AC2451-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01252-00
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados del Cuarto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) y el Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., atinente al conocimiento de la acción popular de Augusto Becerra Largo contra el Banco Davivienda S.A. – Sucursal Carrera 8 No. 8 32 Chaparral.
ANTECEDENTES
1.- En defensa del bien colectivo, la persona natural de marras mediante escrito dirigido al «JUZGADO CIVIL CIRCUITO» deprecó que se ordenara a la entidad demandada a «que instale mapas táctiles, señales visuales, sonoras, auditivas, y alarmas a fin de cumplir ley 982 de 2005 […]».
Asimismo, el actor tras pregonar que «la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», precisó que «la posible vulneración aparece en la parte final de [su] demanda», denotando luego que las «notificaciones» del «accionado» se han de efectuar en la «Cra 8 # 8 – 32 Chaparral T».
2.- Sustentó su reclamo arguyendo, en síntesis, que la «entidad ACCIONADA […] presta sus servicios PUBLICOS en un inmueble de atención al PUBLICO en general», que «no cuenta en el inmueble donde presta sus servicios públicos, con MAPA TACTIL, señales LUMINOSAS, SONORAS, AUDITIVAS, ALARMA tal como lo ordena ley 982 de 2005», y precisó, que el sitio de «vulneración» es en la «Cra 8 # 8 – 32 Chaparral T» (Fl. 1 Cdno. Principal).
3.- El escrito pertinente, que está dirigido a los jueces civiles del circuito, fue radicado en Pereira (Risaralda) y, una vez se llevó a cabo el reparto correspondiente, se asignó al despacho Cuarto Civil Circuito de esa urbe con tal especialidad y categoría, que rechazó la demanda argumentado que carecía de competencia y resolvió remitir la actuación a sus homólogos de la capital del país.
Lo propio, por considerar que al «ser consultada la página de la Superintendencia Financiera, se pudo establecer que el domicilio principal de la demandada Banco Davivienda se encuentra en la ciudad de Bogotá, D.C., en la calle 28 No. 13 A -15 piso 26, edificio Davivienda».
Asimismo, mencionó que «del libelo se desprende que el sitio de vulneración no está en esta ciudad y la información disponible en la página web de la Superintendencia Financiera da cuenta que el domicilio de la demandada se encuentra en Bogotá, de tal suerte que los fueros a que se refiere la norma para que pueda decirse que en este despacho radica la competencia, no se cumplen. La afirmación de que la afectación ocurre a lo largo y ancho del país, no es de recibo, pues el propio actor señaló que el lugar específico donde ocurre la posible vulneración se encuentra en la dirección indicada en su demanda, de manera que en este puntual caso no le era dable la escogencia del Juez de Pereira para que tramitara su acción» (Fl. 4 Ídem).
4.- Arribadas las actuaciones al Despacho Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., por auto de 26 de abril de 2018, también se abstuvo de avocar conocimiento y suscitó el conflicto, en consideración a que, «el demandante presentó y radicó la acción popular ante los Jueces Civiles de Pereira, lugar de domicilio del demandado, quien debe tramitar la misma es el primer Despacho que tuvo conocimiento, predominando la libertad de escogencia del promotor, pues de hacerse lo contrario se desconocería el ejercicio legítimo de la competencia a prevención, pues se circunscribió el conocimiento de la misma al domicilio de la entidad accionada y no al domicilio principal como pretende hacerlo valer el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, máxime cuando la norma y la jurisprudencia precitada, establecen que dicha competencia obedece a los siguientes criterios, primero, el lugar donde acontecieron los hechos y segundo, el domicilio del demandado a elección del actor, sin que en el caso de marras se avizore que la vulneración fuese en Bogotá, sino contrario a ello, es en el Municipio de Chaparral, Tolima y más importante que lo expuesto, es el hecho que el accionante optó por el último factor, por lo tanto, no se puede inobservar su voluntad» (negrillas del texto original - Fl. 6 Ídem).
6.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
II. CONSIDERACIONES
1. Atendiendo la naturaleza de la colisión traída a esta Corporación, en cuanto que enfrenta a dos jueces de diferente Distrito Judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, conforme así lo regulan, perentoriamente, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, reformado por el canon 7º de la Ley 1285 de 2009, -Estatutaria de la Administración de Justicia.
2. El ordenamiento jurídico, mediante los factores competenciales determinados en la legislación, establece criterios por virtud de los cuales ha de esclarecerse a qué funcionario judicial corresponde el conocimiento de cada particular asunto. Aquellos, empero, pueden ser concurrentes.
3. En tratándose de las «acciones populares y de grupo» establecidas en el precepto 88 Superior, cuyo despliegue normativo lo realizó la Ley 472 de 1998, el precepto 16 ejúsdem dispone que de dicha herramienta constitucional conocen, en primera instancia, «los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito […] Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se destaca).
Relativamente a la disposición ut supra, la Sala ha sostenido lo siguiente:
[L]a reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante (CSJ AC, 15 ago. 2008, rad. 00966; reiterado, entre otras providencias, en CSJ AC, 5 nov. 2013, rad. 02537; CSJ AC, 21 nov. 2013, rad. 02536-00; y CSJ AC1172-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-01661-00).
4.- Si bien en el acto introductor del asunto sub júdice se adujo que el «domicilio» de Davivienda S. A. se ubica en la ciudad de Pereira, lo cierto es que, pese a la perentoria exigencia contenida en las disposiciones que gobiernan la materia, el demandante omitió precisar si aquel se trata del «principal» o de «sucursal o agencia» alguna de la entidad bancaria demandada.
5.- De ese modo las cosas, le correspondía al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, con miras de esclarecer dicho aspecto, previamente a declararse incompetente, acudir al mecanismo expedito de la inadmisión de la demanda requiriendo al promotor esa información, y así desvanecer toda aquella incertidumbre que sobre el particular surgió.
Al efecto, téngase en cuenta que el accionante meramente se limitó a expresar, de un lado, que el «domicilio» de la pasiva se sitúa en «AV 30 De AGOSTO No. 32 50» en Pereira y, de otro, que el lugar de la vulneración de los derechos colectivos denunciados ocurrió en «Chaparral, T».
6.- En consecuencia, por cuanto el demandante no determinó en su escrito genitor si el lugar que aduce como domicilio de la convocada es el principal o más bien se trata del correspondiente a una sucursal o agencia suya, esa circunstancia resulta suficiente para que la célula judicial que originalmente rehusó la tramitación de la presente causa, inadmitiera el libelo y exigiera la subsanación de dicha falencia para que, como lo ha señalado la Sala, prosiguiera «enseguida decidir, sobre bases firmes y no supuestas, el tema de si era el competente para asumir el conocimiento de la demanda promovida» (CSJ AC, 24 sep. 2009, rad. 2009-01651).
Y es que, valga anotarlo, el libelista no puede, indistintamente, optar por demandar ya en el domicilio principal o ante el de la agencia o sucursal cuando estos últimos lugares no detentan directa vinculación con los de ocurrencia de la situación fáctica que enuncia como quebrantadora de los intereses colectivos, dado que en caso contrario solamente podrá promover su litigio en aquel.
4.- Acorde con lo expuesto en precedencia, en relación con la manera precipitada en que actuó el operador con asiento en la capital de Risaralda, se ordenará remitir las presentes diligencias al despacho de marras, a fin de que proceda conforme a lo indicado en esta providencia.
5.- En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el conflicto de competencia planteado en este proceso es prematuro.
SEGUNDO: Ordenar que se devuelva el expediente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, para que proceda de conformidad con los basamentos de esta decisión.
NOTIFÍQUESE
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada