LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente



AC2077-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-01334-00


       Bogotá D. C., cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018)



       Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo de Familia de Caucasia y Segundo de Familia de Oralidad de Montería, para conocer del proceso impulsado por Nicolasa Del Carmen Vaquero Corpas frente a Gabriel Enrique Montiel Torres.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. Declarar la existencia entre las partes de una unión marital de hecho y la consiguiente sociedad patrimonial.


       1.2. Causa petendi. El 10 de septiembre de 1980, la accionante y el demandado, iniciaron la convivencia marital, la cual perduró hasta 2003, cuando se separaron definitivamente.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La libelista la dirigió a los jueces de familia de Montería, respecto de los cuales radicó la competencia por “(…) la naturaleza del proceso [y] por el domicilio de las partes”, indicándose que éste se situaba en esa ciudad.


       1.4. En auto de 21 de marzo pasado, el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Montería se declaró incompetente para conocer, aduciendo que el domicilio del extremo resistente estaba ubicado en Caucasia.


En esa virtud, remitió el expediente a los estrados de familia de esa localidad.


1.5. Por pronunciamiento de 20 de abril de 2018, el Juzgado Promiscuo de Familia de esta última municipalidad, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, al observar:


“(…) Revisando la demanda, sus anexos y su contenido, por ningún lado observa este despacho, alguna prueba, indicio o manifestación que acredite que el último domicilio de la pareja haya sido el Municipio de Caucasia (…), antes por el contrario, (…) la parte demandante informa que el último domicilio fue Montería – Córdoba, domicilio que aún conserva la parte demandante”.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.




2. CONSIDERACIONES


       2.1. Baste observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Montería, carece de base.


2.2. No hay duda, en este caso, para determinar la competencia por el factor territorial se debe acudir al principio general sentado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuya letra "(…) en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado".


Tratándose de procesos del linaje del subéxamine, es preciso iterar, el ordenamiento adjetivo le adjudica al accionante la posibilidad de elegir ante cuál juez, si el del domicilio del demandado o aquél donde estuviere ubicado el último hogar marital, presenta su demanda.


Atendiendo a ello la promotora, haciendo uso de la facultad de opción concedida ex lege, optó por la primera de las alternativas atrás reseñadas, vale decir, por impetrar su acción ante los estrados judiciales del domicilio del demandado, en quienes radicó la competencia.


Por esa sencilla razón, la subsunción del subjúdice dentro de la hipótesis normativa prevista en el numeral 2º del citado artículo 28 del Estatuto Procesal resulta abiertamente improcedente, pues, se insiste, la competencia explícitamente se atribuyó por el lugar del “domicilio de las partes” y no por el “domicilio marital de hecho”.


2.3. Es indudable, el estrado de Montería asimiló indebidamente los conceptos de domicilio y dirección procesal de notificaciones para declararse incompetente, al ignorar que en el escrito genitor se indicó como domicilio del convocado esa ciudad.


La doctrina probable de esta Sala, en lo pertinente señala que uno y otro concepto responden a finalidades diferentes, siendo imposible


“(…) confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’” (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado recientemente en AC3888-2017, 20 Jun. 2017, rad. 2017-01282-00).


2.4. Colofón de lo trasuntado, se asignará el asunto al aludido funcionario.




3. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Montería es el competente para conocer de la acción de la referencia a donde se ordena remitirle las diligencias, comunicando lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado