ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


AC1563-2018


Radicación n° 27001-31-03-001-2008-00020-02

(Aprobado en sesión de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho)



Bogotá, D.C.,  veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018).-                                   


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por JORGE ELIECER TERREROS CUESTA, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 17 de julio de 2015, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, dentro del proceso ordinario que promovió contra la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO CAJA AGRARIA –EN LIQUIDACIÓN-.


ANTECEDENTES


  1. Jorge Eliecer Terreros Cuesta pidió declarar la existencia y validez del contrato de arrendamiento celebrado el 1º de septiembre de 1993 entre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero –Caja Agraria- y María Isabel Barrero de Terreros destinado al funcionamiento de un establecimiento comercial. Así mismo, declarar la existencia y validez de la cesión de contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada Caja Agraria –en liquidación- y el demandante, así como el consecuente incumplimiento por parte de aquélla, condenándola al pago de los perjuicios reclamados en la demanda, así como las mejoras locativas realizadas en el referido local comercial.


  1. Sustentó sus aspiraciones en los hechos que se resumen así (fls. 1 a 12 del c. 1):


    1. El demandante Jorge Eliécer Terreros Cuesta contrajo matrimonio con María Isabel Barreto el 5 de julio de 1978 cuya sociedad conyugal quedó disuelta mediante sentencia del 27 de junio de 1997 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Quibdó, protocolizada mediante escritura pública del 10 de enero de 2001.


    1. En vigencia de la sociedad conyugal, María Isabel Barreto de Terreros celebró como arrendataria contrato de arrendamiento con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero Caja Agraria el día 1° de septiembre de 1993 que recayó sobre local comercial ubicado en la ciudad de Quibdó.


    1. En comunicación dirigida el 11 de septiembre de 1997, el demandante solicitó la compra del inmueble o prórroga del contrato de arrendamiento a su nombre.


    1. Mediante comunicaciones del 30 de enero y 2 de junio de 1998, la Vicepresidente de Servicios Administrativos Departamento de Inmuebles de la División Comercial de la Caja Agraria «reconocen la calidad de arrendatario del Local Comercial al demandante», quien ha sido el que ha cancelado los cánones de arrendamiento desde el 1° de septiembre de 1993 hasta el 30 de mayo de 1999.


    1. La demandada ha incumplido el contrato de arrendamiento pues no entregó la totalidad del inmueble ni reconoció mejoras locativas realizadas al mismo; y pese a que en reiteradas ocasiones se ha solicitado su cumplimiento, éste no se ha efectuado.


    1. Mediante contrato de cesión D.P.P No. 0048-A del 12 de julio de 2004, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero -en liquidación-, le cedió al señor José Horacio Giraldo Giraldo «los derechos, obligaciones y garantías contenidos y derivados del Contrato de Arrendamiento suscrito con María Isabel Barreto de Terreros el 01 de septiembre de 1.993»; y le enajenó el local comercial.


    1. Dice el demandante que la relación comercial con  la Caja Agraria en liquidación terminó el 15 de julio de 2004.


3. El a-quo dictó fallo el 17 de julio de 2015 en el que desestimó las pretensiones de la demanda.


4. Apelada por el demandante, el 29 de octubre de 2015 el Tribunal confirmó la anterior decisión. (fls. 20 al 30 del Cuaderno del Tribunal)


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Sus argumentos se compendian así:


1. Identificó como problema jurídico determinar si el contrato de arrendamiento de local comercial celebrado entre la señora María Isabel Barreto de Terreros y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero de Quibdó fue válidamente cedido al demandante Jorge Eliecer Terreros Cuesta.


2. En primer lugar, por tratarse de un contrato que recae sobre un local comercial, las normas aplicables son las del estatuto mercantil que en su artículo 887 contempla la figura de la cesión de contrato o de la posición contractual; y, en su artículo 888 prescribe que la sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito, concluyendo que «si el contrato consta por escrito, la cesión deberá hacerse también por escrito; pero si el contrato se celebró de forma verbal, la cesión podrá hacerse de igual forma».


3. Afirmó que el demandante no puede predicar la cesión del contrato de arrendamiento celebrado el 1° de septiembre de 1993 entre María Isabel Barrero de Terreros y la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero de Quibdó porque la cesión no se hizo por escrito, cuestión que no se exceptúa tratándose de la cesión de un local comercial, de conformidad con el artículo 523 del Código de Comercio.

4. Además, en el mismo contrato de arrendamiento se estableció en la cláusula décimo tercera que no podía ser cedido sin autorización del arrendador, por lo que de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, dicha cláusula constituye ley para las partes.


5. Finaliza admitiendo que entre las partes sí existió un contrato de arrendamiento «pero dicho contrato debe entenderse independiente del celebrado con su esposa MARIA ISABEL TERREROS CUESTA (sic) y la entidad mencionada, pues no existe documento en el que se ceda el primero, dando así cumplimiento a la formalidad legal»


6.- La parte demandante interpuso recurso de casación contra la decisión de segunda instancia. Esta Corporación admitió a trámite el recurso extraordinario.


7.- En tiempo hábil se presentó la correspondiente sustentación (fls. 20 a 31 del c. de la Corte).


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Se invocó la transgresión de la causal quinta y primera del artículo 336 del Código General del Proceso, esta última por violación directa e indirecta de la ley sustancial; pero, como la interposición de este recurso se hizo en vigencia del Código de Procedimiento Civil, ha de entenderse que la invocación realizada en la demanda por el recurrente, está referida a las causales allí contenidas. Los cargos fueron desarrollados así:

1. En el primer cargo el recurrente invoca la causal quinta de casación, por haberse incurrido en nulidad procesal que no se encuentra saneada. Expone en el desenvolvimiento del embate que no se integró el litisconsorcio necesario con José Horacio Giraldo Giraldo «a quien le fue cedido el contrato de arrendamiento celebrado con la señor (sic) MARÍA ISABEL BARRETO mediante contrato de cesión Nro. D.P.P. Nro 048-A el día 12 de julio de 2004» en cuya cláusula quinta se contempló como obligación del cesionario, respetar las condiciones pactadas en los contratos de arrendamiento que ceden. Afirma que a este proceso era forzoso que concurriera José Horacio Giraldo Giraldo.


2. En el segundo cargo, el recurrente aduce la violación directa de norma sustancial por indebida aplicación de los artículos 1494, 1502 y 1602 del Código Civil, así como los artículos 515, 518 a 523 del Código de Comercio. En el desarrollo del cargo hizo un recuento de los hechos afirmados en la demanda para concluir que «se evidencia el consentimiento expresada (sic) alrededor del negocio concertado entre la Caja Agraria y el señor TERREROS CUESTA sin duda, lo primeros llamados a fijar el real y verdadero sentido de los pretendido al expresar su voluntad, son los contratantes, quienes han hecho explícito, de una u otra manera, su ánimo de contratar y el objetivo buscado o, según las circunstancias, al ejecutarlo, patentizar paso a paso, con sus actuaciones, lo que quisieron, en verdad, componer». Agrega que el Tribunal omitió interpretar la verdadera intención de los contratantes, pues de no haber existido un contrato de arrendamiento entre las partes, la entidad demandada no hubiese remitido un estado de cuenta de los cánones de arrendamiento adeudados, y demás comunicaciones que obran en el expediente.


También sostuvo que el cesionario de los contratos de arrendamiento, a saber, José Horacio Giraldo Giraldo nunca le notificó al demandante la terminación del contrato, sino que actuó por vías de hecho incurriendo en un delito y en responsabilidad contractual, la que según el ad quem, no existe. Afirma que con la sentencia recurrida se le desconoce sus derechos como arrendatario de local comercial, ocasionándole un menoscabo que debe ser indemnizado.


3. Finalmente, el tercer cargo, fue enfilado a través de la violación indirecta de la misma ley sustancial invocada en el cargo anterior, esta vez como consecuencia de un error de hecho manifiesto en la apreciación probatoria. Sostuvo que el yerro consistió en que el Tribunal no apreció el contrato de arrendamiento; la notificación realizada al demandante el 30 de junio de 1998 en el que le informaban como arrendatario que el inmueble había sido transferido al patrimonio autónomo del fondo prestacional de la Caja Agraria y le solicitan consignar el valor de los cánones de arrendamiento a favor del consorcio; el documento a través del cual se le da la bienvenida al demandante como arrendatario y se le adjunta procedimiento para reparación y mejora del predio; el registro civil de matrimonio; y, la liquidación de perjuicios aportada con la demanda. Concluyó que la indebida apreciación de estos documentos «hizo que se decidiera equivocadamente desconociéndolos y [conllevara a] la negación de las pretensiones de la demanda». Agrega que el yerro tiene trascendencia constitucional porque existe omisión en la valoración de las pruebas, además de que la motivación no corresponde a los hechos, pretensiones y a lo probado en el proceso, lo que a su juicio genera nulidad por violación al debido proceso. Insiste que las pruebas muestran que existió cesión del contrato celebrado el 01 de septiembre de 1993.


CONSIDERACIONES


1. A pesar de que el Código General del Proceso entró a regir de manera integral el 1º de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15-10392 de 1º de octubre de 2015, el examen de la presente demanda de casación no se hará a la luz de ese estatuto, pues, según las normas sobre tránsito de legislación en él consagradas, artículos 624 -modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887- y 625-5, los recursos ya formulados, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se interpusieron», y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue planteado el 11 de noviembre de 2015, es decir, bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento, con sus modificaciones y adiciones, el que siga gobernándolo.


2. De conformidad con el numeral tercero del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, el escrito de casación debe contener



(…) la formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa. Si se trata de la causal primera, se señalarán las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas. Cuando se alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre. Si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción.


3. La demanda de que acá se trata no cumple las exigencias de la norma que se acaba de reseñar, como se pasa a explicar:


3.1 En el cargo primero se denuncia la incursión en la causal de nulidad contemplada en el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil según la cual el proceso es nulo en todo o en parte «cuando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o adición»


Pues bien, sobre el particular, esta Sala ha sostenido que las condiciones requeridas para que pueda invocarse con éxito la causal de casación contemplada en el numeral 5° del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, son las siguientes:


(a) la solicitud de invalidación debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley; (b) el tratamiento que debe darse a las nulidades como motivo del recurso extraordinario de casación está igualmente sometido a los principios generales que gobiernan este instituto procesal y, en concreto, al de la “especificidad…; (c) es menester que se evidencie interés en el recurrente para obtener la invalidación que solicita… emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona; y (d) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. (CSJ AC, 18 Dic. 2009, Rad. 2002-00007-01; CSJ AC, 25 Jul. 2011, Rad. 2006-00090-01).


De esta manera, y en punto de la legitimación para invocar la nulidad, es evidente que la acusación es desatinada, pues el denunciado vicio procesal, aún de existir, debe alegarlo la parte que demuestre interés para proponerlo, como se deduce a partir del artículo 143 de la normatividad adjetiva, canon que también expresa que la nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma «sólo podrá alegarse por la persona afectada».


En ese orden de ideas, en el evento de que en realidad se hubiera dejado de notificar a quien debía ser citado al proceso como litisconsorte necesario, esa irregularidad solo podría ser invocada por el directo afectado, esto es, por la persona que no fue convocada a la litis o que habiéndolo sido, su vinculación se realizó de manera indebida, de ahí que ante la falta del presupuesto de legitimación del actor para alegar la causal quinta como motivo casacional, no procede admitir la acusación así formulada.


En efecto, como se dijo, el artículo 143 del estatuto procesal civil consagra que (…) La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, sólo podrá alegarse por la persona afectada»; en consecuencia, en quien radica el interés para pedir la anulación del juicio es en la persona que no fue debidamente convocada al proceso, que en este caso sería José Horacio Giraldo Giraldo.


       Pero es más, conforme a los planteamientos de la demanda según los cuales se pide indemnización de perjuicios por hechos ocurridos antes de la cesión del contrato de arrendamiento que se le realizó a José Horacio Giraldo Giraldo, se advierte la improcedencia del pedimento sustentatorio de la causal invocada, cuestión que además, pese a que el recurrente era el demandante en el juicio escrutado, nunca se solicitó en las instancias.


       Por lo tanto, el recurrente no está legitimado para invocar la causal de nulidad pues no resulta afectado con el presunto yerro –que en realidad no lo hay-, ante la falta de vinculación de José Horacio Giraldo Giraldo, lo que impone la inadmisión de la censura.


3.2 En el cargo segundo, enfilado a través de una violación directa de una norma de derecho sustancial, el censor, luego de citar las normas sustanciales que consideró infringidas en la sentencia del Tribunal, unas que tienen ese carácter, otras que no, pasa a exponer una relación de los hechos sin explicar en qué consistió el yerro de la mencionada corporación con la sentencia reprochada.


Nótese que en el desarrollo del cargo, el recurrente sólo se limita a exponer que «el Adquen (sic) omite interpretar la verdadera intención de los contratante (sic), ya que si no hubiera existido un contrato de arrendamiento de local comercial no le hubiese remitido en noviembre 29 de 2001 […] el estado de Cuenta cánones de arrendamiento». Insiste, que el demandante tuvo una cesión del contrato por parte del arrendador en forma verbal, la que se confirmó el 30 de junio de 1998.


Y, más adelante, al interior del sustento de esta acusación, refiere que José Horacio Giraldo Giraldo, como cesionario de los contratos de arrendamiento, nunca le notificó la terminación del contrato, sino que actuó por vías de hecho, concluyendo que se le ocasionó un perjuicio. Dice que la sentencia del Tribunal le desconoció «sus derechos como arrendatario de local comercial, desconocimiento que le ha causado menoscabo en su patrimonio el cual debe ser indemnizado por haber aplicado indebidamente el Ad quem las normas sustanciales»


Reconstruido así el argumento del recurrente, se evidencia el desconocimiento de los requisitos formales para incoar la demanda de casación, pues en primer lugar, no explica cómo la sentencia del Tribunal, transgredió las normas sustanciales que citó en su cargo; en segundo lugar, su reproche está dirigido a la apreciación de las pruebas, cuestión que, tratándose de la causal primera dónde se denuncia la violación directa de la ley sustancial, no tiene cabida; y, finalmente, incluye argumentos que no fueron debatidos ni expuestos en las respectivas instancias.


Es así pues, que la censura encarrilada por la causal primera, si bien presupone el desconocimiento de una norma de rango sustancial, que por lo demás tenga íntima relación o vínculo con lo resuelto en el caso objeto del litigio, requiere la exposición y fundamento del recurrente de la manera como esas normas sustanciales fueron desconocidas por el ad quem¸ consecuencia de lo cual no cumple con la formalidad y técnica del recurso extraordinario cuando, como aquí se hizo, se limita a identificar nominalmente las normas presuntamente desconocidas, sin proveer de argumentos para indicar la razón de su desconocimiento.


Adicional a lo anterior, el recurrente al sustentar el cargo a través de la causal primera en su modalidad de violación directa de la ley sustancial, no podía hacer referencia, como en efecto lo hizo, a las pruebas documentales para insistir en el planteamiento de que existió la cesión del contrato, debido a que con tales argumentos se incurre en un claro equívoco en la vía utilizada para controvertir la sentencia acusada, pues, tratándose como se vio, de una queja esencialmente fáctica, el camino idóneo para cuestionarlo en casación era denunciando el quebranto indirecto de la ley sustancial.


Total que, tratándose de la causal primera de casación, el recurrente está atado a sustentar su reproche en el plano de la juridicidad, sin que se refiera a circunstancias fácticas como aquí lo ha hecho, pues se incurre en un entremezclamiento que se encuentra proscrito dentro de los requisitos formales de la demanda que aquí se analizan.

Al respecto, la Corte ha manifestado que


“(…) siendo de carácter probatorio la fundamentación de la decisión atacada, era imperativo, para hacer la acusación en forma debida, escoger la vía indirecta, endilgándole al sentenciador la comisión de error, de hecho o de derecho, en la aprecia­ción de las pruebas, lo que, al no hacerlo, deja el cargo en el vacío y carente de la contundencia para destruir el fallo impugnado, por lo que su estudio de fondo resulta absolutamente inane” (CJS SC,  11 sept. 1995, Rad.  4598).


Pero además, el recurrente desconoce los verdaderos argumentos del Tribunal para concluir que no podía tenerse por cedido el contrato de arrendamiento celebrado el 1° de septiembre de 1993 entre María Isabel Barreto y la Caja Agraria –en liquidación-, en el entendido en que la razón de la decisión del ad quem  se soportó no sólo en la formalidad que le era propia conforme a la normatividad mercantil, sino a las cláusulas imbuidas en el acuerdo contractual, argumentos estos que no fueron desarrollados en el embate, tornándolo incompleto.


Es así como, el recurrente denuncia que el Tribunal desconoció sus derechos como arrendatario, sin tener en cuenta que para el Tribunal sí se gestó un contrato de ese linaje, pero no que hubiese sido cedido el celebrado primigeniamente con quien fuera su cónyuge, como se pretendió en este juicio. Además que, la cesión que soporta las pretensiones de la demanda, son aquéllas que hubiese realizado la arrendataria, no el arrendador, como equivocadamente lo expone en el ataque casacional. De esta manera, en la demanda de casación se omitió cualquier referencia al argumento toral de la sentencia de segunda instancia según la cual, se insiste, no era posible alegar una cesión del contrato de arrendamiento celebrado inicialmente con María Isabel Barreto quien figura como arrendataria del contrato inicial, pues en todo caso, además de estar expresamente prohibido en el acuerdo negocial, el mismo tampoco se celebró por escrito, de manera que se desconocía la previsión normativa contemplada en el artículo 887 del Código de Comercio.


Y, como si lo anterior fuera poco, incluye el recurrente en este cargo, argumentos que no hacían parte del thema decidendum del proceso, en la medida en que hace referencia a las actuaciones del cesionario del contrato de arrendamiento José Horacio Giraldo Giraldo, mismas que no fueron siquiera expuestas en los hechos de la demanda, y que desdice de los requisitos formales de la demanda de casación.


Por lo tanto, revisadas estas precisiones de cara al ataque que por esta vía se expuso en la demanda, ha de concluirse que el mismo no cumple con los parámetros que exige este medio extraordinario de contradicción, en lo que a la violación directa de una norma jurídica sustancial se refiere.


3.3 Finalmente, en el tercer cargo el censor denuncia una violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de las pruebas, según el cual el Tribunal no apreció los documentos enlistados en el cargo concluyendo sobre el particular que «la indebida apreciación de estos documentos, al que se le restó el mérito probatorio que le asiste, hizo que se decidiera equivocadamente desconociéndolos y la negación de las pretensiones de la demanda». Y, sobre la trascendencia dijo que era del carácter constitucional pues además existiría nulidad en la sentencia por violación al debido proceso como consecuencia en la valoración de las pruebas, que calificó evidente porque el Tribunal finalmente concluyó que no hubo cesión del contrato celebrado el 1° de septiembre de 1993.


Sin embargo, el cargo como se encuentra planteado no cumple con el requisito de la demostración del error. Mírese que el censor se limita a enlistar los documentos de los cuales deduce, se desprende la prueba de la cesión del contrato de arrendamiento, sin tener en cuenta el alcance dado a los mismos por parte del Tribunal. En efecto, y tal como se expuso, para el ad quem sí existió un contrato de arrendamiento, pero no la cesión del que fuera celebrado el 1° de septiembre de 1993 por la arrendataria María Isabel Barreto de Terreros, luego la actividad del recurrente debía estar encaminada a atacar el preciso argumento del Tribunal para soportar la decisión confirmatoria de la de primera instancia, mismo que no hizo.


De esta manera entonces, su reproche no fue plenamente comprensivo de todos los argumentos en que el Tribunal edificó su pronunciamiento, comportando así un cargo formalmente incompleto; y, en consecuencia, insuficiente para derruirla.


Al respecto, la Sala ha predicado que


(…) en cuanto refiere a la precisión que debe caracterizar los cargos, se ha dicho también que ´resulta indispensable que, entre otros aspectos, exista una 'relación' entre la 'sentencia y el ataque que se le formula' (auto de 19 de noviembre de 1999, Exp. No. 7780), simetría que debe entenderse, además, según recientemente puntualizó la Corte, 'como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución' (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, que hace eco de otro anterior, G.J. CCLV-116)’”. Véase auto de 20 de enero de 2009, Exp. 11001-3103-007-2001-00902-01. La precisión y claridad que en esa demanda se exige obedece fundamentalmente a que como la Corte tiene limitadas sus facultades en razón de lo dispositivo de este recurso extraordinario, no pudiendo por tanto enmendar errores y colmar omisiones del recurrente, ese escrito debe, entre otras cosas, focalizarse en desquiciar eficazmente todos los pilares o soportes fácticos y jurídicos que sostienen el fallo –o la parte de él de la que discrepa el censor-, porque si alguno queda en pie y le presta apoyo, vana fue la tarea del impugnante, pues la Corte ha de mantener el fallo del Tribunal, que arriba a esta sede casacional amparado por una presunción de acierto y legalidad en cuanto a las conclusiones fácticas y al derecho aplicado por el juez de la alzada (CSJ AC, 20 en. 2008, exp. 2001-00902-01).


El recurrente entonces transgrede en su demanda esta regla de simetría, porque omite cualquier referencia al fundamento que tuvo el Tribunal para no declarar que existió la aludida cesión del contrato de arrendamiento invocado.


Así las cosas, como el fundamento jurídico y la apreciación de las pruebas que constituyen el soporte esencial de lo decidido por el ad-quem no fue combatida, valga anotar, que se mantiene indemne amén de gozar de las presunciones de legalidad y acierto, huero resultaría analizar los reparos formulados en los medios de acreditación que tuvo en cuenta el tribunal para llegar a su conclusión, circunstancia que conlleva, necesariamente, la inadmisión de la demanda de casación.


En torno a la anterior temática, la Corte, en doctrina que se mantiene vigente, ha señalado que


“los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura” (CSJ, SC de 27 de julio de 1999, Rad. nº. 5189.


En ese orden de ideas, el cargo no se formuló en debida forma, pues, no confrontó los pilares de la sentencia, ni contiene la demostración del yerro.


4.- En síntesis, en el presente caso no se atendieron los requisitos formales de que trata el 374 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales la demanda de casación debe contener una exposición de sus fundamentos en forma «clara y precisa», en la medida en que si se alega violación directa, a lo menos se exprese la razón por la que se considera que el tribunal desatendió la norma sustancial; si se alega violación indirecta como consecuencia de un error de hecho, el mismo debe demostrarse «con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae»; y, si se invoca la causal de nulidad, debe existir legitimación en el recurrente, requisitos estos que se echan de menos en la presentación de los cargos.

Por lo tanto, como la demanda examinada no satisface los requisitos formales y técnicos que le son propios, habrá de inadmitirse, conforme al inciso cuarto del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.


5. Cumple señalar, por último, que desde otra perspectiva resulta improcedente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por JORGE ELIECER TERRERO CUESTA para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 17 de julio de 2015, por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, dentro del proceso ordinario que interpuso contra CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO CAJA AGRARIA –EN LIQUIDACIÓN-.


SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se DECLARAR DESIERTA la impugnación extraordinaria.



Notifíquese,




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA