AC8714-2017
Radicación n.° 52835-31-03-001-2000-00059-01
(Aprobado en sesión de primero de noviembre de 2017)
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de las demandas presentadas para sustentar los recursos extraordinarios de casación, interpuestos contra la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del asunto de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Compañía Pesquera Acolmares (Rad. 2000-00059), Comercializadora y Procesadora López – Corpolopez Ltda. (Rad. 2001-00035), Ana Julia Caicedo y otros (Rad. 2001-00070), Juan Dionisio Montaño y otros (Rad. 2001-00072), Priscela Salazar Paredes y otros (Rad. 2002-00029), Idelpacífico S.A., hoy C.I. Balboa S.A. (Rad. 2002-00092), Comercializadora Internacional Calcorp Ltda. (Rad. 2000-00069), María Arboleda y otros (Rad. 2000-00092), y Comercializadora de Pescados y Mariscos –Pesquera Compez (Rad. 2001-00036), promovieron demandas contra la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador – Petroecuador, hoy Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador, en adelante, Petroecuador y la Aseguradora Colonial Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., para que se les declarara civilmente responsables por los perjuicios materiales y morales sufridos como consecuencia del derrame de hidrocarburos ocurrido el 3 de julio de 1998, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador), que se extendió hasta el pacífico colombiano, a donde arribó el 8 del mismo mes y año, causando graves daños ambientales.
B. Los hechos
C. El trámite de las instancias
Por su parte, Petroecuador alegó para su defensa la existencia de “concausas”, “fractura del nexo causal”, “pago del eventual perjuicio”, “causa nueva y hecho de un tercero o de la propia víctima”, “nulidad relativa”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “falta de integración del contradictorio por pasiva”, “prescripción” y la “genérica”.
4. Por auto de 24 de marzo de 2004, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, dispuso acumular las referidas actuaciones, por encontrar reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil para tal efecto.
5. A solicitud de los extremos en litigio, el juez de la causa admitió el desistimiento de las demandas identificadas con los consecutivos 2000-00044, 2000-00048, 2000-00061, 2000-00070, 2000-00071, 2000-00074, 2000-00080, 2000-00081, 2000-00082, 2000-00033, 2001-00040, 2001-00066, 2001-00078, 2002-00040 y 2002-00005. Adicionalmente, en auto de 7 de junio de 2011, se ordenó la ruptura de la unidad procesal respecto de las diligencias 2000-00060, promovidas por el municipio de Tumaco contra Petroecuador y su aseguradora, las cuales fueron remitidas, por competencia, a la jurisdicción contencioso administrativa. [Folios 790-794, c.1-B, caja 1]
6. Agotada la actuación procesal correspondiente, la autoridad cognoscente dictó sentencia el 7 de octubre de 2014, a través de la cual acogió la excepción de falta de legitimidad por pasiva de la compañía Aseguradora y accedió a las pretensiones de los demandantes, por considerar que Petroecuador es civilmente responsable del daño ambiental causado al ecosistema ubicado en el Litoral Pacífico Nariñense, consistente en la contaminación de la ensenada de Tumaco y los Manglares, circunstancia que determina su obligación de cancelar a quienes vivían de la pesca –industrial y artesanal-, así como del procesamiento de crustáceos y moluscos, la ostensible disminución de las especies, evidenciada a partir del derrame de crudo ocurrido el 3 de julio de 1998 y con repercusiones negativas para Colombia, a partir del 8 de ese mes y año y por espacio de, por lo menos, dos lustros.
Fue así, que estimó prudente, presumir que los pescadores individualmente considerados, devengaban un salario mínimo para su subsistencia, pues aunque solicitaban mayores cantidades de dinero, no acreditaron que percibieran tales ingresos y, respecto de las pesqueras demandantes, estimó que solo Acolmares acreditó los perjuicios irrogados con el suceso, por lo que procedió a fijar el monto de su indemnización por las pérdidas de su ejercicio durante los años 1999 y 2000. [Folios 3442-3528, c. 1-J, caja 1]
7. Inconformes con lo resuelto las partes apelaron. Las demandantes pidieron que se revocara la decisión de declarar probada la falta de legitimación de la compañía aseguradora demandada y que se impusiera condena en perjuicios por daños morales a favor de cada reclamante; la Comercializadora y Procesadora López, recurrió para que se definiera su situación, en tanto estimó que frente a sus pretensiones no hubo pronunciamiento y EP Petroecuador, fundó su disenso en la falta de prueba acerca de la condición de pescadores de las personas naturales demandantes, así como de los daños individuales sufridos tanto por ellas como por las pesqueras; adicionalmente, reiteró los argumentos planteados inicialmente en su defensa. [Folios 24-26, 27-42 y 44-58, c.63, caja 1]
8. Al resolver ese medio de impugnación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en fallo de 19 de enero de 2017, revocó la decisión del a quo, por considerar equivocado el entendimiento que esa autoridad dio al instituto jurídico de la responsabilidad civil extracontractual en tratándose de perjuicios individuales causados a particulares como consecuencia de daños ambientales como el ocasionado el 8 de julio de 1998 al ecosistema colombiano, por EP Petroecuador.
Al respecto, argumentó que no se pueden confundir las consecuencias jurídicas del daño ambiental, propiamente dicho, con aquellas sufridas por particulares, así provengan del mismo hecho dañino, pues las exigencias para determinar la responsabilidad patrimonial en uno y otro caso, son diversas, tal como lo puntualizó esta Sala de Casación en sentencia de 16 de mayo de 2011, en un caso análogo.
De esa manera, concluyó que cuando de reclamar indemnización por un quebranto particular se trata, se debe acreditar, a más del daño ambiental, estricto sensu, el de los derechos individuales y el nexo causal, que implica la determinación, exclusividad y definición de aquel en las consecuencias perjudiciales alegadas.
Con base en esas directrices, estimó que el fallo de primer grado adolecía de diversos yerros sustanciales, con ocasión de la inadecuada valoración probatoria de los medios recaudados, en tanto que unos no fueron sopesados, otros citados de manera genérica y sin mencionar su fuente ni contenido y a otros se les atribuyó un valor probatorio del que carecían por tratarse de los interrogatorios de parte de las personas naturales demandantes, quienes no acreditaron más allá de su dicho, la calidad de pescadores artesanales que alegaban, tal como en algunos apartes de la providencia lo reconoció el A quo.
Así mismo, consideró que estaba demostrada, con experticias que no fueron analizadas, la concurrencia de otros factores contaminantes que influyeron en la disminución de las especies marinas en la ensenada de Tumaco, razones que impedían predicar que EP Petroecuador era el único responsable de las pérdidas que Acolmares tuvo como resultado de su ejercicio, durante los años 1999 y 2000.
Para finalizar, adujo la irrelevancia de efectuar pronunciamiento alguno en relación con la censura planteada por Comercializadora y Procesadora López Ltda., dado que está dirigida a la liquidación de perjuicios que, como quedó dicho, no había lugar a tasar. [Folios 170-203, c. 63, caja 1]
9. Los apelantes del extremo activo, interpusieron recursos de casación, que el Tribunal concedió mediante auto de 14 de febrero de 2017 y esta sala admitió el 22 de marzo posterior.
10. En forma oportuna se radicaron los escritos de sustentación que son objeto del presente pronunciamiento. [Folios 16-34 y 36-92, c. Corte]
II. LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
A. DEMANDA DE ACOLMARES Y CORPOLOPEZ LTDA.
PRIMER CARGO:
Acolmares y Corpolópez Ltda., argumentaron la concurrencia de dos causales de nulidad, la primera de ellas, porque el Tribunal obvió su obligación de devolver al fallador de primera instancia las diligencias para efectos de pronunciarse acerca de las pretensiones de Corpolópez Ltda. y la segunda, porque emitió el fallo de segundo grado cuando ya estaba ampliamente vencido el término consagrado en el artículo 121 del C.G.P. [Folio 28, c. Corte]
Sostuvieron que al advertir el Tribunal que una de las demandas no fue resuelta por el juzgador de la primera instancia, era su deber remitir el expediente a su inferior, para que procediera de conformidad, so pena de incurrir en vicios que a la postre, invalidarían la actuación y como ello no ocurrió, debe dejarse sin valor ni efecto el trámite de la apelación.
Por otra parte, argumentaron que el Ad quem no dictó la sentencia en el plazo de seis meses, establecido en las normas citadas, y, por el contrario, tras dieciocho meses de haber recibido el expediente, procedió a decretar la prórroga de que trata el inciso 2º de la norma en comento, cuando ya carecía de competencia para emitir cualquier decisión, circunstancia que los obligó a solicitar la nulidad de lo actuado, petición que fue denegada, con sustento en que el Código General del Proceso empezó a regir en ese Distrito Judicial, el 20 de abril de 2016, sin considerar que, de todas maneras, era aplicable la Ley 1395 de 2010 que en el artículo 9º, otorgaba el mismo lapso al fallador de segunda instancia para dictar sentencia y no contemplaba la posibilidad de prórroga alguna.
SEGUNDO CARGO:
El fallador violó, por vía directa, los artículos 8, 79, 80, 2356 y 2344 del Código Civil; 13, 29, 228, 229 de la Constitución Nacional y 1º de la Ley 1333 de 2009, por aplicar, a cambio de ellos, los artículos 88 superior y 2 y 9 de la Ley 472 de 1998, cuando las primeras normas son las que regulan la controversia planteada en el litigio, lo que conllevó al sacrificio del derecho sustancial para dar preeminencia a las formas procesales.
Al respecto, aseveraron que de acuerdo con el articulado dejado de observar, en tratándose de daños ambientales, se presume la culpa y el dolo del infractor y por tanto corresponde a éste desvirtuar tales presupuestos de la responsabilidad.
De haberse tenido en cuenta lo precedente, aseguraron, «…la sentencia hubiere sido favorable a los intereses de las empresas demandantes.»
TERCER CARGO:
La sentencia acusada violó indirectamente el artículo 2356 del Código Civil, por error de derecho al aplicar jurisprudencia y la Ley 472 de 1998, desconociendo la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal pese a estar demostrado el daño, porque las demandas no fueron planteadas por la vía de una acción popular.
Acto seguido, afirmaron haber acreditado el daño, la relación de causalidad y los perjuicios ocasionados, circunstancia que determinaba la revocatoria parcial más no íntegra del fallo de primer grado.
Basados en los argumentos precedentes, los recurrentes solicitaron casar la sentencia acusada y en su lugar, declarar «…la responsabilidad civil extracontractual y sus consecuencias de EP PETROECUADOR Y LA COLONIAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., en favor de la Empresas demandantes (sic) o lo que a su bien se decida.»
B. DEMANDA DE C.I. BALBOA Y PERSONAS NATURALES:
CARGO ÚNICO:
El Ad Quem incurrió en la violación indirecta de los artículos 4 y 16 de la Ley 23 de 1973, 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2356 y 1757 del Código Civil, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil (hoy 167 y 176 del CGP) y 164, 165 y 280 del Código General del Proceso, por error de hecho en la apreciación de las pruebas.
Con sustento en aquella causal, los recurrentes aseguraron que el Tribunal sólo tomó en cuenta las declaraciones de unos pocos demandantes y dejó de lado todas aquellas que en los diversos procesos acumulados rindieron centenares de pescadores artesanos; por otra parte, señalaron que desatendió el contenido de los dictámenes periciales rendidos por los biólogos marinos Nohora López Salgado y Victor Reynel, según los cuales la causa determinante para la disminución de especies en la ensenada de Tumaco, que generó perjuicios a quienes dependían de esa fuente de trabajo, fue la contaminación por hidrocarburos.
En el mismo sentido, hicieron notar que en aquellas experticias, se dejó consignado, sin ninguna consideración por el Tribunal, que Tumaco es el principal puerto pesquero del país y que de él depende la subsistencia de más de 70 comunidades veredales, compuestas por unos cinco mil trescientos pescadores artesanales y unos tres mil hombres, mujeres y niños, recolectores de piangua, cangrejos y jaibas.
Consideran que fueron desatendidos los artículos 164 y 165 del Código General del Proceso, que consagran los medios de prueba admisibles, porque el Juez de segunda instancia no tomó en consideración «…ni las declaraciones de parte, ni los testimonios de terceros, ni los dictámenes periciales; que no fueron valorados en su integridad, y solo los tuvo en cuenta para determinar que existía daño al medio ambiente, desconociendo que ellos demuestran también el daño particular o económico padecido por los demandantes, daño que se origina precisamente por la afectación al medio ambiente producido a ca[u]sa o con ocasión del derrame de petróleo acaecido en 1998 y por el cual está llamada a responder la demandada EP Petroecuador.»
Aseguraron, por otra parte, que pedir una prueba distinta a su propio testimonio, para demostrar su calidad de pescadores artesanales, equivale a exigirles una prueba diabólica, en tanto que se «…desconoce que por haber nacido en un hábitat costero, rodeados de mar, de manglares, su subsistencia obviamente depende de los productos que se encuentren en esa zona.», máxime, cuando su interés para demandar ya había sido objeto de análisis en el proceso y se aceptó que tenían legitimidad para hacerlo.
Por último, indicaron que de haberse apreciado de manera adecuada el caudal probatorio aportado legal y oportunamente al plenario, la decisión habría sido distinta, «…pues se hallan plenamente demostrado[s] el daño ambiental, el daño patrimonial, el hecho dañoso, el nexo causal.»
Con soporte en aquellos reproches, solicitaron «…casar la mencionada sentencia acusada, y en su lugar revocar dicho fallo acogiendo las pretensiones de la demanda principal y acumulación…»
III. CONSIDERACIONES
1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente previstas.
Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración». (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700)
2. La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 344 del Código General del Proceso. Se requiere la designación de las partes, una síntesis del proceso, de los hechos y de las pretensiones materia del litigio y la formulación separada de los cargos en contra de la providencia recurrida, con la exposición de sus fundamentos en forma clara, precisa y completa.
Según el parágrafo primero del artículo en mención, cuando se alega la violación directa o indirecta de la ley, deben señalarse las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, caso en el que es suficiente que se indique cualquier disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa.
Sin embargo, no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.
Exigencia que se explica porque la demanda constituye «pieza fundamental» en el recurso extraordinario de casación, «…que a manera de carta de navegación, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada violó o no, la ley sustancial». (CSJ AC, 18 Jul. 2002, Rad. 1999-0154).
Cuando la acusación se dirige por la vía directa, el impugnante debe poner de presente la manera como el sentenciador vulneró la norma sustancial, sin que sea válido hacer reproche alguno a la apreciación de las pruebas. Lo que caracteriza esa clase de ataque es su total prescindencia de la cuestión probatoria, pues se presenta «directamente, en línea recta, sin rodeos, sin el medio o vehículo de los errores en el campo probatorio» (CSJ, GJ. LXXXVIII, 657).
Por el contrario, si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, en qué consistió el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.
En ese orden, al impugnante le corresponde identificar los medios de convicción sobre los cuales recae el equívoco del juzgador y demostrar de qué manera se generó la alegada preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.
Ha dicho la Sala que la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; empero, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)
3. En cuanto al motivo de casación contemplado en el numeral 5° del artículo 336 ejusdem, atinente a «haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados.», esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con éxito son las siguientes:
(a) la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley; (b) el tratamiento que debe darse a las nulidades como motivo del recurso extraordinario de casación está igualmente sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, en concreto, al de la “especificidad…; (c) es menester que se evidencie interés en el recurrente para obtener la invalidación que solicita… emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona; y (d) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. (CSJ AC, 18 Dic. 2009, Rad. 2002-00007-01; CSJ AC, 25 Jul. 2011, Rad. 2006-00090-01; AC6886-2016, Rad. 1998-00337-01).
4. Las demandas de casación, en este caso, no cumplen los requisitos establecidos por la ley, y por tal razón se inadmitirán:
4.1. Demanda de Acolmares y Comercializadora y Procesadora López Ltda.
4.1.1. En el cargo primero, las demandantes acusaron a la sentencia de haber sido proferida en un proceso viciado de nulidad por dos razones; la primera de ellas, porque el Tribunal se abstuvo de devolver el expediente al juzgador A quo para que adicionara su sentencia en el sentido de pronunciarse acerca de las pretensiones de Comercializadora y Procesadora López Ltda, como era su deber legal; y, la segunda, porque desató los recursos de apelación interpuestos contra el fallo, por fuera del término legal previsto para ello.
La acusación inicial, sin embargo, carece de la debida claridad y precisión que exige el artículo 133 del Código General del Proceso, pues los censores no la enmarcaron en ninguna de las causales allí previstas y examinados los supuestos fácticos en que se sustentan, pronto se advierte que no se adecúa a ninguna de las hipótesis taxativamente previstas por el legislador como generadoras de la pretendida invalidez.
En efecto, que el Juez de la causa hubiese dejado de pronunciarse expresamente sobre las pretensiones de una de las demandantes en el litigio, no genera irregularidad capaz de viciar la actuación, sino la posibilidad de solicitar la adición de la sentencia para que a ello se proceda antes de que quede en firme la respectiva providencia (art. 287 del C.G.P.) o, bien, como efectivamente ocurrió, la interposición del recurso de apelación para que el juzgador de la segunda instancia defina el asunto (inc. 2º, ibídem).
Lo anterior, porque es evidente que si bien el juez A quo no hizo mención de la situación jurídica de Comercializadora Corpolópez Ltda., en la parte resolutiva de su sentencia, es lo cierto que en sus consideraciones fue claro al señalar que «…[c]on respecto a las empresas COMERCIALIZADORA LOPEZ, COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARCOP Y PESQUERA LUZ MAR, no se logró determinar a través del peritazgo realizado las pérdidas ocurridas durante la fecha de ocurrencia de los hechos es decir 1998 a 2008, por cuanto según lo manifestado por el auxiliar de la Justicia éstas empresas: “no entreg[aron] respuesta alguna al oficio de 23 de noviembre de 2010 (anexa oficio), las normas de auditorías, requieren que el auditor planifique y desarrolle las pruebas para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la información significativa que contengan los Estados Financieros referentes al Balance General y el Estado de Resultado, como también la información tributaria en lo que respecta a la declaración de renta”. (…) De igual manera dentro del cuaderno de pruebas de los demandantes No. 3, a folio 1373 se encuentra el interrogatorio rendido por el señor ARBEY LOPEZ ALBAN en su condición de Representante Legal de la Procesadora y Comercializadora López, quien arguyó que después del siniestro las ventas bajaron entre un 69 a 70 %.
Sin embargo cabe resaltar a continuación, que dentro del análisis probatorio que viene haciendo el despacho, tales declaraciones ostentan un peso probatorio relativo, habida cuenta que jamás pudieron ser objeto de contrastación. En efecto, los representantes legales afirman haber reportado pérdidas por la catástrofe ambiental ocurrida con el derramamiento de petróleo, empero de ello no pudo encontrarse el soporte documental requerido, dado que no fue posible acceder por parte del perito designado, a los libros de contabilidad que las empresas llevaban ni a la documentación que aparentemente lo acreditaba, aun cuando así lo aseguraron dentro del interrogatorio practicado, sin que en absoluto hayan sido aportadas las probanzas que darían cuenta de ese hecho. En consecuencia, las evidencias así concebidas, no pueden ser desvirtuadas por los testimonios que en su contra fueron depuestos, pues como se advirtió, resulta demostrativo en grado sumo, el contenido del dictamen pericial adosado.»
Luego, es evidente, que en la sentencia de primera instancia se resolvió sobre las pretensiones de una de las demandas acumuladas, solo que no se anotó la conclusión respectiva en la parte resolutiva de esa providencia, circunstancia que, adicionalmente, torna en intrascendente la acusación.
4.1.2. De otra parte, también manifestaron que el Tribunal no dictó la sentencia en el término de los seis meses establecido en el artículo «121 del C.P.C.», pues para cuando dispuso prorrogar su competencia –19 de octubre de 2016 -, ya había expirado con creces y sólo el 19 de enero de 2017 emitió el pronunciamiento de rigor. Agregaron, que al momento de decidirse la nulidad propuesta con fundamento en lo anterior, se pretextó que el Código General del Proceso entró a regir en el Circuito Judicial de Pasto, el 20 de abril de 2016, sin considerar que, de todos modos, hasta ese momento regía la Ley 1395 de 2010, que en su artículo 9º consagraba la misma obligación.
Al respecto, la Sala advierte que la formulación del cargo tampoco cumple los requisitos legales.
Ciertamente, la sanción prevista en el inciso 6º del artículo 121 de la Ley 1564, conforme al cual será «nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia», no se encontraba vigente para las fechas en las que se profirió -7 de octubre de 2014- e impugnó -28 de noviembre de 2014 - la sentencia de primera instancia.
Lo anterior, porque con la promulgación del Código General del Proceso, que tuvo lugar el 12 de julio de 2012, solo entró en vigor el inciso 5º del artículo 121, y los restantes (1° a 4° y 6° a 8°) así como el parágrafo de esa norma comenzaban a regir, en forma gradual, a partir del 1º de enero de 2014, debiéndose cumplir los requerimientos establecidos en el numeral 6º del artículo 627. (Ver CSJ. SC. 4. Ago. de 2015, rad. 2001-00247-01)
Además, como lo reconocen los casacionistas, las disposiciones que regían lo atinente a la duración de las instancias y la pérdida de competencia del fallador, eran, en ese momento, el parágrafo del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, adicionado por el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010 y el artículo 200 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
En virtud de esos preceptos, el término para dictar el fallo de segunda instancia era de seis meses, que corrían desde el 4 de febrero de 2015, toda vez que de acuerdo con la constancia secretarial respectiva, en esa fecha fueron recibidas las diligencias en el Tribunal Superior de Pasto para el trámite del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
Sin embargo, ni el artículo 124 del estatuto procesal con la adición introducida por la Ley 1395, ni el artículo 200 de la Ley 1450, contemplan la invalidación de las actuaciones posteriores a la pérdida automática de competencia del juzgador, de modo que si, en este caso, la sentencia fue proferida después del vencimiento del plazo de seis meses previsto legalmente, tal situación no encaja dentro de la causal de nulidad alegada.
En consecuencia, como se dijo, la censura no cumple los requisitos que para su admisión reclama el ordenamiento procesal, razones por las que se inadmitirá el cargo primero.
4.1.3. En el segundo cargo formulado, las empresas disidentes acusaron al fallo por trasgredir de manera directa la ley sustancial. En desarrollo de su ataque, aseguraron que los artículos 8, 79, 80, 2356 y 2344 del Código Civil, 228, 229, 13 y 29 de la Constitución Nacional y 1º de la Ley 1333 de 2009, fueron inaplicados por el sentenciador de la segunda instancia, que, indebidamente, tomó en consideración para resolver el asunto las disposiciones consagradas en los artículos 88 superior y 2 y 9 de la ley 472 de 1998.
Al respecto, ha de recordarse que esta Corporación tiene bien establecido que son normas sustanciales aquellas que «…en razón de una situación fáctica concreta,declaran, crean,modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación por lo que no ostentan esa naturaleza las que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de estos o a hacer enumeraciones o enunciaciones,como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo.» (CSJ AC, 5 May. 2000)
En ese sentido, la eventual vulneración de las previsiones del artículo 8 del Código Civil a que hacen alusión los inconformes para soportar su recurso, no puede alegarse con base en las causales primera y segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, pues tiene un carácter eminentemente procesal, en la medida en que está destinada a delinear aspectos propios del trámite del asunto, como lo es la determinación de la fuerza de la costumbre frente a la de la Ley (art. 8 del C.C.).
Con relación a los demás preceptos que se alegan vulnerados por falta de aplicación, es de resaltar que las sociedades impugnantes no expresaron de qué manera se presentó la violación, pues si bien argumentaron que de acuerdo con los artículos 2344 y 2356 del Código Civil y la jurisprudencia nacional, en materia de responsabilidad civil por daño ambiental se debe presumir el daño y la culpa del infractor, olvidaron que esa no fue la tesis con base en la cual el fallador Ad Quem revocó la sentencia de primer grado para despachar adversamente sus pretensiones, circunstancia que resta total trascendencia a la censura.
En efecto, de una cuidadosa lectura a la decisión controvertida, fácil es concluir que las demandas de las firmas recurrentes no fueron concedidas por el Tribunal, no porque estimara que tratándose de responsabilidad por daño ambiental debía probarse además de éste, la culpa del demandado y el nexo causal, sino porque lo reclamado por los demandantes no era la adopción de medidas preventivas para evitar o reparar la contaminación al ecosistema marítimo afectado; sus pretensiones estaban encaminadas a lograr el reconocimiento y pago de los perjuicios que, como particulares y explotadores de los recursos pesqueros socavados, dijeron haber sufrido, lo cual no equivale al entendimiento que los impugnantes plantean.
Por el contrario, lo que hizo significar el Tribunal en su pronunciamiento, acorde con la jurisprudencia en que soportó su postura, fue que aquellas afectaciones generan dos tipos de menoscabo: el puro, que es el sufrido por el medio ambiente en estricto sentido y cuyo resarcimiento debe buscarse por vía de la acción popular, por afectar derechos colectivos; y el impuro, atinente a los perjuicios individuales derivados de aquel, cuyo reclamo puede hacerse a través de una acción de grupo o una demanda ordinaria de responsabilidad civil, en todo caso, demostrando el perjuicio particular y el nexo causal.
Dichas consideraciones tienen respaldo en decisiones de esta Corporación, donde se ha precisado que cuando de la declaratoria del daño ambiental se trata, se presumen elementos de esa figura jurídica como la culpa y el nexo causal; empero, cuando se persigue la indemnización a cada uno de los afectados en concreto, bien a través de la acción grupal ora individual, éstos deben acreditar, además del detrimento patrimonial y/o moral, el nexo causal correspondiente.
Así, precisamente en aplicación de la jurisprudencia de esta Corporación, que los demandantes alegan desconocida, memoró el Tribunal:
«…las acciones populares tienden a la “protección de los derechos e intereses colectivos”, su finalidad es la evitación del daño contingente, la cesación de un peligro, amenaza, vulneración o el agravio de aquellos o, la restitución de las cosas al statu quo anti (artículo 2º, Ley 472 de 1998), su función preventiva e indemnizatoria atañe al derecho o interés colectivo comprometido, más no a derechos e intereses particulares.
En cambio, las acciones de grupo, cualquiera fuere el número de personas afectadas (…), procuran la declaración de responsabilidad por el daño ocasionado a derechos particulares con una causa convergente, común y uniforme a todos sus miembros, independientemente de su fuente, legal o contractual, exigen la plena demostración de la responsabilidad pretendida y tienen por finalidad única la reparación de los perjuicios causados a los integrantes del grupo mediante el pago de las indemnizaciones respectivas.(…).
(…)
“Per differentiam, la acción ordinaria de responsabilidad civil tiene por finalidad la reparación del daño directo y personal causado a uno o varios sujetos determinados o determinables, se dirige contra el agente o los varios autores in solidum (artículo 2344, Código Civil), y salvo disposición legal in contrario, exige demostrar a plenitud todos sus elementos constitutivos, conforme a su especie, clase y disciplina normativa.”
(…)
En efecto, el artículo 16 de la Ley 23 de 1973, al regular en forma precisa y particular el fundamento legal de la responsabilidad civil ambiental, tiene preeminencia y especialidad respecto del Código Civil y de otras leyes, como la Ley 1333 de 2009 relativa a la responsabilidad administrativa sancionatoria ambiental generada por la comisión de infracciones de esta naturaleza y a las sanciones imponibles en su virtud. Se trata por lo tanto de una regla especial, que precisamente es prevalente, preferente, preeminente y está vigente en toda su extensión. Exactamente, en el ordenamiento jurídico colombiano, según disciplina con nítida precisión y claridad el citado precepto legal, los particulares son civilmente responsables por los daños ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad privada a consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente, y por el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado, Basta por tanto una cualquiera de estas conductas, el daño y la relación de causalidad para el surgimiento de la responsabilidad civil.»
En ese orden, es claro que los memorialistas dirigieron sus reproches a cuestionar una conclusión que, como quedó visto, no fue a la que se arribó en la sentencia impugnada, lo cual, se insiste, despoja de cualquier trascendencia el ataque.
4.1.4. La tercera censura está edificada sobre la causal segunda de casación (numeral 2º del artículo 336 del C. G. P.), por la violación indirecta del artículo 2356 del Código Civil, como consecuencia de un error de hecho al interpretar erróneamente la demanda, porque, en sentir de los recurrentes, el Tribunal concluyó que sus pretensiones debieron ser invocadas a través de una demanda colectiva –popular o de grupo –, sin considerar que en sus casos no se encontraban satisfechos los presupuestos legales para invocarlas, pues lo reclamado fue el pago de perjuicios de índole particular y concreto, que ellas sufrieron en su actividad pesquera, a causa del derrame del hidrocarburo de Petroecuador.
Nuevamente, los censores desconocen que no fue aquella argumentación la que sirvió como fundamento del Ad quem para desestimar sus pretensiones, pues si bien puso de presente precedentes jurisprudenciales que han tratado el tema del daño ambiental y con fundamento en ellos concluyó que cuando se trata de demandar las medidas preventivas o reparadoras por la afectación al ecosistema, propiamente dicha, debe acudirse a la acción popular, es lo cierto que a continuación estableció que para pedir la correspondiente indemnización individual, que es lo que persiguen los recurrentes, existen otro tipo de instrumentos jurídicos como la acción de grupo o la de responsabilidad civil extracontractual, en las cuales debe acreditarse el detrimento particular y el nexo causal, que exige que no hayan influido en la generación del perjuicio causas diversas al hecho dañoso debatido, es decir, que éste haya sido determinante, exclusivo y definitivo.
Clarificadas aquellas diferencias, el Tribunal pasó a examinar si en el asunto estaban satisfechos los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad civil reclamada por los demandantes, encontrando que no era así, porque no se probó uno de los elementos fundantes de tal carga, al advertir que diversas eventualidades influyeron en la disminución de las especies marinas durante los años 1998 y 1999 en la ensenada de Tumaco.
Fue ese el argumento que sirvió de base al Ad quem para emitir la decisión adversa controvertida, luego, los alegatos de los casacionistas no tienen la virtualidad de resquebrajarla, por estar dirigidos a cuestionar conclusiones que, aunque hacen parte de la sentencia, no fueron las que determinaron el fallo y por lo tanto, también se muestra intrascendente el ataque.
4.2. Demanda de C.I. Balboa y personas naturales
En el único cargo expuesto contra la sentencia de segunda instancia, los demandantes en los procesos acumulados 2000-00092, 2001-00070, 2001-00072 y 2002-00029, alegaron la violación indirecta de los artículos 4º y 16 de la Ley 23 de 1973, 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2356, y 1757 del Código Civil, 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil y 164, 165 y 280 del Código General del Proceso, como consecuencia de un error de hecho por indebida apreciación probatoria.
Para desarrollar su censura, señalaron que el juzgador plural no tuvo en cuenta los testimonios vertidos durante el trámite del juicio, que daban cuenta de la calidad de pescadores que cada uno ostentaba, tal como todos ellos tuvieron oportunidad de exponerlo a través de sus interrogatorios de parte, donde indicaron la actividad concreta a la que se dedicaban para el momento del desastre natural, así como las pérdidas económicas que la destrucción del ecosistema marítimo ocasionó. Agregaron que dejar sin valor probatorio sus versiones para acreditar su condición, equivale a exigirles una prueba diabólica, pues es imposible conseguir otro tipo de medios de convicción para tal efecto.
Adicionalmente, censuraron que se desconociera que el nexo de causalidad entre el daño y el menoscabo patrimonial alegado, se demostró a través de los peritajes que se arrimaron a la actuación y de los cuales efectuaron una detallada reseña en su demanda de casación.
El artículo 4º de la Ley 23 de 1973 define el concepto de contaminación al medio ambiente, luego no tiene la connotación de una norma sustancial, según quedó dicho en líneas anteriores. Por su parte, los artículos 177 y 187 del Código de Procedimiento Civil y 164, 165 y 280 del Código General del Proceso, tienen como finalidad delinear las reglas a observar en materia probatoria, tales como, la carga de la prueba y la apreciación que de ellas debe hacer el fallador; la necesidad de los medios de convicción para emitir una decisión y la admisibilidad de los mismos, así como el deber de motivar las providencias.
En ese sentido, la eventual vulneración de las anteriores normas, no podía alegarse con base en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, pues su carácter es eminentemente procesal.
De hecho, esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la naturaleza procesal de algunas de las normas atrás reseñadas, en los autos AC7530 de noviembre 3 de 2016 y AC4144 y AC4529 de 2017, donde se dejó sentada la imposibilidad de invocar aquellos artículos como normas sustanciales para soportar un ataque por vía directa o indirecta contra el fallo.
Ahora bien, en relación con la alegada transgresión de los demás preceptos –artículos 16 de la Ley 23 de 1973 y 2341, 2342, 2343, 2344, 2347, 2356 y 1757 del Código Civil- el ataque se centró en controvertir la decisión del Tribunal de no otorgar valía probatoria a los interrogatorios de parte que cada uno de los demandantes rindió y de los cuales se podía extraer información valiosa para establecer cuál era el oficio de cada uno y las ganancias que recibían por la venta del pescado y demás recursos para la época de los hechos, así como el perjuicio sufrido al confrontar el ingreso que en la actualidad perciben, muchos de ellos, como resultado de otras actividades económicas dada la escasez de especies marinas para la pesca hoy en día.
Al respecto, observa la Corte que es intrascendente el alegato, pues en manera alguna se ocupó de desvirtuar el argumento que sirvió de soporte al Juez plural para derruir la pretensión indemnizatoria de los impugnantes en la medida en que para desestimar la declaración que gran parte de los convocantes al juicio rindió, se puntualizó que no podían ser tomadas «…como medio de convicción a su favor, ya que es principio fundamental del derecho probatorio que nadie puede fabricar su propia prueba.»
Y es que, como lo memoró el juzgador de la segunda instancia, la jurisprudencia tiene dicho a ese respecto, que:
«como lo enseñan elementales nociones de derecho probatorio, jamás las expresiones notoriamente interesadas de la misma parte pueden favorecerla, pues, en esencia, este medio de prueba únicamente ha de ponderarse por el fallador en cuanto contenga una verdadera confesión, o sea, solo cuando aparezcan manifestaciones que lleguen a producir consecuencias desfavorables a quien las hace.”» (Sentencia 039 del 28 de marzo de 2003, reiterada en SC8605-2016, entre otras.)
Es decir, que la decisión de no tener como pruebas de la calidad de pescadores de los demandantes, sus propios interrogatorios o declaraciones, tuvo soporte en la jurisprudencia nacional, sin que en su ataque en casación los recurrentes hubiesen desvirtuado la vigencia y aplicabilidad de ese criterio al asunto y en ese sentido, se hace innecesario entrar a analizar los relatos de quienes aducen ser pescadores, concheras y demás oficios relacionados con la pesca artesanal.
Aún más intrascendente es la inconformidad expuesta por los casacionistas, con las conclusiones a las que arribó el Ad quem acerca de la insatisfacción de los presupuestos legales para la acreditación de la responsabilidad civil extracontractual de Petroecuador, dada la demostración de diversas causas que influyeron en la disminución de especies marinas en el ecosistema, pues lo cierto es que ni siquiera la calidad en que demandaron el pago de perjuicios, quedó demostrada.
Con todo, en atención a que el ataque que se analiza es formulado también por una persona jurídica, es de ver que la tesis de que se sirvió el Tribunal para desvirtuar la responsabilidad endilgada a EP Petroecuador, fue la existencia de pruebas científicas que acreditaron que el ecosistema marítimo de Tumaco se vio afectado en cuanto a la producción de especies marinas, durante los años siguientes a ese suceso, no solo con ocasión del derrame de crudo, sino por la influencia de diversas causas como fenómenos naturales climáticos, la sobre explotación pesquera, el vertimiento de aguas residuales al mar, el aumento de la población ribereña, entre otros factores que impidieron imputar, de manera exclusiva los daños irrogados, a la demandada.
Por consiguiente, cualquier razonamiento dirigido a que se vuelva a examinar la situación fáctica, por mostrar los recurrentes una simple discordancia frente a la evaluación crítica del fallador, resulta estéril si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del desacierto que se produjo al apreciar las pruebas en las que se sustentó la decisión.
No obstante, estima la Corte necesario destacar que no es cierto que restar mérito a las declaraciones de las personas naturales demandantes equivalga a exigirles una prueba diabólica –o imposible- para acreditar con éxito su calidad de pescadores, pues para ello, tal como lo establecía el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, hoy 165 del Código General del Proceso, tenían a su alcance la posibilidad de solicitar los testimonios de terceros que pudieran dar fe de su dedicación a ese oficio, del pago que recibían como contraprestación y demás detalles propios de esos hechos, tales como habrían podido ser quienes les compraban el producto de la pesca y en general, personas que por una u otra razón, tuvieran contacto con el medio en el que se desenvolvían y que así pudieran testificarlo.
5. Por último, resulta evidente que la decisión no transgredió el ordenamiento jurídico en detrimento de los recurrentes, motivo adicional para inadmitir la demanda.
En efecto, el legislador estableció en el artículo 333 del Código General del Proceso los fines del recurso extraordinario de casación. Dispuso que su propósito es defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por la Nación en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia y reparar los agravios de las partes con ocasión de la providencia recurrida.
En concordancia con tal objetivo, estableció en el inciso final del artículo 336 de la citada codificación, la potestad de que la Sala case una sentencia «aun de oficio» siempre que sea ostensible que ella compromete «gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».
Pero también, inspirado en el mismo principio, estableció en el artículo 347 ejusdem la facultad para que la Sala inadmita la demanda de casación que, aunque reúna los requisitos legales, esté dentro de alguno de los tres eventos que allí contempla:
1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.
2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento.
3. Cuando no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en detrimento del recurrente.
En este caso la sentencia respetó la legislación nacional. Se sustentó en las pruebas legalmente recaudadas, que las partes tuvieron oportunidad de contradecir. Su estudio se enmarcó en tales evidencias así como en la normatividad aplicable al caso concreto, y se apoyó en la jurisprudencia relacionada con el asunto debatido.
Es decir, que la decisión no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jurídico ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.
Razones que imponen la inadmisión de la demanda.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Pasto, proferida el 19 de enero de 2017, dentro del asunto referenciado.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese.
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA