LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC2254-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-01377-00



       Bogotá D. C., cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018)


       Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Neiva y Cuarto Civil Municipal de Cartagena, para conocer del proceso ejecutivo promovido por Edwin Enrique Olascoaga Narváez frente a Virgilio Ausberto Blanco Padilla.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. El actor pidió librar orden de pago por $7.000.000, más sus respectivos intereses.


       1.2. Causa petendi. El accionado aceptó a favor del petente una letra de cambio, vencida desde el 20 de diciembre de 2015, e impaga a la fecha.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. El libelista lo dirigió a los jueces civiles municipales de Cartagena, respecto de los cuales radicó la competencia “(…) por la naturaleza del negocio, la calidad de las partes y la cuantía del título valor, y demás factores que lo integran para el efecto”, e identificó al demandado con domicilio en esa ciudad (fl. 5).


       1.4. En auto de 2 de febrero pasado (fl. 3), el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esta última urbe, se declaró incompetente para conocer de la acción, al observar que “(…) la parte demandante manifiesta en el libelo notificatorio (sic) que el demandado tiene su domicilio en el municipio Neiva-Huila (…)”.


1.5. Por pronunciamiento de 12 de abril siguiente de  (fls. 9-10), el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo a atenderlo, tras advertir que tanto el lugar del cumplimiento de las obligaciones dimanadas del título valor como el domicilio del demandado estaban ubicados en Cartagena.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


       2.1. Baste en realidad observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena, carece por completo de base.


2.2. Como lo ha adoctrinado esta Corte y lo ha teorizado la doctrina procesal nacional1 y extranjera2, la competencia “(…) es la facultad que tiene un juez o tribunal para ejercer, por autoridad de la ley, en determinado negocio la jurisdicción que corresponde a la República”3. O, dicho de otro modo, respecto de cada juez o tribunal, es la medida en que puede ejercerse la jurisdicción, pues en ella se actualiza y cristaliza.


Sabido es que para su determinación se ofrecen varios factores: el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de conexión y el territorial.


Éste último se define como el resultado de la división del país hecha por la ley en circunscripciones jurisdiccionales, de manera que dentro de los límites de su respectiva demarcación territorial pueda un órgano judicial ejercer la jurisdicción respecto de determinado asunto.


Vale decir, la circunscripción es la base especial de la competencia de los jueces que dentro de ella ejercen jurisdicción, con exclusión de quienes la desempeñan en otras zonas; empero, para determinar a cuál de los estrados de la misma categoría, existentes en las distintas regiones, debe corresponder el conocimiento de un negocio, o sea en cuál de las circunscripciones ha de situarse éste, será necesario, con arreglo al artículo 28 del Código General del Proceso, hacer esa fijación, bien por el domicilio del demandado, ya por la ubicación de las cosas, ora por cualquiera otra de las circunstancias señaladas en ese mismo precepto, según los casos; en otras palabras, siguiendo lo previsto doctrinalmente como “foros”.


2.3. Una de esas eventualidades es, precisamente, aquella situación que involucra la formación, la ejecución o la inobservancia de un negocio jurídico, donde también adquiere facultad para conocer, por el factor que se viene explicando, el juez del lugar de su cumplimiento, a voces del numeral 3 de la antelada disposición, además de aquél del domicilio del extremo resistente.


2.4. En este contexto, no se comprende cómo el estrado de Cartagena anduvo declarándose incompetente, si es que en el libelo se señaló (fls. 5-6), también se desprende de la letra de cambio base del cobro (fl. 3), sin ningún género de dudas por demás, que tanto el lugar en el cual habrían de hallar materialización las obligaciones allí incorporadas como el del domicilio del extremo pasivo fueron fijados en esa capital.


No son de recibo las razones esgrimidas por el mencionado sentenciador para desatenderse del conocimiento de las diligencias, pues domicilio y lugar de notificaciones son conceptos que responden a finalidades diferentes, siendo imposible


“(…) confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’” (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado recientemente en AC3888-2017, 20 Jun. 2017, rad. 2017-01282-00).


2.5. Se asignará el asunto al aludido funcionario.


3. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Cartagena es el competente para conocer del proceso en referencia. Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.


Notifíquese




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


1 GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, Julio. Institución Procesal Civil Colombiana. Comentarios al Código Judicial. Medellín. 1956. Págs. 44-45;  PARDO, J. Antonio. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Medellín. 1967. Págs. 94-96; MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Parte General. Bogotá. 1978. Págs. 32 y ss.

2 Cfr. TARUFFO, Michelle/CARPI, Federico/COLESANTI, Vittorio. Commentario Breve al Codice di Procedura Civile. Padua. 1984. Págs. 7; COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires-Montevideo. 2010. Pág. 174; GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Introducción y Parte General. Madrid. 1968. Págs. 126 y ss.

3 CSJ SC del 24 de julio de 1964. Ver también: CSJ SSC del 6 de octubre de 1981, del 26 de junio de 2003 y del 4 de noviembre de 2009, entre muchísimas más.