Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veinte Civil Municipal de Oralidad de Medellín y Promiscuo Municipal de Jericó (Antioquia), en el trámite de la demanda para proceso verbal sumario del régimen de propiedad horizontal promovida por Parcelación La Botero Alta contra Portal Rubio S.A.S.
1. Ante el primero de los despachos citados, la promotora instauró el 2 de agosto de 2017 demanda verbal sumaria (folio 1 cuaderno 1) a fin de que en forma principal, se dirima las «controversias derivadas del régimen propiedad horizontal» (folio 165, ibídem).
En el libelo atribuyó el conocimiento para conocer del trámite a los juzgados civiles municipales de Medellín, en razón de «ser este el domicilio del demandado» (folio 173, ejusdem).
2. El despacho judicial de Medellín a quien se repartió la demanda, la rechazó con proveído de 16 de agosto de 2017 y dispuso remitirla al Juzgado Promiscuo Municipal de Oralidad de Jericó (Antioquia), comoquiera que: «el objeto del proceso es el derivado [del] régimen de propiedad horizontal... sobre derechos reales o sea las controversias son inmuebles», concluyendo en un fuero real (folio 175 vuelto). Interpuesta la reposición por el actor, el estrado judicial mantuvo en su posición (folio 177 vuelto).
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó (Antioquia), receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, con base en los siguientes argumentos: i) «(…) lo solicitado por el actor, no es el ejercicio de un derecho real, sino la declaración de incumplimiento del reglamento de propiedad horizontal», y ii) el lugar donde ocurrieron los hechos debe ceder a la elección efectuada por la promotora en el domicilio del demandado» (folio 187).
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional involucra juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. El numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.
Al respecto la Sala ha manifestado que:
… como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).
De igual manera, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral 3º de la codificación adjetiva precitada, es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, es decir, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (AC8650, 15 dic. 2017, rad. 2017-03066-00).
3. En el caso sub examine, advierte la Corte que la petición de conocimiento incoada por la accionante, se enderezó a obtener la declaratoria de incumplimiento frente a una de las cláusulas establecidas en el reglamento de propiedad horizontal o «negocio jurídico, del cual emergen obligaciones bilaterales entre copropiedad y propietarios de bienes privados de la misma.
Por lo anterior, resulta palmario indicar que la regla especial que rige para estos asuntos es la atinente a los numerales 1° y 3° del canon 28 del Código General del Proceso, y no como lo concibió el Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad de Medellín, cuando para desechar su competencia puso de presente una discusión en el terreno de derechos reales, por cuanto en modo alguno, se puso en tela de juicio, una relación jurídica del dominio o una litis derivada de éste derecho.
4. Bajo esta óptica, cuando la promotora eligió accionar en el domicilio de la demandada, esto es, en la ciudad de Medellín según el certificado de existencia y representación adosado como anexo de la demanda (folio 158 a 160, cuaderno 1), surgió un fuero privativo de obligatorio acato por parte del juez que tuvo conocimiento del asunto en primer lugar, al que no le fue suficiente su punto de vista jurídico para remitirlo al estrado de Jericó (Antioquia), por las anteriores razones de la Corte.
Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.
5. En consecuencia, se remitirá el presente caso al Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad de Medellín para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Veinte Civil Municipal de Oralidad de Medellín, al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.
Magistrado