LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado ponente


AC1233-2018

5334-2017

Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-02288-00

(Discutido en sesión de seis de diciembre de dos mil diecisiete)



Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil dieciocho (2018).



Proceden los demás integrantes de la Sala a resolver el recurso de súplica formulado frente al auto de 24 de octubre de 2017, por medio del cual el Magistrado Sustanciador rechazó la demanda de revisión presentada por Sandra Patricia Bello Vanegas respecto de la sentencia de 16 de mayo de 2016 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso de liquidación de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes promovido por Germán Olivo Lombana contra Lucy Adriana Vanegas Ortiz.


  1. ANTECEDENTES


1.        La recurrente extraordinaria adujo como causal de revisión, la contemplada en el numeral 8º artículo 355 del Código General del Proceso, la cual valga señalar, se configura por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso».


2.        En los fundamentos fácticos informó, que compró a su progenitora Lucy Adriana Vanegas Ortiz, una cuota parte equivalente al 40% de la nuda propiedad del predio «Granja los Alisos», ubicado en la vereda Guamal del municipio de Subachoque, según consta en la escritura pública n.° 2966 de 9 de septiembre de 2011 de la Notaría 19 de Bogotá, registrada en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, cuyo precio pagó con dineros desembolsados por un fondo de pensiones y cesantías.


En octubre de 2016, al solicitar un certificado de tradición y libertad del citado inmueble, verificó la existencia del registro de la demanda correspondiente al referido proceso y posteriormente estableció que mediante el fallo impugnado de 5 de mayo de 2016, se confirmó la decisión de primera instancia relativa a la aprobación de la partición en la que se incluyó la cuota parte de su propiedad en el mencionado bien raíz.


3.        La demanda de revisión se rechazó por falta de legitimación de la recurrente para proponer la impugnación extraordinaria, «por cuanto ella no fue parte en el proceso que pretende cuestionar, ni tenía que serlo a título de litisconsorte necesario, cual invoca ahora, de atender que la relación jurídica sustantiva debatida en ese escenario no tenía cómo vincularla en sus justos términos, por tratarse de un asunto que concernía a los unidos de hecho, amén de que en todo caso los mecanismos de defensa frente a lo allí decidido, son temas que no le otorgan interés para este remedio extraordinario».


4.        En la sustentación del «recurso de súplica», la impugnante reitera los argumentos invocados en la fundamentación de la «demanda de revisión»; cuestiona el trabajo de partición por afectar la buena fe; así mismo señala, que al haberse incluido en ese acto «bienes de terceros, […] no se podía aprobar la partición sin haber permitido que el tercero afectado tuviera la oportunidad de hacer uso de su derecho de contradicción y defensa».


También expone, que «cuando se alega la colusión como causal de revisión es posible que el recurso de revisión sea promovido por un tercero, y es apenas comprensible, porque la actuación se dio a sus espaldas, [… porque la recurrente] no fue vinculada dentro de la diligencia de inventarios y avalúos, y la partición a pesar de que se repartieron bienes de su titularidad».


  1. CONSIDERACIONES


  1. Procedencia del recurso de súplica.


Es viable desatar el presente medio de impugnación, en tanto el recurso de súplica es el procesalmente dispuesto para controvertir «los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación», tal cual dispone el artículo 331 del Código General del Proceso.


De conformidad con los artículos 90 y 321-1 ibídem es apelable el proveído que rechaza la demanda, que en este caso fue proferido en el trámite del recurso extraordinario de revisión.


2.        Desestimación de las razones de la súplica.


2.1.        El recurso propuesto habrá de ser desestimado, en razón a que la providencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho, toda vez que el inciso 3º artículo 358 del Código General del Proceso, autoriza rechazar la «demanda de revisión» cuando «haya sido formulada por quien carece de legitimación para hacerlo», y para el caso, no se cumple tal requisito, por tratarse la recurrente de un tercero y dados los fundamentos que invoca.


En providencia CSJ AC, 29 may. 2013, rad. n.° 2009-01877-00, acerca de quienes tienen la señalada condición, en lo pertinente se dijo:


«En torno a los sujetos legitimados para intervenir en el adelantamiento del ‘recurso de revisión’, se deduce que esa facultad en principio la tienen ‘las personas que fueron parte en el proceso en que se dictó la sentencia’, puesto que con ellas se ordena adelantar ‘el procedimiento de revisión’, así lo prevé el numeral 2º del artículo 382 ibídem [actualmente precepto 357 Código General del Proceso], que ordena incluir dicha información en la respectiva demanda y refuerza esa exigencia lo consagrado en el párrafo 4º del precepto 383 del mismo ordenamiento, en cuanto establece el rechazo del escrito sustentatorio de la aludida ‘impugnación extraordinaria’, en el evento de no presentarlo quien tuvo la condición de parte en el respectivo proceso, aunque cabe agregar, que de manera excepcional se autoriza al ‘tercero perjudicado o sus causahabientes’, cuando se invoque la causal 6ª de revisión prevista en el canon 380 ejusdem [hoy artículo 355 del nuevo estatuto procesal]».


Así mismo en providencia CSJ AC, 29 oct. 2013, rad. n.° 2010-01109-00, acerca de la referida temática, se expuso:


«[…] En lo que respecta al último supuesto, [esto es, la legitimación,] como lo previene la norma en cita, únicamente los participantes en el litigio cuentan con la posibilidad de hacer uso de este medio extraordinario, pues, al serles oponible la sentencia ejecutoriada, quedarían habilitados para pedir que se retiren los efectos de cosa juzgada que le confiere el artículo 332 id.


El concepto de parte, en ese entendido, no queda restringido a quien acciona y contra quien se dirigen las pretensiones, puesto que dicho término, como lo regulan los artículos 44 a 60 del estatuto procesal civil, comprende a los litisconsortes; terceros intervinientes, ya sea por adhesión o ad excludendum; denunciados en el pleito; llamados en garantía o ex oficio; poseedores o tenedores citados; y los sucesores procesales.


Adicionalmente, en un solo caso es factible que los terceros ajenos al debate finiquitado acudan a esta senda, esto es, cuando resultan perjudicados con lo resuelto por ‘[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal’, que corresponde a la causal sexta del artículo 380 ejusdem».



2.2.        A pesar de manifestar la impugnante, que «cuando se alega la colusión como causal de revisión es posible que el recurso de revisión sea promovido por un tercero», ese no fue el motivo invocado como sustento de la «demanda de revisión», pues en el acápite inicial del respectivo escrito introductorio, se indicó, que se fundaba en la «causal octava» del artículo 355 del Código General del Proceso, la cual se estructura por «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso», y en las peticiones expresamente se solicitó la nulidad del fallo de segundo grado, y que se dispusiera la «integración del contradictorio» con la recurrente, sin mencionar la «causal sexta» o a alguno de los supuestos que la configuran.


2.3.        Ahora, en el auto recurrido se expuso, que no concurrían circunstancias indicativas de la necesidad de citar a la recurrente en calidad de «litisconsorte necesaria», dado que el asunto debatido en el proceso solo concernía a la pareja, «no a terceras personas»,  por lo que «ella no podía tener ninguna participación en la citada relación»; y en tales planteamientos no se evidencia error, dada la ausencia de disposiciones legales que consagraran la vinculación obligatoria de terceros a las señaladas actuaciones procesales; y tampoco la impugnante confuta de manera concreta la legalidad de las referidas argumentaciones.


Sobre ese particular, téngase en cuenta que conforme al artículo 7º Ley 54 de 1990, para la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, se aplicaba el procedimiento que para entonces establecía el Título XXX del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 625 y 626 ídem (actualmente artículo 523 del Código General del Proceso), en los cuales se hacía remisión a los preceptos 600, 601, 602, 605, 608 a 614 y 620 ibídem, regulatorios del

inventario y avalúo de bienes, al igual que de la partición, en el juicio de sucesión.


En razón a que en dicha regulación legal no se exigía la citación obligatoria de personas con interés en los bienes incluidos en el inventario, y tampoco se establecía un procedimiento dentro del respectivo juicio de liquidación para dilucidar lo atinente a bienes pretendidos por terceros, resulta evidente la carencia de legitimación de la recurrente extraordinaria, tal como lo indicó en su providencia el Magistrado Sustanciador.


2.4.        Cabe indicar, que para efectos de resolver controversias acerca de derechos de terceros sobre los bienes inventariados, el inciso 1º artículo 1388 del Código Civil, estatuye, que «[l]as cuestiones sobre la propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho exclusivo, y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible, serán decididas por la justicia ordinaria, y no se retardarán la partición por ellas. […]».


Acerca de la acción autorizada en el citado precepto, MORALES MOLINA (1987)1, expone:


«El objeto del inventario, es diferente de constituir un modo de adquirir la propiedad de los bienes que figuran en él, de manera que no perjudica a terceros, así como la misma partición o adjudicación no pueden transmitir a los asignatarios mayores derechos de los que tenía el causante sobre los respectivos bienes. La Corte expresa: ‘Al referirse a los textos citados e interpretados, esta Corporación ha sostenido la constante doctrina consistente en que la diligencia de inventarios es una

simple relación de bienes relictos que no quita ni confiere derechos’ (XLVII, N° 1940).


[…]


Estas normas tienden a que la cuestión relativa al dominio de los bienes que se incluyen en un inventario sucesoral no puede discutirse entre los herederos y el pretenso dueño dentro del proceso mortuorio, y menos por los reducidos trámites de un incidente. La Corte ha dicho: ¿Los bienes incluidos en el inventario de una sucesión por virtud de haber sido denunciados como de su propiedad pueden no pertenecer a la herencia, y hallarse sin embargo en poder de los herederos. El dueño de estas cosas indebidamente inventariadas y de que no está en posesión, tiene entonces acción para demandar su exclusión demostrando en un proceso ordinario su dominio. Estas cuestiones sobre la propiedad de cosas en que alguien alegue un derecho exclusivo y que en consecuencia no deban entrar en la masa partible, dan lugar al ejercicio de la acción que consagra el Art. 1388 del C.C. para que se declare indebida la inclusión en el inventario de los bienes relictos, y que cuando busca también la restitución es una acción real del dominio que ha de dirigirse contra quien sea poseedor por tenerlos con ánimo de señor y dueño. […]».


2.5.        Adicionalmente resulta pertinente señalar, que como consecuencia de la acción consagrada en el citado precepto sustancial, el artículo 605 del Código de Procedimiento Civil (hoy artículo 505 del Código General del Proceso), facultaba al cónyuge o los herederos para pedir la exclusión de bienes, y al respecto establecía:


«En caso de haberse promovido proceso ordinario sobre la propiedad de bienes inventariados, el cónyuge o cualquiera de los herederos podrá solicitar que se excluyan total o parcialmente de la partición, según fuere el caso, sin perjuicio de que si el litigio se decide en favor de la herencia, se proceda conforme a lo previsto en el artículo 1406 del Código Civil.


Esta petición sólo podrá formularse antes de que se decrete la partición o adjudicación de bienes y a ella se acompañará certificado sobre la existencia del proceso ordinario, en el cual se insertará copia de la demanda, del auto admisorio y su notificación. […]».


2.6.        También cabe señalar, que en virtud de no conferir la partición derechos distintos a los que legítimamente tenían sobre los respectivos bienes, para el caso, los integrantes de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, en principio, los derechos de terceros no resultarían afectados, porque dicho acto jurídico podría no serles oponible.


3.        Conclusión.


Las consideraciones expuestas evidencian, que la providencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho, toda vez que la recurrente no está legitimada para formular recurso de revisión frente al fallo del juzgador de segunda grado que ratificó la aprobación de la partición de los bienes de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes conformada por Germán Olivo Lombana y Lucy Adriana Vanegas Ortiz, pues no actuó como parte en el respectivo proceso, y el motivo invocado para sustentar la impugnación extraordinaria, no habilita la intervención de terceros, sin que pueda surgir un estado de indefensión, dado que para la protección del derecho que la impugnante extraordinaria afirma tener sobre el predio inventariado y sometido a partición, legalmente se hallan consagrados otros mecanismos de defensa.



Aunque la resolución desfavorable de la súplica, al tenor del numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso, comporta supuesto de imposición de condena en costas, no se procederá en tal sentido en obedecimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 365 ejusdem, en tanto las mismas no aparecen causadas.


III.        DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, los integrantes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, habilitados para resolver el citado medio de impugnación,


RESUELVE


PRIMERO.        MANTENER EL PROVEÍDO de 24 de octubre de 2017, dictado en el asunto reseñado al inicio de esta providencia.


SEGUNDO.        ABSTENERSE de imponer condena en costas a la recurrente.



Notifíquese,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala






MARGARITA CABELLO BLANCO






ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO






ARIEL SALAZAR RAMÍREZ






OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE






LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 Curso de Derecho Procesal Civil. 9ª ed., Bogotá, ABC, págs. 382 - 383.