AC1769-2018
Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00554-00
Bogotá D. C., siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el recurso de queja enfilado por la parte demandante contra el proveído del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, negó la concesión del medio impugnativo de casación que el aludido extremo litigioso interpuso contra la sentencia del día dos (2) del mismo mes y año, proferida dentro del proceso ordinario que promovieron Eder Moreno Arroyo, Katheryne Paola Danies, Kaidy Valentina Montoya Danies, Gustavo Enrique Moreno, Paula Cecilia Arroyo Pertúz en contra de la Clínica El Prado y Clínica Saludcoop hoy Cafesalud EPS.
ANTECEDENTES
1. De las copias allegadas surge que los mencionados demandantes convocaron a juicio a las entidades demandadas para que se declarara su responsabilidad civil por las fallas en la prestación del servicio médico que padeció el primero de los nombrados cuando fue atendido por dichas entidades, luego de sufrir accidente automovilístico cuando se desplazaba en una motocicleta y ser embestido por un carro fantasma y, consecuentemente, se les condene al pago de los perjuicios materiales y morales que se les causaron por los siguientes valores:
2. Debidamente integrado el contradictorio se surtieron las etapas de ley, y en sentencia de 31 de mayo de 2017 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta acogió la excepción de «ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual, concretamente la culpa» tras lo cual niega la totalidad de las pretensiones contenidas en la demanda.
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta desató la alzada interpuesta por el extremo demandante con sentencia de 2 de noviembre de 2017, en la cual dispuso revocar parcialmente la providencia apelada y en su lugar, resuelve desestimar la exceptiva de «ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual, concretamente la culpa» propuesta por la demandada Somesa, dueña de la Clínica El Prado, acogiendo las pretensiones frente a esta, imponiéndole el pago a favor de Eder Moreno Arroyo de $30.000.000,00 a título de perjuicio moral, junto con los intereses del 6% anual a partir de la ejecutoria de la sentencia, deniega las restantes reclamaciones de condena formuladas por éste, así como las pretensiones formuladas por los demás demandantes, y absuelve a Saludcoop EPS en liquidación de todos los cargos formulados en su contra en la demanda.
4.- La parte demandante vencida atacó en casación (fl. 14,15 Cd Trib.). Empero, el fallador ad quem denegó tal medio impugnativo el día 17 de noviembre de 2017 (fls. 23-29 Cd Trib.), lo que fue reprochado a través del recurso de reposición y en subsidio queja (fl. 30-33 Cd Trib.), sin que el recurso horizontal lograra modificar aquella determinación, pues en proveído del 13 de diciembre siguiente decidió no revocarla y autorizó la expedición de copias para efecto del trámite del recurso de queja que ahora ocupa a la Corte (fls. 36-39 Cd Trib.).
LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
En desarrollo de esa labor el tribunal determina que el valor de las pretensiones económicas incoadas por Eder Moreno Arroyo y de los restantes demandantes de cuyas resultas extrae que «aun admitiendo los montos conforme a lo pedido por Eder Moreno, esto es, materiales por $319.375.289, a la salud 200 SMLMV y morales 100 SMLMV, equivalente en su orden a $147.543.400 y $73.771.700, valor último al que cabe precisar, debe restársele la suma de $30.000.000, cuantía reconocida a su favor en la esta instancia, dando un neto de $43.771.700, tenemos que la sumatoria de todos estos arroja un total de $510.690.389, cifra que no alcanza la valía mínima fijada por el legislador paras dar paso al recurso extraordinario empleado».
CONSIDERACIONES
Así, al resolver este puntual medio impugnativo la Corte únicamente puede examinar si el juzgador que denegó la censura extraordinaria procedió conforme a la normatividad vigente o, contrariamente, se apartó de la misma y para ello se impone a la Sala, ineludiblemente, constatar el texto de la norma pertinente, ya general ora especial, con lo resuelto por el juzgador, atendiendo que en estas materias la ley se ha reservado la facultad de definir los puntuales recursos procedentes, frente a qué clase de decisiones judiciales se abren paso y bajo cuáles formalidades o exigencias se regulan.
Ese interés estará directamente determinado por el valor de la relación sustancial decidida en el fallo recurrido, puesto que es en el momento en que éste se profiere cuando se produce el menoscabo que determina la inconformidad del recurrente, de manera que, como reiteradamente lo ha expuesto la Sala, «[…] la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC, 15 de may. 1991, rad. 064).
Esta modalidad litisconsorcial tiene como esencia hacer efectivo el principio de económica procesal, en la medida que será la voluntad de cada sujeto la que determine su participación o no en el pleito, acumulando su causa al mismo, pero actuando como parte separada, puesto que en el litisconsorcio voluntario se ejercen litigios distintos y pretensiones diferentes, que admiten igualmente decisiones independientes que pueden ser respecto de algunos positivas y respecto de otros negativas, frente al cual esta Corporación ha dicho:
«…[e]n el litisconsorcio facultativo se presenta una pluralidad de pretensiones, cuya titularidad autónomamente recae en cada uno de los litisconsortes, razón por la que la ley los considera “como litigantes separados”. En el litisconsorcio necesario, en cambio, según se anotó, la unión de los litigantes obedece a una imposición legal o resulta determinada por la naturaleza de la relación o situación jurídica controvertida, siendo ellos, todos, titulares de la misma pretensión, razón por la cual “no puede ser válidamente propuesta sino por varios sujetos, o frente a varios sujetos, o por varios y frente a varios a la vez” (Guasp), por cuanto la decisión además de uniforme, lógicamente aparece como inescindible. Por último, la intervención litisconsorcial prevista por el inciso 3º del artículo 52, surge de la voluntad o iniciativa del tercero, quien decide concurrir al proceso para hacerse “litisconsorte de una parte”, la demandante o la demandada “y con las mismas facultades de ésta“, para asociarse a la pretensión o a la oposición de la parte a la cual se vincula, pero de manera autónoma, pues su concurrencia se justifica por ser titular “de una determinada relación sustancial a la cual se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso”, o sea que se trata de una relación sustancial que en el evento de generar un conflicto de intereses, puede ser definido en su mérito sin la presencia de todos los partícipes porque ni la ley, ni la naturaleza de la relación impone el litisconsorcio necesario, es decir, no obstante que la sentencia lo liga a los efectos de la cosa juzgada, la vinculación del tercero es espontánea o facultativa». (CSJ SC de 24 de oct. de 2000, Rad. 5387).
Emerge de lo expuesto que siendo, en lo medular, distintos conflictos los definidos en la sentencia proferida en asuntos en los que se haya integrado un litisconsorcio facultativo, resulta imperativo para efecto de la concesión del recurso de casación examinar la situación particular de cada litigante, a fin de determinar el interés que le asiste o no para la interposición de la súplica extraordinaria, sin que para ello puedan confundirse, en modo alguno, los parámetros que ha indicado el legislador para definir la cuantía para la asignación de la competencia del proceso con los que el mismo ha dispuesto para habilitar el trámite de la súplica extraordinaria, máxime cuando ésta no constituye una instancia adicional.
Es lo cierto que en los casos de pluralidad de partes, en Código General del Proceso en el artículo 338 inciso segundo prevé que «[C]uando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomos»; sin embargo, del contenido mismo de la disposición emerge la necesidad que por lo menos uno de los recurrentes satisfaga a cabalidad todos y cada uno de los supuestos que se requieren para habilitar la impugnación extraordinaria.
Si ello es así no estuvo desacertado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa marta cuando denegó la concesión del recurso de casación, en la medida que, ciertamente, atendiendo las pretensiones que cada uno de los demandante planteó a la jurisdicción, las que representaban un valor económico más alto fueron las formuladas por el afectado Eder Moreno Arroyo, las que actualizadas a la fecha en que se profirió la sentencia de segundo grado no alcanzan los 1000 SMLMV previstos en el citado art. 338 del Código General del Proceso, en tanto que las de los restantes se limitaron a los perjuicios morales, que cuantificaron en 100 SMLMV para cada uno, los cuales sin mayor escrutinio desatienden la exigencia legal en comento.
DECISIÓN
Por lo brevemente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado contra la sentencia de fecha y origen indicado en precedencia.
Segundo. Devolver al tribunal de origen la presente actuación, para que forme parte del expediente respectivo.
Tercero. Sin costas por no aparecer causadas.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada