obligatorio (…)” para los extremos del pleito.


El auxiliar de la justicia nombrado para el efecto, rindió su trabajo el 24 de agosto de 2015 y expuso sus conclusiones en audiencia de 7 de octubre siguiente.


Pidió la aclaración y complementación de la experticia y, además, la objetó por error grave reclamando la designación de otro perito. El despacho rechazó la última de sus manifestaciones y le confirió un término al auxiliar para pronunciarse sobre lo primero, determinación homologada en sede de reposición el 9 de noviembre de 2015.


Como estimó que los demandados seguían desconociendo sus derechos, deprecó la práctica de medidas cautelares.


En audiencia de 28 de diciembre siguiente, el funcionario delegado desestimó el decreto de cautelas con apoyo en la finalización del litigio, decisión recurrida en reposición y ratificada con iguales argumentos. Si bien exigió la nulidad de lo actuado, ello se negó, al igual que el remedio horizontal incoado frente a esa determinación.


Posteriormente, el despacho requirió al experto para obtener la modificación de la pericia en algunos términos y cumplida esa carga, la entidad accionada resolvió aceptar el peritaje el 29 de enero de 2016.


La acusada incurrió en vía de hecho, porque “(…) el conflicto no ha sido resuelto de manera integral por las partes (…)”; se niega a continuar con el trámite a pesar de no existir providencia declarando la terminación del mismo; y lo dejó sin mecanismos para defender sus intereses (fls. 15 al 18, cdno. 1).


3.        Solicita, en concreto, anular la actuación y reanudarla desde la audiencia de conciliación, saneamiento y fijación del litigio  (fl. 14, ídem).



    1. Respuesta del accionado


Guardó silencio.



    1. La sentencia impugnada


El Tribunal denegó el amparo porque, en su criterio,


“(…) no es el juez constitucional el llamado a definir una actuación judicial dentro de la cual ya se decidió el tema de discusión puesto a consideración de [la] Sala, además no luce arbitraria, en tanto que la terminación de [la] mism[a] se desató en virtud de una conciliación que por lo menos en apariencia se amolda a las previsiones legales, fincad[a] en un acta cuya autenticidad y contenido material no disputó el accionante en su momento (…)” (fls. 63 al 66, cdno.1).



    1. La impugnación


El tutelante impugnó el fallo memorado con argumentos similares a los expresados en el libelo introductor. Aseveró que el a quo constitucional no se pronunció sobre sus aserciones ni valoró el material probatorio arrimado (fls. 141 al 152, cdno. 1).




2.        CONSIDERACIONES


1.        Revisada la queja y las pruebas allegadas a esta tramitación, se vislumbra la procedencia de la salvaguarda deprecada por hallarse quebrantado el debido proceso invocado por el accionante.


2.        Como lo anotó el peticionario, avocado el trámite en el juicio censurado, se decretó el 2 de julio de 2015 para celebrar la audiencia de conciliación, fijación y saneamiento del litigio.


De acuerdo con el audio adosado, en esa fecha el superintendente delegado invitó a los intervinientes a conciliar y suspendió la actuación para discutir con éstos las fórmulas de arreglo, no sin antes conferirle al aquí petente el uso de la palabra, quien adujo que creía “(…) casi imposible llegar a una conciliación porque [en] los recibos que daban cuentas por cobrar (sic) (…) [su] firma esta[ba] falsificada (…)”.


En esa ocasión el funcionario acusado también precisó que en caso de no llegarse a un acuerdo el pleito continuaría.


Figura, entonces, el acta levantada en la data enunciada donde el despacho dejó constancia de lo siguiente:


“(…) las partes acordaron conciliar sus diferencias en los siguientes términos:


“(…) 1. El Despacho nombra como perito al señor Jairo Abadía, con el fin de que realice una valoración de la compañía Palmeras La Cabaña Gutiérrez y Cía. S. en C. bajo el método de flujo de caja descontado, así como la valoración de la participación del señor Javier Antonio Gutiérrez Lozano en el capital social. El perito también establecerá los montos que la compañía le pueda adeudar a Javier Antonio Gutiérrez Lozano y los montos que Javier Antonio Gutiérrez Lozano le pueda adeudar a la compañía (…)”.


“2.        El perito le presentará a este Despacho el dictamen y se le concederá a las partes un término prudencial para que presenten solicitudes de aclaración y complementación (…)”.


“3.        Una vez surtida la etapa descrita en el numeral anterior, el precio determinado por el perito será obligatorio para las partes (…)”.


“4. Las partes acuerdan pagar los honorarios que el Despacho le fije al perito por la labor encomendada, 50% por el demandante y 50% por las demandadas (…)”.


Posteriormente, el estrado dio trámite a las aclaraciones y complementaciones formuladas por el aquí actor; y rechazó la objeción interpuesta por éste con apoyo en lo reglado en el literal a), numeral 2°, artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1325 de 2010, donde se determinó la imposibilidad de incoar objeciones.


En audiencia de 28 de diciembre de 2015, resolvió rechazar la solicitud de medidas cautelares deprecada el día 11 de los mismos por el gestor, indicando:


“(…) El Despacho entiende que el proceso iniciado aquí (...) es un proceso concluido y conciliado, (…) la única participación de este Despacho dentro del presente proceso era simplemente servir de garante o colaborar para la labor del perito, instalar las respectivas audiencias para que él presente el dictamen, correr los traslados como se hizo y como quedó constancia de ello en el acuerdo de conciliación (…), más no continuar el proceso judicial como tal dentro del cual (…) se presentarían medidas cautelares y recursos y se agotarían las diferentes etapas procesales, que no es posible en este caso. El proceso está concluido, la conciliación está por concluir después de las aclaraciones y complementaciones que aquí se presenten y por ende vamos a rechazar esa solicitud de medidas cautelares por ser ella totalmente improcedente dadas las circunstancias del proceso. (…) [L]os motivos por los cuales fueron rechazadas las solicitudes es (sic) porque no tenemos competencia judicial para adelantar el proceso, por ende (…) la presentación de recursos que ustedes [formulen], si es que lo van a hacer, pues tendrá una suerte bastante parecida (…)”.


La autoridad querellada también desestimó la reposición incoada por el accionante frente a la antedicha providencia y aun cuando se impetró la nulidad del litigio por no aplicarse el trámite previsto en la ley y pretermitirse etapas procesales, esa reclamación fue igualmente rechazada.


El remedio horizontal propuesto contra ese último pronunciamiento, se desató exponiéndose:


“(…) Vamos a resolver (…) de inmediato este recurso contra la decisión que negó el incidente de nulidad, entonces para esto hay varias cosas que decir o de pronto que repetir, primero el recurso es rechazado. Lo rechazamos porque no existe (…) proceso porque en la audiencia de julio (…) las partes llegaron a un acuerdo. Dentro del recurso que acabamos de escuchar (…) nos dice [el demanante] que eso no es cierto porque no hay un acuerdo sobre las pretensiones de condena, que no es cierto que la conciliación abarque este tema también, pero el Despacho considera que no le asiste razón y no le asiste razón porque como ya lo hemos dicho las partes se obligaron a que surtidas las etapas de presentación del dictamen, (…) el precio determinado por el perito será obligatorio para las partes, (…) lo cual incluye lo que usted estaba hablando hace un momento respecto de las pretensiones de condena y demás, eso por un lado, por el otro lado usted dijo algo que considero que es cierto y es que si existiera proceso todo lo que hemos actuado (…) es nulo (…) y por eso todos los recursos que hemos fallado, solicitudes y demás las estamos rechazando, por la razón de que en este momento no hay proceso judicial dado que ya se concilió, por eso han sido rechazados los recursos las solicitudes de nulidad y demás. Esta audiencia obedece a una sencilla razón y es que ustedes cuando llegaron a un acuerdo pidieron que estas audiencias se celebraran para efectos presentar el dictamen de un perito (…), pero no quiere decir que esta sea la audiencia de conciliación de la práctica de la prueba pericial (…). Es una audiencia que estamos celebrando por solicitud de las partes (…) que pidieron (…) que esto fuera así, (…) esta es la razón de existir de esta audiencia, así como de la audiencia anterior que celebramos también con el perito (…) y por eso han sido rechazado los recursos y solicitudes y demás que han venido presentando (…)”.


El experto designado se manifestó en lo concerniente a las aclaraciones y complementaciones demandadas por el promotor y en proveído de 19 de enero de 2016 la superintendencia lo requirió para que modificara su experticia así:


“(…) 1. Para efectos de calcular los dineros que el demandante recibió a título de préstamo y que son susceptibles de descuento en los términos acordados durante la etapa de conciliación, el perito únicamente deberá tener en cuenta aquellos dineros que fueron desembolsados por Palmeras la Cabaña Gutiérrez y Cía. S. en C.. Ello se debe a que, como lo advirtió el apoderado del demandante, en el dictamen pericial se han incluido préstamos que recibió el demandante de parte de terceros (…)”.


“2. Para efectos de calcular los descuentos antes mencionados, el perito deberá tener en cuenta los préstamos efectuados durante un período de 10 años. En verdad, el término de caducidad de 5 años invocado por el apoderado de Javier Gutiérrez tan sólo puede predicarse de las acciones a que alude el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, dentro de las cuales no se encuentra la acción requerida para cobrar las sumas que el señor Gutiérrez le adeuda a Palmeras la Cabaña Gutiérrez y Cía. S. en C. (…)”.


“3. El perito deberá suprimir las referencias a la forma de pago y el término para efectuarlo (…)”.


En proveído de 29 de enero de 2016 se negó la adición incoada por el censor respecto del auto antes citado y se “(…) acept[ó] el dictamen pericial presentado el 21 de enero de 2016 (….)” con los ajustes requeridos.


El tutelante deprecó la aclaración y adición de esa providencia por continuar en desacuerdo con los montos referidos por el auxiliar de la justicia. Señaló que, en su sentir, los dineros por las utilidades adeudadas debían diferenciarse del valor de su participación en la sociedad y agregó que correspondía al despacho “(…) estable[cer] el plazo para el pago de la suma [en] su favor (…)”.


El 12 de febrero de 2016 se denegaron las anteriores solicitudes. La primera, porque las partes conciliaron que el perito tasaría el valor de la participación social del petente “(…) una vez realizados los descuentos pactados (…)”; y la segunda, por cuanto los intervinientes no acordaron que el ente denunciado fijaría plazos para sufragar lo determinado por el experto. 


3.        Del anterior escenario se colige que la superintendencia tuvo por conciliados todos los aspectos del litigio -por lo cual se abstuvo de desatar ciertas solicitudes del querellante-, empero no emitió un pronunciamiento del cual se evidencie sin ambigüedad la finalización del decurso.


El acta de 2 de julio de 2015 atrás citada, revela la celebración de un acuerdo entre los sujetos procesales, pero de la misma no se desprende la existencia de pacto expreso de cara a las pretensiones de la demanda y a su contestación, es decir, no puede colegirse que, efectivamente, los intervinientes acordaron zanjar todas las diferencias ventiladas en el proceso.

Como se anotó, el ente ante quien se celebró la audiencia no precisó la conclusión del pleito y tampoco especificó que éste continuaría por lo no conciliado.


Por tanto, no es posible cuestionar la omisión del tutelante en relación con la falta de contradicción de las decisiones adoptadas el 2 de julio de 2015, con ocasión de la conciliación, pues era dable extraer que el litigio aún no había finalizado y que lo “pactado” se sometería a ciertas condiciones, relacionadas con la rendición de un dictamen y su aprobación.


Al punto se destaca que tanto las conciliaciones judiciales como extraprocesales, deben acatar los presupuestos del artículo 1° de la Ley 640 de 2001, norma que además de exaltar el mérito ejecutivo de los acuerdos, impone, entre otras cuestiones, especifcar en el acta respectiva, “(…) El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas (…)”.


Así las cosas, le asiste razón al peticionario al preocuparse por las circunstancias relacionadas con el pago del “precio” determinado por el perito, pues tales aspectos no estuvieron incluidos en el pacto suscrito el 2 de julio de 2015, omisión que deja en entredicho el carácter claro, expreso y exigible del acta levantada.


En torno a los requisitos de las conciliaciones, esta Corte señaló:


“(…) La conciliación, según la definición que trae el artículo 1° del Decreto 1818 de 1998, “es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”, que puede recaer sobre asuntos susceptibles de transacción o desistimiento, además de los que la ley expresamente indique (…)”.


“Su importancia es tal, que la redacción original del artículo 38 de la Ley 640 de 2001, sin la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010, exigía su agotamiento como requisito de procedibilidad “antes de acudir a la jurisdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del procedimiento ordinario o abreviado” y en el 43 de la misma Ley 640 de 2001 se posibilitó la realización de audiencias de conciliación “en cualquier etapa de los procesos”, ya sea de oficio o a solicitud de las partes (…)”.


“Independientemente de que este medio se utilice para evitar un pleito latente o como una forma de terminar uno iniciado y en curso, además de que se celebre ante un conciliador de un centro debidamente autorizado para el efecto o en un despacho judicial, el convenio a que se llegue se debe hacer constar en un acta que, entre los requisitos del artículo 1° id, debe contener “[e]l acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas” (…)”.


“La claridad con que queden redactados los compromisos adquiridos y la forma de satisfacción, es lo que le confiere el mérito para su cumplimiento, así sea parcial, en caso de que alguno de los participantes falte a la palabra (…)”.


“Si por el contrario el trato se consigna en términos vagos o confusos, dando cabida a dudas o vacilaciones, quiere decir que sigue un conflicto latente y, por ende, una imprecisión de los deberes correspondientes que restringe sus alcances (…)”.


“En esos términos, un acta en la que se diga, afirme o consigne que se solucionó una diferencia, pero queda sometida a cuantificación posterior o la discusión de situaciones relevantes para su cumplimiento, impide que se perfeccionen las reclamaciones recíprocas de los firmantes (…)”.


“Al respecto tiene dicho la Corte que “bueno es recordar que la avenencia debe ser uno de los bienes más codiciados por el hombre, y en esa dirección se prevé la conciliación judicial como uno de los mecanismos positivos para la composición de los litigios. Empero, para no hacer referencia sino a lo estrictamente necesario al caso, es apenas natural la necesidad de que en ello medie el consentimiento claro y expreso, de tal suerte que no haya lugar a equívocos, lo que supone, casi sobra decirlo, que las fórmulas conciliatorias estén lo más acabadas posible en orden a que la eficacia volitiva no resulte frustrada a la larga. En el mundo de la negociación conviene desterrar la ambigüedad. Por lo demás, se exige que el juzgador, ante quien se concilia, suscriba el acta que tal cosa recoja (…) Y comentario tal tiene por objeto denotar cómo en este caso no pudo darse la mentada conciliación. Porque bien miradas las cosas, lo que hubo fue un conato de conciliación, la cual no llegó a feliz término por la sencilla razón de que jamás hubo el cruce de voluntades que ella implica. En efecto, vino a acontecer que el actor propuso una fórmula de arreglo consistente en el mero ofrecimiento de transferir el dominio de unos inmuebles -fórmula incipiente, como que ni siquiera se identificaron debidamente los bienes-; luego, como fruto del camino que normalmente recorren quienes quieren aproximarse a un acuerdo negocial, hubo una contrapropuesta, consistente ya en que aquella fórmula era de recibo siempre y cuando los bienes por él ofrecidos tuviesen determinado valor, y en caso contrario se comprometía a cancelar el faltante. Sin embargo, ante situación semejante, y aquí está la piedra de toque en el asunto, el juzgado, precipitadamente, llamó acuerdo a lo que era una contrapropuesta; es decir, supuso el cruce de voluntades. Mas, ante la reacción del actor, corrigió su punto de vista, entendió que en verdad había imaginado la voluntad de las partes, enderezó el entuerto y al cabo de no obtener la anuencia del demandante, declaró fracasada la conciliación” (sentencia de 19 de septiembre de 2001, exp. 6707) (…)”1 (subraya fuera del texto).



Así las cosas, resulta evidente la lesión al debido proceso del promotor, pues, se reitera, el acta con la cual se dejó constancia de la “conciliación” celebrada por las partes, no atiende a lo preceptuado en la normatividad aplicable y no define si, efectivamente, los interesados aceptaron la terminación del asunto dados los acuerdos alcanzados.


Con todo, con el fin de no desconocer el ánimo conciliatorio manifestado el 2 de julio de 2015, se ordenará lo pertinente para ajustar el acta referenciada en los términos legales, de modo que no soslaye ni silencie las pretensiones susceptibles de judicialización en éste espacio y asunto jurisdiccional afectando el principio de congruencia, parte del debido proceso constitucional.


4.        Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los funcionarios gozan de libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico y la valoración de los elementos demostrativos2, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisión ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo o de la jurisprudencia, como la aquí atacada, es factible la intervención de esta particular jurisdicción, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa.


5.        Se revocará el fallo impugnado para, en su lugar, conceder el resguardo solicitado.


En consecuencia, se le ordenará a la autoridad atacada dejar sin efecto su actuación con posterioridad a la audiencia celebrada el 2 de julio de 2015 y adicionar el acta levantada en esa data, en el sentido de especificar el alcance del acuerdo conciliatorio en los términos del artículo 1° de la Ley 640 de 2001, conforme a los lineamientos expresados en esta providencia.





3.        DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:


PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER la protección demandada.


En consecuencia, se le ordena la Superintendencia de Sociedades –Delegatura para Procedimientos Mercantiles-, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento, deje sin efecto su actuación con posterioridad a la audiencia celebrada el 2 de julio de 2015 y adicionar el acta levantada en esa data, en el sentido de especificar el alcance del acuerdo conciliatorio en los términos del artículo 1° de la Ley 640 de 2001, conforme a los lineamientos expresados en esta providencia.


SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica a todos los interesados y envíese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



1 CSJ. SC de 21 de octubre de 2013, exp. 0800131030022008-00069-01

2 CSJ. STC de19 de junio de 2013, exp. 2013-00182-01