RECURSO DE REVISIÓN–Frente a sentencia que declara la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, invocando la colusión o maniobra fraudulenta con fundamento en la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Finalidad y características. Reiteración de las sentencias de 30 de septiembre de 1999, 3 de septiembre de 2013, 29 de agosto de 2008 y 24 de junio de 2016. (SC5208-2017; 18/04/2017)


Fuente formal:

Artículos 379 y 380 numeral 6 y 381 del Código de Procedimiento Civil.


Fuente jurisprudencial:

Sentencia de 30 de septiembre de 1999, exp. 6464.

Sentencia de 3 de septiembre de 2013 exp. 2010-00906-00.

Sentencia de 29 de agosto de 2008, exp. 2004-00729.

Sentencia SC 8448-2016 de 24 de junio de 2016, exp. 2010-01759.


MANIOBRA FRAUDULENTA–Debate probatorio sobre tiempo, modo y lugar de la actividad ilícita denunciada, y sustentación de recurso de revisión en hechos debatidos en las instancias,  para acreditar la posesión exclusiva, en proceso que estimó la prescripción adquisitiva de dominio. Carácter extraprocesal de los hechos en que se funda la causal. Reiteración del auto de 18 de diciembre de 2006. Concepto naturaleza y características.  Diferencia de la colusión. Reiteración de las sentencias G.J. CLXV pág. 27, 3 de septiembre de 2013, 30 de octubre de 2007, 11 de julio de 2000 y de los autos de 13 de octubre de 2011  y 5 de agosto de 2014. (SC5208-2017; 18/04/2017)


Fuente jurisprudencial:

Sentencia G.J. CLXV pág. 27.

Sentencia  de 11 de marzo de 1994.

Sentencia de 3 de septiembre de 1996.

Sentencia de 3 de septiembre de 2013, exp. 2010-00906-00.

Sentencia de 30 de octubre de 2007, exp. 2005-00791-00.

Sentencia de 11 de julio de 2000, exp. 7074.

Auto de 18 de diciembre de 2006, exp. 2003-00159.

Auto de 13 de octubre de 2011, exp. 2011-02100-00.

Auto AC 4489 de 5 de agosto de 2014, exp. 2014-00366-00.


PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA–Recurso de revisión frente a sentencia que accede a la pretensión, sustentado en la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. Falta de acreditación. (SC5208-2017; 18/04/2017)


TRÁNSITO DE LA LEY–Aplicación del Código de Procedimiento Civil, en virtud del artículo 624 el Código General del Proceso, al ser el estatuto procesal vigente al momento de la formulación del recurso de revisión frente a sentencia proferida en proceso de pertenencia. (SC5208-2017; 18/04/2017)


Fuente formal:

Artículo 624 del Código General del Proceso.


Asunto:

Pretende el demandado la revisión de la sentencia que revocó la de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Fundamenta el recurso en la Causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil. La Corte declaró infundado el recurso al considerar que no se configura la causal al alegarse hechos como la coposesión y valoración de pruebas los cuales debían aducirse en sede de instancia.


LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado ponente


SC5208-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2013-01881-00

(Discutido en sesión de primero de marzo de dos mil diecisiete)


Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017).



Decide la Corte el recurso de revisión interpuesto por la Asociación Amigos de Lubavitch, frente a la sentencia de 14 de enero de 2011 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de declaración de pertenencia promovido por Noé del Carmen Salgado Monroy contra Luz Marina Orjuela Beltrán, al que se citó a la recurrente para integrar el contradictorio.


I.        ANTECEDENTES


  1. Del proceso de declaración de pertenencia.


    1. Pretensiones.


Se solicitó declarar que el accionante Noé del Carmen Salgado Monroy, adquirió por prescripción extraordinaria el dominio del lote de terreno junto con la construcción existente, ubicado en la avenida carrera 96 n° 65-88 del barrio Álamos de Bogotá, D.C., debidamente alindado y determinado, registrado al folio de matrícula inmobiliaria n° 50C-70882 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Centro y se disponga la inscripción de la sentencia.


    1. Hechos.


Se informó acerca de la ubicación e identificación del predio, indicando que figura como titular del derecho de dominio Luz Marina Orjuela Beltrán, por compra a Inversiones Transcontinental Transco Limitada, afirmándose que la posesión del actor comenzó en julio de 1978, habiendo realizado actos de encerramiento del lote de terreno en cerca de alambre, paredes de ladrillo y bloque.


Agrega que instaló los servicios públicos de acueducto y teléfono; levantó construcciones consistentes en un club gallístico, criadero de caballos, parqueadero y una casa prefabricada integrada de sala comedor, cocina, baño y habitaciones.


    1. Actuación procesal.


1.3.1.        La demanda se admitió el 27 de agosto de 1999, en el que también se dispuso emplazar a la accionada, a las personas que pudieran tener derechos sobre el inmueble y se decretó la inscripción del escrito introductorio del proceso.


1.3.2.        Designado curador ad litem para representar a los emplazados, en tiempo contestó exponiendo que el litigio se decidiera conforme lo probado y formuló la excepción de mérito titulada inexistencia del derecho a la declaratoria de la prescripción adquisitiva, fundándola en que se presentaban imprecisiones atinentes a los linderos descritos en la demanda y los registrados en el certificado de tradición y libertad, por lo que no existía seguridad de que se tratara del mismo bien.


1.3.3.        Conocido el adelantamiento de algunas actuaciones penales en contra de la demandada que figuraba inscrita como dueña del inmueble y la invalidación del título de adquisición, como también de su registro, quedó figurando el derecho de dominio en cabeza de Inversiones Transcontinental Transco Limitada y como esta le transfirió la propiedad a la Asociación de Amigos de Lubavitch, por auto de 14 de diciembre de 2007, se ordenó citarla para integrar el contradictorio.


Una vez compareció la convocada, contestó la demanda, no aceptó los hechos sustento esencial de las pretensiones, se opuso a estas y propuso las excepciones de mérito denominadas «inexistencia de requisitos o condiciones legales para invocar la prescripción adquisitiva - fraude procesal y falsedad de testimonios -  posesión del inmueble por quienes han sido los propietarios matriculados ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos».


1.3.4.        Agotada la fase instructiva, se corrió traslado para alegatos de conclusión y el juez de primer grado dictó sentencia el 19 de julio de 2010, denegando las pretensiones al actor.


1.3.5.        La parte vencida interpuso recurso de apelación y adelantado el trámite de rigor, se finiquitó la segunda instancia con el fallo de 14 de enero de 2011, en el que se dispuso revocar la decisión impugnada, para en su remplazo desestimar las excepciones de mérito planteadas por la convocada, declarar que el actor adquirió por prescripción extraordinaria el dominio del inmueble objeto del proceso y ordenó su inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria.


Para ello se afirmó verificado cumplimiento de los requisitos relativos a la posesión material por el accionante, su prolongación ininterrumpida por el término previsto legalmente y al recaer sobre un bien prescriptible, lo cual dedujo de las pruebas válidamente incorporadas al plenario.


2.        Del recurso de revisión.


2.1.        La impugnación extraordinaria fue presentada en la Secretaría de la Sala el 9 de agosto de 2013, habiéndose admitido el 27 de noviembre de 2013.

Adujo la recurrente la causal sexta de revisión del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, relativa a colusión o cualquiera otra maniobra fraudulenta de las partes.


En los hechos fundamento del recurso de revisión se asevera, que el demandante Noé del Carmen Salgado Monroy inventó una posesión contraria a la realidad, dado que «no fue única y exclusiva», por haberla ejercido también su padre Moisés Monroy; así mismo se critica porque no se tuvieron en cuenta las manifestaciones del accionante expuestas en la inspección judicial practicada como prueba anticipada el 16 de febrero de 1999, época en que dijo «ser el propietario de la construcción y el lote desde hacía diez (10) años, declaración a la que según el Tribunal Superior de Bogotá no es suficiente para determinar el tiempo de posesión».


También se le endilga que utilizó a las personas citadas en calidad de testigos para adquirir el bien de manera fraudulenta, afirmando al respecto que los deponentes fueron «[…] ‘co[ho]nestados, entrenados, dirigidos, preparados y acomodados’», siendo sus declaraciones «engañosas», todo lo cual contribuyó para inducir en error al Tribunal; además se reprochó al actor por afirmar no conocer a quien fungía como propietaria del inmueble, cuando es evidente que supo de la existencia del proceso penal adelantado en contra de aquella.


2.2.        Fueron citados en condición de opositores, el actor Noé del Carmen Salgado Monroy y la inicial convocada al proceso Luz Marina Orjuela Beltrán, así mismo se ordenó emplazar a las personas que se consideraran con derechos sobre el predio objeto de la declaración de pertenencia.


Compareció personalmente el demandante y en tiempo replicó oponiéndose a la prosperidad del recurso, manifestando que contrario a lo aducido por la impugnante extraordinaria, todos los testigos escuchados en el proceso acreditaron la posesión de Noé del Carmen sobre el bien desde el año 1978 y que «[…] no ocultó los años que estuvo con su padre realizando labores de limpieza y crianza de caballos, simplemente invocó la fecha en que inició la posesión en forma personal, sin que se vislumbre en su actuar o en las deponencias referidas y hoy atacadas, ánimo de desnaturalizar una verdad que se sustenta con la documental militante en el infolio».


A los demás convocados, luego de emplazarlos sin que compareciera persona alguna, se les designó curador ad litem para representarlos, quien contestó pidiendo declarar infundado el recurso de revisión por falta de estructuración de la causal invocada para sustentarlo, porque faltó aportar prueba concluyente de actos manifiestos de mala fe o indebidos de parte del actor y que la ausencia en el plenario del registro de defunción del padre del demandante por sí sola no constituía un hecho que pudiera considerarse ilícito.


2.3.        Dispuesta y evacuada la fase probatoria, se dio traslado a las partes para sus alegaciones, término aprovechado únicamente por la promotora de este trámite, quien reiteró los planteamientos expresados en la demanda de revisión, relativos a la demostración de que la posesión invocada por el actor en la declaración de pertenencia no fue exclusiva, sino compartida con su padre Moisés Monroy, quien de acuerdo con lo informado por los testigos, había fallecido.


Así mismo sostuvo, que el actor «fraguó e inventó una posesión que no era» y de otro lado, critica al Tribunal porque omitió realizar un análisis profundo y concienzudo de las probanzas, en especial la manifestación del demandante dada a conocer en la inspección judicial practicada como prueba anticipada el 16 de febrero de 1999, relativa a que era dueño de la construcción y del lote desde hacía diez años, aseverando que para la época de la presentación de la demanda el accionante «había cohonestado, junto con sus testigos, la manera fraudulenta de hacerse al predio en cuestión», ya que no es cierto el hecho de la posesión durante el término legalmente exigido.


Adicionalmente argumentó, que el actor no desvirtuó la condición de coposeedor con su padre y señaló «[…] que si él accedió al inmueble a título de hijo y como tal comenzó a poseer, es inútil que demuestre haber usado y gozado de la totalidad del mismo durante más de 20 años, porque esa facultad de servirse de toda la cosa es atribuida legalmente y de manera distinta a todos los comuneros, de modo que ese hecho no constituye un acto exterior idóneo para que se manifieste su voluntad de excluir a los demás».


En consecuencia, reclamó la anulación de la sentencia del Tribunal y la ratificación de la proferida por el juzgado del conocimiento.

II.        CONSIDERACIONES


1.        En razón de haberse formulado el presente recurso de revisión en vigencia del anterior ordenamiento procesal, de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para resolverlo se aplicarán en lo pertinente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.


2.        El citado medio de impugnación extraordinario, autoriza proponerlo el artículo 379 ibídem contra las sentencias ejecutoriadas, debiendo fundarse en alguna de las causales expresamente consagradas en el canon 380 del señalado ordenamiento procesal e incoarse dentro de los términos previstos en el artículo 381 ídem.


Se estima que el aludido recurso constituye una garantía de justicia, toda vez que de alcanzar prosperidad y dependiendo del motivo legal en que se haya fundado, es factible aniquilar la decisión injusta, o asegurar el ejercicio del derecho de defensa cuando haya sido seriamente quebrantado, o preservar el instituto de la cosa juzgada.


En cuanto a la finalidad de la mencionada impugnación extraordinaria, en sentencia CSJ SC, 30 sep. 1999, rad. n° 6464, se indicó:


«[…] ‘el recurso de revisión es un remedio extraordinario que la ley concede para atacar precisamente la fuerza de cosa juzgada material atribuible a una determinada sentencia, o por mejor decirlo al pronunciamiento jurisdiccional en ella contenido, cuando éste último de manera notoria hiere la garantía de la justicia o es producto de un proceso seguido con manifiesto quebranto del derecho de defensa’ (sentencia 3479 10 de junio de 1.993).


De las anteriores características se desprende que el recurso de revisión no constituye una instancia adicional del proceso, cerrado como está en virtud de la sentencia cuyo ataque se impetra por vía de revisión. Y de allí se deduce con claridad, que él no está instituido para replantear el debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo más explícito u ordenado. Se ha dicho, en efecto, que ‘no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad indica el Art. 380 recién citado" (sentencia 029 del 25 de julio de 19971).»


Acerca de algunos otros aspectos que caracterizan el señalado medio de impugnación, la Corte en el fallo CSJ SC, 3 sept. 2013, rad. n° 2010-00906-00, sostuvo:


«En virtud de las características que posee el aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como lo ha explicado esta Corte, ‘corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal’. (…)»1.


3.        En cuanto al motivo de revisión, como se indicara, corresponde a la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el cual se configura por «[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente».


La expresión «colusión» presupone la existencia de un pacto ilícito de las partes en daño de un tercero y de acuerdo con ello podría originarse -por ejemplo- en la acción concertada entre demandante y demandado para perjudicar o causarle daño a ese tercero; en tanto que por «maniobra fraudulenta» cabe entender, aquellas actuaciones engañosas o falaces representativas de una mentira disfrazada con artificio, la cual en el proceso podría provenir de una parte en perjuicio de la otra y como lo ha señalado la Corte, «significa entonces todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin»2.


Esta Corporación en el fallo CSJ SC, 3 sep. 2013, rad. n° 2010-00906-00, respecto del citado motivo de revisión en lo pertinente sostuvo:

«Para la configuración de esta causal urge, pues, que ‘los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio’ […]»3.


Así mismo en la sentencia CSJ SC, 30 oct. 2007, rad. n° 2005-00791-00, se precisó:


«Con insistencia ha precisado la jurisprudencia que para la estructuración de este específico motivo de revisión es indispensable el concurso simultáneo de los siguientes factores: a) que exista colusión de las partes o maniobras  fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.


Ha de tenerse en cuenta que colusión y maniobra fraudulenta no corresponden a idénticas conductas susceptibles de ser confundidas; por esa razón, el legislador al consagrar la causal de revisión aquí invocada, cuando utilizó los términos ‘colusión u otra maniobra fraudulenta’, con la primera quiso aludir a una especie de la segunda.  En efecto, la colusión, como su acepción idiomática lo indica, exige un conciliábulo enderezado a causar perjuicio a un tercero, mientras que en la maniobra fraudulenta no es indispensable la presencia de tal pacto avieso.  Esta última puede corresponder a la estrategia procesal de una de las partes encaminada a disfrazar la realidad procesal en pos de engañar al juzgador y hacerlo incurrir en error para obtener por esa senda una sentencia que, al no amoldarse a la realidad fáctica, es decir, a la verdad, indudablemente vendrá a ser injusta y, por tanto, susceptible de invalidar, tras la prosperidad de la pretensión formulada a través del recurso extraordinario de revisión.»


Igualmente, en el fallo CSJ SC, 11 jul. 2000, rad. n° 7074, con relación a las «maniobras fraudulentas» se dijo:


«Conviene recordar acerca del alcance de las denominadas maniobras fraudulentas, que la Corte ha dicho que ‘[…] comportan una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador a proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos parcialmente, por medios ilícitos; es, en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia’ […]»4.


4.        En el presente caso, la causal de revisión en estudio se adujo estructurada con base en las siguientes circunstancias atribuidas al demandante en pertenencia Noé del Carmen Salgado Monroy, las cuales se calificaron como fraudulentas: (i) invención de una posesión contraria a la realidad, en tanto «no fue única y exclusiva»; (ii) emplear testigos «[…] ‘conestados (sic), entrenados, dirigidos, preparados y acomodados’» para que rindieran declaraciones «engañosas» y; (iii) afirmar el desconocimiento de la propietaria del inmueble, cuando sabía de la existencia del proceso penal adelantado en contra de aquella.


De igual forma, se argumentó que el móvil se hallaba edificado por la deficiente valoración probatoria del Tribunal, cuando en su sentencia de segunda instancia, revocatoria del fallo del a quo y estimatoria de la pretensión de usucapión, pretermitió apreciar las manifestaciones del reclamante en la inspección judicial practicada como prueba anticipada el 16 de febrero de 1999, en donde reconoció que su posición se reducía a 10 años.


Siguiendo los lineamientos sentados en precedencia, ninguna de las situaciones invocadas por la recurrente tienen la entidad o idoneidad de configurar -ni siquiera en el plano simplemente afirmativo-, la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, siendo suficiente para sostener tal aserto, destacar la falta de exposición concreta y certera del «proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin» que se endilga al promotor del proceso de usucapión.


4.1.        Auscultada la sustentación respectiva, puede advertirse como la misma en lugar de dar cuenta de las conductas específicas realizadas con fraude, enuncia una suerte de discrepancias con la valoración probatoria del ad quem, las que luego contrasta con su propia postura, para finalmente calificar como maniobras fraudulentas, a la divergencia inferida entre tales extremos.


Semejante ejercicio intelectual, obliga a concluir que el cargo tiene por exclusivo cimiento las especulaciones de la parte vencida derivadas de su inconformidad con lo resuelto.

Además y como consecuencia lógica de la mentada deficiencia reveladora del carácter inconsistente del recurso, se tiene que ninguna demostración eficiente de la supuesta maquinación fue obtenida en el presente trámite.


A tono con lo decantado, resulta de recibo memorar que el recurso extraordinario de revisión, repele todo propósito de simple replanteamiento de la cuestión probatoria y jurídica, y por ello le es propio «evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítase, es por regla general inexpugnable. (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729, reiterada en SC8448-2016, 24 jun., rad. 2010-01759).


4.2.        La simple verificación de la inexistencia de aseveración específica en el escrito de demanda sobre las condiciones de tiempo, lugar y modo de la actividad ilícita y positiva denunciada, conduce al fracaso de la impugnación extraordinaria, en tanto tal escenario supone la falta de sustrato fáctico a confirmar para desvirtuar la presunción de buena fe que recae sobre el comportamiento de las personas.



No obstante, conviene recalcar que con insistencia se ha exigido que la maquinación propia de la causal alegada corresponda al ámbito extraprocesal, aunque con directa incidencia en la definición del juicio, resultando impertinente cualquier nueva formulación de actuaciones suscitadas o atendidas al interior de dicho escenario.


Esta Sala concretamente ha reclamado que la situación calificada como maniobra fraudulenta «resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio» (CSJ AC, 18 Dic. 2006, Rad. 2003-00159).


Tan básico presupuesto se extraña en el presente caso, donde aspectos como la fidelidad de los testimonios recaudados, el carácter exclusivo de la posesión habilitante de la declaración de pertenencia, la valoración de la inspección judicial extraprocesal y la precisa determinación de las personas llamadas por el derecho sustancial a oponerse a la pretensión, no sólo pudieron ser discutidas, sino que efectivamente merecieron debate en las respectivas instancias, tal cual consta en los respectivos fallos de primer y segundo grado, último de los cuales, incluso, intentó refutarse por vía de casación cuya demanda inadmitiera esta Corporación en proveído del 24 de octubre de 2011.


4.3.        Junto a lo anterior, especial mención merece la constante alusión a la defraudación por ocultamiento del supuesto de coposesión que padecía el bien inmueble y donde según se sostiene, era protagónica la participación del progenitor del demandante, Moisés Salgado.


Sobre dicha acusación, es necesario reseñar de forma armónica con los raciocinios precedentes, que la exclusividad en la posesión es un tema propio de la controversia suscitada en el proceso censurado; por ello, no es admisible que luego por vía de esta impugnación extraordinaria, trate de renovarse la estrategia defensiva con elementos y perspectivas que no fueron oportunamente propuestas en las instancias.


Ciertamente, la mentada coposesión es circunstancia propia de la desacreditación del carácter exclusivo de la tenencia material acompañada del ánimo de señor y dueño que reclamó el pretensor y cuya invocación no se revela efectuada en ninguna de las distintas oportunidades de contradicción, tales como la contestación y los alegatos de conclusión en ambas instancias.


En este sentido, dicho aspecto del cuestionamiento resulta novedoso e injustificado en tanto refiere a acontecimientos previos al proceso y que necesariamente debían conocerse y aducirse en el mismo, sin que se haya cumplido carga alguna encaminada a excusar su retardada invocación.  Sobre tal particular se ha precisado:


«aunque la norma no lo diga expresamente, constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habría permitido la utilización de los medios de impugnación ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisión» (CSJ AC, 13 Oct. 2011, Rad. 2011-02100-00, reiterado en AC4489-2014, 5 ago., 2014-00366-00).


Se agrega que en todo caso, la prosperidad de la causal, al amparo de un evento como el que se viene analizando, no sólo exige una adecuada formulación y fehaciente acreditación, sino que junto a ello es preciso que el demandante en revisión exhiba un interés actual, serio, concreto y subjetivo, en tanto que la previsión normativa correspondiente exige que la maniobra fraudulenta debe generar agravio directo en el impugnante, a tono con lo cual establece la fórmula «siempre que haya causado perjuicios al recurrente».


5.        Las razones expuestas conducen inexorablemente a desestimar la impugnación extraordinaria, por lo que de conformidad con el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se condenará a la recurrente en costas y perjuicios, efectuándose la liquidación de aquellas de acuerdo con el artículo 393 ídem y el de estos mediante trámite incidental, garantizándose su pago con la caución prestada hasta el monto de la suma asegurada.



III.        DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión formulado por la Asociación Amigos de Lubavitch, frente a la sentencia de 14 de enero de 2011 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de declaración de pertenencia promovido por Noé del Carmen Salgado Monroy contra Luz Marina Orjuela Beltrán, al que se citó a la recurrente para integrar el contradictorio.


SEGUNDO.        CONDENAR a la recurrente al pago de las costas y perjuicios causados por el trámite de este asunto, cuyo pago se podrá hacer efectivo con la caución prestada hasta el monto de la suma asegurada.  En la liquidación de dichas expensas procesales, inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de tres millones de pesos ($3’000.000).


TERCERO.        DEVOLVER, en su oportunidad, el expediente al juzgado del conocimiento, agregándole copia del presente fallo y archivar la actuación adelantada en esta Corporación.




Cópiese y notifíquese,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala






MARGARITA CABELLO BLANCO






ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO






AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO








ARIEL SALAZAR RAMÍREZ






LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 Se elimina subrayado del texto original.

2 G.J. tomo CLXV, pág. 27, reiterada en sentencias de 11 de marzo de 1.994, 3 de septiembre de 1996, entre otras.

3 Se hace alusión a las sentencias de 3 de octubre de 1999 y 14 de diciembre de 2000, exp. 7269. Se elimina el subrayado en del texto original.

4 Menciona el fallo de 30 de junio de 1988.