AC2303-2018

Radicación nº 11001-02-03-000-2018-00667-00


Bogotá D.C., siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018).


Dentro del término concedido, la recurrente presenta memorial de subsanación, en procura de atender a lo dispuesto en el auto del pasado 25 de abril de 2018, de inadmisión de la demanda de revisión, correspondiéndole a la Sala determinar su admisibilidad, previo estudio de si hay lugar a declarar la caducidad del derecho a formular la impugnación extraordinaria.


CONSIDERACIONES


1. Se pretende por medio del recurso de revisión examinado que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el proceso de separación de bienes con radicación No. 2367, seguido ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, promovido por José María Otálora Mesa contra Blanca Inés Ayala Fajardo.


2. En dicho proceso se dictó sentencia de primera instancia en fecha 22 de enero de 1990,  estimatoria de las pretensiones del actor, y se ordenó el grado jurisdiccional de consulta, misma que fue desatada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en providencia adiada 6 de agosto de 1990.


3. Reitera el recurrente que la interposición del recurso de revisión es tempestiva en cuanto que, por haber invocado la causal 7ª del artículo 355 del Código General del Proceso, el plazo para contar el término de caducidad corresponde a la fecha de inscripción en el Registro Civil de Matrimonio de la sentencia de 22 de enero de 1990, lo cual ocurrió el 8 de junio de 2016, y la demanda de revisión fue presentada el día 22 de febrero de 2018, no habiendo trascurrido los dos años desde la fecha de inscripción, afirmación que la soporta en el inciso 2º del artículo 356, ibídem.


4. De conformidad con el artículo 356 del CGP, por vía general, el recurso de reposición debe promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque algunas de las causales consagradas en los numerales 1º, 6º, 8º y 9 del artículo 355.


Empero, cuando se trata de la causal prevista en el numeral 7º del mencionado artículo, los dos años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, como límite máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzaran a correr a partir de la fecha de inscripción.


5. Respecto a los plazos de caducidad aplicables a esta causal, la Corte tiene consolidada una línea jurisprudencial en el sentido que:


“como sucede en las demás causales, también en la séptima el término para recurrir es de dos años; la diferencia estriba, entonces, en el momento en que esos dos años comienzan a correr, porque no será a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la regla general, sino que se contarán, ya a partir de cuándo la parte perjudicada o su representante haya tenido conocimiento de la decisión, ora a partir de la fecha de registro, si la sentencia es de aquellas que deben inscribirse en un registro público; pero para deducir la oportunidad de la impugnación extraordinaria, no basta con tener en cuenta aquellos términos, sino también el plazo máximo fijado en la misma ley, que no puede ser superior a los cinco años contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, como así se desprende de una visión integral del artículo 381 en comento [hoy 355 del CGP]”. (Auto de 2 de agosto de 1995 citado en auto 243 de 16 de octubre de 1998).


Por consiguiente, el término máximo de cinco años de que trata el precepto mencionado, se computa siempre desde la ejecutoria de la sentencia recurrida, vencido el cual contra dicha providencia no cabe recurso alguno, independientemente de su registro o de la época en la que el interesado la hubiese conocido (auto 16 de julio de 2001, exp.7403; auto12 de octubre de 2001, exp. 2001-0146-01; auto 16 de noviembre de 2001, exp. 2001-0146-01; auto 9 de mayo de 2003, exp.2002-00238-01).


En otra oportunidad, la Sala precisó que “el binomio aflora con el conocimiento real o presunto; lo primero que acontezca. Pero cualquiera que sea la hipótesis, jamás podrán pasar más de cinco años desde el momento de la ejecutoria del respectivo fallo” (auto 10 de octubre de 2006, en el cual se cita el auto de 11 de julio de 2005, exp.00615-00; reiterado en auto 24 de septiembre de 2012, exp. 2009-01875-00).


6. Por consiguientes, aplicado el desarrollo consistente de la jurisprudencia de esta Corporación en cuanto a la interpretación de los plazos de caducidad en el evento que se invoque la causal 7ª del artículo 355 del CGP, refulge, prima facie, que se configuró la caducidad para impetrar el recurso de revisión en el entendido que la sentencia dictada en el proceso de separación de bienes de 22 de enero de 1990, la cual fue consultada, grado jurisdiccional resuelto en sentencia de 6 de agosto de 1990, confirmatoria del fallo de primera instancia, quedó ejecutoriada para esa época; mientras que la demanda de revisión se promovió el 22 de febrero de 2018, habiendo trascurrido más de los cinco (5) años, que es el límite máximo, que siempre se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia recurrida.


7. Vista así las cosas, feneció el plazo máximo de que gozaba la recurrente para impetrar el recurso extraordinario de revisión, precluyendo la oportunidad para el ejercicio del derecho de accionar.


Sobre el particular, esta Corte ha dicho: “[n]o ofrece duda que cuando se trata de un término perentorio que la ley señala para el ejercicio de una facultad o derecho, como el indicado para formular el recurso de revisión, vencido el plazo sin que el interesado interponga el mencionado recurso se produce, por ministerio de la ley, la caducidad del derecho a formularlo…” (Casación Civil 19 de noviembre de 1976. Tomo CLII pág. 505, mencionada en Auto de 14-X-94,G.J. - CCXXXI, pág. 701, reiterada en auto 16 de noviembre de 2001).


8. Se resalta que la Corte solamente tiene competencia funcional para conocer de los recursos de revisión que no estén atribuidos a los tribunales superiores (Núm. 3º, artículo 30 del CGP), y la ejecutoria de la sentencia de primera instancia devino como consecuencia de haberse surtido la consulta, en vigencia del Código de Procedimiento Civil; luego, es la sentencia del Tribunal de fecha 6 de agosto de 1990, la que es pasible del recurso de revisión cuyo conocimiento le corresponde a esta Corporación, ya que, mientras no se surtiera la consulta, el fallo de primera instancia no alcanza su ejecutoria. 


9. En definitiva, como la caducidad que emerge en este particular caso se traduce en el rechazo de la demanda, ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 358 del Código general del proceso, que puntualmente, expresa: «sin más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal».   


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE:


PRIMERO: RECHAZAR la demanda de revisión impetrado contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 6 de agosto de 1990.


Por secretaría, devuélvase los anexos sin necesidad de desglose.



Notifíquese.




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada