AC2256-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01394-00
Bogotá, D. C., cinco (05) de junio de dos mil dieciocho (2018).-
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal Guadalupe y Veinticinco Civil Municipal de oralidad de Medellín, pertenecientes a los Distritos Judiciales de Antioquia y Medellín, respectivamente, para conocer del proceso verbal de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica incoado por la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP –ISA- frente a MARIA DEL CARMEN OCHOA RODRIGUEZ y otros.
I. ANTECEDENTES
1. La sociedad Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P formuló demanda contra Maria del Carmen Ochoa Rodríguez y otros sujetos, para que se impusiera a su favor una servidumbre legal de conducción de energía eléctrica, sobre el predio denominado «El Morrito», ubicado en la vereda “El Morro” o “El Morrito”, jurisdicción del municipio de Guadalupe, Departamento de Antioquia, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 025-976 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Osos.
2. La demanda fue presentada ante los jueces del lugar del domicilio de la entidad demandante; es decir, en la ciudad de Medellín, atendiendo a que, por ser una entidad pública, el factor de competencia en consideración a la calidad las partes, prevalecía sobre aquél que se definía por el del lugar dónde estuvieren ubicados los bienes. Lo anterior, de conformidad con el numeral 10 del artículo 28 en concordancia con el artículo 29 del Código General del Proceso.
3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Oralidad de la ciudad de Medellín, despacho que mediante auto del 24 de abril de 2018, rechazó la demanda, tras considerar que de acuerdo al numeral 7º del artículo 28 de la norma citada, como el asunto era una imposición de servidumbre, el conocimiento debía asumirlo de manera privativa el fallador del lugar donde se encuentra ubicado el bien.
4. El Juzgado Promiscuo Municipal de Guadalupe, mediante auto del 07 de mayo de 2018, también rehusó el conocimiento del asunto, argumentando que el proceso debió ser asumido por el juzgador de Medellín a quien le correspondió el reparto inicial, por cuanto se debe dar aplicación a la regla de competencia prevalente establecida en el artículo 29 del Código General del Proceso, en consideración a que, la demanda de la que se pretende la imposición de servidumbre fue incoada por una entidad pública.
II. CONSIDERACIONES
1. La colisión corresponde dirimirla a esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por involucrar a dos autoridades pertenecientes a diferentes distritos judiciales, según lo establecen los artículos 139 del Código General del Proceso, y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, razón por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resolución con fundamento en las disposiciones del Código General del Proceso, en particular las contenidas en el Capítulo I, Título I, Sección Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas.
3. De conformidad con el numeral 7º del artículo 28 del Código General del Proceso «en los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza… será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante». (Negrilla fuera del texto original).
No obstante, el numeral 10 de la misma norma, indica que «en los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad… Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas».
Ahora bien, es menester precisar que el estatuto procesal asignó en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en razón de un fuero o foro real «por lugar donde estén ubicados los bienes» y el segundo a la calidad del sujeto «por domicilio de la entidad».
En cuanto a la competencia privativa o competencia única como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicción ordinaria solo uno de ellos puede conocer válidamente del asunto y llevarlo a feliz término, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepción a la regla general para determinar la competencia por razón del territorio, esto es el domicilio del demandado.
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisión de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atención de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley como fuente del derecho la que señala cuál de los dos prevalece, pues el artículo 29 ejusdem, preceptúa que «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor.
De ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; y, donde una entidad pública sea parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que, la ley determina que es el fuero personal el que prevalece.
3. Así las cosas, en el caso analizado, que versa sobre la imposición de una servidumbre, en el que la parte demandante es una entidad pública, esto es la Interconexión Eléctrica S.A E.S.P, es claro que opera el fuero personal de ésta, por ser prevalente, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 29 del estatuto procesal referido, sin que pueda aplicarse el foro real.
En ese orden de ideas, no acertó la Juez Municipal de Medellín, a quien se le repartió el proceso, al desprenderse de su competencia, pues en este caso no es posible acudir a otro funcionario judicial diferente, ni siquiera por el lugar dónde esté ubicado el inmueble.
4. Por tales razones y en virtud de lo reglado en el ordinal 10° del artículo 28 aludido y en concordancia con el artículo 29 ibídem, se asignará la competencia para seguir con el trámite, al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de oralidad de Medellín y se pondrá al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: Dirimir el conflicto suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal Guadalupe y Veinticinco Civil Municipal de oralidad de Medellín, señalando que a este último le corresponde conocer la demanda verbal de imposición de servidumbre de conducción de energía eléctrica incoada por la sociedad INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ESP –ISA- frente a MARIA DEL CARMEN OCHOA RODRIGUEZ y otros.
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Promiscuo Municipal de Santa fe de Antioquia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Magistrado