AC1793-2018

Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00333-00


Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018).


Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Tenjo (Cundinamarca) y el Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá.


I. ANTECEDENTES


1. José María de Vivero Vergara promovió proceso ejecutivo con garantía real contra Carolina Granados Ayala, a fin de que éstos le cancelaran las sumas contenidas en un pagaré, que fue suscrito a su favor. [Folio 32, c. 1]


2. Mediante escritura pública No. 2585 de 14 de diciembre de 2015, otorgada en la Notaría Treinta y Cuatro del Círculo de Bogotá, los demandados constituyeron hipoteca a favor de la demandante, sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20196007 ubicado en Tenjo, Cundinamarca. [Folios 34, c.1]


3. En el encabezamiento del libelo incoativo, la parte actora afirmó que los deudores se encuentra domiciliados en Bogotá. [Folio 32, c.1]


4. La demanda se correspondió por reparto al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de esta ciudad, que por auto de 27 de noviembre de 2017, la rechazó de plano porque como se  pretendía hacer valer una garantía real de hipoteca y el inmueble sobre la que se constituyó se ubicaba en otro municipio, era a los funcionarios de tal lugar al que concernía conocer de manera privativa el asunto. [Folio 40, c.1]


5. Al ser nuevamente repartido el expediente, fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo, Cundinamarca, que suscitó el conflicto con fundamento en que como en este caso no se perseguía el pago de la obligación sin exclusividad al producto del inmueble gravado, no se aplicaba el fuero real privativo, por lo que en este caso los competentes los despachos del lugar del cumplimiento de la prestación y el domicilio de los demandados, a elección del demandante, por lo que el despacho de origen no tenía razón para desprenderse del litigio. [Folio 42, c.1]


II. CONSIDERACIONES


1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.


2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 ejusdem, «En lo proceso contenciosos, salvo disposición en contrario, es competente el juez del domicilio del demandando. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante».


A su vez el numeral 7º de dicho precepto establece que «en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza… será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante».


De la inteligencia de los anteriores preceptos se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez de la vecindad del demandado o su residencia si carece de ésta en el país, y si también falta ésta, la residencia del demandante.


Sin embargo, tratándose de procesos en los que se ejercen derechos reales, opera de manera ineluctable e inquebrantable el fuero correspondiente al lugar o sitios de ubicación del bien objeto del litigio, con el fin de facilitar la publicidad del asunto y la posibilidad de obtener con mayor eficiencia otros elementos de prueba que puedan ayudar en la resolución de la controversia.


3. El caso sub-judice versa sobre un proceso ejecutivo en el que se hizo efectiva la garantía hipotecaria otorgada por la demandada, por lo que el objeto del debate es ejercer un derecho real1 de acuerdo a lo indicado en el artículo 665 del Código Civil, por ende, la competencia para conocer de la presente controversia reside en los Juzgados del lugar donde se encuentra el inmueble sobre el cual se constituyó la garantía.


Ahora bien, de la revisión de la demanda y del folio de matrícula allegado junto con ésta, se desprende que los bienes raíces se encuentran ubicados en Tenjo, Cundinamarca, de manera que es a los funcionarios de tal sitio a los que les corresponde asumir el trámite del litigio.


En ese orden, erró el apoderado del ejecutante al promover el juicio con el que pretendía hacer efectiva la garantía real ante los jueces civiles del lugar del cumplimiento de la obligación; así como se equivocó también el juzgador al que se le remitió el expediente, al suscitar el conflicto por el mismo motivo, pues en realidad tal factor no es determinante para definir a quien le correspondía el conocimiento del proceso.

4. Por esas razones se ordenará enviar el expediente al Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Tenjo, Cundinamarca, como quiera que es el municipio donde se encuentra el bien, de lo cual se dará aviso al funcionario que inicialmente conoció del asunto y a la interesada.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:


PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Tenjo, Cundinamarca, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. 


       SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.


TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, así como a la ejecutante.  



Notifíquese y cúmplase,





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado


1 Artículo 665 del Código Civil: Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin aspecto a determinada persona. (…) Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales.