AC1811-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01052-00


Bogotá, D. C., ocho (08) de mayo de dos mil dieciocho (2018).-


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Setenta Civil Municipal de Bogotá (Bogotá D.C), Tercero Civil Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) y Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca), adscritos a sus respectivos Distritos Judiciales, para conocer de la acción ejecutiva instaurada por la Universidad de Cundinamarca frente a César Camacho Ramos y José Ignacio Cruz Mora.


I. ANTECEDENTES


1. El actor elevó solicitud a la jurisdicción para obtener la ejecución de una obligación dineraria incorporada en un título valor pagaré suscrito por la parte demandada, que por reparto correspondió al Juzgado Setenta Civil Municipal de Bogotá, donde fincó la competencia por «el lugar de cumplimiento de la obligación». (fl. 41, cdno. 1)


2. La prenombrada autoridad rechazó la demanda y la envió a sus homólogos de Zipaquirá, aduciendo que es la vecindad del demandado la que determina la competencia conforme a la regla 1ª del artículo 28 del Código General del Proceso, con base en la información suministrada en el acápite de notificaciones. Aunado a lo anterior, arguye el juzgador de Bogotá que «en los documentos aportados no existe ninguno en el que las partes hayan establecido que el pago o cumplimiento de la obligación se haría en la ciudad de Bogotá D.C» razón por la cual, justifica que no se cumpliría el presupuesto establecido en el numeral tercero de la norma citada.  (fls. 44 y 45 ib.).


3. Correspondió posteriormente el conocimiento al Juez Tercero Civil Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca), quien con sustento en la información consagrada del libelo demandatorio, rechazó la competencia revestida y envió el asunto a sus homólogos en Tocancipá (Cundinamarca). (fl. 49, ibídem)


4. El Juez Promiscuo Municipal de la ciudad de destino, no aceptó la atribución que le quiso asignar el juzgador de Zipaquirá y promovió la colisión que hoy se examina, destacando que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial consagrada en el artículo 28 ibídem, concurre con el fuero del lugar del cumplimiento de las obligaciones, a elección del actor, quien en el caso que nos compete optó por presentar el libelo genitor ante el juez de la ciudad de Bogotá, lugar de cumplimiento de la obligación pactado por las partes en el pagaré. (fls. 53 a 55, ibíd).


II. CONSIDERACIONES


1. Como la discusión involucra a tres autoridades, dónde dos de las cuales pertenece a diferente distrito judicial, la facultad para dirimirla es de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional común de ellas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del citado Código, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.


3. El numeral 1º del artículo 28 ibídem consagra la regla general que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado», disposición que para el caso de «…los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos» complementa el numeral 3º ibídem, cuando dispone que «es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones…».


Lo cual significa que si en la práctica el sitio de satisfacción de las prestaciones no coincide con el domicilio del convocado, el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto.


Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armonía obliga encausar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible, el querer del gestor.


4. En el caso concreto, si bien el actor informó que el lugar de notificaciones del accionado estaba en la municipalidad de Tocancipá (Cundinamarca), atribuyó de manera expresa la competencia al juzgador de Bogotá (Bogotá D.C.) «por el lugar de cumplimiento de la obligación», encontrando sustento su elección en el título valor pagaré base de la acción, lo que permite señalar que el funcionario judicial de esta última urbe es el competente para rituar la actuación, en razón a la libertad que el legislador ofreció al demandante en materia de competencia territorial.


5. Ahora bien, es menester aclarar que la regla contenida en el numeral 1º del precitado artículo es tan solo una norma general de aplicación residual, esto es, una base universal que opera a falta de disposición especial y que no tiene en cuenta ningún otro fuero para determinar la competencia diferente al domicilio del demandado; empero, dicha disposición no es óbice que impida al demandante una selección diferente.


Uno de los supuestos normativos que consagra una regla especial, en cuanto a la competencia territorial, es el numeral 3° de la misma disposición, dado que, contempla una competencia particular y específica, que concierne al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas por las partes en un título ejecutivo o en un negocio jurídico.


Y debido a que,  el legislador incluyó como adverbio de afirmación el vocablo «también», dentro del texto normativo, faculta a elección del demandante, la escogencia simultánea entre el fuero personal y el fuero contractual o del cumplimiento de las obligaciones para incoar la acción, selección que adquiere el carácter vinculante para las autoridades judiciales y que para el caso que ahora compete definir, correspondió al juez en comento.


6. Adicional a lo anterior, como en multitud de ocasiones ha dicho la Corte, la vecindad y el lugar de notificaciones no son lo mismo,


(…) toda vez que uno y otro dato satisfacen exigencias diferentes, pues mientras el primero hace alusión al asiento general de los negocios del convocado a juicio, el segundo –que no siempre coincide con el anterior- se refiere al sitio donde con mayor facilidad se le puede conseguir para efectos de su notificación personal (CSJ AC, 25 jun. 2005, Rad. 00216-00; reiterado entre otros en AC6045-2014, AC1699-2015 y en AC8004-2016).


7. De conformidad con las consideraciones precedentes, no podía el Juzgado Setenta Civil Municipal de Bogotá rehusar el pleito en ciernes, teniendo en cuenta que, la elección del demandante encuentra pleno respaldo en el fuero o foro de cumplimiento de las obligaciones; además que, incurrió en la confusión de los conceptos de domicilio y lugar de notificación del demandando, de manera que se le remitirá para que le dé el trámite que legalmente corresponda y se pondrá al tanto de ello a las otras autoridades judiciales involucradas.


III. DECISIÓN


Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Setenta Civil Municipal de Bogotá (Bogotá D.C), Tercero Civil Municipal de Zipaquirá (Cundinamarca) y Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca), señalando que el primero de los mencionados, es el competente para conocer la acción ejecutiva incoada por la Universidad de Cundinamarca frente a César Camacho Ramos y José Ignacio Cruz Mora.


SEGUNDO.- ORDENAR la devolución del expediente a la oficina indicada para lo de su competencia, informándosele de tal situación, mediante oficio, a las otras autoridades involucradas.


Notifíquese,



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado