Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Se decide lo pertinente en torno a la concesión del recurso de casación que interpuso Ever Eliécer Castillo Soler, respecto de la sentencia de 6 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil-Familia, en el proceso incoado por el recurrente contra José Horacio Restrepo Fernández y Jesús Alfredo Jaramillo Peláez.
1. ANTECEDENTES
1.1. El petitum. Se contrae a declarar que el demandante se empobreció injustamente a costa del enriquecimiento sin causa de los interpelados, y como consecuencia, que se condenara a éstos a pagar a su favor los perjuicios irrogados, los cuales ascendían a la suma de $1.000’627.000, según el juramento estimatorio.
1.2. Causa petendi. El pretensor constituyó una hipoteca sobre un lote para garantizar el pago de ciertas obligaciones, no obstante, durante el cobro compulsivo adelantado por el acreedor, José Horacio Restrepo Fernández, representado por el abogado codemandado Jesús Alfredo Jaramillo Peláez, se remató y adjudicó por cuenta del crédito, irregularmente, según se explicó a espacio, la construcción o el edificio levantado sobre el terreno, sin que ésta hiciera parte del gravamen.
1.3. Los fallos de instancia. El 26 de abril de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, negó las pretensiones, decisión confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil-Familia, en la sentencia recurrida extraordinariamente.
1.4. Concesión del recurso de casación. Para el ad-quem, como se plasmó en auto de 19 de febrero de 2018, la impugnación procedía, porque en punto del agravio inferido por la sentencia atacada al recurrente, según el juramento estimatorio, excedía el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, exigidos para el efecto.
2. CONSIDERACIONES
2.1. El artículo 334, numeral 1º del Código General del Proceso, prevé que el recurso de casación procede contra las sentencias de los Tribunales Superiores, dictadas en segunda instancia “en toda clase de procesos declarativos”, siempre y cuando, al tenor del artículo 338 de la misma codificación, el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, excepción hecha de asuntos relacionados con el estado civil de las personas o de cuestiones asociadas con acciones de grupo.
2.2. Tratándose de un fallo absolutorio, total o parcial, el agravio inferido necesariamente debe asociarse con las pretensiones económicas negadas, entendiendo las invocadas en la demanda o en su reforma, por regla de principio, a partir de la mensura efectuada en esos mismos actos procesales por el demandante, incluyendo también los daños inmateriales, pero no en la cuantía reclamada, por cuanto su estimación se encuentra librada al arbitrium iudicis, cual así lo ha sostenido la Corte, inclusive en vigencia del Código de Procedimiento Civil, pero respondiendo a criterios de prudencia, sapiencia, ponderación, rectitud, naturaleza del daño o magnitud de afectaciones síquicas que éste depara; en fin, en cuantías de cuando en cuando actualizadas por la jurisprudencia.
2.3. Lo anterior, sin embargo, no significa erradicar el valor de esa clase de pretensiones del quantum para recurrir en casación. Simplemente, en doctrina que en la hora de ahora mantiene vigencia, esta Corporación, en torno al perjuicio moral, ha sostenido que “(…) no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del interés aludido”1.
En la época del Código del Código de Procedimiento Civil, se aceptaba incluir para el efecto la cuantía que por perjuicios morales era señalada por la propia parte, siempre y cuando, al decir de la Sala, respondiera bien a los “montos fijados en la jurisprudencia”, ya a los “límites legales (artículo 97 del Código Penal) (…)”2.
El primer criterio, en la sistemática del Código General del Proceso, es el actualmente aplicable, no solo porque para efectos de determinar competencia, en la susodicha materia, se autorizó tener en cuenta los “parámetros jurisprudenciales máximos” (artículo 25, ibídem), lo cual a no dudarlo sirve de referente, sino porque el arbitrio judicial aparece reafirmado en el artículo 206, inciso 6º, ejúsdem, a cuyo tenor el “juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales”.
La normatividad vigente, como se observa, repele aceptar pretensiones inmateriales, siguiendo la estimación de la parte, perviviendo, por lo tanto, para fulminar una condena o ponderar la cuantía en casación, el precedente judicial, según el cual el “(…) recto criterio del fallador (…) viene a ser el adecuado para su tasación (…)”3, todo, por supuesto, según las circunstancias concretas en causa.
Desde luego, la restricción para que la parte estime el quantum inmaterial (daño moral y/o a la vida de relación), debe entenderse cuando resulta arbitrario o ilimitado, haciendo depender a su antojo la procedencia de los recursos, y no cuando observa las directrices jurisprudenciales, vigentes a la sazón o al momento de emitirse el fallo impugnado causante del perjuicio irrogado.
2.4. En el caso, el recurso de casación fue concedido en consideración al juramento estimatorio.
Entre los conceptos discriminados, se encuentran dos partidas por perjuicios morales. La primera, en contra de José Horacio Restrepo Fernández, en el equivalente al 50% de $488’958.000; y la segunda, respecto de Jesús Alfredo Jaramillo Peláez, en la suma de $5’677.500.
2.5. En ese orden de ideas, surge claro que el Tribunal se precipitó al conceder el recurso de casación, porque como se observa, el interés económico, respecto de los perjuicios morales, no fue definido, pues nada se dijo sobre el particular, simplemente se tomó la suma global, de donde el monto total del agravio sufrido por el recurrente con la sentencia de segundo grado, aún es incierto.
2.6. Así las cosas, no queda alternativa distinta que devolver la actuación al Tribunal, para que elucide el punto, por ser de su exclusivo resorte, al margen de que en la hora de ahora concurra o no la cuantía a investigarse.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara prematura la concesión del recurso de casación de que se trata y ordena a la secretaría de la Sala, devolver el expediente a la oficina de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 CSJ. Auto 213 de 7 de octubre de 2004, expediente 00353, reiterado en auto de 11 de diciembre de 2009, expediente 00445.
2 CSJ. Auto de 11 de julio de 2014, expediente 02523.
3 CSJ. Auto 240 de 14 de septiembre de 2001, expediente 9033-97.