LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado ponente
AC1401-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-00797-00
Bogotá D. C., doce (12) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Cuarenta y Siete (47) Civil Municipal de Bogotá y Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, en el proceso ejecutivo hipotecario de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. contra Fabrizio Luis Martínez.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. Librar mandamiento de pago por varias sumas de dinero.
1.2. Causa petendi. El accionado otorgó cuatro pagares. De ellos adeuda los saldos por los cuales se pide la orden de pago. Para garantizar la satisfacción de las obligaciones incorporadas en los títulos, en la escritura 1568 de 11 de mayo de 2013 de la Notaría 4ª de Barranquilla constituyó hipoteca a favor del accionante sobre el apartamento 401 del Edificio “Gadu” de la carrera 26 #10-13 de Puerto Colombia, con matrícula 040-488799.
1.3. Fijación de la competencia en el libelo. Está dirigido al funcionario judicial de Bogotá (fl. 68), y en él se radica la competencia por el lugar para cumplir las obligaciones y por el domicilio del demandado (fl. 73).
1.4. Luego de librar mandamiento en autos de 26 de abril y de 5 de julio de 2016 (fls. 78 y 122), sin que las partes se la discutiera en proveído de 26 de septiembre de 2017 el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá dijo carecer de competencia para seguir con el caso, porque como el predio hipotecado queda en Puerto Colombia, el llamado a continuarlo es el funcionario de allí. Se lo envió (fl. 137).
1.5. El Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, porque como de acuerdo con el artículo 16 del Código General del Proceso a aquel otro se le prorrogó la competencia, el mismo debía proseguirlo (fls. 140-141).
1.6. Planteó así, el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Cuando se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 18 de la Ley 270 de 1996.
2.2. El ordenamiento prevé diversos factores para saber a quién corresponde tramitar cada asunto. Uno, el territorial, como principio general señala que el proceso deberá seguirse ante el funcionario con jurisdicción en el domicilio del demandado. Si son varios los accionados o el único tiene varios domicilios, será competente cualquier de ellos, a elección del demandante.
Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla se altera. Es así como el numeral séptimo del artículo 28 del estatuto procesal recién citado establece que «[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restitución de tenencia, declaración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, será competente, de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, en el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (negrillas de la Sala).
Por tanto, tratándose de procesos de esa naturaleza, no es el domicilio del demandado ni el sitio de cumplimiento de la obligación las reglas a ser usadas para establecer el funcionario competente, sino el lugar de ubicación de la cosa con relación a la cual se ejercitan los respectivos derechos reales, pues la norma acabada de aludir, al contrario de como lo hacía el Código de Procedimiento Civil (art. 23, num. 9°), no previó una atribución concurrente entre el citado domicilio o el sitio de cumplimiento y el de ubicación de los efectos patrimoniales, sino una competencia «(…) de modo privativo (…)» a partir del lugar «(…) donde estén ubicados los bienes (…)». Claro, si ellos abarcan más de una comprensión municipal o distrital, el actor tiene la opción de determinar en cuál demanda.
“El fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situación del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegación oportuna de la parte demandada mediante la formulación de la correspondiente excepción previa o recurso de reposición, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, según la preceptiva del artículo 144, inciso final, ibídem; obvio que si así fuera, el foro exclusivo se tornaría en concurrente, perdiéndose la razón de ser de aquél. (…)» (CSJ SC. Autos AC de 2 de octubre de 2013, Radicación #11001-02-03-000-2013-02014-00; AC-5658 de 30 de agosto de 2016, Radicación #11001-02-03-000-2016-02343-00; 5943 de 12 de septiembre de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-01623-00; entre otros).
2.3. Ahora bien, aun cuando a voces del artículo 16, inciso segundo, ibídem, «[l]a falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclama en tiempo (…)», evento en el cual el «(…) el juez seguirá conociendo del proceso», lo cierto es que ello no ocurre, o sea, tal prórroga automática no se da, cuando se trata de un asunto para el cual el legislador ha previsto una atribución «(…) de modo privativo (…)».
Ello, por cuanto en la hipótesis particularizada ha de atenderse el hecho de que, por razones de orden práctico, por celeridad y economía procesal, la ley quiso que fuera, en exclusiva, el servidor judicial del lugar donde están situados los bienes comprometidos, quien conociera, cerrando así la puerta para que un conflicto de tal índole pudiera ser asumido por el del domicilio del demandado o el del sitio de cumplimiento de la obligación o por cualquiera otro distinto al primeramente aludido.
Así lo ha determinado la Sala:
«(…) [E]l conocimiento de la acción por (…) un juez diferente está privado no solo al momento de iniciación del procedimiento, sino que continúa vedado después de ese hito, aún si hay silencio de las partes, pues, el mismo es irrelevante ante la imposición del legislador, la que debe hacerse valer por el juez incluso de oficio (…). Se erige entonces el foro privativo en comento, en una excepción a la prorrogabilidad que por regla general rige la competencia por el factor territorial, y al ser impuesto para el caso particular del ejercicio de derechos reales, propende por la celeridad y economía procesal en el trámite, que inspiraron la emisión del actual compendio procesal» (CSJ SC. Auto AC-5943 de 12 de septiembre de 2017, Radicación #11001-02-03-000-2017-01623-00).
2.4. Como el predio comprometido con la hipoteca vinculada a las obligaciones dinerarias demandadas está en Puerto Colombia, el Juzgado Promiscuo Municipal de dicho lugar, de acuerdo con lo motivado, es el llamado a continuar el asunto, pues, insístese, de cara a la competencia privativa, prevista por el numeral séptimo del artículo 28 del Código general del Proceso para casos como el presente, no opera la prórroga de la atribución.
2.5. Se asignará entonces el asunto al mencionado administrador de justicia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia es el competente para conocer del proceso en referencia.
Segundo: Enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Cuarenta y Siete (47) Civil Municipal de Bogotá, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado