AC1094-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00558-00
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Decídese sobre la admisión de la solicitud de exequatur presentada por la apoderada de Ricardo Alberto Fajardo Linero, respecto al fallo de 25 de enero de 2010, proferido por la Corte del Circuito del 11º Circuito Judicial en y para el Condado de Miami – Dade, Florida, Estados Unidos de América, en la que se decidió sobre la disolución del matrimonio religioso celebrado entre el convocante e Isabel Cristina López.
CONSIDERACIONES
1. El exequatur es un procedimiento jurisdiccional que tiene por finalidad otorgar a una sentencia proferida en el exterior los mismos efectos que una local1, en virtud de los principios de colaboración armónica entre los estados y reciprocidad diplomática, a condición que se cumplan las formalidades señaladas en la regulación.
En Colombia, tales requerimientos están consagrados en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso, los cuales se transcriben a continuación, en cuanto resultan relevantes para el caso bajo estudio:
Artículo 606. Requisitos. Para que la sentencia extranjera surta efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: 1.Que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió…3. Que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente legalizada (…)
Artículo 607. Trámite del exequátur. (…) Cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma.
No se trata de meras formalidades o exigencias carentes de sentido, sino de condiciones que buscan salvaguardar que la sentencia, cuyo reconocimiento se persigue, no trasgreda el régimen jurídico nacional, tenga carácter definitivo, y satisfaga los atributos para ser considerada como un documento merecedor de valor probatorio.
2. En el presente caso se tiene que deberá rechazarse la solicitud de reconocimiento, en tanto la copia del proveído de la Corte del Circuito del 11º Circuito Judicial en y para el Condado de Miami–Dade, Florida, del cual hace parte integral el anexo titulado «[a]cuerdo [m]atrimonial y [p]lan de [c]rianza», no fueron debidamente legalizados, faltó arrimar la constancia de ejecutoria, y la traducción no satisface los requisitos legales, como se explicará a continuación.
2.1. El artículo 251 del Código General del Proceso dispone que «[l]os documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia…».
Empero, la dúplica de la providencia arrimada no satisface la legalización de marras, con el fin de otorgarle efectos jurídicos en Colombia, puesto que la rúbrica de Michelle González, quien aparece en el sello de autenticidad, no fue apostillada de acuerdo con la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, y de la cual son suscriptores Colombia y Estados Unidos de América.
Lo anterior, en tanto la única firma que fue apostillada corresponde a la de Ken Detzner, en su calidad de Secretario de Estado, quien a su vez legalizó la signatura de Harvey Ruvin persona que funge como Secretario de la Corte del Circuito, sin que ninguno de éstos hiciera lo propio con Michelle González.
Adicionalmente, en lo relativo al «[a]cuerdo [m]atrimonial y [p]lan de [c]rianza», que hace parte integral del pronunciamiento, como expresamente lo dice la sentencia cuyo reconocimiento se pretende (folio 8), no fue legalizada por medio del apostillaje ni tampoco adosada en copia auténtica.
Resáltese que el proveído no se acotó a la manifestación judicial, sino que a través del mismo se aprobó el acuerdo alcanzado por las partes para regular la disolución de su vínculo, por lo que ambos documentos tenían que ser aportados en copia debidamente legalizada, como lo exige la regulación patria.
Por lo anterior, se rechazará in limine la solicitud de acuerdo con el numeral 2 del artículo 607 ibidem.
2.2. En adición, se echa de menos que el pronunciamiento adjuntado estuviera ejecutoriado, pues en el mismo no se indica la fecha en que quedó en firme, los supuestos para alcanzar dicha condición, o que incluyeran una manifestación de autoridad competente que diera cuenta de esta situación.
Tampoco se mencionan los recursos que eran procedentes en contra del mismo y la forma en que fueron agotados, en caso de haber sido interpuestos, lo que impide establecer el carácter definitivo del proveído.
Este proceder desconoce lo señalado en el numeral 3 del artículo 606 idem y lleva a repeler el trámite de manera inmediata. Así ha procedido este órgano de cierre:
No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aportó… la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen… Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del trámite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso. (CSJ AC1956, 7 abril 2016, radicación n.° 11001-02-03-000-2016-00644-00. En el mismo sentido CSJ, AC 237, 25 ene. 2016, radicación n.° 11001-02-03-000-2016-00067-00. En el mismo sentido CSJ AC, 20 feb. 2015, radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00254-00).
2.3. Por último, se observa que la traducción de las piezas procesales fue realizada por una persona que carece de las condiciones señaladas en el artículo 251 del Código General del Proceso, lo que conduce a restársele efectos demostrativos. Esta norma dispone:
Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez (…)
En contravía, la traslación que se agregó al escrito genitor, lejos de ser realizada por la cartera ministerial competente, un profesional designado judicialmente o un intérprete oficial, se hizo por María Mercedes Patterson quien carece de esta calidad en nuestro país.
Y es que una verificación del listado que al efecto lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores2 permite advertir que su nombre no aparece registrado, por lo que no posee habilitación para fungir en Colombia como intérprete autorizada.
Recuérdese que por traductor oficial se entiende la «persona idónea, autorizada y acreditada ante las entidades reguladoras de traductores e intérpretes para realizar traducciones oficiales» (numeral 6 del artículo 2 del decreto 3269 de 2016, negritas fuera del texto), para lo cual deberá «…inscribirse en el directorio de traductores oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de prestar un servicio de consulta a los ciudadanos que lo requieran…» (artículo 7 ibidem).
Tal deficiencia, se une a las previas, para llevar al rechazo del trámite, siendo aplicable lo dicho por esta Sala en un caso equivalente:
[S]e observa que la interesada no aportó la sentencia foránea materia de homologación con la traducción idónea, esto es, según lo determina el artículo 251 ibídem, la efectuada por ‘el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez’ [pues] si bien con el escrito introductor se trajo una traducción realizada por N. F. WESTERA B. Tr., respecto de esta no se demostró su condición de ‘intérprete oficial’.
En consecuencia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 606 y 607 del Código General del Proceso, el Despacho resuelve… rechazar la demanda (AC5668, 31 ag. 2016, rad. n° 2016-00111-00).
3. Se suma a las anteriores deficiencias, que la demanda desconoce algunas de las exigencias consagradas en los artículos 82, 84 y 89 del Código General del Proceso, por cuanto:
(a) Omitió señalar el nombre, identificación, dirección de notificaciones y correo electrónico, de Cristina Isabel López de Parra, persona afectada con la sentencia a homologar.
(b) Las pretensiones son imprecisas, pues omitió enarbolar una súplica para la inscripción de la providencia de disolución del vínculo matrimonial, en caso de autorizarse el exequatur, en los registros civiles de matrimonio y de nacimiento de los cónyuges.
(c) Faltó allegar el libelo inicial y sus adjuntos como mensaje de datos, por cuanto si bien se adoso un CD, en el mismo no aparece información.
(d) Las copias de la demanda y sus anexos no son suficientes para los traslados exigidos por la ley, pues éstos deben efectuarse «a la parte afectada con la sentencia y al procurador delegado» (numeral 3 del artículo 607 ibidem); sin embargo, únicamente se arrimó un juego de reproducciones (folio 29), lo que impide atender la exigencia legal.
(e) No se allegaron medios suasorios con el fin de acreditar que el proveído foráneo no «vers[aba] sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso en que la sentencia se profirió», condición sin la cual no es posible realizar el estudio a que se refieren las normas vigentes para establecer el rechazo de la petición por desconocer la referida restricción.
(f) La reciprocidad diplomática o legislativa está carente de demostración, más aún si se tiene en cuenta que esta Corporación, entre otras, mediante sentencia de 3 de octubre de 2013 (rad. n.° 11001-02-03-000-2011-01895), negó la homologación de una sentencia emanada de autoridad de los Estados Unidos de América, por no existir acreditación de reciprocidad diplomática o legislativa con Colombia.
Al respecto, es importante relievar lo prescrito en los artículos 78 (numeral 10) y 173 (inciso segundo) de la nueva codificación, sobre la imposibilidad de decretar pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado a través del derecho de petición.
Estas insuficiencias conducirían a la inadmisión del líbelo introductorio, en desarrollo de los numerales 1 y 2 del artículo 90 ejusdem, sino fuera por el rechazo que debe decretarse como ya se explicó.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, resuelve:
Primero. Rechazar de plano la solicitud de exequatur presentada por Ricardo Alberto Fajardo Linero, respecto al fallo de 25 de enero de 2010, proferida por la Corte del Circuito del 11º Circuito Judicial en y para el Condado de Miami – Dade, Florida, Estados Unidos de América.
Segundo. Por Secretaria dese cumplimiento al artículo 90 del Código General del Proceso.
Tercero. Reconocer personería jurídica a Justina Jackeline Ruiz Chegwin, únicamente para los fines previstos en el poder que obra a folio 1, previa verificación de su calidad de abogada en el Registro Nacional de Abogados, para lo cual se incorpora la impresión respectiva.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 Carmen Julia Cabello Matamala, Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Familia, Lima, 2000, p. 805.
2 Disponible en el sitio web https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/ directorio/traductores/traductores.aspx, consultada el 23 de febrero de 2018.