AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente


AC2339-2018

Radicación n.° 25286-31-10-001-2016-00964-01

(Aprobado en sesión de 4 de abril de dos mil dieciocho)


Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018).



Decídese sobre la admisión del escrito que sustenta el recurso de casación interpuesto por Néstor Alfredo Castillo Arenales, frente a la sentencia de 4 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil-Familia, en el proceso que en su contra promovió Luz Edilma Bernal Quintero.


ANTECEDENTES


1. Al tenor de la demanda, la promotora solicito se declarara la existencia y disolución de la sociedad patrimonial formada con el accionado, desde el 10 de febrero de 2008, hasta el día en que se profiera fallo, o respecto de las fechas que se prueben en el proceso.


       2. En compendio (folios 1 a 6 del cuaderno 1), las pretensiones se sustentaron en las siguientes manifestaciones:


2.1. Las partes tuvieron una unión marital por ocho (8) años, la cual se vio truncada por la violencia familiar de la cual fue víctima la demandante.


2.2. En el Juzgado 6° de Familia de Bogotá se promovió un proceso de cancelación de patrimonio de familia, en el que de manera temeraria se pidió citar a Luz Edilma Bernal Quintero a un lugar diferente al de su residencia.


2.3. Si bien la actora reportó múltiples direcciones ante varios organismos estatales, con esto pretendió viabilizar su afiliación al régimen subsidiado de salud y obtener auxilios de sostenimiento.


2.4. En vigencia de la unión se adquirió un predio ubicado en el municipio de Mosquera, afectado por patrimonio de familia.


3. Enterado el demandado del proceso formuló la excepción de mérito que denominó «prescripción de la acción tendiente a obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial» (folios 104 a 112 ibidem).


4. La primera instancia culminó con sentencia de 17 de mayo de 2017, en la que se desestimó la defensa propuesta y se declaró la existencia de la unión marital entre el 10 de febrero de 2008 y el 17 de mayo de 2017, con la consecuente sociedad de bienes (folios 203 a 205 idem).


5. Esa determinación fue confirmada por el superior al resolver la apelación interpuesta por el accionado (folios 11 a 13 del cuaderno Tribunal), en razón de la acreditación de la comunidad de vida, sin que los problemas experimentados a partir del año 2012 la extinguiera, porque las partes siguieron compartiendo la misma vivienda y podían retornar a ella libremente, como lo hizo la actora en el año 2017.


Consideró que era escaso el material probatorio relativo a la data de la extinción de la unión, porque se reducía a la declaración de las partes y dos (2) grupos de testigos; empero, encontró que eran más creíble los de cargo por corresponder a vecinas, con una cercanía a las partes y ser armónicas con el dicho del demandado; diferente a los de descargo, que eran amigos esporádicos y no dieron cuenta de las vicisitudes de la relación, como la violencia intrafamiliar.


Desestimó que la pernoctación de los compañeros en habitaciones diferentes pusiera fin al vínculo marital, ya que esta situación se originó en las agresiones del demandado y no condujo a la cesación de la cohabitación en el mismo inmueble, lo que permite presumir que continuaron compartiendo sus actividades.


Señaló que el término de prescripción para el ejercicio de la acción patrimonial debe contarse desde la separación definitiva de los compañeros, lo que no se materializa mientras compartan igual morada, a pesar de las desavenencias que experimenten, razón para desestimar su configuración en el sub lite.


6. Se concedió el recurso de casación interpuesto por el convocado y se sustentó en la oportunidad debida (folios 34 a 47 del cuaderno Corte), el cual contiene tres (3) cargos, los cuales serán inadmitidos por deficiencias técnicas en su formulación.


CARGO PRIMERO


       Con apoyo en el motivo inicial de casación se alegó la vulneración directa de los artículos 1, 2, 8 de la ley 54 de 1990, 13, 58 de la Constitución Política y 174 del Código General del Proceso, y el preámbulo de aquella, por cuanto el Tribunal incurrió en un yerro hermenéutico al concluir que vivir en una misma dirección, pero en pisos separados y al margen de la intención, constituye convivencia de pareja.


Arguyó que la voluntad es inherente a la comunidad de vida, por lo que una vez feneció debió declararse el cese de la cohabitación, so pena de transgredir las normas que gobiernan el caso.


CONSIDERACIONES

1. El numeral 3 del artículo 344 del Código General del Proceso prescribe que la demanda de casación debe contener «[l]a formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara, precisa y completa».


1.1. La claridad es una carga impuesta al promotor para que señale y explique, con la mayor perspicuidad, los supuestos de hecho o de derecho de los ataques enarbolados, de suerte que se vislumbre el desacierto de una forma evidente, sin que sea dable acudir a enunciaciones generales, formulaciones abstractas, ambigüedades o vacíos que hagan ininteligibles los reproches.


La Corte ha manifestado que:


[S]in distinción de la razón invocada, deben plantearse las acusaciones mediante un relato concatenado y claro, de tal manera que de su desprevenida revisión emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando en virtud del principio dispositivo que gobierna el recurso, no puede la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes en este aspecto (AC2194, 30 ab. 2014, rad. n.° 2007-00175-01).


1.2. Tratándose de la vulneración de normas de derecho sustancial, resulta insuficiente que el opugnante haga un listado de las que fueron supuestamente desatendidas, sino que debe hacer un análisis de cada una de ellas para develar cómo la sentencia de segundo grado las vulneró, así como su relevancia para la resolución del litigio.


Es suma, «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, rad. n.° 2006-00119-01).


De no satisfacerse esta carga el ataque está condenado al fracaso, pues tal deficiencia no puede ser corregida por esta Corte, en aplicación del principio dispositivo que rige el instrumento excepcional.


1.3. Lo anterior fue lo que sucedió en el cargo bajo estudio, en tanto el promotor, al formular la acusación inicial, citó como conculcados tres (3) cánones de la ley 54 de 1990, dos (2) de la Constitución Política, y uno (1) del Código de Procedimiento Civil, junto al preámbulo constitucional, sin analizar su linaje, ni explicar la forma en que fueron desatendidos.


En efecto, se invocaron como inobservados los mandatos que norman la definición de unión marital de hecho, la presunción de sociedad patrimonial, el término para promover las acciones para obtener la disolución y liquidación de ésta, las garantías de la libertad, la igualdad, la propiedad privada, la fórmula del estado social de derecho, los fines del estado y las reglas que gobiernan las pruebas trasladadas, sin que el interesado precisara el yerro que, en concreto, cometió el juzgado de segundo grado, ni especificar su relevancia para el caso.


Y es que frente a ninguno de los mandatos se dilucidó si el cuestionamiento tenía como eje la interpretación errónea, la aplicación indebida o la falta de consideración, menos aún su relación o vínculo con lo resuelto en la apelación.


Por consiguiente, la enumeración de las normas sustanciales no pasó de ser una mención, sin ningún tipo de reflexión, que impide a esta Corporación admitir el cargo a examen por falta de claridad.


2. Aunado a lo expuesto, se advierte que el embiste, a pesar de proponerse por la vía recta, formuló un alegato por violación de normas probatorias y descendió al análisis fáctico de la controversia, incurriendo en una mixtura proscrita en casación.


2.1. Recuérdese el transcrito artículo 344 de la actual codificación procesal, que ordena que los embistes deben formularse «por separado», excluyéndose por esta vía cualquier forma de mezcla, imbricación o hibridismo, en otras razones, porque cada causal, vía o error, cuestiona aspectos particulares del proveído, siendo incompatibles entre sí.


Esta Corporación, en palabras que conservan vigor, ha manifestado que:


Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser autónomos e individuales, lo que igualmente se infiere del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n.° 2007-00145-01).


En concreto, cuando se endilga un yerro por el camino recto, «el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria» (literal a. del numeral 2 del citado artículo 344). El debate, en esta hipótesis, debe confinarse a aspectos eminentemente jurídicos relativos a la norma que gobierna el caso y su correcta hermenéutica, sin que sea posible transitar hacia los hechos o las ritualidades probatorias, los cuales resultan incuestionables por esta vía.


Dicho con otras palabras, el ataque debe hacerse con «abstracción… de los elementos fácticos y probatorios debatidos en el proceso y con sujeción a lo que el Tribunal en este campo concluyó, centrándose el censor en demostrar en el plano estrictamente jurídico la aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación errónea de normas sustanciales» (CSJ, AC2886, 9 may. 2017, rad. n.° 2003-00103-01. En el mismo sentido AC967, 21 feb. 2017, rad. n.° 2007-00302-01; reitera AC, 21 feb. 2012, rad. n.° 2008-00322-01).


2.2. En desatención de lo expuesto, el casacionista perdió de vista la senda que escogió para denunciar la sentencia, pues se apartó del contenido e interpretación de las normas sustanciales aplicables al caso y alegó la existencia de un error de hecho y la transgresión de mandatos probatorios, sin advertir que estos últimos debían apoyarse en otras causales.


En efecto, al formularse el embate expresó que «basada en la causal primera de casación… acuso la sentencia proferida por el Tribunal [de] violar directamente por error de hecho los artículos… 174 del Código General del Proceso» (negrilla fuera de texto, folio 41 del cuaderno Corte), lo que evidencia que al mismo tiempo refirió la vía directa, la existencia de yerros fácticos y un dislate de derecho.


Celaje que no se disipa al escudriñar los fundamentos de la acusación, pues en lugar de centrarse en la revisión de las normas materiales requeridas para desatar la controversia, reprochó al Tribunal que no tuviera en cuenta la intención de los compañeros de vivir en pisos diferentes de la misma casa, con lo cual descendió a los hechos del caso y desdijo de la causal utilizada para atacar la providencia.


Por tanto, para soportar el yerro recto, se acudió a una crítica probatoria, aspecto que es propio de otra causal, por lo que incurrió en una mezcla que nubla aún más el embistes.


3. En consecuencia, se rechazará el estudio del cargo inicial.


CARGO SEGUNDO

Al amparo de la causal tercera se aseguró que la sentencia no estuvo en consonancia con las pretensiones de la demanda y violó directamente los artículos 1, 2 de la ley 54 de 1990, 13 y 29 de la Constitución Política y 82 (numeral 4) del Código General del Proceso, así como el preámbulo de aquélla.


       Sostuvo que en las pretensiones se pidió declarar la existencia y disolución de la sociedad patrimonial, sin reflexionar que, conforme al artículo 2 de la ley 54 de 1990, ésta sólo se presume en el caso que hubiera una unión marital. «Por lo tanto, al no haberse solicitado dicha declaración con la demanda y haber sido declarada, se viola el debido proceso» y el artículo 82 de la citada codificación (folios 42 y 43 del cuaderno Corte).


CONSIDERACIONES

1. Recuérdese que, según el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso, los cargos deben formularse por separado, lo que excluye la posibilidad de fusionar en uno de ellos las diversas causales, vías o errores.


Se consagró, entonces, una autonomía entre los diversos motivos de casación, por cuanto son «disímiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro se cometió, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto» (CSJ, AC1555, 13 mar. 2017, rad. n.° 2011-00195-01, reitera AC6487 de 2016, rad. n.° 2009-00244-01).


2. En desatención de esta regla, en el cargo bajo estudio se alegaron defectos procesales (in procedendo) y sustanciales (in judicando), en una mezcla prohibida para el remedio excepcional.


Esto se advierte desde la misma enunciación de la censura, porque se apoyó «en la causal tercera de casación… por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda», pero al unísono se acusó «la sentencia proferida por el Tribunal al violar directamente el artículo 1 y 2 literal a de la Ley 54 de 1990… el preámbulo y los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional y el numeral 4 del artículo 82 del C.G. del P.» (folio 42 del cuaderno Corte).


Igual sucedió al desarrollar la crítica, porque el defecto por falta de congruencia se soportó en la interpretación de los artículos 2 de la ley 54 de 1990 y 82 del actual estatuto procesal.


Significa que al mismo tiempo se arguyó la falta de armonía entre las pretensiones del escrito inicial y la sentencia, la violación de disposiciones materiales y probatorias,  sin tener en cuenta que estos últimos aspectos debían argüirse por el camino directo y el indirecto, respectivamente, de forma autónoma al tema de la incongruencia.


Tal hibridismo constituye una infracción a la técnica de casación, que lleva a rehusar el análisis del ataque.


3. En adición, se advierte que en el reproche se invocó un medio nuevo, en una deficiencia adicional.


3.1. Estos medios son alegaciones que, por primera vez, son traídas al debate judicial en el curso del remedio extraordinario; huelga decirlo, asuntos ajenos a los debates de instancia, que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisión recurrida (SC, 16 jul. 1965, G.J. n.° 2278-2279, p. 106), siendo inadmisibles por atentar contra el derecho de defensa de la parte opositora y develar un ataque desenfocado.


Este órgano de cierre tiene dicho:


Si el objeto de estudio en casación es la sentencia –como thema decissum, resulta exótico y no se acompasa con la finalidad de este recurso deducir en él nuevas pretensiones, o las mismas aducidas inicialmente pero apoyadas en hechos contrarios o diferentes…


De ahí que la doctrina y la jurisprudencia tienen dicho, desde vieja data, que es improcedente formular en casación cargos con apoyo en cuestiones o medios nuevos; o sea, en aspectos fácticos que por no haberse planteado ni alegado en ninguna de las instancias del proceso, o por ser contrarios a los que allí se debatieron, fueron desconocidos por el sentenciador de instancia, y que, por consiguiente, sólo buscan que el litigio se solucione mediante el estudio por la Corte Suprema de extremos absolutamente distintos a los que fueron base de la demanda y su contestación (SC, 19 en. 1982, no publicada).


De allí que la actual codificación, de forma expresa, en su artículo 346 dispusiera que «[l]a demanda de casación será inadmisible… cuando… se planteen cuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocadas en las instancias», sin restringir su campo de aplicación a una causal específica o excluir alguna de ellas.

Con esto no sólo se observa el carácter excepcional del remedio, sino también los derechos de defensa y contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse sorprendidos con razonamientos que no tuvieron la oportunidad de controvertir y frente a los cuales carecieron de la posibilidad de hacer pedidos probatorios.


3.2. En contravía, el demandado propuso un novísimo argumento, relativo a la imposibilidad de declarar la comunidad de vida formada entre las partes por no haberse incluido expresamente tal súplica en la demanda, sin tener en la cuenta que este aspecto nunca se planteó en los grados jurisdiccionales, ni fue objeto de discusión entre las partes.


Dijo expresamente que «[a]l no solicitarse o pretenderse la declaración de la unión marital de hecho, y haberse declarado, es claro que el fallo del tribunal no está en consonancia con las pretensiones de la demanda» (folio 43 del cuaderno Corte).


Este planteamiento está árido de debate en la foliatura, pues no fue blandido en ninguna de las instancias. Por el contrario, en la contestación, los alegatos de conclusión, la formulación de los reparos concretos contra la sentencia inicial y los argumentos en la apelación, se admitió la existencia de la unión pero acotada en sus extremos temporales.


De este modo, al responder las pretensiones del libelo inicial, el demandado expresamente declaró: «No me opongo a la circunstancia de que haya existido una Unión Material de Hecho, desde el 10 de febrero de 2008» (folio 104 del cuaderno 1).


A su vez, en la audiencia de instrucción y juzgamiento, refiriéndose a la comunidad de vida, dijo que «existió sí… claro que sí existió y nosotros no lo estamos negando» (CD folio 207, minuto 01:14:53 a 01:14:52).


Más aún, después de que el a quo manifestara que en la demanda se solicitó «que previo el trámite formal correspondiente, se declare la unión marital de hecho con su demandado… y como consecuencia de ello la declaración de existencia de una sociedad patrimonial» (CD folio 208, minuto 01:35 a 02:15), a lo cual accedió (idem, minuto 33:48 y siguientes), el convocado no se opuso, sino que, por el contrario repitió que «nosotros nunca hemos negado que existió una relación marital, siempre lo hemos dicho» (ibidem, minuto 43:54 a 43:57)


Reconocimiento que retomó en la audiencia de sustentación y fallo en segunda instancia, al señalar que «nosotros nunca hemos negado que haya existido una unión marital, siempre la reconocimos» (CD 2016-00964-01, minuto 04:12 a 04:17).


En este orden, es claro que en el litigio se analizaron los aspectos relativos a la vida común de las partes y sus efectos patrimoniales, por lo que no puede cohonestarse que ahora, de forma sorpresiva, se alegue que el primero de los aspectos no podía ser objeto de decisión, so pena de faltar a la lealtad procesal y desatender el debido proceso de la demandante.


Esta falencia, unida a la que previamente se explicó, llevará al rechazo del segundo cargo.


CARGO TERCERO


Se criticó la violación indirecta de los artículos 1, 2 y 8 de la ley 54 de 1990, por errores de valoración probatoria respecto a la fecha en que se produjo la separación definitiva.


Censuró la pretermisión de las siguientes probanzas: (i) informe de la trabajadora social de la comisaría de familia, que relató una comunicación distante y conflictiva entre la pareja; (ii) manifestación de la psicóloga que relató haber sido informada de que las partes duermen en cuartos diferentes y no se dirigen la palabra; (iii) poder dirigido al Juez sexto de Familia de Bogotá, donde se dijo que la demandante era vecina de esta ciudad; (iv) autorización de servicios médicos de 29 de septiembre y 28 de diciembre de 2016, que incluyen una dirección de residencia diferente a la del demandado; (v) certificado de residencia de 30 de julio de 2014, que señala una locación de la demandante disímil a la del accionado; (vi) certificado de residencia de 7 de abril de 2015, en el que aparece una nueva dirección; e (vii) interrogatorio del demandado, que niega cualquier vínculo después de 2014.


Respecto a los testimonios valorados por el ad quem resaltó que (i) Myriam Moreno permitió a la demandante que se quedara en su casa por unos días y no supo decir en qué consistió la violencia intrafamiliar, ni la presenció; (ii) Blanca Cecilia Londoño no sabe dónde adquirieron la casa y se contradice respecto al laborío del demandado; (iii) Irene Herrera Medina jamás manifestó visitar a los compañeros o verlos interactuar como pareja; (iv) Héctor Hernando Solano reconoció que después de 2014 no volvió a ver a la demandante en la casa ubicada en el municipio de Mosquera; y (v) Ernesto Orjuela relató que visitó el inmueble en variadas ocasiones sin que la actora estuviera presente. Sostuvo que las primeras declaraciones no prueban la convivencia después del año 2014, mientras que las últimas la desmienten, las cuales son consistentes sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar.


Consideró que los testimonios traídos por la actora son difusos, incoherentes e imprecisos, siendo una repetición de un relato, por lo que debieron valorarse los dos (2) practicados a solicitud del accionado.






CONSIDERACIONES


       1. Rememórese que la claridad impone al promotor, en tratándose de las causales primera y segunda de casación, la carga de explicar y justificar la forma en que se vulneraron las normas de derecho sustancial aplicables al caso, sin que sea suficiente la realización de un listado de las mismas.


Y es que, según la jurisprudencia sobre la materia, «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CSJ, AC7705, 11 nov. 2016, rad. n.° 2012-00367-01).


En oposición, el impugnante se circunscribió a citar los artículos 1, 2 y 8 de la ley 54 de 1990, relativos al concepto de unión marital de hecho, los casos en que se conforma sociedad patrimonial, y el término para proponer las acciones para obtener la disolución y liquidación, sin explicar cómo los errores de valoración probatoria condujeron a su quebrantamiento y su relevancia para la decisión final.


Significa que el embiste faltó a la perspicuidad que le era exigible, lo que impide su estudio de fondo.


2. Además, según las voces del inciso 2° del literal a) del numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso, cuando se acude al error de hecho corresponde al censor indicar con precisión y claridad «en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae», así como «demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia».


       Y es que las pifias fácticas sólo pueden dar lugar a la casación en la medida en que se demuestre que el funcionario judicial se alejó de forma ostensible de la realidad objetiva de las pruebas, por arribar a conclusiones contraevidentes o carentes de cualquier fundamentación; de lo contrario, «son los jueces de primer y segundo grado los llamados a valorar el material suasorio incorporado a la actuación, por lo que sus decisiones están revestidas por una presunción de acierto», la que, recálquese, «sólo podrá ser desvirtuada ante defectos garrafales y conclusiones contrarias a la realidad, a condición que su configuración no admita dubitación alguna» (SC17173, 23 oct. 2017, rad. n.° 2009-00260-01).


Existe, entonces, una soberanía del ad quem en la hermenéutica probatoria, que impide su reapertura a través del remedio de la casación para plantear hipótesis alternas o proponer relecturas del sustrato fáctico del caso, que sólo se «puede infirmar… si el recurrente demuestra errores manifiestos, evidentes, en la apreciación de tales medios de convicción» (SC, 30 may. 1995, exp. n.° 4148).

Sin embargo, en la censura bajo análisis, el interesado no evidenció una equivocación absurda, irreal o injustificada del ad quem, que configurara un dislate, sino que hizo nueva estimación del acervo probatorio para demeritar las conclusiones del fallo y proponer una hermenéutica favorable a sus intereses.


Así, citó varias pruebas y extrajo conclusiones favorables a sus súplicas, como si la casación fuera la oportunidad para retomar las alegaciones de instancia, dejando de lado la razón de ser del yerro fáctico, como es la demostración de una conclusión contraevidente por parte del Tribunal, la cual tiene que develarse por medio de una comparación entre la materialidad objetiva de las pruebas y las conclusiones del fallo, la cual se echa de menos.


       Sobre el punto ha dicho la Sala que:


[P]or mandato del artículo 374 del estatuto procesal, la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; empero, ‘esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley’ (…) Es claro que la censura se limitó a efectuar un análisis que la condujo a aseverar que el sentenciador incurrió en desaciertos en su labor de valoración de la prueba testimonial y documental, lo que en materia de casación no resulta suficiente para infirmar el fallo atacado, pues, como en forma reiterada se ha sostenido por esta Corporación, no puede confundirse el error de hecho con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre apreciación que se efectúa de los elementos de persuasión que obran en el proceso. Así, resulta ostensible que por la propia naturaleza de la función jurisdiccional, el fallador goza de plena autonomía en la apreciación probatoria, sin que ella llegue a comportar arbitrariedad alguna, de manera que sólo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la causal de casación que por esta vía daría al traste con el pronunciamiento impugnado. Tal requisito, como resulta fácil advertir, no se cumplió en este caso, toda vez que el análisis de la censura consistió en una mera opinión divergente de la que se formó el Tribunal.» (CSJ AC5680 de 2014, rad. nº 2010-00551-01).


En otras palabras, en lugar de demostrarse los defectos del proveído atacado y derruir el andamiaje que le sirvió de soporte, se hizo una nueva apreciación suasoria, que es inadmisible en este momento procesal.


3. En suma, el último cargo tampoco satisface las exigencias técnicas para su aceptación a trámite, igual que sucedió con los anteriores.


DECISIÓN


Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:


Primero. Declarar inadmisible la demanda de casación interpuesta por Néstor Alfredo Castillo Arenales, dentro del proceso de la referencia.


Segundo. Reconocer personería jurídica a Mary Juliette Mosquera Perea, como apoderada judicial de Néstor Alfredo Castillo Arenales, en los términos del poder allegado a la foliatura.


Tercero. Por Secretaría se devolverá el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA