LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador



AC2010-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-01277-00



       Bogotá D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil dieciocho (2018)



       Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Aguadas y Tercero de Familia de Pereira, para conocer del juicio de “declaración de existencia de unión marital de hecho y disolución de sociedad patrimonial de hecho por causa de muerte”, impulsado por Marta Deisy Loaisa Vélez frente a la menor Anny Xiomara Aguirre Mejía, en su condición de sucesora del presunto compañero permanente Wilson Aguirre Arias.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. Declarar la existencia de unión marital de hecho y la consiguiente sociedad patrimonial entre la actora y Wilson Aguirre Arias, del 15 de noviembre de 2008 hasta el 21 de noviembre de 2016.


       1.2. Causa petendi. En la primera de las mencionadas fechas la accionante y Wilson iniciaron una relación de hecho, la cual perduró hasta el 21 de noviembre de 2016, cuando éste falleció.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La libelista la dirigió a los jueces de familia de Pereira, respecto de los cuales radicó la competencia por el “(…) el domicilio común anterior de los compañeros permanentes y que aun conserva el actor”.


       1.4. En auto de 6 de abril pasado, el Juzgado Tercero de Familia de la mentada localidad, tras citar apartes de los numerales 1º y 2º del artículo 28 del Código General del Proceso, se declaró incompetente para conocer de la acción, pues al fungir como demandada una menor de edad, el llamado a conocer de la misma era el juez donde ésta se hallare domiciliada.


En esa virtud, remitió el expediente a los estrados de familia de Aguadas, domicilio actual de la descendiente del presunto compañero permanente.


1.5. Por pronunciamiento de 26 de abril de 2018, el Juzgado de Familia de esta última urbe, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, al observar:


“En el sub lite basta con dar una lectura a la demanda para verificar que la demandante promovió esta actuación ante el Juzgado 3º de Familia de Pereira, en virtud al domicilio común anterior (…). Lo expuesto es suficiente para desvirtuar la falta de competencia alegada (…) pues ante la elección de la demandante, sólo debía dar aplicación al inciso primero numeral 2º del artículo 28 del Código General del Proceso”.


Y adicionó:


“Ahora bien, el alegato referido a que el conocimiento de la demanda le corresponde a esta autoridad judicial en virtud a que la demandada es una menor de edad, no tiene ningún sustento legal ni fáctico.


“[Lo anterior] por cuanto en el inciso segundo numeral 2º del artículo 28 (…) el Legislador atribuyó el conocimiento de determinados asuntos al Juez (sic) del domicilio del niño, niña o adolescente, entre los que evidentemente no se encuentra la actuación que fue objeto de rechazo (…).


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


       2.1. Baste observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por la oficina judicial destinataria de la demanda, es decir, por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, carece de base.


2.2. El ordenamiento prevé diversos factores que permiten saber a quién corresponde tramitar cada asunto; uno, el territorial, como principio general señala que el proceso deberá adelantarse ante el funcionario con jurisdicción en el domicilio del demandado.


Empero, hay ocasiones en las cuales esa regla puede verse ligeramente alterada, cual acontece, verbi gratia, en la mayoría de los asuntos propios de la especialidad de familia.


       Es así como el numeral segundo del artículo 28 del Código General del Proceso prevé, para los pleitos de declaración de existencia de unión marital de hecho, a más de otros, que “(…) será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve”.


Por tanto, si lo mantiene, significará que su promotor tiene la opción de accionar ante este funcionario o ante el juez del domicilio del demandado. Si se desprendió de él, deberá optar por el fuero general.


       2.3. El libelo señala a Pereira como el último domicilio de la pareja y de la promotora. También expresa que el juez de familia de dicha localidad, a quien se dirige, es competente por corresponder esa ciudad al “(…) domicilio común anterior de los compañeros permanentes y que aún conserva el actor”.


       2.4. Como la pieza inicial permite deducir que la gestora conserva el domicilio común anterior, o sea el municipio de Pereira, y en vista de que opta por la regla prevista en el inciso 1º del numeral segundo aludido para fijar la competencia, es el funcionario de ese lugar el llamado a conocer.

2.5. Desde luego, los argumentos esgrimidos por el juzgador de Pereira para desatenderse del conocimiento de las diligencias, enarbolados sobre la supuesta aplicabilidad de las disposiciones contenidas en el inciso 2º del numeral 2º del referido artículo, no son de recibo.


Prevé la norma en cuestión:


“En los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel”.


El aludido precepto atribuye, se deduce de su simple lectura, la competencia exclusiva, al fallador del domicilio del menor, de conocer de los juicios que versen sobre los puntuales asuntos allí mismo referidos, en los cuales el menor integre ora el extremo activo bien el pasivo de la Litis.


Es evidente, ni el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho, ni la consecuente disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, se encuentran incluidos dentro del decálogo traído por esa regla, deduciéndose de ello la imposibilidad de subsumir la situación fáctica aquí ventilada dentro de la hipótesis establecida en esa norma.


2.6. Se asignará entonces el asunto al señalado servidor judicial, es decir, al Juzgado Tercero de Familia de Pereira.


3. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Tercero de Familia de Pereira es el competente para conocer del proceso en referencia. En consecuencia, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Civil del Circuito de Aguadas, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.


Notifíquese






LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador