LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Ponente


AC003-2018

Radicación: 15469-31-03-001-1997-05625-01

Aprobado en Sala de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete


Bogotá, D. C., doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018).


Se decide sobre la admisión de la demanda presentada por Henry Ligorio y Próspero Augusto Martínez González, dirigida a sustentar el recurso de casación contra la sentencia de 3 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario incoado por Javier Norberto, Sandra Fabiola y Elsy Janeth Martínez González, desistido luego por los dos primeros, frente a los recurrentes.


1. ANTECEDENTES


1.1. El petitum. Se contrae a declarar la “simulación absoluta” de los contratos de compraventa asociados con el derecho de dominio de siete inmuebles.

1.2. La causa petendi. Demandantes e interpelados son hijos legítimos de Próspero Norberto Martínez Beltrán, fallecido el 3 de febrero de 1995, por tanto, sus herederos.


Parte del patrimonio del causante, en concreto, los raíces relacionados, figura en cabeza de los convocados, “como testaferros simulados”, por cuanto no ostentaban capacidad económica alguna para adquirirlos.


Los pretensores, “en su condición de herederos”, tienen suficiente interés jurídico para proceder de conformidad.


1.3. El escrito de réplica. Los demandados resistieron las súplicas, alegando suficiente capacidad económica para adquirir los inmuebles involucrados, inclusive muchos más, pues desde pequeños, su padre les enseñó el amor al trabajo y los apoyó y asesoró en el mundo de los negocios.


1.4. Integración del contradictorio. En el transcurso del proceso fueron citados quienes fungieron como vendedores de los bienes, y en su caso, sus herederos.


1.4. La sentencia de primer grado. El 2 de marzo de 2007, el Juzgado Civil del Circuito de Moniquirá, absolvió a los convocados, aduciendo que al señalarse a Próspero Norberto Martínez Beltrán, verdadero comprador de los predios, esto envolvía una “simulación relativa” por interpuesta persona. Sin embargo, al solicitarse la “simulación absoluta”, no era viable acoger aquélla, en salvaguarda del principio de congruencia.

Decretada la nulidad de la anterior decisión, entre otras, el mismo despacho judicial, el 12 de febrero de 2015, declaró “relativamente simulados” los contratos impugnados, excepto uno de ellos, al quedar demostrado que los inmuebles pertenecían “a la sucesión de Próspero Norberto Martínez Beltrán” y no a los demandados.


En sentir del juzgador, “realizada una interpretación integral de la demanda”, el fondo del asunto se resolvería en dirección no de la simulación absoluta, sino de la relativa, por interpuesta persona del comprador, precisamente, al ser eso lo aludido en el respectivo sustento fáctico.


1.5. El fallo de segunda instancia. En lo pertinente, según el Tribunal, partiendo de lo pregonado en el escrito genitor, correspondía determinar y definir el querer de la parte actora, esto es, si lo pretendido era desmantelar en forma absoluta o relativa los contratos de compraventa.


Con ese propósito, dijo, atendiendo las circunstancias sucedidas alrededor de cada una de las negociaciones, se imponía estudiarlas en forma puntual. Cumplida la tarea, explicada a espacio, concluyó que los fundamentos del recurso de apelación no contenían la “solidez jurídica y probatoria suficiente para derribar la decisión censurada”.


1.6. La demanda de casación. En el único cargo, los recurrentes acusan la sentencia impugnada de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque si allí se solicitó declarar la “simulación absoluta” de los negocios jurídicos cuestionados, mientras sobre ese objeto habían concentrado sus derechos de defensa y contradicción, ni el juzgado, ni el Tribunal, se encontraban facultados para espetar la “simulación relativa”.


Con mayor razón, cuando en ninguna de las instancias se “estableció con absoluta claridad cuáles fueron las verdaderas intenciones del señor Próspero Norberto Martínez Beltrán, al ordenar que las escrituras de los predios comprados fueran realizadas a nombre de sus hijos Próspero Augusto y Henry Ligorio Martínez González”.

En efecto, invocada la simulación relativa, se habría permitido encaminar las pruebas a auscultar esa real intención. Por ejemplo, una simple donación entre vivos, teniendo en cuenta la posesión material que, relativo a los inmuebles, vienen ejerciendo los demandados durante más de veinte años sin oposición de los demás herederos.


1.7. Siendo ese el contenido esencial del único cargo propuesto, se procede a examinar su idoneidad formal.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Para resolver lo tocante con la presente demanda, compete a la Corte seguir las directrices del Código General del Proceso, en vigor a partir el 1º de enero de 2016, por ser el plexo normativo que la gobierna, pues la sentencia y el recurso involucrado, tuvieron lugar después de dicha data, todo al tenor de los artículos 624 y 625-5, según los cuales “(…) los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron (…)”, así el asunto se haya originado en la época del Código de Procedimiento Civil.


2.2. El recurso de casación, en el ámbito legal, es de naturaleza dispositiva y exceptiva, pues obedece a causales expresamente previstas por el legislador y se estructura en hipótesis normativas precisas. De ahí, el escrito dirigido a sustentarlo debe sujetarse a requisitos preestablecidos positivamente, en cuanto atendiendo esa caracterización, para diferenciarlo de las instancias, constituye el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad.


Incumplidas, por lo tanto, tales exigencias, el artículo 346, numeral 1º del Código General del Proceso, acarrea como consecuencia la inadmisión del respectivo libelo, por la potísima razón de que ello impediría y relevaría cualquier decisión de mérito. Al fin de cuentas, como tiene explicado esta Corporación en doctrina que mantiene vigencia, “(…) [l]os requisitos formales y de técnica en casación, en general, se entroncan con los que habilitan el examen de fondo de los cargos, porque si lo truncan, ello justifica, por obvias razones, que la demanda no sea recibida a trámite”1.


Ahora, superados los requisitos formales, surgen dos alternativas. La primera, como pauta general, admitir a trámite la demanda de casación; y la segunda, por vía de excepción, repeler su impulso, en acatamiento del procedimiento de selección negativa implicado en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009, mediante una providencia argumentada y siguiendo las directrices propias del recurso extraordinario.


Esta última posibilidad, conforme a la exequibilidad condicionada del citado precepto2, a cuyo tenor la “Corte Suprema de Justicia debe motivar la no escogencia”, vale decir, “en el entendido de que la decisión de no selección adoptada (…) será motivada y tramitada conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley”.

Precisamente, el artículo 347 del Código General del Proceso, vino a regular la selección negativa, facultando a esta Corporación para inadmitir la demanda de casación, así “cumpla los requisitos formales”, entre otras hipótesis, “[c]uando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento”.


En el evento de la inexistencia de los vicios procesales, la medida, desde luego, no conllevaría desconocer el derecho a un debido proceso constitucional y legal. Frente al recurrente, por cuanto la decisión anticipada terminaría adoptándose una vez ha sido escuchado; y respecto de la parte opositora en el trámite del recurso, porque ninguna consecuencia adversa le acarrearía, de donde a las claras resultaría superfluo oírla con antelación.

2.3. El principio de congruencia, contemplado en los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso, ciertamente, limita el campo de acción de la jurisdicción del Estado, en la proporción asignada a cada juez en particular, a los hechos (causa petendi) y a los objetos jurídicos (petitum) propuestos por las partes en las oportunidades contempladas en ese mismo ordenamiento y a las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas, si así lo exige la ley.


Lo anterior, sin perjuicio de las facultades extra y ultra petita, conferidas en asuntos de familia y en procesos agrarios, al igual que de la posibilidad de hacer actuar el principio inquisitivo cuando lo autoriza el legislador.   


2.3.1. La incongruencia fáctica (causa petendi) implica sustitución arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de sus aspiraciones y no de su interpretación. Sucede, por tanto, en los casos en que el juzgador, al decir de la Corte, imagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa”3.


Se trata, como se observa, de yerros de naturaleza distinta, cada una con gobierno propio en casación. Así, “[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos (…) de la demanda”, en el artículo 336, numeral 3º del Código General del Proceso; y el “error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda”, en el numeral 2º, ibídem; cuestión esta última denunciable por la causal consistente en errores facti in iudicando, mas no, por errores in procedendo. 


2.3.2. La incongruencia objetiva (tocante con el petitum), predicable de los fallos estimatorios, en cambio, ocurre cuando el juzgador, también en sentir de esta Corporación, “peca por exceso o por defecto (extra, ultra o mínima petita)”4. En tal caso, todo se reduciría a ajustar los defectos o a eliminar los excesos.


Si nada de lo anterior se procura, los problemas de construcción de la sentencia, no son de procedimiento, esto es, de las decisiones, en sí mismas consideradas, sino de juzgamiento, respecto de su estructura o fundamentos, o de fijación del contenido y alcance de los mismos hechos controvertido (errores facti in iudicando).


Ocurre, por ejemplo, en punto de una simple y llana adjetivación jurídica, la cual debe ser salvada por la jurisdicción, al decir de esta Corporación en doctrina aplicable, “(…) puesto que el tipo de juez técnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley (…), le impone el deber de aplicar la que corresponda al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunción”5.

Lo anterior, guiados por los principios “narra mihi factum, dabo tibi ius” y “iura novit curia”, según los cuales los vacíos de adecuación típica o el ejercicio equivocado realizado en la materia por las partes, no atan a los jueces, precisamente, al ser los llamados a definir el derecho controvertido.


2.4. Frente a las anteriores directrices, en el subjúdice, el error de actividad o de procedimiento denunciado, es inexistente, porque la decisión de declarar la simulación relativa de los contratos de compraventa por interpuesta persona del comprador, pese a pedirse la absoluta, no fue inopinada, sino el resultado de interpretar la demanda.


En sentir del a-quo, al indicarse en el sustrato fáctico que los contratos se ajustaron entre los vendedores y Próspero Norberto Martínez Beltrán, padre de los demandados Prospero Augusto y Henri Ligorio Martínez González, y al señalarse que estos últimos actuaron como testaferros de aquel, quien no solo pagó el precio, sino que exteriorizó la intención de comprar para sí. 


El Tribunal, al sostener que partiendo de lo pregonado en el escrito genitor, correspondía determinar y definir el querer de la parte actora, esto es, si lo pretendido era desmantelar en forma absoluta o relativa los contratos de compraventa, tarea en la cual concluyó, atendiendo las circunstancias sucedidas alrededor de cada una de las negociaciones, que los fundamentos del recurso de apelación no contenían la “solidez jurídica y probatoria suficiente para derribar la decisión censurada”.


2.5. No se desconoce, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso, facultan a esta Corte, al momento fallar, para actuar de oficio en los casos en que hay lugar a proteger los derechos constitucionales, defender el orden o el patrimonio público; inclusive para escoger en forma positiva los fallos objeto de pronunciamiento cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o ejercer un control de legalidad.


2.5.1. Sin embargo, en la hipótesis de llevarse el caso al estadio de dictar sentencia, en el ámbito constitucional o de convencionalidad6, el simple hecho de haber obtenido la demandante recurrente decisiones en su contra, por sí, no impone adoptar correctivos, dado que para el efecto se requiere de la presencia de errores superlativos.


Desde el punto de vista adjetivo, no se observan. De un lado, porque como se constata, en el proceso la parte demandada mantuvo intactas, en forma amplia, las garantías de defensa y contradicción, en tanto, nada fue reclamado sobre el particular; y de otro, por cuanto ha quedado elucidado que el error de procedimiento denunciado asociado con la violación del principio de congruencia, es a todas luces inexistente.

En el campo de los hechos y de las pruebas, y en el estrictamente jurídico, tampoco se encuentra allanado el camino para la protección nomofiláctica de un derecho subjetivo, por cuanto si en el escrito genitor del proceso, en efecto, se afirmó que los demandados figuraban como testaferros de su padre, el real comprador, quien pagó el precio de los inmuebles, en fin, no resultaba arbitrario seguir que todo aludía a la simulación relativa, así se haya nominado erradamente como absoluta. Menos, cuando los convocados al resistir las pretensiones dijeron que “nunca [actuaron] escondiendo una realidad o como testaferros simulados”, circunstancias que, por sí, excluirían otra calificación jurídica, como una donación entre vivos.


2.5.2. En la óptica de la selección positiva de los fallos objeto de decisión, en la mira de unificar o corregir jurisprudencia, o ejercer control de legalidad, igualmente se descarta la actuación de la Corte, al no aparecer planteados temas asociados con la aplicación o alcance de una norma sustantiva, ni con diversas interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente.


2.6. En ese orden de ideas, ante la inexistencia del vicio de actividad o de procedimiento denunciado, debe procederse acorde con lo previsto en el artículo 347 del Código General del Proceso.


3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, no escoge a trámite la demanda de casación de que se trata, así reúna los requisitos formales, por tanto, la inadmite. Como consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.


NOTIFÍQUESE



LUIS ALONSO RICO PUERTA

(Presidente de la Sala)




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO



OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA




1 CSJ. Civil. Auto de 26 de abril de 2011, expediente 00354.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-713 de 15 de julio de 2008.

3 CSJ. Casación Civil. Sentencias de 3 de noviembre de 2010, expediente 03315, de 22 de abril de 2013, radicación 00187, y de 3 de noviembre de 2015, expediente 00201, entre otros.

4 CSJ. Casación Civil. Sentencias de 25 de abril de 2005, expediente 014115, de 17 de junio de 2011, radicación 00591, y de 21 de junio de 2016, expediente 00043, entre otras.

5 CSJ. Civil. Sentencia 0208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906, reiterada en fallos de 6 de julio de 2009, radicación 00341, y de 5 de mayo de 2014, expediente 00181.

6 Convención Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972.