LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
AC1325-2018
Radicación n° 25290-31-03-002-2013-00324-01
(Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018).
La Corte procede a decidir sobre la admisión de la demanda de casación formulada por la parte convocada, frente a la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por José Ignacio Montaño Pachón contra Urbanizaciones y Construcciones Ltda. Urbacons Ltda. en Liquidación, quien formuló demanda de reconvención reivindicatoria.
El inicial accionante solicitó declarar que le pertenece el derecho de dominio del lote número 2, con un área superficiaria de 20.886,48 mts2, ubicado en el municipio de Fusagasugá, e identificado con matrícula inmobiliaria n° 157-36546 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la aludida ciudad, al haberlo adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.
El accionante en sustento de sus pretensiones manifiesta que el terreno urbano cuya usucapión pretende, ha sido poseído por él, de manera ininterrumpida y pública, con ánimo de señor y dueño desde hace más de diez años, concretamente, desde el 5 de abril de 1994 (fls. 43-47c.1).
3.3. Formuló como excepciones perentorias, las de «mala fe e inducción en error a funcionario judicial», «falta de legitimación en la causa por activa y mera tenencia», «no ser poseedor del lote de mayor extensión como ha sido descrito, interrupción de la prescripción y no haber sido pública ni contínua», en esencia, porque en una demanda anterior, el demandante, al pretender la usucapión refirió haber entrado en posesión del predio, de manera diferente a como lo señala en la actual.
La sociedad Constructora Proyectos Mónaco, con quien la demandada celebró contrato para la ejecución de varias obras, agrega, instauró contra aquél una querella policiva y mediante resolución de 13 de noviembre de 2008, la Alcaldía de Fusagasugá decretó el lanzamiento de dicho accionante del aludido predio.
Así mismo, dentro del trámite de perturbación de la posesión promovido por César Rodian Aconcha Montoya contra el demandante, éste reconoció dominio ajeno en cabeza de la convocada, y como el terreno le fue entregado para que lo cuidara y esa calidad no ha variado a la de poseedor, es mero tenedor.
El actor no ha poseído la totalidad del lote, pues inicialmente ocupó una pequeña área de aproximadamente 6 metros de frente por 12 de fondo, y luego, de forma arbitraria clandestina y violenta corrió la cerca, pretendiendo invadir el resto del inmueble, lo cual fue evitado por la Constructora Mónaco.
3.4. Mediante demanda de reconvención la accionada solicitó declarar que le pertenece el dominio pleno y absoluto el bien raíz pretendido por el reconvenido, por ser la titular del mismo, el cual adquirió mediante escritura pública 1192 de 25 de mayo de 1988 otorgada en la Notaría Primera de Fusagasugá, de cuya posesión se encuentra privada por parte de José Ignacio Montaño Pachón, quien lo ocupó de manera clandestina desde el 30 de octubre de 1990, estando secuestrado dentro de un proceso ejecutivo.
Al desatar la apelación propuesta por la demandada y reconveniente, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, a través de la sentencia recurrida en casación, confirmó la de primer grado.
En relación con la acción de pertenencia, con base en las pruebas allegadas estimó satisfechos los presupuestos para acceder a ella, pues encontró que el usucapiente había poseído con ánimo de señor y dueño el predio reclamado durante el término legalmente establecido.
En cuanto a la reivindicación, el Tribunal consideró que no era viable, por haberse extinguido el derecho de dominio en favor del usucapiente quien se ha comportado con ánimo de señor y dueño por más de 10 años, sin que el embargo sobre tal terreno, sea óbice para aniquilar la posesión ejercida por éste.
La originaria demandada y reconveniente formuló siete cargos, los dos iniciales, con fundamento en el primer motivo de casación, por violación directa de la ley sustancial y los restantes, en el segundo, por agravio indirecto, al haber incurrido en yerro fáctico.
Con sustento en la primera causal de casación establecida en el artículo 336 del Código General del Proceso, denuncia la sentencia del Tribunal de haber quebrantado «directamente una norma jurídica sustancial», al no declarar la nulidad solicitada el 28 de enero de 2016, de conformidad con el artículo 29 constitucional y numeral 6º del precepto 133 del Código General del Proceso, correspondiente al 140 del C. de P.C., por violación al debido proceso.
Según la recurrente, mediante providencia de 9 de junio de 2015 se declaró precluido el debate probatorio y se ordenó correr traslado común a las partes por el término de ocho días para presentar sus alegatos de conclusión.
La mencionada decisión, anota, fue recurrida en reposición y subsidiariamente en apelación, pero como se denegó el primero y la concesión del segundo, se recurrió en queja; no obstante, sin haberse decidido ésta y sin emitirse nuevo auto para alegar de conclusión, se ingresó el proceso para sentencia.
El Tribunal de Cundinamarca, agrega, con auto de 5 de noviembre de 2015 declaró bien denegado el recurso de apelación, razón por la cual, lo procedente era emitir un nuevo auto ordenando cumplir lo resuelto por el superior, correr traslado para alegar de conclusión y luego sí, ingresar el proceso para sentencia, lo cual no se hizo de esa forma, circunstancia que conlleva «una violación directa de normas jurídicas sustanciales».
Con fundamento en el inicial motivo de casación, acusa el fallo de segunda instancia de agraviar directamente «una norma jurídica sustancial», pues aunque hizo referencia en la sentencia de primera instancia a las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, éstas no fueron analizadas, ni se expusieron argumentos para su negación.
En esas condiciones, agrega, no se tuvo en cuenta que conforme al artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, en la sentencia se debe hacer una síntesis de la demanda y su contestación, pues lo que se hizo en aquella fue transcribir sesgadamente la excepción de «mala fe e inducción en error a funcionario judicial», pero sin hacer referencia a la existencia de dos demandas de pertenencia entre las mismas partes, cuyos hechos sustento de las pretensiones difieren en cada una de ellas, es decir, no se efectuó una motivación suficiente para negarla.
No se motivó o pronunció sobre las excepciones de «falta de legitimación en la causa por activa y mera tenencia», pues el demandante no cumple con los requisitos del artículo 407-1 del C. de P.C., ni los previstos en el 2512 del Código Civil.
Tampoco fue estudiada la excepción de «no ser poseedor del lote de mayor extensión como ha sido descrito, interrupción de la prescripción y no haber sido pública ni continuada», pues frente a ellas sólo anotó que las mismas se hallan condicionadas a su demostración y si el demandado primigenio y demandante en reconvención no había demostrado los fundamentos de hecho de sus excepciones y pretensiones, el resultado debía serle adverso en ambos casos.
Con sustento en la segunda causal de casación, ataca la sentencia de ser «violatoria indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de una determinada prueba».
En apoyo de la acusación señala que se halla demostrada la existencia de «varios procesos judiciales de carácter policivo», uno por perturbación de la posesión promovido por Proyectos Mónaco contra José Ignacio Montaño Pachón y Juan Carlos Montaño Mendoza, otro de la misma naturaleza, instaurado por el usucapiente frente a César Rodian Aconcha Montoya, y uno más, de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por la antedicha sociedad contra el prescribiente, los cuales se encuentran vigentes y no fueron objeto de análisis en la sentencia, como tampoco los documentos allí obrantes.
Este reproche, nominado nuevamente en la demanda como «cargo tercero», se fundamenta en el segundo motivo casacional, por estimar la sentencia «violatoria indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho».
En sustento del mismo, la recurrente señala que en el expediente existe la declaración de César Rodian Aconcha Montoya quien refiere que José Ignacio Montaño Pachón actualmente se encuentra investigado por la Fiscalía Primera Seccional de Fusagasugá, por el presunto delito de falsedad en documento privado y fraude procesal, así mismo documentos enviados por dicha autoridad informando sobre tal proceso, a los cuales el juzgador no se refirió.
Esta acusación que en la demanda corresponde al «cargo cuarto», se sustenta en el numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, «por considerar la sentencia acusada como violatoria indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de una determinada prueba».
Según la impugnante, el juzgador no tuvo en cuenta ni se pronunció sobre los documentos aportados por el testigo César Rodian Aconcha Montoya, fundamentalmente, los referentes a la denuncia penal contra el Alcalde Municipal de Fusagasugá y las ex-inspectoras segundas de policía del mismo lugar, por el presunto delito de prevaricato por omisión, al haber decretado el lanzamiento de José Ignacio Montaño Pachón de un predio urbano sin dirección, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 157-36546 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese municipio, pues tal Inspección omitió fijar fecha para realizar la diligencia lanzamiento, devolviendo el expediente a la Alcaldía.
Este embate corresponde al «cargo quinto», planteado en la demanda, el cual es soportado en el numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, «por considerar la sentencia acusada como violatoria indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de una determinada prueba».
Según la censura, no se tuvo en cuenta el escrito de 3 de junio de 2015 procedente de la Fiscalía General de la Nación con sede en Fusagasugá para dar aplicación a la prejudicialidad, pues en él, además de informarse sobre la existencia de un proceso penal, le fue solicitada al Juzgado la expedición de certificación y en la respuesta ofrecida por éste ha debido decretar como prueba de oficio que le informaran el estado actual de la referida actuación punitiva, lo cual omitió.
No obstante, agrega, el juez de conocimiento al resolver un recurso de reposición, se dispuso a señalar los requisitos para decretar la prejudicialidad y sin haber determinado el estado de dicho trámite mediante prueba de oficio, concluyó que dicha figura no procedía, al no haberse iniciado proceso penal, pues no existía imputación.
Este reproche correspondiente al «cargo sexto», propuesto en el escrito sustentatorio del recurso, se funda en el numeral 2º del artículo 336 del Código General del Proceso, «por considerar la sentencia acusada como violatoria indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de una determinada prueba».
La impugnante reprocha la sentencia porque a pesar de haberse ordenado una prueba trasladada solicitada en la contestación de la demanda, estando pendiente su evacuación, cuyo oficio se dispuso en auto de 30 de enero de 2016, el juzgado declaró precluido el debate probatorio y dispuso correr traslado a las partes por el término de ocho días, para alegar de conclusión.
Adicionalmente no tuvo en cuenta que la decisión de 28 de abril de 2014 denegatoria de la práctica de dos testimonios se hallaba en apelación, habiendo sido revocada por el superior, quien los decretó.
La omisión o error de hecho referidos en los anteriores cargos, agrega, tiene trascendencia o incidencia porque de no haber existido, «el efecto jurídico de la sentencia sería diferente al determinado».
En principio conviene señalar, de manera general, que la fundamentación técnica de las causales que viabilizan el recurso extraordinario de casación, debe estar dirigida a demostrar los errores incurridos «en las (…) sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia»1, no por las de los juzgadores de primer grado, cuando son lesivas de la legalidad de ellas, o en otros términos, está orientado a juzgar el fallo impugnado y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría dicha impugnación en una tercera instancia, no prevista por la ley.
En suma, la demanda de casación está sometida a unas reglas formales mínimas de cumplimiento imperativo, cuya desatención genera su inadmisión y de forma complementaria la deserción del recurso.
Por tanto, para que la casación logre sus fines y la Corte pueda ingresar al estudio de fondo del recurso, no es suficiente que éste haya sido interpuesto, concedido y admitido; se requiere la observancia de las reglas específicas mínimas que lo orientan, razón por la cual, el litigante debe observar mayor atención y diligencia de la normalmente reclamada cuando se impugnan otras decisiones del proceso por los medios ordinarios. Debido a ello, no es admisible la presentación de una demanda a manera de alegato de conclusión, pues se repite, se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia.
De acuerdo con lo anterior, el reproche presentado debe dirigirse a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si la decisión impugnada extraordinariamente está o no ajustada al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal, pues uno de los fines del recurso de casación previstos en el artículo 333 del Código General del Proceso, se dirige a «controlar la legalidad de los fallos».
Si lo anterior es así, dentro de los objetivos de la señalada impugnación extraordinaria se halla el análisis, tanto de las condiciones jurídicas previstas en las disposiciones legales sustanciales aplicables al caso (causales 1ª y 2ª), como las que involucran los preceptos reguladores de aspectos procesales (motivos 3º, 4º y 5º), atendiendo los límites determinados por el recurrente, sin perjuicio de la excepcional posibilidad de la casación oficiosa.
En punto de la adecuada sustentación de la demanda de casación, el artículo 344 del referido ordenamiento procesal, fija los requisitos para su admisión, los cuales, se reitera, son de estricta observancia.
Así entonces, cuando se trata de violación de normas sustanciales, denunciadas ya sea mediante la vía directa o la indirecta, al censor le corresponde identificar las que tienen esa connotación. De no hacerlo, le impide a la Corte establecer si realmente se presentó o no tal quebrantamiento.
En relación con el señalado requerimiento a cargo del recurrente extraordinario, cuando denuncia la conculcación de disposiciones de la indicada estirpe, esta Corporación, en providencia CSJ AC 23 nov. 2005, Rad. 1999-03531-01 enfatizó:
«‘[E]s deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación; la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas -cuando se predique la comisión de un yerro de derecho-, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado’ (…), exigencia que se explica por ser ‘…la demanda de casación, mutatis mutandis,… la carta de navegación con arreglo a la cual la Corte adelantará el escrutinio de las censuras enrostradas, todo como corolario del conocido principio dispositivo, el que campea con fuerza en este recurso extraordinario’».
De acuerdo con lo expuesto y como según lo ha determinado la jurisprudencia de esta Corte, son normas sustanciales aquéllas que «‘en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…’, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se ‘limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo’2», la conclusión es que la demanda presentada por la convocada y reconveniente, desconoce los señalados requerimientos.
En efecto, a pesar de que en todos los cargos se denunció la sentencia del Tribunal de haber incurrido en violación de «una norma jurídica sustancial», los dos iniciales, fundados «en el numeral primero (1º) del artículo 336 del Código General del Proceso», por «viola[ción] directa», y los restantes, con sustento «en el numeral segundo (2º)» de la misma disposición, por ser «violatoria indirecta de la ley sustancial», la impugnante omitió íntegramente señalar norma alguna de esa naturaleza, dejando a la Corte, por tanto, sin posibilidad de verificar si en realidad se produjo o no la conculcación de alguna disposición de carácter sustancial.
Tan manifiesta es la ausencia de invocación de alguna concreta disposición de derecho material, que es constante en el escrito de sustentación, la genérica e indeterminada alusión a «una norma jurídica sustancial».
En tales condiciones, frente a la desatención del señalado y perentorio requisito, la Sala se considera relevada de develar otras falencias, pues esa sola inobservancia, es decir, la total ausencia de señalamiento de norma sustancial, resulta suficiente para considerar inidóneo el escrito impugnaticio.
De conformidad con lo analizado en precedencia, en virtud de que la demanda presentada no satisface las formalidades técnicas señaladas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del artículo 346 del C.G.P., su inadmisión, debe ser la consecuencia.
De otra parte, no es del caso seleccionar el asunto para una eventual casación de oficio, porque no se evidencia la estructuración de alguno de los supuestos consagrados en el último inciso artículo 336 del Código General del Proceso, según el cual ello es procedente, «[…] cuando sea ostensible que la [… sentencia] compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casación formulada por la parte convocada, frente a la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por José Ignacio Montaño Pachón contra Urbanizaciones y Construcciones Ltda. Urbacons Ltda. en Liquidación, quien formuló demanda de reconvención reivindicatoria.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, por conducto de la Secretaría.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Así lo concreta el primer inciso del artículo 334 del Código General del Proceso.
2 CSJ AC2188-2017