AC2134-2018        

Radicación n° 05360-31-10-002-2014-00403-02


Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018).


Se decide lo pertinente respecto de la nulidad que invocan los recurrentes GABRIEL ANTONIO y MARCO AURELIO MEJÍA ARANGO,  al interior del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia dictada el 26 de octubre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario de nulidad de testamento que promovieron en contra de los legatarios CIUDAD DON BOSCO, JHON DARWIN RIOS BETANCUR y el albacea con tenencia de bienes MIGUEL ALBERTO MORENO QUIJANO.


  1. ANTECEDENTES


  1. Mediante auto de 4 de abril de 2018, se admitió el recurso de casación de la referencia, concediéndosele a los demandantes el término contemplado en el artículo 343 del Código General del Proceso, con el fin de que presentaran la correspondiente demanda de casación.


  1. Durante el referido término, el apoderado de los recurrentes solicita que se declare la nulidad de toda la actuación surtida en segunda instancia, argumentando que se llevó a cabo sin el expediente completo, pues el Juzgado de conocimiento, al conceder el recurso de alzada, no remitió algunas pruebas aportadas durante el juicio, obviando adjuntar cuatro carpetas con más de mil folios que fueron presentadas por el testigo Luis Felipe Mejía Solano «las cuales son consideradas por la parte actora como fundamentales para obtener la satisfacción de sus peticiones, al punto que fueron invocadas como uno de los soportes para lograr la revocatoria de la sentencia de segunda instancia».


Refiere que se ha incurrido en una nulidad por violación al debido proceso, pues el apelante tiene el más elemental derecho a que el juez de segunda instancia pueda tener acceso a todas las pruebas decretadas y aportadas en primera instancia, siendo que la prueba valorada para fundamentar la decisión de segunda instancia es «nula de pleno derecho al ser obtenida con violación al debido proceso», por no incluir la totalidad de las pruebas practicadas en primera instancia.


En subsidio pide que se remita el expediente nuevamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín «para que decrete la nulidad del trámite de la segunda instancia y dicte una nueva sentencia, con soporte en todo el caudal probatorio surtido en primera instancia»


Por último, peticiona que se oficie al Juzgado Segundo de Familia de Itagüí para que remita las cuatro carpetas que hacen parte del expediente.


  1. CONSIDERACIONES


  1. Como desarrollo de la garantía del debido proceso, elevado a rango constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, la legislación procesal civil ha regulado de manera detallada las causales de nulidad en que puede incurrirse en la tramitación total o parcial del proceso, con el fin de garantizar a las partes el ejercicio del derecho de defensa, contradicción, publicidad y, en general, el ajuste a las formas básicas propias de cada juicio.


  1. Es así como, este instituto de las «nulidades procesales», de origen legal, se rige por el postulado de la «taxatividad o especificidad»; es decir, que no se estructura la irregularidad capaz de anular el proceso, a menos de que se encuentre contemplada en los motivos consignados expresamente en el artículo 133 del Código General del Proceso, a los que se suma el consagrado en el último inciso del precepto 29 de la Carta Magna, según la cual es «nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».


  1. El inciso cuarto del artículo 135 ibídem establece que  «[e]l juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación».


La Corte en AC de 21 de marzo de 2012, rad. 2006-00492-00, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que guarda vigencia, dijo sobre el particular que


(…) al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del trámite, su ejercicio se encuentra delimitado por el interés que le asiste a su proponente, su contemplación expresa como causal de invalidación y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes. En ese sentido la Sala señaló que ‘[d]able es, por consiguiente, sostener que las nulidades procesales corresponden al remedio establecido por el legislador para que las partes y, en ciertos casos, los terceros, puedan conjurar los agravios irrogados a sus derechos por actuaciones cumplidas en el interior de un proceso judicial, instituto que, por ende, es restringido, razón por la que opera únicamente en los supuestos taxativamente determinados por la ley, y al que sólo pueden recurrir las personas directamente afectadas con el acto ilegítimo, siempre y cuando no lo hayan convalidado expresa o tácitamente’ (sentencia de 30 de noviembre de 2011, exp. 2000-00229-01)”.


  1. Ahora, si bien en este caso se alega la incursión de nulidad contemplada en el inciso final del artículo 29 Constitucional, resulta que no es suficiente la mera enunciación de la razón propuesta para tener por cumplido el presupuesto de especificidad, pues se requiere señalar la exposición razonada de los hechos en que se fundamenta, de tal manera que encajen dentro del motivo enunciado, sin que exista la posibilidad de que se invoquen por esta vía irregularidades procesales que no alcanzan a calificar como causal de nulidad, bajo una apariencia que no le corresponde.


Al respecto tiene dicho la Corporación en asunto que se encuentra vigente pese al cambio en la normatividad procesal, que


(…) la sustentación fáctica que con arreglo a los artículos 137 y 143, inciso 2º, ibídem, ha de exponerse en el escrito petitorio de nulidad, no es, y no lo podría ser, aquella que a bien tenga o quiera concebir el promotor del incidente o de la anulación solicitada sino, todo lo contrario, la que se acompase, compagine o conduzca a dibujar el motivo a cuyo amparo se ha promovido, esto es, que debe existir una directa correspondencia entre las circunstancias expuestas con la causal aducida, de tal manera que ésta resulte lógicamente explicada por aquéllas” (AC de 11 de febrero de 2009, rad. 1998-01042).


  1. En la presente oportunidad el argumento que soporta la causal de nulidad invocada, es decir, la de nulidad de la prueba, no se ciñe a los motivos que la soportan. Lo anterior, pues lo que alega el recurrente es que el juez de primera instancia no envió el expediente completo al momento de conceder el recurso de apelación, siendo que a su vez, el ad quem desató la segunda instancia sin el conocimiento completo de algunas pruebas documentales que no fueron oportunamente remitidas; pero ello, no comporta nulidad de la prueba ninguna. Dicho de otro modo, no tiene relación entre la causal y el soporte fáctico con el que pretende sustentarlo, de manera que no se cumple con el principio de especificidad atrás señalado.


Lo anterior no significa que tal irregularidad no tenga entidad, pues la misma podría comportar el soporte de un cargo casacional, como en efecto se alegó en la demanda de casación, cuestión que será analizada en su oportunidad procesal. Pero, de ninguna manera, comporta una causal de nulidad que conlleve a un pronunciamiento en tal sentido, de manera previa, para que el Tribunal rehaga la actuación presuntamente viciada, pues, se insiste, tal irregularidad no comporta causal de nulidad, aunque sí pueda tener otros efectos que serán objeto de estudio posterior, en caso de que se cumplan con los requisitos formales que permean la institución jurídica invocada por el recurrente.


  1. Ahora, previo a la calificación de la demanda de casación, se ordenará oficiar al Juzgado Segundo de Familia de Itaguí con el fin de que remitan, a la mayor brevedad posible, los cuadernos faltantes del expediente que conforma el presente proceso.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- RECHAZAR DE PLANO la nulidad planteada por los recurrentes Gabriel Antonio y Marco Aurelio Mejía Arango,  al interior del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia dictada el 26 de octubre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


SEGUNDO.- REQUERIR al Juzgado Segundo de Familia de Itagüí con el fin de que remitan, a la mayor brevedad posible, los cuadernos faltantes del expediente que conforma el presente proceso. Ofíciese por intermedio de la Secretaría de la Sala.


Obtenida la totalidad del expediente, ingrésese el proceso al Despacho para la calificación de la demanda de casación oportunamente presentada.


Notifíquese,



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado