AC2134-2018
Bogotá D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
Se decide lo pertinente respecto de la nulidad que invocan los recurrentes GABRIEL ANTONIO y MARCO AURELIO MEJÍA ARANGO, al interior del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia dictada el 26 de octubre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario de nulidad de testamento que promovieron en contra de los legatarios CIUDAD DON BOSCO, JHON DARWIN RIOS BETANCUR y el albacea con tenencia de bienes MIGUEL ALBERTO MORENO QUIJANO.
Refiere que se ha incurrido en una nulidad por violación al debido proceso, pues el apelante tiene el más elemental derecho a que el juez de segunda instancia pueda tener acceso a todas las pruebas decretadas y aportadas en primera instancia, siendo que la prueba valorada para fundamentar la decisión de segunda instancia es «nula de pleno derecho al ser obtenida con violación al debido proceso», por no incluir la totalidad de las pruebas practicadas en primera instancia.
En subsidio pide que se remita el expediente nuevamente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín «para que decrete la nulidad del trámite de la segunda instancia y dicte una nueva sentencia, con soporte en todo el caudal probatorio surtido en primera instancia»
Por último, peticiona que se oficie al Juzgado Segundo de Familia de Itagüí para que remita las cuatro carpetas que hacen parte del expediente.
La Corte en AC de 21 de marzo de 2012, rad. 2006-00492-00, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que guarda vigencia, dijo sobre el particular que
(…) al acudir a las nulidades procesales, como instrumentos encaminados a redireccionar el curso del proceso cuando ocurren ostensibles irregularidades dentro del trámite, su ejercicio se encuentra delimitado por el interés que le asiste a su proponente, su contemplación expresa como causal de invalidación y que el vicio no se haya superado por la anuencia de las partes. En ese sentido la Sala señaló que ‘[d]able es, por consiguiente, sostener que las nulidades procesales corresponden al remedio establecido por el legislador para que las partes y, en ciertos casos, los terceros, puedan conjurar los agravios irrogados a sus derechos por actuaciones cumplidas en el interior de un proceso judicial, instituto que, por ende, es restringido, razón por la que opera únicamente en los supuestos taxativamente determinados por la ley, y al que sólo pueden recurrir las personas directamente afectadas con el acto ilegítimo, siempre y cuando no lo hayan convalidado expresa o tácitamente’ (sentencia de 30 de noviembre de 2011, exp. 2000-00229-01)”.
Al respecto tiene dicho la Corporación en asunto que se encuentra vigente pese al cambio en la normatividad procesal, que
(…) la sustentación fáctica que con arreglo a los artículos 137 y 143, inciso 2º, ibídem, ha de exponerse en el escrito petitorio de nulidad, no es, y no lo podría ser, aquella que a bien tenga o quiera concebir el promotor del incidente o de la anulación solicitada sino, todo lo contrario, la que se acompase, compagine o conduzca a dibujar el motivo a cuyo amparo se ha promovido, esto es, que debe existir una directa correspondencia entre las circunstancias expuestas con la causal aducida, de tal manera que ésta resulte lógicamente explicada por aquéllas” (AC de 11 de febrero de 2009, rad. 1998-01042).
Lo anterior no significa que tal irregularidad no tenga entidad, pues la misma podría comportar el soporte de un cargo casacional, como en efecto se alegó en la demanda de casación, cuestión que será analizada en su oportunidad procesal. Pero, de ninguna manera, comporta una causal de nulidad que conlleve a un pronunciamiento en tal sentido, de manera previa, para que el Tribunal rehaga la actuación presuntamente viciada, pues, se insiste, tal irregularidad no comporta causal de nulidad, aunque sí pueda tener otros efectos que serán objeto de estudio posterior, en caso de que se cumplan con los requisitos formales que permean la institución jurídica invocada por el recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO.- RECHAZAR DE PLANO la nulidad planteada por los recurrentes Gabriel Antonio y Marco Aurelio Mejía Arango, al interior del trámite del recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia dictada el 26 de octubre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
SEGUNDO.- REQUERIR al Juzgado Segundo de Familia de Itagüí con el fin de que remitan, a la mayor brevedad posible, los cuadernos faltantes del expediente que conforma el presente proceso. Ofíciese por intermedio de la Secretaría de la Sala.
Obtenida la totalidad del expediente, ingrésese el proceso al Despacho para la calificación de la demanda de casación oportunamente presentada.
Magistrado