AC1124-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00331-00
Bogotá, D. C., veintitrés (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Barranquilla y Veinticinco Civil Municipal de Bucaramanga, en el trámite de la demanda ejecutiva singular de menor cuantía promovida por Eduver Blanco Ortega contra Nixon Cárdenas.
ANTECEDENTES
1. Ante el primero de los despachos judiciales citados, el promotor instauró demanda ejecutiva con el fin de obtener el pago de la suma de $26.000.000, con intereses legales pactados del 6%, representada en trece letras de cambio (cada una por valor de $2.000.000) otorgadas el 3 de junio de 2016, para ser pagadas mensualmente a partir del 1º de agosto de 2016 hasta el 1º de agosto de 2017 (folios 1 a 5, y 12 a 24, cuaderno 1).
En el libelo el ejecutante invocó el conocimiento del trámite, «dado que las pretensiones son de menor cuantía y además, por ser Barranquilla el lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a esta acción» (folio 5, ejusdem).
2. El despacho judicial de esa ciudad a quien se repartió la demanda, mediante auto del 23 de octubre de 2017, rechazó la demanda por cuanto «se observ[ó] en notificaciones que el demandado…resid[ía]…en Bucaramanga», conllevando a concluir que ese estrado «carec[ía] de competencia por el factor territorial» (folio 27, ibídem); por ende remitió el libelo introductorio a su homólogo de Bucaramanga.
3. El juzgado receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, pues el ejecutante escogió el lugar de cumplimiento de la obligación, es decir, donde ocurrieron los hechos, tal como lo preceptúa el numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso (folios 32 y 33, ídem).
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios, o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.
Al respecto la Sala ha manifestado que:
… como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).
A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).
Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).
3. Desde esa óptica, carece de razón el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Barranquilla, para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto la demanda en este caso se presentó para cobrar el importe de trece letras de cambio que, como se expresa en sus textos, debían ser canceladas en esa ciudad, estipulación que, sin duda alguna, otorga competencia al funcionario en mención, por el lugar de cumplimiento de las créditos derivados del respectivo negocio jurídico, a términos del comentado numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso.
Por tanto, es inadmisible el argumento del mismo servidor judicial al pretender apartarse del conocimiento del asunto, porque si bien, el domicilio del demandado es el fuero general de atribución de competencia territorial, en este caso también concurre el lugar de cumplimiento de la obligación o fuero negocial, al que el actor acudió cuando manifestó ser Barranquilla «el lugar donde ocurrieron los hechos», por cuanto ese fue el sentido de su real intención. En ese orden de ideas, la facultad de escogencia del demandante, cuando hay concurrencia de fueros dentro del factor territorial de competencia, vincula al juez elegido para tramitar la demanda correspondiente.
Adicional a lo anterior, cuando el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Barranquilla analizó en lo relativo con el domicilio del demandado, erró al confundirlo con la residencia (folio 27, cuaderno 1), puesto que hay diferencia en esos conceptos, siendo que no debe asimilarse el domicilio de las personas, con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, en la medida que tiene dicho la inveterada jurisprudencia de la Corte, el primero, que acontece en una circunscripción territorial del país, consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, autos de 3 de mayo de 2011, rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016, AC4669-2016 de 25 de julio de 2016 y AC6566-2016 de 29 de septiembre de 2016).
En ese orden de ideas, cuando el promotor eligió accionar ante el juez de Barranquilla, localidad del cumplimiento de las obligaciones, es decisión que conforme el precedente de esta Corte ut supra, debió respetar el funcionario que primero conoció el asunto; coligiéndose que la demanda se enviará al primigenio de los funcionarios judiciales destacados.
Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.
4. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Barranquilla, al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado