Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Decídase el recurso de queja interpuesto por María Luisa Riascos Velásquez, quien conforma la parte demandante, respecto de la providencia de 5 de febrero de 2018, en virtud de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, al resolver el recurso de reposición que impetrara la parte demandada contra el auto fechado 18 de diciembre de 2017, que había concedido el recurso de casación formulado por la actora, revocó la anterior decisión y negó la concesión del recurso de casación por ella formulado contra la sentencia proferida el día 1º de diciembre del año próximo pasado, dentro del proceso ordinario que promovió contra los herederos determinados Esteban y Carolina Aristizabal Uribe, Laura Sofía Aristizabal Arbeláez y los herederos indeterminados de Darío Bautista Aristizabal Arbeláez.
ANTECEDENTES
“PRIMERO: Se declara probada la excepción primera de “no existencia de la sociedad patrimonial, según lo expuesto”.
“SEGUNDO: Sin lugar a acoger las demás pretensiones formuladas por la parte demandante, ni las consecuencias de las declaraciones solicitadas por la [actora]”.
3. Inconforme con lo así decidido, la parte demandante formuló recurso de apelación, que fue desatado por el Tribunal con sentencia del 1º de diciembre de 2017, en el siguiente sentido:
“PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida en agosto 4 de 2017… en cuanto denegó la pretensión de declaración de existencia de la sociedad patrimonial entre los citados.
SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la sentencia que se revisa en cuanto en cuanto declaró probada la excepción denominada “no existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre los compañeros permanentes…
TERCERO: ADICIONAR la sentencia individualizada para DECLARAR que entre María Luisa Riascos Velásquez y Darío Bautista Aristizabal Arbeláez (Q:E:P:D) existió una unión material de hecho como compañeros permanentes desde diciembre 31 de 2002 hasta octubre 17 de 2010, día que este último falleció …
CUARTO (…)
4. El extremo demandante decidió atacar en casación (fl. 43,cuaderno tribunal) lo atinente a no declarar la existencia de la sociedad patrimonial de hecho y su disolución entre los susodichos compañeros permanentes, siendo que el ad-quem concedió el recurso; empero, a raíz de la impugnación horizontal que interpusiera el apoderado de los demandados (fls 47 al 51, ibídem); la Corporación mencionada en proveído calendado 5 de febrero de 2018, resolvió revocar el auto adiado 18 de diciembre de 2017 y en su lugar denegó tal medio impugnativo; lo que motivó a la activa presentar recurso de queja directo frente a la anterior determinación judicial.
Argumentó, que conforme al artículo 339 del Código General del Proceso, cuando sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía podrá determinarse con los elementos de juicio obrantes en el expediente, amén que era del resorte del recurrente aportar el dictamen pericial correspondiente, si a ello hubiere lugar.
2. Al avistar que la impugnante no presentó un dictamen pericial para estimar el interés para recurrir, procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el canon 339 del nuevo estatuto procesal civil, resolviendo de plano con los elementos persuasivos que subyacen en el expediente, para lo cual tuvo en cuenta el marco temporal de reconocimiento de la existencia de la unión marital de hecho, que comprende desde el 31 de diciembre de 2002 hasta octubre 17 de 2010, mismo que no fue objeto de reproche, y bajo ese sendero considerar exclusivamente los bienes adquiridos en ese periodo, que podrían hacer parte de una eventual sociedad patrimonial en la hipótesis de que esta se declare.
Fiel a ese designio distinguió aquellos bienes que no formarían el haber de la presunta sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, identificándolos con sus matrículas inmobiliarias, atendiendo a la prueba documental arrimada al plenario, de aquellos adquiridos en vigencia de la unión marital que probablemente podrían hacer parte de dicha sociedad, en caso de que fuese reconocida, para subsiguientemente, cuantificar el valor de los bienes, remitiéndose a la escritura pública No. 2.128 de 30 de septiembre de 2010 de la Notaría Doce de Medellín, que tiene insertada un valor de los mismos de $411.200.000, monto que no supera en este momento la cuantía del interés para recurrir,; tampoco existe prueba del valor de los aportes que aduce la demandante existentes en el Fondo de Pensiones ING (hoy Protección) por “más de $130.000.000”, ni de rentas, réditos e intereses que han producido esos bienes, tal y como lo afirmó la actora.
SUSTENTACIÓN DE LA QUEJA
Destaca la impugnante, como soporte para la reclamación de la concesión del recurso extraordinario, (i) que la providencia que inicialmente concedió el recurso de casación no es susceptible de recurso alguno de acuerdo a lo previsto en el artículo 340 del CGP, debido a que el tribunal solo tiene competencia para determinar la concesión o no del apuntado recurso, y no carece de ella para establecer su admisión, el cual sí tiene recurso de reposición pero no se está frente a este acto; (ii) que por corresponder a un proceso declarativo y no liquidatario, es procedente el recurso de casación conforme al artículo 334, ibídem; aseverando que las pretensiones de la demanda son esencialmente declarativas y no patrimoniales, además, que el proceso ordinario declarativo de la existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y su disolución, no es un proceso de liquidación, no siendo dable aplicar el artículo 338 de esa codificación procesal.
1. El argumento de que la reposición es improcedente contra la providencia que concede el recurso de casación no resiste el más mínimo análisis jurídico. En efecto, el artículo 340 del CGP, parte del supuesto implícito que se concedió el recurso extraordinario, ya que comienza su redacción expresando: «Reunidos los requisitos legales… una vez ejecutoriado el auto que lo otorgue…», es cuando se expide otra providencia, que no admite recurso, para ordenar el envío del expediente a la Corte. Por tanto, la impugnabilidad solo se predica de este último y no del proveimiento que concede la casación.
En apoyo de la procedencia del recurso de reposición se encuentra lo dispuesto por el artículo 353 del CGP, que refiere a la interposición y trámite de la queja, al señalar: «[e]l recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando éste sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria» (subraya del despacho).
Precisamente, el recurso de queja fue promovido directamente por la demandante en razón de que la providencia que inicialmente lo había concedido fue recurrida por la pasiva y, al resolverse la misma se revocó la decisión impugnada, para en su lugar negar la concesión del recurso de casación, todo lo cual rebate lo expuesto por la parte demandante.
2. Dentro de las distintas particularidades que perfilan el recurso de casación sobresale, a los efectos que ahora interesan, la prevista en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual su procedibilidad está condicionada, entre otras exigencias, particularmente cuando de juicios patrimoniales se trata, a que el agravio económico que la sentencia le cause al recurrente al menos colme el monto allí previsto, precisamente, 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que fue proferida; perjuicio directamente determinado por el valor de la relación sustancial decidida en el fallo recurrido, puesto que es en el momento en que se profiere cuando se produce el menoscabo que determina la inconformidad del recurrente, de manera que, como reiteradamente lo ha expuesto la Sala, «[…] la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC, 15 may. 1991, rad. 064).
3.- La misma disposición, empero, excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versan sobre el estado civil, estas últimas por la incuestionable connotación que tienen frente a los derechos personales de los individuos involucrados.
4. Tratándose de la decisión que resuelve sobre la existencia o no de una unión marital de hecho, de vieja data se ha indicado que, ésta constituye un auténtico estado civil, lo que trae aparejado que la sentencia que en relación con el mismo se profiera, evidentemente, es susceptible del recurso extraordinario, sin que devenga necesaria la estimación de la cuantía para abrirle paso al mismo.
Sin embargo, la discusión surge cuando lo cuestionado es la decisión referida a la sociedad patrimonial de hecho, que puede o no surgir como consecuencia de aquella declaración de unión marital de hecho, habida consideración que más allá que dichas pretensiones puedan acumularse en un mismo juicio no dejan de ser acciones independientes y, en ese orden, susceptibles de escindirse las determinaciones que respecto de las mismas se adopten, siendo las referentes a la última mencionada de carácter económico, puesto que lo que se procura es obtener beneficios netamente patrimoniales, al margen que su prosperidad esté supeditada al reconocimiento previo de aquella.
5. En el asunto bajo estudio, se reclamó por la demandante la declaración de unión marital de hecho y a partir de este reconocimiento, de la conformación de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeras permanentes, en donde en relación con la primera solamente vino a ser reconocida por el ad-quem; sin embargo, sí hubo simetría en las decisiones de primer y segundo grado de no reconocer la existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes,
Obsérvese, que el estado civil existente entre María Luisa Riascos Velásquez y el finado Darío Bautista Aristizabal Arbeláez, fue reconocido expresamente por el sentenciador de segundo nivel, al declarar la existencia de la unión marital de hecho y, respecto de ese reconocimiento, la pasiva no opugnó extraordinariamente, como si lo hizo la demandante en relación a la decisión que negó la existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes; luego, es esto último lo que es materia de reproche para efecto del recurso de casación.
Vista así las cosas, si la recriminación surge por la decisión económica contenida en la decisión censurada, resultaba forzoso que la impugnante en casación acreditara la existencia de la cuantía de su interés para recurrir en los términos que prescribe el ordenamiento, que habilitara abrir paso al medio extraordinario, puesto que:
[n]o se está discutiendo la existencia de la unión marital de hecho entre convocante y convocada, aspecto del litigio que devino pacifico en el instante mismo en que el juez de primer grado declaró su conformación y la demandada no se mostró inconforme, sino lo concerniente a la sociedad patrimonial, frente a lo cual, se impone determinar cuál es el verdadero perjuicio que la sentencia de segunda instancia le inflige al recurrente en casación” (AC de 3 de oct. de 2011, exp. 2010-00279-01).
Más recientemente en caso análogo dijo esta Corporación que:
…el censor, como demandante de esa solicitud tocante con el estado civil, salió airoso, pues le fue concedida. La circunstancia de que el juez de segundo grado haya modificado el fallo del a quo, precisando que dicha unión finalizó el 2 de marzo de 2014, y no el día 5 de los mismos mes y año, nada tiene que ver con la unión marital de hecho propiamente tal, sino, y ello es incontrastable, con los efectos que ella, en materia económica, está llamada a producir, o sea, en concreto, con la sociedad patrimonial.
Dicho con otras palabras, la discusión que en casación se pudiera dar en torno de si la unión finalizó el 2 o el 5, en este caso no es para los efectos de la misma unión marital de hecho, pues, como se ha sostenido con insistencia, ella ya está pacíficamente declarada, y sí para los fines y los efectos de la sociedad patrimonial, en tanto que en ese orden de ideas el convocante sólo buscaría establecer que el finiquito ocurrió el día 5, pretendiendo con ello evitar la configuración de la excepción de prescripción, opuesta por la accionada frente a la súplica económica. Y en este caso mucho más, si no se pierde de vista que lo alegado en los recursos de reposición y de queja no pone en la mira al menos un aspecto típico ni menos temporal de la unión marital de hecho, propiamente tal; ya que se concentra en referir apenas la manera como se tramita el proceso, pretendiendo con ello querer hacer ver que éste es meramente declarativo y no de condena, para procurar ponerse al margen de tener que acreditar el interés para recurrir en casación, dejando en silencio tal baremo y por el contrario, por la conformidad, asintiéndolo en un todo.
Desde luego, si el vínculo viene declarado, cualquiera haya sido su duración o la época de su configuración, la parte actora que la haya pedido absolutamente nada tiene que reclamar a su alrededor. Si le fue concedida en primera instancia, para los fines propios de una declaración de unión marital de hecho ninguna protesta podrá elevar contra ella que le permita ir en apelación. Y si se dio en segunda instancia, esa misma parte carecerá de legitimación para alegar en casación cualquier aspecto relativo a la petición de estado civil, al haberle sido declarada. Como se dijo líneas arriba y ahora se reitera, ningún sujeto procesal puede insistir, por vía de impugnación, se le conceda aquello que ya le fue reconocido o concedido.
Una vez declarada la unión marital de hecho, dentro del contexto de la Ley 54 de 1990, la discusión sobre su extensión, y más concretamente con la fecha hasta la cual perduró, toca no con dicha unión, que declarada está, sino, en cambio, con la sociedad patrimonial, es decir, con la acción de carácter eminentemente económica que el legislador permite acumular a la declarativa de estado civil, en cuanto el patrimonio que haría parte de ella sería, y ello es apenas obvio, el habido por la pareja desde el nacimiento de la unión hasta su clausura» (CSJ SC. AC de 17 de mar. de 2017, Rad. 2016-03584-00; lineado fuera del texto original).
Consecuente con lo indicado, como la parte demandante carecería de interés para opugnar por vía de casación la declaración de existencia de la unión marital de hecho, al haberse conformado con la declaración que de ella se hizo por el juez de segundo grado, el alcance de la impugnación extraordinaria estaría limitada a la conformación o no de la sociedad patrimonial de hecho, que no fue declarada por los juzgadores de primera y segunda instancia, la que tiene un carácter eminente económico, por lo que no es de recibo el argumento referente a que el proceso concernía a un proceso meramente declarativo vinculado al ‘estado civil’, unión marital de hecho, para por esa vía pretender exonerarse de la carga de acreditar la cuantía de su interés y abrir el camino para la concesión del recurso de casación como si lo que allí se fuese a discutir se correspondiera a la unión marital de hecho.
6. Por otra parte, atendiendo que el recurso de casación se impetró estando ya en vigencia el Código General del Proceso, es esta normatividad la llamada a gobernar el presente asunto.
Coherente con ello, ha de tenerse en cuenta que, en materia del recurso de casación, en su artículo 339 introdujo cambios en cuanto a la forma de fijar el justiprecio del interés para recurrir en casación, al disponer que, «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión», lo que deja en evidencia que, en procura de efectivizar el principio de celeridad, se trasladó al recurrente la carga demostrativa de acreditar la cuantía de su interés, mediante la aportación de un dictamen pericial, cuando quiera que de los elementos de juicios obrantes en el proceso no pueda extraerse éste, a partir de lo cual el magistrado deberá resolver de plano.
6. En el sub examine la negativa de la concesión del recurso extraordinario se fundó en que no se aportó un dictamen pericial sobre el valor de los bienes que presumiblemente hicieran parte de la pretendida sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, sin que la recurrente hiciera ejercicio alguno encaminado a establecer éste, tal lo autoriza expresamente el citado artículo 339, por lo que el interés para recurrir en casación se determinó con base en la prueba documental que reflejaba el precio de los inmuebles consignado en una escritura pública ($411.200.000), que no alcanza a cumplir con el valor de un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para la fecha de la sentencia del ad quem equivalían a $737.717.000.
8. De acuerdo con lo visto, el tribunal en su decisión estuvo apegado al contenido de las normas que regulan la concesión del recurso extraordinario, que en la actualidad está sometido a las reglas «de un sistema con tendencia adversarial que le adscribe libertad y responsabilidad a las partes para la evacuación de esta prueba, permitiéndole escoger o seleccionar su perito, definir las cuestiones atinentes a este elemento de juicio y aportar el dictamen en la debida oportunidad procesal» (auto AC 1786-2017 de 22 de marzo de 2017, exp. 2017-00199-00).
9. Corolario de lo indicado, que de cara a las previsiones consagradas en el Código General del Proceso, para la concesión y trámite del recurso extraordinario de casación, no luce desacertada la decisión impugnada y, por ende, habrá de declararse bien denegado el impetrado por la señora María Luisa Riascos Velásquez.
DECISIÓN
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONSIDERAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por María Luisa Riascos Velásquez contra la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2017, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso atrás referenciado.
SEGUNDO.- Sin condena en costas del recurso de queja por no aparecer causadas.
TERCERO.- Devolver al tribunal de origen la presente actuación, para que forme parte del expediente respectivo.
Notifíquese
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada