OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Laura Cuellar Berbeo frente a la sentencia de 13 sep. 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantaron en su contra Hernán Ospina Gaitán y Martha Amparo Cruz.
Inicialmente la compradora se obligó a pagar $120’000.000 discriminados en $3’148.050, asumiendo el levantamiento de un gravamen y otros gastos; $15’000.000 de arras el 18 de julio de 2005 y tres cuotas de $33’950.650 los días 29 de agosto, 28 de octubre y 20 de diciembre de 2005. A su vez los promotores debían comparecer a la Notaría 32 de Bogotá el 20 dic. 2005 a las 3.00 p.m. o antes si así lo concertaban.
Si bien la recurrente quebrantó esos términos, los negociantes de consuno modificaron las prestaciones en acta levantada en el Centro de Conciliación de la Personería, donde se fijó el 2 feb. 2009 para satisfacer $75’000.000 y las 3.00 p.m. del 5 feb. 2009 como data de firma de la transferencia en la Notaría 32 de Bogotá, cambio que se debe tener en cuenta para los fines del pleito y estando fuera de discusión la existencia del contrato.
Como faltó consignar el faltante del importe según se dijo, los gestores no estaban compelidos a asistir a suscribir el instrumento de traspaso que era posterior, dándose lugar a la sanción consagrada en el artículo 1546 del Código Civil.
Los desembolsos de «$5’000.000,oo por concepto de hipotecas y $3’000.000,oo como comisión a favor de los hermanos Rozo» no están demostrados y a pesar de que se aludió a ellos al indicar que se descontarían $3’148.050 del total, quiere decir que no fueron adicionales sino una fracción de los $70’000.000 reconocidos.
Las arras fueron estipuladas en la cláusula sexta, literal a) y no se extinguieron por el arreglo extraprocesal donde sólo se modificaron las condiciones para atender $75’000.000, sin que el cheque impagado por $15’000.000 incida puesto que «de los únicos valores pagados debe hacer la imputación a las obligaciones más antiguas» como son éstas.
Los vendedores estaban justificados para no asistir a la notaría a firmar la escritura, en vista de la insatisfacción en el pago, fuera de que la promitente compradora «tampoco tiene prueba de su comparecencia».
En aras de la equidad frente al reconocimiento de frutos por el uso del bien, el monto que había pagado la promitente compradora debe actualizarse de acuerdo con el IPC previa deducción de las arras.
Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,
(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación (16 sep. 2013) y que conservan vigencia hasta que culmine.
[e]l numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.
De ahí que cuando se acude al cuarto motivo de los que contempla el artículo 368 del estatuto procesal civil, con la modificación del numeral 183 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, consistente en «[c]ontener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquélla para cuya protección se surtió la consulta, siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 357», se requiere de un ejercicio comparativo entre las determinaciones tomadas en las instancias para verificar en qué grado los cambios sufridos en el resultado magnifican los perjuicios que arroja para el opugnador.
Por ende, cuando el superior confirma en su integridad el fallo de primer grado ninguna desmejora podría atribuirse, pero si la refrendación va acompañada de alguna modificación es frente a ese aspecto concreto por sus repercusiones que debe dirigirse el desacuerdo, sin desdibujar los alcances de lo definido como si se tratara de reabrir un debate ya clausurado
Frente a esa clase de descontento en CSJ AC 15 jun. 2012, rad. 2006-00223-01, se indicó que
(…) como lo evidencia la cuarta causal de casación, ella se estructura cuando la sentencia contiene “decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló o la de aquella para cuya protección se surtió la consulta, siempre que la otra no haya apelado ni adherido a la apelación” y tal empeoramiento se descarta cuando la decisión del ad quem es confirmatoria de la del a quo (…) Por eso, cuando el embate se soporta en el 4° motivo previsto en el precepto 368 ibídem, le corresponde al impugnante realizar una labor de parangón entre las decisiones de primero y segundo grado, que permita evidenciar el surgimiento de menoscabo a los derechos del apelante único, demostración que como lo ha dicho la Corte debe consistir, “no desde luego en el simple lamento del recurrente por el pretendido agravio que se le ha inferido, sino, como mínimo, en la presentación de las circunstancias ciertas y concretas que conforman el deterioro de su situación por causa o con motivo de la apelación del fallo de primer grado, labor que no será posible sin parangonar las resoluciones de las sentencias de instancia” (auto de 30 de agosto de 1999, exp. 7661).
Obsérvese como lo dispuesto en primer grado consistió en
Primero: Declarar resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado el 18 de Julio de 2005.
Segundo: Ordenar a la demandada Laura Cuellar Berbeo a que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este fallo, haga entrega a los señores Hernán Ospina Gaitán y Martha Amparo Cruz de Ospina el bien inmueble ubicado en la Carrera 51 No. 145 A- 16 de esta ciudad, con las obras, mejoras y demás emolumentos que hagan parte del mismo, al momento de realizarse la entrega del citado bien. En caso de que la demandada no proceda de conformidad, se comisiona al Inspector de Policía de esta ciudad y/o a los Juzgados Civiles Municipales de Descongestión- Despachos Comisorios, para que lleve a cabo la diligencia de entrega del citado bien.
Tercero: Condenar a la demandada al pago de la suma de noventa y siete millones seiscientos treinta mil ciento catorce pesos m/cte ($97.630.114 m/cte.), a favor de la parte demandante en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este fallo, por concepto de frutos civiles causados desde la fecha en que se hizo entrega del bien inmueble, hasta la fecha de la sentencia, y de ésta para acá, la suma de un millón doscientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte ($1.298.952 m/cte.) hasta que se produzca la entrega del citado bien.
Cuarto: Condenar a la parte demandante al pago de la suma de setenta millones de pesos m/cte ($70.000.000 m/cte.), a favor de la demandada, por concepto del saldo de precio pagado con ocasión del contrato de promesa de compraventa, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este fallo.
Quinto: Se autoriza a las partes a que realicen compensaciones sobre las sumas objeto de condena.
Sexto: Condenar al pago de intereses moratorios a la tasa del 6% anual, contados a partir del día siguiente del vencimiento del término otorgado para el pago de las condenas dineradas impuestas a las partes por concepto de restituciones mutuas.
Séptimo: Declarar que la demandada ha perdido la suma de quince millones de pesos m/cte ($15.000.000 m/cte.), que fue entregada a los demandantes por concepto de arras.
Octavo: Condenar en costas a la parte demandada. Por secretaría liquídense, incluyendo como agencias en derecho la suma de $8.000.000 m/cte.
Frente a esas determinaciones el Tribunal encontró que procedía
[c]onfirmar la sentencia apelada, proferida el día 21 de mayo de 2013 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Descongestión dentro del programa para el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito Bogotá, modificándola, para ordenar que el monto pagado por la demandada y que deben devolver los promitentes vendedores, se actualizará de acuerdo con el IPC, pero dicha operación se hará una vez descontados los quince millones por concepto de arras (resalta la Corte).
Al contraponer dichas transcripciones la única discordancia se presenta en la forma como deben actualizarse los dineros a reintegrar por los accionantes a la opositora, más no frente a la cuantificación del saldo que sería objeto de devolución, puesto que fue reafirmado que lo recibido por los vencedores como porción del precio a reintegrar fueron $70’000.000 pero de allí se entendían perdidos para la incumplida $15’000.000 por arras, quedando abierta la vía de la compensación en materia de «restituciones mutuas», incluidos allí los frutos civiles señalados en beneficio de los gestores que quedaron incólumes.
De ahí que los planteamientos de que en un comienzo sólo se habló de la pérdida de las arras, mientras que la segunda instancia se excedió al decir que debían descontarse del valor a reembolsar, es un sofisma de distracción que descontextualiza los alcances de todo lo que fue materia de ratificación. En ningún momento se tomaron esos $15’000.000 como una suma independiente de los $70’000.000 de los cuales hacían parte, de ahí que en ambas providencias constituían una merma a aplicar cuando se hiciera el cruce de responsabilidades económicas.
Frente a la uniformidad en los pronunciamientos a ser contrastados y las limitaciones que ello conlleva para esta senda, en CSJ AC 15 jun. 2012, rad. 2006-00223 se dejó visto como
[e]n el presente asunto no se advierte el desarrollo de ninguna clase de paralelismo, entre lo que contiene la parte dispositiva de la fallo de primera instancia, con la similar del de segunda, y por tanto, tampoco se demostró que las de éste agravaron los intereses del extremo demandante, como único apelante, pues si se compara la situación que al mismo le confirió la parte decisoria de la providencia del a quo, no se encuentra el menoscabo que le haya podido acarrear la sentencia objeto del recurso de casación, dado que la misma no hizo cosa distinta que confirmar la del juzgado.
Ahora bien, lo que sí quedó alterado terminó siendo pacífico para la opugnadora si se tiene que las acusaciones nada refieren a una desmejora por el hecho de que los valores a recibir serían menores como producto del reajuste fijado con la innovación del fallador de segundo grado.
Es más, cualquier discusión al respecto en últimas sería un contrasentido y le restaría trascendencia a los ataques puesto que el a quo no contempló la pérdida del poder adquisitivo frente a los caudales que en su momento entregó la promitente compradora, lo que se entró a superar en segundo grado al indicar las pautas para reconocer el efecto de la devaluación como patrón de equidad en compensación de los rendimientos dejados de percibir que se estimaron en favor de los promotores, constituyéndose así en una abierta mejoría para la posición de la vencida que es lo opuestamente contrario a lo que se busca resaltar con la causal esgrimida.
Como se resaltó en CSJ AC2185-2017, donde se vislumbraron deficiencias a un reparo por el motivo analizado, el recurrente «pese a mencionar que la sentencia hizo más gravosa su situación, no explicó, atendiendo lo resuelto, en dónde radicó tal desmejoramiento, máxime cuando el Tribunal revocó la decisión que había sido completamente adversa a sus intereses y, en su lugar, concedió parcialmente su petitum».
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto por Laura Cuellar Berbeo en este asunto frente a la sentencia de 13 sep. 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que adelantaron en su contra Hernán Ospina Gaitán y Martha Amparo Cruz.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA