EXEQUÁTUR–De sentencia que designa administradora de apoyo, proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzano, República de Italia. Reiteración de la sentencia de 8 de julio de 2013. Semejanza con la figura del Consejero de la Ley 1306 de 2009. (SC5495-2017; 24/04/2017)


Fuente formal:

Ley 1306 de 2009.


Fuente jurisprudencial:

Sentencia de 8 de julio de 2013, exp. 02099.


Fuente doctrinal:

Sentis Melendo, Santiago. La sentencia extranjera (Exequátur), Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, pág. 40.


RECIPROCIDAD DIPLOMÁTICA-Entre Colombia y la República de Italia no existe tratado bilateral para el reconocimiento recíproco de sentencias extranjeras. (SC5495-2017; 24/04/2017)


RECIPROCIDAD LEGISLATIVA–Entre Colombia y la República de Italia para el reconocimiento de sentencias extranjeras. Incorporación de la ley italiana sobre la homologación de providencias foráneas en ese territorio. Reiteración de las sentencias 30 abril de 2008 y 6 de noviembre de 2007. (SC5495-2017; 24/04/2017)


Fuente jurisprudencial:

Sentencia SC17088-2014 de 30 abril de 2008, exp. 2005-01118-00.

Sentencia de 6 de noviembre de 2007, exp. 07649-01.


SENTENCIA EXTRANJERA-Acreditación de ejecutoria, autenticación y legalización de sentencia que designa administradora de apoyo, proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzano, República de Italia. (SC5495-2017; 24/04/2017)


Fuente formal:

Artículo 118, 259 y 694 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 177 y 251 del Código General del Proceso.


APOSTILLAJE-De providencia proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzano, República de Italia, que designa administradora de apoyo. Aplicación de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. (SC5495-2017; 24/04/2017)


Fuente formal:

Convención sobre la Abolición de requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de 1961.

Ley 455 de 1998.


ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL-Sentencia extranjera que designa administradora de apoyo proferida en Italia, no se opone a las leyes vigentes en Colombia en concordancia con el artículo 55 de la Ley 1306 de 2009, artículo 23, numeral 19 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia el artículo 28, numeral 13 del Código General del Proceso. (SC5495-2017; 24/04/2017)


Fuente formal:

Artículo 55 de la Ley 1306 de 2009.

Artículo 23 numeral 19 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 28 numeral 13 del Código General del Proceso.


TRÁNSITO DE LA LEY-Aplicación del Código de Procedimiento Civil, en virtud del artículo 624 y 625 numerales 5º y 6° del Código General del Proceso, al ser el estatuto procesal vigente al momento de la solicitud de homologación de sentencia que designa administradora  de apoyo. (SC5495-2017; 24/04/2017)


Fuente formal:

Artículo 624 y 625 numerales 5º y 6º del Código General del Proceso.

Acuerdo PSAA15-10392 de la Sala Administrativa el Consejo Superior de la Judicatura.


Asunto:

Se presenta solicitud de homologación de sentencia proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzana, República de Italia, que designó a la peticionaria como administradora de apoyo. La Sala concedió el exequátur al encontrar acreditada la reciprocidad legislativa, entre Colombia y la República de Italia para el reconocimiento de sentencias extranjeras al haberse incorporado la normatividad vigente en ese territorio, el cumplimiento de requisitos legales y que la decisión no contraviene el orden público internacional.


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


SC5495-2017

Radicación n.° 11001-02-03-000-2013-03035-00

(Aprobado en Sala de quince de marzo de dos mil diecisiete)


Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).


Se decide la solicitud de exequátur presentada por Ofelia Díaz García, respecto de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzano, República de Italia, mediante la cual se designó a la peticionaria como administradora de apoyo de María Bertilda García de Díaz.


1. ANTECEDENTES


1.1. Según la interesada, en la audiencia de nombramiento, celebrada en la fecha mencionada, se señalaron las funciones, límites, deberes y responsabilidades inherentes al cargo.


En su sentir, la sentencia, cuya homologación pretende,  cumple todos los requisitos de forma y de fondo, y es compatible con las normas de orden público colombianas.


1.2. Admitida la demanda, la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, se opuso a lo impetrado, mientras no se reunieran los requisitos del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.


1.3. Evacuadas las etapas probatorias y de alegaciones de conclusión, esta última aprovechada por la interviniente, se proceder a dictar sentencia.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Elevada la solicitud en cuestión estando vigente el Código de Procedimiento Civil, su ritualidad sigue el mismo ordenamiento, al tenor de lo previsto en los artículos 624, modificatorio de la regla 40 de la Ley 153 de 1887, y 652, numerales 5º y 6º del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en vigor de manera integral a partir del 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.


2.2. Suficientemente es conocido, para que los fallos o laudos extranjeros1 produzcan efectos en Colombia, se requiere que en el Estado de donde emanan igualmente se abrigue el mismo tratamiento a las sentencias proferidas por los jueces colombianos, en su orden, bien al estar pactado así en un tratado o en una convención, ora por autorizarlo la legislación de uno y otro país, ya al existir jurisprudencia imperante en la materia.  


La globalización, la interdependencia estatal y la solidaridad internacional, precisamente, imponen la nacionalización de las sentencias y los laudos proferidos en el exterior, para que adquieran carta de ciudadanía y sean ejecutables internamente. Esta autorización actualmente se surte mediante el exequátur de las primeras, acorde con las directrices del Código de Procedimiento Civil o el Código General del Proceso, o a través del reconocimiento de los segundos, según la Ley 1563 de 2012 o Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, como expresión del fenómeno de la extraterritorialidad, para que adquieran valor interno de la misma forma que los fallos domésticos.


Con esa finalidad, incumbe a esta Corporación el proceso de homologación o el de reconocimiento, y ello es de ese modo, por el papel controlador que se otorga a las Altas Cortes, frente a los tratados internacionales, a las mismas leyes internas o a las decisiones judiciales que deban integrarse a la normativa nacional, según sea el caso. Desde luego, todo para no lesionar los intereses superiores del orden público, ni invadir cometidos o competencias propias de los jueces nacionales, ni desconocer los valores, derechos y principios supremos.

Por esto, el trámite del exequátur o del reconocimiento dichos, se erige en un medio de protección, de defensa y de preservación de los postulados fundamentales de un sistema jurídico, de sus intereses esenciales en su estructura económica, política, social o ética, razón por la cual, su naturaleza es privativa e interna de cada Estado, frente al desequilibrio, perturbación o desorden que pueda engendrar la aplicación de una norma o decisión extranjera.


Como tiene sentado la Corte, la “(…) doctrina ha enseñado que no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras, que aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios (…). Es decir, que la noción de orden público se evidencia en asuntos de esta índole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. De ahí que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequátur se reclama no contraría el orden público nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles”2.


Los trámites del exequátur o del reconocimiento dichos, por tanto, no constituye en modo alguno mecanismos de revisión o de juzgamiento de las decisiones objeto de homologación, ni menos institutos para exigir una providencia acoplada al derecho interno o a determinada normatividad, porque ello generaría una intromisión indebida en la soberanía y potestad legislativa de las otras naciones y desconocería el principio de autodeterminación de los pueblos.


Al margen del aspecto factual, probatorio o jurídico contenido en las providencias objeto de homologación, se trata simplemente de realizar un control formal, en cuanto la decisión respectiva no afecte lo esencial del ordenamiento patrio, ni los valores, ni las directrices constitucionales.

2.3. Pues bien, el subjúdice no lo gobierna ningún precepto de carácter bilateral o multilateral, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio de 14 de marzo de 2014, informó que una vez revisado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, “(…) se pudo establecer que en el mismo no reposa tratado o convenio alguno entre la República de Colombia y la República Italiana sobre el reconocimiento recíproco de sentencias proferidas por autoridades judiciales de los dos Estados”.

2.4. Como sucedáneo, impera lo señalado sobre el particular en la legislación vigente en uno u otro Estado.


2.4.1. La del país de origen de la sentencia materia de exequátur, fue adosada por la parte interesada con el lleno de los requisitos legales (artículos 188 y 259 del Código de Procedimiento Civil, en la hora de ahora, en los preceptos 177 y 251 del Código General del Proceso), al momento de los alegatos de conclusión, cual se había requerido en varias oportunidades, cuyo trámite fue complementado por la Corte para garantizar el derecho de contradicción.


Según esa normatividad, concretamente, el artículo 65 de la Ley 218 de 31 de mayo de 1995, “(…) [t]tienen efecto en Italia las providencias extranjeras relativas a la capacidad de las personas, así como a la existencia de relaciones de familia o de derechos de la personalidad, cuando las mismas hayan sido producidas  por las autoridades del Estado, cuya ley esté prevista por las normas de la presente ley o producen efecto en el ordenamiento de ese Estado, aun cuando pronunciadas por autoridad de otro Estado, siempre que no sean contrarias al orden público y hayan sido respetados los derechos esenciales de la defensa”3.


2.4.2. En correspondencia, el ordenamiento patrio otorga, en general, bajo iguales parámetros, los mismos efectos a una sentencia foránea, al tenor del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, cuando: (i) no versa sobre derechos reales; (ii) es compatible con las leyes o normas internas de orden público, salvo las de procedimiento; (iii) se encuentra ejecutoriada conforme a la ley del país de origen y se allega en copia debidamente autenticada y legalizada; (iv) no usurpa competencia de los jueces colombianos, bien por tratarse de un asunto con cláusula de reserva, ya al existir un proceso en curso o sentencia ejecutoriada sobre el mismo aspecto; y (v) se ha garantizado en los procesos contenciosos la citación y contradicción de la contraparte, lo cual se presume por la ejecutoria.


2.5. En el caso, respecto de la sentencia materia de exequátur, los anotados requisitos se encuentran cabalmente cumplidos.


2.5.1. Su acreditación aparece debidamente en copia auténtica y legalizada, todo con sujeción a “La Convención sobre la Abolición de requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya en 1961, ratificada en el ordenamiento interno mediante la Ley 455 de 1998. Así se observa en los respectivos trámites de “apostille” y en la traducción del idioma italiano al castellano realizada por una intérprete oficial.


La ejecutoria, de conformidad con la normatividad del país de origen, igualmente se encuentra insertada, al decirse, como su equivalente, que “(…) en los términos de la ley no ha sido presentada impugnación ni reclamación adversa al presente decreto que hasta la fecha sigue vigente y no ha sido ni revocado ni modificado”.


2.5.2. El nombramiento de Ofelia Díaz García, en calidad de administradora de apoyo de su madre, señora María Bertilda García de Díaz, ciudadana colombiana, quien se dice “alojada actualmente en la casa de reposo Villa Melitta de Bolzano”, se asocia con un aspecto netamente personal y no real, en punto de la capacidad de obrar o de ejercicio de la destinataria de la designación, específicamente, en general, respecto de su “(…) representación (…) en el cumplimiento de los actos de administración y ordinaria y extraordinaria”.


2.5.3. Lo decidido no riñe con ningún principio constitucional, ni con norma de orden público. Por el contrario, el nombramiento en cuestión, que es de simple apoyo, debido al “grave decaimiento cognitivo por higroma fronto-temporo-pariental” de la beneficiaria, según informa el expediente, constituye una medida de protección prevista expresamente en el ordenamiento patrio, al tenor del artículo 55 de la Ley 1306 de 2009, para guiar, asistir y complementar la capacidad jurídica de una persona en las específicas circunstancias establecidas.


2.5.4. En lo demás, el cargo otorgado, equiparable al de consejero, en los términos de la Ley 1306 de 2009, no es de exclusiva competencia de los jueces colombianos, pues para el efecto, tratándose de un asunto de jurisdicción voluntaria, el artículo 23, numeral 19 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo señalado en el artículo 28, numeral 13 del Código General del Proceso, radica la actuación en el lugar de residencia del inhabilitado o a lo sumo en el del domicilio de quien la promueve.

Y de acuerdo con la sentencia que concita la atención de la Sala, la beneficiaria de la medida de protección, se encuentra “alojada actualmente en la casa de reposo Villa Melitta de Bolzano”, Italia. Lo mismo se predica de la representante nombrada, quien reside  en el mismo país, concretamente “en Salorno, Vía Breve 1/A”.


Esa regla de competencia territorial, por sí, implica que en Colombia no puede existir proceso en curso, ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto. En todo caso, en el proceso no existe prueba directa ni indirecta que desvirtúe una u otra cosa.


2.6. En ese orden de ideas, no queda alternativa distinta que acceder a lo solicitado.


3. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede el exequátur a la sentencia de 8 de septiembre de 2009, proferida por el Juez Tutelar del Tribunal de Bolzano, República de Italia, mediante la cual se designó a Ofelia Díaz García como administradora de apoyo de su madre, señora María Bertilda García de Díaz.


Para los efectos previstos en los artículos 6°, 10, 11 y 22 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1° y 2° del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia homologada, en el folio correspondiente a la partida o registro de nacimiento de la beneficiada con la medida, una vez se indique el lugar donde aparece sentado. Por secretaría líbrese la comunicación de rigor.


Las costas causadas, debe asumirlas directamente la interesada.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de la Sala)


MARGARITA CABELLO BLANCO

(Comisión de servicios)



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO



ARIEL SALAZAR RAMÍREZ



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 “La sentencia, como producto de la jurisdicción, emana de la soberanía, y por eso sus efectos jurídicos quedan limitados dentro del territorio en que la soberanía se ejerce. Ahora bien: si antes de que a la sentencia extranjera le sea concedido el exequátur no produce en nuestro ordenamiento jurídico ninguno de los efectos que son propios del acto jurisdiccional de ella, por el solo efecto de su existencia como sentencia extranjera, según dice muy bien Morelli, deriva un efecto jurídico, que consiste en hacer surgir en la parte la acción tendiente precisamente al reconocimiento”. SENTIS MELENDO, Santiago. La sentencia extranjera (Exequátur), Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1958, pág. 40.

2 Sentencia de 8 de julio de 2013, expediente 02099.

3 En sentencias CSJ SC17088-2014; 30 abr. 2008, rad. n°2005-01118-00, y 6 nov. 2007, rad. n°07649-01, con sustento en la mencionada ley italiana, se dio por demostrada la condición atinente a la aludida «reciprocidad legislativa».