Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia entre los Juzgados Civiles Municipales, Sesenta y Uno de Bogotá y Cuarto de Villavicencio, pertenecientes a los Distritos Judiciales de esas ciudades, respectivamente, para conocer del proceso ejecutivo de R.V INMOBILIARIA S.A. frente a ANGELA PATRICIA MORA VEGA, DIANA CAROLINA y JULIAN ALFONSO ORTIZ VEGA.
1. La sociedad demandante elevó solicitud a la jurisdicción para que se adelantara proceso ejecutivo por cánones de arrendamiento adeudados con base en el contrato suscrito por los demandados, que correspondió al primero de tales despachos, donde fincó la competencia «por el domicilio de las partes y por la ubicación del inmueble» (fl. 19, cdno. 1).
2. Esa autoridad la rechazó y la envió a sus homólogos de Villavicencio, aduciendo que la demanda se encuentra dirigida a estos Despachos, aunado a que, con sustento en la información consignada en el acápite de notificaciones, los demandados se encuentran domiciliados allí, siendo que en ese lugar también se encuentra ubicado el inmueble objeto del contrato de arrendamiento conforme a lo establecido en el artículo 28 del Código General del Proceso.
3. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, no aceptó la atribución que le quiso hacer el juzgador de Bogotá y promovió la colisión que se examina, exponiendo que en la demanda se señala que el domicilio de los demandados es la ciudad en la que se radicó aquélla, que es diferente al lugar dónde éstos recibirán notificaciones. Además, tratándose de un proceso ejecutivo, es indiferente el lugar en dónde se encuentre ubicado el bien, pues no se están ejerciendo derechos reales ni tampoco se trata de un proceso de restitución de tenencia. (fl. 26).
1. Como la discusión involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996.
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del citado Código Procesal, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.
3. El numeral 1º del artículo 28 ibídem consagra la regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado».
Ahora, cuando lo pretendido tiene origen en un negocio jurídico o involucra títulos ejecutivos, existe otro foro también aplicable, pues es procedente acudir al criterio 3º ídem, que de manera concurrente a aquella regla prevé, que en tales eventos «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
Lo cual significa que si en la práctica el sitio de satisfacción de las prestaciones no coincide con el domicilio de los convocados, el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto, potestad sobre la que la Sala ha considerado que,
Significa, que el actor de un contencioso con soporte en un negocio jurídico con alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00, reiterado entre otros en AC5889-2016).
3. En el caso analizado, el actor dijo radicar la demanda atendiendo a «el domicilio de las partes y la ubicación del inmueble», y al no ser éste último un factor válido para fijar la competencia en el tipo de juicio que se propone, habrá de analizarse el asunto a la luz del criterio general de atribución, atinente a la vecindad de los convocados.
Entonces, salvo que obre prueba concluyente en contrario, como cuando en el caso de las personas jurídicas se aporta el certificado de existencia y representación legal, para establecer el domicilio del convocado basta la simple manifestación que al respecto debe hacer el gestor para colmar uno de los requisitos de la demanda (artículo 82, numeral 2, ídem), y que de omitirse puede llevar a su inadmisión y, de persistir, a su rechazo (artículo 90 ejusdem), pero que al realizarse le impone al fallador «la insoslayable tarea de atender la información que sobre el particular le brinde el promotor del escrito introductor» (CSJ AC, 5 sep. 2007, Exp. 01242, reiterado en AC5011-2016).
No se olvide que el domicilio, consistente en «…en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella» (artículo 76 del Código Civil), incorpora un factor volitivo relacionado con la intención de la persona de asentarse en determinado sitio.
4. Bajo esta perspectiva, si bien el actor dirigió la demanda al Juez Civil Municipal de Villavicencio, se advierte que en el encabezamiento de la misma, aquél fue preciso en manifestar que el domicilio de los convocados es Bogotá, luego, como aquélla no es atribución de competencia, mientras que la segunda sí, es a los Jueces de Bogotá a los que le corresponde el conocimiento del asunto.
5. Cabe precisar que el domicilio puede distinguirse claramente de la dirección de notificación, que es el lugar en donde más fácilmente pueden ser localizados los demandados para enterarlos de las actuaciones judiciales que le conciernan, de suerte que no obstante la relación que en ciertos casos guardan uno y otra e incluso la coincidencia que de manera física podrían tener, no es posible que se confundan, máxime que el propio legislador procesal sitúa separadamente la exigencia de informar uno y otra (artículo 82 cit., numerales 2 y 10, respectivamente).
Al respecto, es jurisprudencia que
(…) no pueden confundirse el domicilio y la dirección indicada para efectuar las notificaciones, toda vez que uno y otro dato satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo –que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal (CSJ AC, 25 jun. 2005, Rad. 00216-00; reiterado en AC6045-2014 y en AC1699-2015).
6. Así las cosas, una vez el pleito en ciernes fue puesto en conocimiento del Juzgado Sesenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, éste se equivocó al repelerlo al aplicar reglas que no determinan la competencia, tales como, el lugar al cual se encuentra dirigida la demanda, la información contenida en el acápite de notificaciones; y, el lugar de ubicación del inmueble, tratándose de un proceso ejecutivo.
De manera que el conocimiento de este asunto, se le remitirá al mencionado juzgado para que le dé el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE el conflicto suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales, Sesenta y Uno de Bogotá y Cuarto de Villavicencio, señalando que al primero de los mencionados, le corresponde conocer la demanda ejecutiva incoada por R.V. Inmobiliaria S.A. frente a Ángela Patricia Mora Vega, Diana Carolina y Julián Alfonso Ortiz Vega.
En consecuencia, devuélvase el expediente a la oficina indicada para lo de su competencia e infórmese de tal situación, mediante oficio, a la otra involucrada.
Notifíquese,
Magistrado