1. AC1590-2018
  2. Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00189-00

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).


Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por la demandada frente al auto de 20 de noviembre de 2017 de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil que negó conceder el de casación de la sentencia de 2 de los mismos mes y año, proferida dentro del proceso ejecutivo acumulado de José Antonio Guiza Sánchez, Margy Gómez Suárez, Andrés Alexander Durán Bello, Gonzalo Becerra, Eder Cuadrado Castellanos, Magda Patricia Suárez Ríos, Orlando Ortiz Guerrero, José Alirio Cuadrado Castellanos, Wilmer Leonardo Sanabria Ortiz, Jaime Ernesto Rangel Grimaldos y Jair Quiroga Guzmán contra la Cooperativa de Caficultores de Santander.

  1. ANTECEDENTES


  1. Orlando Ortiz Guerrero promovió acción ejecutiva contra la Cooperativa de Caficultores de Santander Ltda., con el fin de obtener el recaudo de varios cheques girados a su favor, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil donde se libró mandamiento de pago el 25 de abril de 2014 (fls. 1 al 11 rad. 2014-00406).


  1. Estando en curso el coercitivo se dispuso la acumulación de varios pleitos de igual naturaleza que contra la misma deudora adelantaban los acreedores José Alirio Cuadrado Castellanos (rad. 2014-00070), Magda Patricia Suárez Ríos (rad. 2014-0203), Gonzalo Becerra (rad. 2014-0264), Eder Cuadrado Castellanos (rad. 2014-0261), José Antonio Guiza Sánchez (rad. 2014-0267), Margy Gómez Suárez (rad. 2014-0278), Jaime Ernesto Rangel Grimaldos (rad. 2014-0296), Jair Quiroga Guzmán (rad. 2014-00335), Wilmer Leonardo Sanabria Ortiz (rad. 2014-0084) y Andrés Alexander Durán Bello (rad. 2015-00308), que cursaban en ese mismo Despacho y los Juzgados Segundo y Tercero Promiscuos Municipales de San Gil, según autos notificados el 29 de abril de 2015 y 15 de enero de 2016 (fls. 31 al 33 rad. 2014-00406).


  1. La sentencia de primer grado de 5 de junio de 2017, ordenó seguir la ejecución en la forma inicialmente dispuesta respecto de las obligaciones de Gonzalo Becerra, Jaime Ernesto Rangel Grimaldos, Jair Quiroga Guzmán, Orlando Ortiz Guerrero, José Alirio Cuadrado Castellanos, Wilmer Leonardo Sanabria Ortiz, Magda Patricia Suárez Ríos, Eder Cuadrado Castellanos y Margy Gómez Suárez; pero declaró prescritos los créditos de José Antonio Guiza Sánchez y Andrés Alexander Durán Bello. Esa determinación fue apelada por los dos últimos y la opositora (fls. 49 al 80 rad. 2014-00046).


  1. El superior confirmó esas determinaciones en pronunciamiento de 2 de noviembre de 2017 (fls. 1 al 4 cno. 1).


  1. Interpuso recurso de casación la opositora, que denegó el Magistrado Ponente en vista de que el medio de contradicción intentado no procede frente a las decisiones tomadas en esa clase de asuntos, de conformidad con el artículo 334 del Código General del Proceso (fls. 9 al 11 cno. 1).


  1. La Cooperativa formuló reposición para que se reconsiderara la negativa porque el inciso segundo del artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7° de la Ley 1285 de 2009, posibilita la selección de sentencias para surtir casación con el fin de unificar la jurisprudencia y proteger derechos constitucionales. En subsidio pidió que se expidieran copias para agotar recurso de queja (fls. 12 al 16 cno. 1).


  1. El ad quem mantuvo su posición reiterando el argumento expuesto, que reforzó con lo dicho en AC5445-2017 y ordenó que se compulsaran las reproducciones necesarias para surtir el remedio accesorio invocado (fls. 17 al 19 cno. 1)


  1. Al arribo de las actuaciones en la Corte se surtió el traslado de rigor; guardaron silencio los demás intervinientes (fl. 3).


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación derivada del ataque en casación formulado el 9 de noviembre de 2017, a pesar de tratarse de un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. Como lo indica el artículo el artículo 333 del Código General del Proceso el recurso de casación está caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ahí que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que únicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicción ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil sólo recae en las de impugnación o reclamación y las de declaración de uniones maritales.


Quedaron excluidas por tanto de ese ámbito las demás discusiones de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en las especialidades civil y familia, que no encajen dentro de tales lineamientos.


Los pleitos ejecutivos tienen una connotación tal que en las compilaciones adjetivas ameritan una regulación separada de las demás, como desde antaño acontece, y sin que puedan llegar a confundirse aún si la certidumbre del título base de recaudo se ve cuestionada. Es así como en vigencia del Código de Procedimiento Civil el Libro Tercero, donde se discriminaban por categorías los asuntos sometidos a la jurisdicción, aparecían cuatro secciones que comprendían la primera a los declarativos, la siguiente a los de ejecución, la tercera a los de liquidación y la última a los de jurisdicción voluntaria, distribución que se mantuvo al expedirse el Código General del Proceso y denota la independencia que existe entre ellas.


De ahí que al no encajar los cobros compulsivos dentro de los eventos estrictamente señalados como susceptibles de recurrirse en casación, resulta inviable cualquier intento de que se agote dicho paso en el curso de los mismos, independientemente de la trascendencia, cuantía o significancia de las obligaciones en discusión.


Como bien se dijo en CSJ AC4886-2016


[l]a procedencia del recurso de casación está condicionada, entre otras exigencias, al enlistamiento del asunto en el artículo 344 del Código General del Proceso o en una norma especial que así lo consagre (…) Este medio de impugnación, por tanto, no procede contra todas las resoluciones judiciales, sino solo frente a algunas, pues ha sido instituido por el ordenamiento como recurso para combatir las providencias emitidas en asuntos que, ya por la naturaleza del objeto debatido, ora por la cuantía patrimonial involucrada, implican mayor entidad o trascendencia, aspectos que, en sentir del legislador, justifican su consagración.


Y frente a la clase de contienda referenciada, en CSJ AC5445-2017, se precisó que


(…) las sentencias expedidas en juicios ejecutivos singulares (hipotecarios, quirografarios o mixtos) y concursales, no son susceptibles de examen en sede de casación, porque el legislador no concibió tal medio de impugnación para ese tipo de asuntos, ni siquiera en los eventos en los que por la formulación de excepciones perentorias el proceso impone una etapa de controversia.


Esa posición ha sido constante desde que empezó a regir el actual estatuto procesal según CSJ AC3613-2016 y AC1331-2016.


  1. En esta oportunidad no se equivocó el Tribunal al negarse a conceder el medio de contradicción excepcional propuesto, puesto que el escenario en el que se formuló corresponde a un conflicto ejecutivo acumulado que, como ya se dijo, está por fuera de esa vía por falta de contemplación normativa que lo habilite.


Tal descarte del legislador no se ve suplido por la posibilidad conferida a la Corte en el artículo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 7° de la Ley 1285 de 2009, según el cual la Sala de Casación Civil puede «seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos», puesto que esa facultad deviene del estudio de la sustentación que se haga del medio de contradicción, lo que es posterior a su admisión y sin que se convierta en una posibilidad de avocar litigios que son completamente ajenos a la competencia demarcada.


Así se recordó en CSJ AC3039-2015, que si bien se profirió en vigencia del Código de Procedimiento Civil conserva vigencia por el tema allí tratado que es el mismo que ahora se pone de presente, según el cual


(…) en lo que concierne a la posición aludida por el quejoso, según la cual el artículo 16 de la Ley 270 de 1996 modificado por el artículo 7º de la Ley 1285 de 2009 le otorgó a las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de «seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos», esta Corporación señaló que «el proceso de [escogencia] del recurso, en cuanto tal, resulta procedente sólo y en la medida en que el recurrente ha expuesto el objeto de sus reproches, es decir, cuando ha señalado en qué consisten las acusaciones que ha enfilado en contra de la sentencia censurada; en otras palabras, cuando ha aducido dentro de los términos previstos y con las formalidades que le corresponden, la demanda casacional pertinente» (CSJ AC, 12 may. 2009, Exp. 2001-00922-01) … Y más recientemente, precisó: «la posición de la Corte (…) apunta a concluir que luego de superados los filtros establecidos en el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, es decisión discrecional de la Sala, conforme los criterios expuestos en el citado auto de 12 de mayo de 2009, abstenerse de resolver en sentencia de casación, algún asunto en concreto que se encuentre sometido a su consideración. [De tal  manera,] no ha sido ampliado el repertorio de casos sobre los que puede versar el recurso extraordinario de casación, y que en consecuencia permanece inalterada la tendencia tradicional que reafirma la condición numerus clausus que» [lo caracteriza] (CSJ AC, 30 abr. 2013, Rad. 2012-02438).


Lo que también fue tratado en CSJ AC 17 may. 2012, rad. 2012-00887-00, replanteándose así el criterio aislado expuesto en CSJ AC 18 ago. 2011 que cita la censora como razón de ser de su reclamo.


  1. Consecuentemente, resultaba inviable el ataque propuesto en ausencia de los supuestos de rigor para concederlo, como acertadamente lo previó el sentenciador de segundo grado y ahora se reconoce, sin que haya lugar a imponer condena en costas por no estar causadas a la luz del artículo 365 del Código General del Proceso.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación de la Cooperativa de Caficultores de Santander contra la sentencia de 2 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil dentro del proceso ejecutivo acumulado referenciado. Sin costas.


Segundo: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.


Notifíquese




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado