ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC1552-2018
Radicación n° 11001-31-03-044-2011-00465-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018).-
La Sala decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por COLSEGUROS S.A., para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido en su contra por LUIS ALEJANDRO LEMUS GONZALEZ, NELCY MOSQUERA BONILLA, LUIS ANGEL LEMUS MATURANA, YASMIN STERLY IBARGUEN MOSQUERA, SANDRA MILENA, MIGUEL ANGEL LEMUS GONZALEZ; VANESA ALEJANDRA, NICOLAS LEMUS LAITON y otros.
ANTECEDENTES
1. Los accionantes solicitaron declarar civilmente responsable a Aeroexpreso del Pacífico S.A, Oscar Gabriel Saenz Rueda, Hernán Felipe González López y la aseguradora Colseguros S.A, esta última en ejercicio de la acción directa, por los perjuicios ocasionados en sus calidades de padres, hermanos, tíos, primos y amigos del médico Luis Francisco Lemus Mosquera, quien falleció el 28 de octubre de 2008 cuando la avioneta en la que se desplazaba se accidentó en el Municipio de Nuquí-Chocó. (fls. 554 a 798 Cuad. 2)
2. En auxilio de sus aspiraciones, los demandantes relataron los supuestos fácticos que se procede a sintetizar:
a.-) El 28 de octubre de 2008 la avioneta de propiedad de Aeroexpreso del Pacífico S.A se accidentó en el Municipio de Nuquí, dónde se transportaba, entre otros pasajeros, el médico Luis Francisco Lemus Mosquera, quien falleció en el accidente.
b.-) La aeronave era conducida por los demandados Oscar Gabriel Saenz Rueda y Hernán Felipe González López, en sus calidades de piloto y copiloto, quienes sobrevivieron al siniestro porque se arrojaron de la avioneta, dejando solos a los pasajeros.
c.-) La aeronave tenía amparada la responsabilidad civil bajo el contrato de seguro Nro. AVIA 1554 expedida por la compañía aseguradora Colseguros S.A.
d.-) Se realizó reclamación formal a la aseguradora la que, a través de uno de sus ajustadores, no mostró ánimo transaccional.
e-) Este hecho ocasionó perjuicios del orden material y extrapatrimonial a los demandantes, en sus calidades de padres, hermanos, tíos, sobrinos, primos y amigos del fallecido, cuyo resarcimiento solicita se reconozca por la judicatura.
3. Mediante fallo de 15 de agosto de 2014, la juez a-quo declaró que los demandados Aeroexpreso del Pacífico S.A, Oscar Gabriel Saenz Rueda y Hernán Felipe González López eran civil y solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados a Nelcy Mosquera Bonilla, Luis Angel Lemus Maturana, Yasmin Sterly Ibarguen Mosquera, Sandra Milena, Luis Alejandro, Miguel Angel Lemus González, quien además actúa en representación de Nicolás y Vanessa Alejandra Lemus Laiton, con ocasión del accidente aéreo acaecido el 28 de octubre de 2008, en el que murió Luis Francisco Lemus Mosquera. Negó las pretensiones invocadas en nombre de los tíos, primos y amigos del fallecido Lemus Mosquera.
Declaró también que la aseguradora Colseguros S.A. debía pagar la indemnización generada por la realización del riesgo asegurado, según el contrato de seguro AVIA-1554, por lo que la condenó a pagar directamente a los demandantes mencionados las sumas concedidas a título de lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales «junto con los intereses moratorios liquidados desde el 14 de mayo de 2009 y hasta cuando se produzca el pago total de las obligaciones en comento»
4. Al desatar la apelación que formuló tanto el apoderado de los demandantes como el de la aseguradora, el 19 de noviembre de 2015 el Tribunal resolvió confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia. (fls. 65 al 95, cuad. 13).
5. El apoderado de la aseguradora formuló casación que, concedida por el ad-quem y admitida por la Corte, sustentó con el escrito que se examina (fls. 34 al 81 de este cuaderno).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En síntesis, frente a los planteamientos de la aseguradora, según los cuales el asegurado incumplió dos de las garantías de conducta contempladas en la póliza, adicional a que no se acreditó el siniestro que soportara la condena de intereses moratorios desde el 14 de mayo de 2009 –fecha de la reclamación directa-, sus argumentos fueron los siguientes:
1. Identificó la mentada Corporación que en el cuerpo de la póliza se incluyó como condición aplicable a todas las secciones que
«2. El Asegurado deberá cumplir con todas las normas de aeronavegación y los requisitos de aeronavegabilidad emitidos por las autoridades competentes que afecten la operación segura de los Aeronave y deberá garantizar que:
«(a) la Aeronave está en condiciones de aeronavegabilidad al momento de iniciar cada vuelo.
Esta garantía de conducta se denuncia como incumplida por la aseguradora, pues en su parecer, la avioneta carecía de aptitud para emprender el vuelo con base en el informe de la Aeronáutica civil, según el cual, la causa del accidente fue la «pérdida de control en vuelo posterior al despegue, debido a la pérdida de potencia en el motor número uno, probablemente por contaminación de combustible con agua», misma que sucedió porque no se drenó en debida forma el mismo.
Frente a este planteamiento, que soporta la tesis de la terminación del contrato de seguro desde su incumplimiento, y por ende, la ausencia de cobertura del siniestro, dijo el ad quem
1.1. A partir del estudio técnico realizado por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, no hay prueba de que el piloto o copiloto hayan soslayado los controles necesarios para emprender el vuelo. De tenerse como causa efectiva del siniestro la existencia de agua en el combustible, lo cierto era que se había drenado hasta estimarse conveniente, a la par que podría afirmarse que la irregularidad que se presentó en el vuelo de Pereira a Quibdó, se corrigió en el transcurso del mismo, en tanto que del trayecto siguiente Quibdó-Nuquí, no se presentó ninguna novedad.
Agregó que la avioneta cumplía con el mantenimiento preventivo ordenado por el fabricante; se encontraba dentro de los límites de peso y balance; y, la tripulación realizó las gestiones necesarias para emprender la marcha en cada trayecto. Sostuvo, con base en el informe, que con antelación al primer vuelo se realizó drenaje del agua encontrada en el tanque izquierdo, y que cuando arribó a Pereira, también hubo similar proceder de la tripulación «sin que haya certeza de la presencia de agua durante el procedimiento». Además, previo a iniciar el itinerario Nuquí-Quibdó se realizó una inspección rutinaria sin que quedara en evidencia alguna irregularidad respecto del funcionamiento de la aeronave «el hecho de que el vuelo continuado haya tenido buenos resultados, permite pensar que la aeronave era confiable mecánica y operacionalmente para emprender el viaje, más si en un trayecto anterior, no había presentado irregularidad alguna.»
Finalmente, sostuvo que la recomendación realizada por la autoridad, dirigida a revisar todas las tapas de llenado de los tanques para establecer su sello hermético, fue solo una recomendación a propósito del accidente, pero para la fecha del mismo, a la avioneta se le habían realizado los mantenimientos correspondientes, lo que se acreditaba con la certificación de aeronavegabilidad «que expide la UAEAC en el que constan las condiciones según las cuales la aeronave se considera aeronavegable de acuerdo con los requisitos de su certificación y otras instrucciones e información necesaria para la utilización dentro de las normas de seguridad».
1.2. Al margen de las anteriores conclusiones, el tribunal consideró que, incluso de aceptar la hipótesis de que el accidente tuvo como causa los residuos de agua sin drenar, lo cierto era que la ocurrencia de este hecho no desencadenaba la terminación del contrato de seguro, pues no fue contemplado como exclusión, amén de que para la época del accidente no había una prescripción que indicara hasta qué nivel debía drenarse el agua de la gasolina, para determinar la aeronavegabilidad de la avioneta.
Agregó que la recomendación de fijar en el Manual General de Operaciones los procedimientos a seguir en caso de presencia de agua en los tanques durante el drenaje en el primer vuelo del día y posterior a cada tanqueo, era porque no existía con antelación en el susodicho Manual.
1.3. Concluyó entonces que el suceso se encontraba amparado con la póliza, «sin que haya operado la exclusión al riesgo amparado»
2. Frente a la garantía según la cual «(b) todos los libros y demás registros relacionados con la Aeronave, requeridos por las regulaciones oficiales vigentes, se mantengan actualizadas y se pongan a disposición de los Aseguradores o de sus Agentes cuando así se solicite», dijo que el hecho de que no se hubieran registrado en el libro de vuelos la anomalía que presentó la aeronave, no puede dar lugar a la terminación del contrato de seguro, pues la tripulación realizó la revisión del vehículo con resultados satisfactorios, por lo que la aseguradora no puede eximirse de cumplir con lo pactado.
3. Finalmente, en relación con la sanción de intereses moratorios sostuvo que los beneficiarios acreditaron el siniestro y la cuantía, frente a lo cual la aseguradora nada refutó. Agregó que, cumplidos los requerimientos hechos al apoderado de los demandantes por parte del ajustador Javier Acosta Naranjo, no existía evidencia de oposición a ellos, por tanto «lo que seguía era pagar la indemnización, pues no es de recibo el argumento según el cual, los montos reclamados adolecían de liquidez». Y, de considerarlos desajustados «así debió manifestarlo en su momento, sin que fuere necesaria la objeción, a fin de hacer determinables las pretensiones de los solicitantes, precisamente porque el hecho, el accidente, la muerte del pasajero y la cobertura, estaban acreditados»
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene cuatro ataques con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, todos por la vía indirecta; dos de ellos por error de hecho y los dos restantes por error de derecho. De su contenido y alcance a continuación se hará relación.
PRIMER CARGO
Con este el recurrente aduce la violación indirecta de los artículos 1061, 1088 y 1089 del Código de Comercio como consecuencia de error de derecho en la apreciación de la prueba documental denominada “Informe definitivo de la aeronáutica civil, Unidad Administrativa Especial, Secretaría de Seguridad Aérea, Grupo Investigción de accidentes” realizado con ocasión del accidente aéreo ocurrido el 28 de octubre de 2008.
En el desenvolvimiento del embate, expone:
1. Que el artículo 251 en sus incisos 2º y 3º del Código de Procedimiento Civil define los documentos públicos y privados. A su vez, el artículo 252 ibídem señala que el documento público se presume auténtico; y, el artículo 264 contempla el alcance probatorio de los mismos.
2. Como consecuencia de lo anterior, el informe elaborado por el Grupo de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil es un documento público que no sólo da fe de su otorgamiento y fecha, sino de las declaraciones que contiene debido a que están autorizadas por funcionario público.
3. El tribunal incurrió en yerro de valoración probatoria al afirmar que el documento es sólo un informe técnico. Además, siguió el derrotero incluido en la advertencia del mismo documento, en el que consigna que su propósito es únicamente prevenir accidentes y no dirimir responsabilidades, con lo que desconoció la obligación de valorar el documento como un documento público. Y, llegó a conclusiones contrarias, en la medida en que se apartó de la afirmación según la cual, la única causa del accidente fue la “Pérdida de control en vuelo posterior al despegue, debido a la pérdida de potencia del motor número uno, probablemente por contaminación del combustible con agua”
4. Sostiene que esa interpretación probatoria devino en la confirmación de la sentencia de primer grado que declaró no probada la excepción de mérito dirigida a declarar el incumplimiento de las garantías previstas en la póliza, debido a que la avioneta no era aeronavegable.
5. Concluyó que el error de derecho condujo a la infracción del artículo 1061 del Código de Comercio que regula las garantías en el contrato de seguro, misma que se contempló en el contrato de seguro tomado por la AEXPA tendiente a “mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad”.
SEGUNDO CARGO
El recurrente denuncia la violación indirecta de los artículos 1061, 1088 y 1089 del Código de Comercio como consecuencia del error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba documental denominada “Informe definitivo de la aeronáutica civil, Unidad Administrativa Especial, Secretaría de Seguridad Aérea, Grupo Investigción de accidentes” realizado con ocasión del accidente aéreo ocurrido el 28 de octubre de 2008, así como la póliza de seguro de aviación AVIA 1554.
Para soportar esta afirmacion, explica
1. El tribunal eludió la causa del accidente contemplada en el informe elaborado por la aeronáutica civil, para en su lugar dirigir la atención al drenaje de la nave, señalando que el mismo fue conveniente, dando a entender que la labor fue correcta o adecuada, cuando lo que dice el informe es que el copiloto lo drenó hasta dónde consideró conveniente.
En ese orden de ideas, si el informe hubiera aceptado que el drenaje fue conveniente, se hubiera descartado la contaminación con agua como posible causa, luego la conclusión del tribunal carece de lógica interpretativa.
2. El ad quem concluyó que la aeronave fue drenada dos veces, a partir de una lectura errónea del informe. Sostiene que no hay razón técnica ni razón lógica. La primera, porque el drenaje se hizo antes del tanqueo a primeras horas de la mañana sin que se avisara del incidente a la tripulación entrante. La segunda, porque si el drenaje no fue informado, no había razón para que lo hicieran por segunda vez, pues se suponía que las condiciones de aeronavegabilidad eran normales y por ello no era de suponer la presencia de agua en el combustible.
Refiere que la razón por la que el tribunal llegó a la errada conclusión del doble drenaje de la aeronave, se debió a una lectura equivocada del informe, cuyo texto conlleva al error de interpretación, mismo que de analizarse en su contexto puede llevar a la conclusión de que el drenaje sólo se hizo una vez en la mañana del fatídico accidente aéreo.
3. El tribunal concluyó que la avioneta era aeronavegable porque contaba con el certificado de aeronavegabilidad, mismo que se limita a otorgar un visto bueno para la operación. Tener el certificado no significa que la avioneta fuera aeronavegable, pues nada tiene que ver con las aptitudes de vuelo al iniciar su emprendimiento, tales como, la contaminación de combustible con agua, que hacen inseguro el vuelo.
Las reglas de la experiencia enseñan que el agua y el combustible no son compatibles, por ello desdeña del argumento del ad quem según el cual «no se estableció que de encontrarse cierta cantidad [de agua] en el combustible, la avioneta no se encontraba en esas condiciones», siendo que esa fue la razón por la cual se concluyó en el informe que la contaminación con agua fue la causa probable del accidente.
4. Por ese mismo sendero, se desconoció el texto de la póliza que consagraba la garantía de conducta para el asegurado.
5. Concluye diciendo que «la sentencia utiliza la información técnica del informe, y a partir de allí realiza argumentaciones que o son falsas o son exóticas o sin sustento técnico, porque ninguna tiene la virtualidad para demostrar una causa diferente en la producción del accidente»
TERCER CARGO
Por violación indirecta de los artículos 1061, 1089 y 1090 del Código de Comercio como consecuencia del error de hecho manifiesto en la apreciación de la prueba documental denominada “Informe definitivo de la aeronáutica civil, Unidad Administrativa Especial, Secretaría de Seguridad Aérea, Grupo Investigación de accidentes”; la póliza de seguro de aviación AVIA 1554; y, el reglamento aeronáutico Colombiano.
Desarrolló el embate así:
1. Se contempló en la póliza, que el asegurado debía garantizar que «(b) todos los libros y demás registros relacionados con la Aeronave, requeridos por las regulaciones oficiales vigentes, se mantengan actualizadas y se pongan a disposición de los Aseguradores o de sus Agentes cuando así se solicite». Pese a lo cual, en el informe de la aeronáutica se dejó contemplado que la situación presentada con el tanque, no fue reportada por la tripulación que entregó la aeronave a la tripulación entrante.
Esta irregularidad de la tripulación constituye una grave infracción a la Parte IV del Reglamento Aeronáutico Colombiano que dispone que ninguna persona puede operar una aeronave si no se encuentra el libro a bordo en el que el piloto debe hacer anotaciones o reportes de mal funcionamiento, así como el libro de mantenimiento y libro de vuelo.
2. Sostiene que esta infracción conllevó al incumplimiento de la garantía pactada en la póliza, según la cual el asegurado se obligaba a mantener actualizados los mencionados libros, pese a lo cual, el tribunal consideró que por el hecho de que no se hubieran registrado en el libro de vuelo las anomalías que presentó la aeronave, no podría darse por terminado el contrato de seguro «porque finalmente en el transcurso del día y tras varios itinerarios, la tripulación accidentada previo a iniciar labores, realizó la revisión pertinente del vehículo y efectuó pruebas con resultados satisfactorios…»
3. Refiere que muy a pesar de que el libro de vuelo se incineró, lo cierto era que a la llegada al aeropuerto de Pereira, la tripulación entrante al revisarlo debió advertir la anomalía técnica y reportarla a la aeronáutica civil en la investigación del siniestro. Y, como así no se hizo, se incumplió la garantía.
CUARTO CARGO
Con este el censor aduce la violación indirecta de los artículos 1061, 1089 y 1090 del Código de Comercio como consecuencia de error de derecho en la apreciación de la prueba documental relativa a la carta enviada el 22 de abril de 2009 por el ajustador del seguro al apoderado de los demandantes, así como la carta de respuesta dirigida por el mencionado apoderado al ajustador de seguros.
Desarrolla el cargo, así
1. El tribunal afirmó en su sentencia que los beneficiarios del seguro, acreditaron el siniestro y la cuantía conforme a las exigencias del artículo 1077 del Código de Comercio, sin ser ello cierto, pues la carta a través de la cual se presentó el reclamo, cuantificó los perjuicios en la suma de mil treinta y dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos ($1.032.864.000,oo) sin que encontrara justificado el porqué de cada petición.
2. El abogado no adjuntó los documentos solicitados por el ajustador, por lo que el reclamo quedó sin soporte probatorio como sustento de la indemnización de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio. Resalta que la reclamación es un acto cualificado.
3. Refuta que el ad quem exija a la aseguradora la oposición al reclamo, pese a que se trataba de sumas exorbitantes, so pena de responder por la indemnización, lo que a su juicio está por fuera de todo parámetro legal.
4. Finalmente, desdeña que se hubiese confirmado como fecha a partir de la cual se reconocerían intereses moratorios el 14 de mayo de 2009 sin que obre prueba en la que deba asumirse tal calenda, misma que dice no puede ser tampoco la de presentación de la demanda o el escrito a través del cual se subsanó, en tanto que el reclamo inserto en el libelo incoativo del proceso, ascendía a cinco mil setecientos noventa y dos millones setecientos siete mil novecientos veintiséis pesos ($5.792.707.926), mientras que la condena ascendió a doscientos sesenta y seis millones ochocientos noventa mil ciento diecinueve pesos con treinta y ocho centavos de peso ($266.890.119.38), siendo notable el desfase entre lo solicitado y lo concedido, y por ende, suficiente para desechar la fecha de presentación de la demanda como el de inicio de la mora.
CONSIDERACIONES
1. El Código General del Proceso, que entró en vigor integral el 1° de enero de 2016, prevé en sus artículos 624 y 625-5, que «(…) los recursos…se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…», y como el de casación que ahora ocupa la atención de la Corte se formuló el 30 de noviembre del año 2015, será a la luz del Código de Procedimiento Civil que se hará el estudio del libelo sustentatorio presentado.
2. De entrada entonces, se analizarán en conjunto los cargos primero y cuarto del referido escrito, por apoyarse ambos en el segundo motivo contemplado en la causal primera por violación indirecta de la ley sustancial; es decir, como consecuencia de error de derecho por violación de una norma probatoria.
Se hace este estudio conjunto, por contener similares falencias formales y técnicas que los hacen inadmisibles, como pasa a explicarse:
2.1. De conformidad con el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, es deber del recurrente expresar la formulación por separado de los cargos, exponiendo con claridad y precisión los fundamentos de todo reproche que proponga, exigencia que consiste en que cada acusación ha de «ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión», esto es, «exacta, rigurosa, que contenga los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento» (CSJ SC, del 15 de septiembre de 1994), es decir, que permita establecer en dónde radica y de qué manera se produjo el yerro atribuido al fallador de instancia, sin que, por lo tanto, pueda dejarse a la Corte la carga de definir o desentrañar los alcances del ataque, habida cuenta la naturaleza eminentemente dispositiva de este recurso extraordinario.
2.2. En los reparos ahora examinados, se advierte que se invocó la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de errores de derecho por violación de norma probatoria; pero, pese a ello, en su sustentación se entremezclaron indebidamente fundamentos propios de la violación de la ley sustancial como consecuencia de errores de hecho, lo que riñe abiertamente con la exigencia atrás descrita.
2.2.1. Véase cómo la ofensiva inicial, a la par que identificó la norma de carácter probatorio que se consideró infringida, el ataque estuvo dirigido a explicar que la sentencia llegó a conclusiones contrarias a las contenidas en el informe definitivo de la aeronáutica civil realizado sobre el accidente ocurrido el 28 de octubre de 2008, alegación propia del error de hecho manifiesto en la «apreciación» de determinada prueba. Incluso, el mismo censor invoca la ocurrencia de la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia del error de derecho «manifiesto en la apreciación de la prueba antes singularizada» lo que de suyo denota un entremezclamiento no admitido en casación.
Adicional a lo anterior, explica el censor que se materializó el error denunciado –que como se dijo no es de derecho- porque el tribunal siguió el derrotero marcado en el mismo documento, desconociendo sus conclusiones, lo que atenta contra el requisito de «claridad y precisión» que debe contener la demanda de casación, pues de un lado se queja de la valoración hecha a la misma advertencia realizada en el documento; y de otro, que el tribunal no tuvo en cuenta sus conclusiones, haciéndose que se materialice una propia valoración que tampoco alcanzaría a demostrar el presunto error de hecho manifiesto.
2.2.2. Ahora, en el último cargo también se incurrió en el mentado hibridismo. Lo anterior, pues en el desarrollo de este embate también se «singulariza[ro]n» pruebas «defectuosamente apreciadas», lo que traslada esta alegación al campo del error de hecho manifiesto en la «apreciación» de determinada prueba, cuestión que no sólo se quedó en la sola mención, sino que se desarrolló cuando el censor afirmó cuestiones tales como «No es cierta la acreditación extrajudicial de las exigencias del artículo 1077 del C. de Co., obligaciones a cargo del asegurado, sin las cuales no puede acceder al pago del siniestro» aunado a que concluyó que carecía de sustento probatorio la conclusión del tribunal según la cual, sí fueron entregados al ajustador de seguros los documentos que soportaban la reclamación, cuestión esta que es conocida como la «suposición» de la prueba, que se erige por la senda del error de hecho.
Sobre el particular se ha pronunciado la Corporación
«(…) la Sala ha sostenido que las modalidades que adopta el yerro de hecho están signadas por la suposición y la preterición, ora porque el juzgador dio por obrante un medio suasorio que no obra en el plenario o adicionó uno con elementos que no contiene, o bien porque dejó de apreciar, sin razón atendible, uno militante en los autos o cercenó su alcance. (AC 5976 de 2017)
A la par de la anterior ausencia de los requisitos formales de la demanda, el censor se situó en el alegato propio de instancia, dirigiendo a la Corte en la decisión que eventualmente debería adoptar una vez casada la sentencia, pues los alegatos dirigidos a justificar por qué los intereses moratorios tampoco podrían reconocerse desde la presentación de la demanda, sólo podrían analizarse si, situada como juez de instancia, la Corte aborda el tema del reconocimiento de intereses moratorios.
2.3 Así las cosas, a pesar de que en estos cargos se denunció la conculcación de la ley sustancial por vía indirecta debido a supuestos errores de derecho, lo cierto es que en la exposición de los cargos primigenio y último, lo que esbozó el recurrente fue una crítica correspondiente a errores de hecho.
Recuérdese que la violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho se estructura cuando el juzgado
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras).
Situaciones que no fueron las esbozadas en el desarrollo de los embates que se analizan.
En innumerables ocasiones esta Corporación ha sostenido, que “los yerros probatorios que estructuran la violación indirecta de la ley sustancial pueden ser de hecho o de derecho; y que son tan notorias sus diferencias, que la distancia que los separa se torna irreductible. De modo que su planteamiento ha de ser preciso y corresponder a la naturaleza de cada uno de ellos; o, lo que es lo mismo, ha de guardarse el casacionista de darles un tratamiento indistinto o de trocarlos en su formulación” (CSJ, SC del 20 de mayo de 1997, Rad. nº. 4754; se subraya).
Con sustento en lo precedente, ha puntualizado la Sala, que “los errores de hecho y de derecho, pese a que conllevan uniformemente a la violación indirecta de la ley, no pued[e]n entremezclarse ni confundirse o alegarse simultáneamente en un cargo (…), pues sus características específicas los hacen excluyentes”. Por tal razón, el ataque propuesto no debe reflejar “una mixtura de reproches de una y otra índole, toda vez que con ello la censura quedaría desprovista de los fundamentos -claros y precisos- que reclama la ley. Desde luego, el talante dispositivo del recurso de casación impide a la Corte escoger, a su arbitrio, entre uno y otro yerro, para entrar a examinar la acusación propuesta, pues ello equivaldría a recrear la impugnación o a darle un rumbo que no ha sido genuinamente trazado por el recurrente” (CSJ, SC del 25 de abril de 2005, Rad. nº. 7562; se subraya).
Como se ve, todos esos planteamientos conciernen con inconformidades propias del error de hecho que, por su naturaleza, se contraponen a los yerros de derecho que se persiguieron describir en el reproche, tornándolo ambiguo, obscuro e inaceptable, por reñir abiertamente con la exigencia de claridad y precisión en la fundamentación del cargo (num. 3º, art. 374 del C. de P.C.).
Así las cosas, al evidenciarse el entremezclamiento proscrito en sede de casación, se inadmitirán los cargos estudiados.
3. No obstante lo anterior, como el cargo segundo y tercero sí cumplen los requerimientos que le son propios, se le dará el impulso en la forma y términos previstos en el artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: INADMITIR los cargos primero y cuarto de la demanda que COLSEGUROS S.A., formuló para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que promovió frente a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A.
SEGUNDO: ACEPTAR el cargo segundo y tercero, por cumplir con los requisitos formales. En consecuencia, de ellos se da traslado a la parte opositora.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA