MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada ponente
AC2455-2018
Radicación n. 05042-31-84-001-2012-00178-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del diecisiete (17) de abril de 2017, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso que promovieron Gerardo Alberto, Luís Fernando Patricia Elena Yepes Quiroz, junto con Ramón Eduardo, Argemiro y Gloria Emilse Restrepo Yepes contra Ángela María, Teófilo, María Concepción Yepes Quiroz y herederos indeterminados de José Nicanor Yepes Marín.
ANTECEDENTES
1. Los demandantes reclamaron de la jurisdicción se declarara «que debido a las irregularidades presentadas tanto en el otorgamiento, como en la creación y en el contenido del testamento otorgado mediante Escritura Pública 997 del 12 de junio de 2012, de la Notaría Quinta de Medellín, otorgado por el señor JOSÉ NICANOR YEPES MARÍN, es NULO DE NULIDAD ABSOLUTA» y, consecuencialmente, se ordenara la cancelación del mentado instrumento, la restitución de los bienes que le hubieran sido entregados a la señora Ángela María Yepes Quiroz, por su calidad de albacea testamentaria y que el trámite sucesorio se adelante conforme las reglas de la sucesión intestada.
2. Tales pedimentos se soportaron en los hechos relevantes que admiten el siguiente compendio.
2.1. Del matrimonio de los señores José Nicanor Yepes Marín y Ana Eloísa Quiroz de Yepes nacieron Patria Elena, María Concepción, Ángela María, Teófilo, Luís Fernando, José Nicanor, Gerardo Alveiro, Libia Emilse y Edilberto Yepes Quiroz, los dos últimos fallecidos.
2.2. El señor José Nicanor Yepes Marín otorgó testamento mediante escritura pública número 997 del 12 de junio de 2012 de la Notaría Quinta de Medellín, en presencia de los señores María de las Mercedes Panesso Quintero, Rosalba Guzmán Villa y Campo Elías Carrillo, como testigos.
2.3. En el mentado instrumento dejó como beneficiarios de la cuarta de mejoras y la de libre disposición a sus hijos Ángela María, Teófilo y María Concepción Yepes Quiroz, designando a la primera como albacea testamentario.
2.4. Para el 12 de junio de 2012 –fecha de otorgamiento del testamento- el testador se encontraba hospitalizado en la Clínica León XIII, hoy IPS Universitaria, próximo a una cirugía de amputación de pierna, en delicado estado de salud, por lo avanzado de las patologías que presentaba.
2.5. Tal estado de salud y su avanzada edad de 95 años «no le permitía discernir ni razonar sobre sus actos, para que otorgara el testamento, los graves problemas de salud y los medicamentos que recibía debido a los intensos dolores tales como tramadol, dipirona y otros medicamentos similares, lo colocaban en una condición especial de incapacidad, lo cual es expresamente prohibido por la ley para que se realicen actos válidamente jurídicos, y que de realizarse, como en el presente caso, el testamento se encuentra viciado de nulidad absoluta»
2.6. Dentro del texto del testamento «la Notaria Quinta Encargada dejó la siguiente certificación: "ante el despacho de la NOTARIA QUINTA (5ª) DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLÍN… compareció el señor JOSÉ NICANOR YEPES MARÍN…"», (negrillas y subrayas del texto) pero de la historia clínica se desprende que para ese día 12 de junio de 2012, éste se encontraba hospitalizado, «por lo cual la afirmación hecha en la escritura 997 contiene una falsedad en ese sentido, puesto que si en efecto el causante otorgó de manera libre y voluntaria el testamento lo hizo desde su lecho de enfermo en la clínica por lo cual la Notaria debió dejar constancia de su desplazamiento hasta ese lugar», sin que tampoco se hiciera manifestación alguna en relación con su estado de salud, dada la hospitalización.
2.7. Refiere además, que de los testigos instrumentales dos (2) refirieron que sus domicilios eran en Santa Fe de Antioquia y uno (1) en Sopetrán, incumpliendo así lo ordenado en el artículo 1068 numeral 17 del Código Civil.
2.8. Que el contenido del testamento parece indicar que el acto se redactó de manera apresurada y sin mucho cuidado, debido a que contiene errores que «[S]i efectivamente el testamento fue leído en presencia del otorgante y los testigos, estos errores podían haberse notado y corregido fácilmente, pero su presencia parece reforzar la teoría… en el sentido de que este documento público no fue realizado cuando el testador tenía plena conciencia de lo que estaba sucediendo y sin que su voluntad fuera correctamente expresada como se afirma por la constancia notarial».
3. Debidamente enterados los demandados se pronunciaron de diversas formas respecto de los hechos alegados, oponiéndose a las pretensiones y formularon las excepciones que denominaron «falta de fundamentación de la causal de nulidad por incapacidad», «capacidad plena del causante», «ausencia de nulidad por el domicilio de los testigos», «ausencia de nulidad por no constar que el notario se desplazó al hospital» y la «genérica» (fls 91-97, 110-116).
4. La primera instancia culminó con sentencia del tres (3) de agosto de dos mil quince (2015) (fls 308-318), en la cual se hicieron las siguientes declaraciones:
PRIMERO. DECLÁRASE que el testamento de JOSÉ NICANOR YEPES MARÍN contenido en la escritura pública testamentaria nro. 997 de la Notaría Quinta del Círculo de Medellín de fecha 12 de junio de 2012 con presencia de tres testigos, dejando sus bienes a sus hijos ÁNGELA MARÍA, TEÓFILO y MARÍA CONCEPCIÓN YEPES QUIROZ, quedando como albacea testamentaria con tenencia de bienes la Sra. ÁNGELA MARÍA YEPES, NO TIENE VALOR JURÍDICO ALGUNO, por ende declaramos demostradas las pretensiones de la demanda, tal como se anotó en la parte motiva.
SEGUNDO. DECLARASE no probadas las excepciones de mérito de FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA CAUSAL DE NULIDAD POR INCAPACIDAD, CAPACIDAD CIVIL PLENA DEL CAUSANTE y AUSENCIA DE NULIDAD POR EL DOMICILIO DE LOS TESTIGOS propuestas por la parte accionada, por no estar acorde con los presupuestos facticos y normativos que rigen la materia testamentaria, según razones expuestas en el cuerpo de este proveído.
TERCERO. Declarase probada la excepción de mérito de AUSENCIA DE NULIDAD POR NO CONSTAR QUE EL NOTARIO SE DESPLAZÓ AL HOSPITAL, pues el estatuto notarial no consagra el desplazamiento del notario como causal de nulidad formal que afecte el acto testamentario.
CUARTO. CONDENASE a los accionados ÁNGELA MARÍA, TEÓFILO y MARÍA CONCEPCIÓN YEPES QUIROZ, de condiciones civiles ya conocidas, a cancelar las costas procesales demostradas. Como agencias en derecho se fija la suma equivalente dos (2) SMMLV a cargo de la parte demandada.
5. Inconforme con esta decisión la parte vencida formuló recurso de apelación que fue decidido por el Tribunal Superior de Antioquia Sala Civil Familia, mediante sentencia del 17 de abril de 2017, en la que confirma el numeral primero, aclarando que es por «por haberse incurrido en el defecto consagrado en el numeral segundo del artículo 99 del decreto 960 de 1970 y por estar incursa la causal de inhabilidad del testador del numeral tercero del artículo 1061 del C.C.»; confirma parcialmente el segundo, en cuando declara no probadas las excepciones de «FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE LA CAUSAL DE NULIDAD POR INCAPACIDAD», «CAPACIDAD CIVIL PLENA DEL CAUSANTE», revoca en cuanto declaró no probada la de «ausencia de nulidad por el domicilio de los testigos»; infirma el numeral tercero, para en su lugar declarar «NO PROBADA la excepción de mérito «AUSENCIA DE NULIDAD POR NO CONSTAR QUE EL NOTARIO SE DESPLAZÓ AL HOSPITAL».
6. El extremo convocado mostró su disentimiento con lo así definido interponiendo recurso de casación, que fue debidamente concedido y por cumplir con las formalidades de ley fue admitido por esta Corporación en auto de seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Soporta la censura en cinco (5) cargos "principales" y dos (2) "subsidiarios" del primero y segundo, planteados de la siguiente manera:
Cargo primero
Al amparo de la causal tercera de casación imputa a la decisión vicio de incongruencia por fallo extra petita, puesto que «en la demanda no se afirmó que la notaría quinta de Medellín no se hubiera desplazado al hospital donde se encontraba en tratamiento el testador», pues el reproche se encaminó a que «no se dejó constancia del desplazamiento al Hospital, pero no la falta de comparecencia del otorgante ante la señora Notaria» adentrándose a reprochar las afirmaciones del tribunal, en cuanto a la delimitación del litigio, refiriendo a otras causas de nulidad, como la que finalmente se halló acreditada.
En esa dirección sostiene que «Al contrastar lo afirmado (hecho) y lo pedido (pretensión primera), con lo decidido por el Tribunal, se encuentra una ausencia de identidad evidente, pues la sentencia atacada concluye que la señora Notaría nunca estuvo en el Hospital, esto es, que no hubo comparecencia, situación que no fue puesta en consideración en el proceso y por lo tanto estaba fuera de discusión», sin que existieran hechos modificativos o extintivos del derecho sustancial que debieran considerarse ni el supuesto del art. 1742, por lo que remata afirmando la existencia de incongruencia «por haber decidido sobre un hecho no planteado en la demanda, una pretensión no formulada, y a su vez haber hecho una declaración en virtud de causa diferente a la que motivó la demanda. El Tribunal en la página 11 de su sentencia (f1.15 cuaderno de apelación) había advertido que procedería "a la luz de los planteamientos de la demanda", pero terminó excediéndolos en la forma ya descrita».
CARGO PRIMERO SUBSIDIARIO
Este reproche lo soporta en la causal cuarta de casación, aduciendo violación a la reformatio in pejus, para lo cual memora el postulado contenido en el artículo 357 del C.P.C. (sic), «y es dentro de ese preciso límite que debió haber actuado el Tribunal, procediendo a confirmar o revocar la decisión de nulidad basada en la infracción de la regla del domicilio de los testigos testamentarios».
Concreta la acusación diciendo que, «como en la decisión de primera instancia la comparecencia ante la Notaría se declaró por probada, tal ítem de decisión no puede ser entendido como "desfavorable al apelante", entonces con mayor razón le estaba vedado al Tribunal analizar y decidir tal aspecto, pues la apelación se entiende interpuesta únicamente en lo desfavorable a aquél. La decisión que fue favorable al apelante, aún si perdió el proceso por otra causa, no podía ser revocada por el Tribunal en este caso concreto. Es un grave ataque al debido proceso, porque la parte demandada concentra la apelación en lo que le correspondía, a saber, atacar el fallo por el motivo concreto que decretó la nulidad, pero el Tribunal decide de manera que la parte queda sin posibilidad de réplica o impugnación ordinaria. Precisamente ese es el espíritu de la institución, prohibir que se haga más gravosa la situación del impugnante, lo cual sucede no solamente en el caso de aumento de la condena, si no también cuando se revoca una decisión cualquiera que lo beneficiaba. La norma que proscribe la reformatio no se limita a la decisión de fondo del litigio.
«Lo que ocurre es que la parte demandante se conformó, se tranquilizó con haber obtenido la nulidad por causa del domicilio de los testigos, y descuidó otros aspectos formales que también fueron analizados y decididos en la sentencia. Y esa falta de apelación encuadró aún más estrictamente las competencias del Tribunal, que claramente excedió».
CARGO SEGUNDO
Soportado en la causal segunda de casación acusa la sentencia impugnada de violación indirecta de la ley sustancial por «ERROR DE DERECHO POR DESCONOCIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 174, 177, 183 Y 184 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL» (sic), censurando al tribunal que «haya complacido la incorporación de los dictámenes periciales como prueba, pese a que en varias oportunidades y hasta los alegatos de conclusión, la parte demandada demostró que el dictamen pericial había sido allegado al proceso por fuera del término probatorio, incluso argumentando y manifestando expresamente que la solicitud de aclaración y posterior objeción se hacía por salvaguardar la defensa de los demandados, pero dejando plena constancia de la indebida práctica de la prueba y advirtiendo que el hecho de presentar tales escrito no significaba un saneamiento de la irregular situación».
Como báculo de esta acusación señala, que en la instancia se apertura el periodo probatorio que fue prorrogado en dos (2) ocasiones, sin que en este tiempo se hubieran allegado las pericias ordenadas, por lo que «[A]l reponer el auto citado y abrir de nuevo el período probatorio el Juez artificiosamente creó un escenario que no está contemplado en la Ley para que los demandantes pudieran incorporar su prueba. La resolución del recurso de reposición no hace legal lo ilegal, no convalida la incorporación de la prueba, porque la vulneración -su extemporaneidad- no desaparece», de manera que al aceptar esta prueba extemporánea se vulneran los artículos mencionados.
Como conclusión sostiene, que «El dictamen pericial emitido por Ricardo Bernal Jaramillo, sus aclaraciones y complementaciones, así como el dictamen rendido en trámite de objeción por la señora Claudia Patricia Marín Cano, y sus aclaraciones y complementaciones, son pruebas ilícitas al ser extemporáneas, ya que no fueron practicadas ni incorporadas dentro de las oportunidades probatorias contempladas por la Ley procesal que gobernó el proceso
«La prueba debe ser eliminada, y en tal vía debe afirmarse sin dubitación que no existe ningún medio probatorio que haya demostrado la incapacidad mental absoluta del otorgante para testar».
Tal yerro lo considera transcendente, porque dicha prueba fue la causa eficiente de los razonamientos del tribunal en cuanto a la capacidad del testador.
CARGO SEGUNDO SUBSIDIARIO
Alega en este cargo error de hecho «EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL Y LA HISTORIA CLÍNICA, QUE SIGNIFICÓ LA VIOLACIÓN INDIRECTA DE LOS ARTÍCULOS 1061 NUMERAL 3° 1502, 1504 Y 1741 DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LOS ARTÍCULOS 2, 15, 17 DE LA LEY 1306 DE 2009», refiriéndose inicialmente al contenido del artículo 237 numeral 6° del Código de Procedimiento Civil, tras lo cual dice que el tribunal incurrió en los siguientes errores:
«1. Dar por cierto que existieron fundamentos "sólidos y científicos" en el dictamen del médico Ricardo Bernal Jaramillo.
«2. Dar por cierto que existió "análisis científico" de la historia clínica del causante.
«3. Dar por cierto que la experticia practicada como prueba de la objeción, que el Tribunal califica de "ratificadora" del dictamen inicial, tenía rigor científico».
Para la demostración del cargo procede a escudriñar las que considera deficiencias técnicas de las pericias, a partir de los argumentos que hicieran los auxiliares designados para hacer descansar sus conclusiones, tanto de la decretada inicialmente, como la dispuesta para probar la objeción por error grave formulada por el propio recurrente.
A partir de ese ejercicio señala, que [L]a prueba pericial practicada carece de entidad para ser demostrativa de una limitación síquica o de comportamiento que no le permitiera al testador comprender el alcance de sus actos, o en dicho del artículo 17 de la Ley 1306 de 2009, no conducen a acreditar que sufriera de una afección o patología severa de comportamiento o de deterioro mental.
No hay en la prueba rigor científico alguno, no pudo trascender del punto de la suposición, la hipótesis, si se quiere de la mera especulación».
En esa misma dirección concluye, que «[E]l Tribunal Superior desconoció de manera antijurídica la capacidad de ejercicio del testador, consignada en los artículos 1502 y 1053 (sic) del Código Civil, pues ella como expresión fundamental de tan principal atributo de la personalidad, únicamente puede negarse cuando exista la certeza de la incapacidad absoluta, en los términos del artículo 1504 ejusdem y de las definiciones de incapacidad mental contenidas en la Ley 1306 de 2009. Así pues, sin discapacidad mental probada para el momento del acto no puede haber incapacidad absoluta negocial, y a la vez sin verificar esta no puede quebrarse la presunción de capacidad legal, puesto que «equiparó la incapacidad que apareja una edad avanzada con la ineptitud para dar el consentimiento en un acto jurídico».
CARGO TERCERO
Aduce error de hecho manifiesto «EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, POR DEDUCIR UN ESTADO DE INCAPACIDAD MENTAL ABSOLUTA DE LAS PRUEBAS DE DECLARACIÓN DE PARTE Y TESTIMONIALES».
A manera de precisión inicial señala, que este cargo se formula «para que sea estudiado únicamente en caso que no prosperen los denominados CARGO PRIMERO y CARGO PRIMERO SUBSIDIARIO, pues se refiere al aspecto probatorio de la comparecencia del otorgante ante la señora Notaria, el cual no habrá necesidad de abordar en caso de despachar favorablemente alguno de aquellos».
Enfila los reparos a la manifestación que hiciera el tribunal en la página 35 de la sentencia «en tanto para reforzar su tesis el Tribunal infiere de las declaraciones de Gerardo Yepes, Deisy Robledo, Juan Camilo Yepes y Antonio Yepes, que el otorgante presentaba ese día un deteriorado estado de salud», sosteniendo que la prueba testimonial para formar el convencimiento no suplanta «la prueba técnica y científica de un estado de incapacidad/inhabilidad absoluta».
CARGO CUARTO
Endilga error de hecho manifiesto «EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, EN LA CONCLUSIÓN DE DAR POR PROBADA LA NO PRESENCIA DE LA SEÑORA NOTARIA (Cargo subsidiario a los enunciados en el Capítulo I)», cuestionando la valoración que hiciera el juzgador ad quem de las pruebas testimoniales para inferir que la Notaria no fue al hospital, haciendo mención a lo que indican algunos testigos.
Anota que «[N]o es cierto que el testamento se otorgara dentro de la habitación del paciente (página 31 sentencia, fl. 25 Cuaderno apelación). Esto es simplemente una invención del Tribunal Superior, porque las demandadas interrogadas al respecto nunca afirmaron tal cosa», error que califica de trascendente «porque aniquila toda la teoría orquestada por el Tribunal, de que como ninguno de los testigos vio a la Notaría en la habitación, entonces ello es prueba de que nunca estuvo en el hospital», quien yerra entonces al afirmar «que es imposible la presencia de la Notaría entre las 5 y 6 pm, pues aprecia la declaración de ÁNGELA YEPES como si el acto testamentario hubiera tenido lugar entre las 5 y 6 pm», cuando lo dicho por ella fue que «la Notaría llegó entre esas horas y que el testamento se firmó aproximadamente en ese lapso de tiempo».
Termina el cargo afirmando «que todo el esquema de lapsos de tiempo que armó el Tribunal Superior, es un castillo de naipes. Es lógico, razonable y plausible que los tiempos que recuerdan las partes y terceros sean aproximados, pues declaran más de un año después de ocurridos los hechos, y los tiempos exactos solo se recuerdan por el ser humano respecto de asuntos demasiado trascendentes. Aferrarse, como lo hace el Tribunal Superior, a una de las declaraciones de parte para afirmar que el testamento fue firmado a determinada hora exacta, chocha las leyes de la experiencia. El marco de tiempo es aproximado, y por eso no puede jugarse con una combinación exacta de eventos como si de un rompecabezas se tratara
CARGO QUINTO
En esta oportunidad se alega «VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 12 DEL DECRETO 2148 DE 1983, DE LOS ARTÍCULO 99 Y 160 DEL ESTATUTO DE NOTARIADO (Cargo subsidiario a los enunciados en el Capítulo I)».
En desarrollo del mismo afirma, que «[N]o es cierta la infundada afirmación del Tribunal de que para que haya comparecencia el otorgante tiene que ir a la oficina de la Notaría».
Seguidamente señala que «El ahínco y perseverancia del Tribunal por sacar avante las pretensiones de la demanda, realmente no encontró límites. Ahora resulta pues que se construye toda una teoría alrededor de la palabra "despacho" y de las tarifa notariales (¡!) para blindar la arbitraria decisión, pero sin tener en cuenta -por ejemplo- el contenido diáfano del numeral 29 del artículo 99 del Estatuto Notarial, que indica que la comparecencia se da es ante el Notario, no ante el Despacho». (Negrillas del texto).
Y remata anotando que «Así mismo el artículo 160 de dicho Estatuto autoriza a que se preste el servicio a personas que se hallan en imposibilidad de concurrir a la oficina, lo que no significa otra cosa que el Notario se tiene que desplazar, tal y como se explicó en la contestación a la demanda, citando la Instrucción Administrativa 01 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro, donde se advierte el deber que tienen los Notarios de cumplir con su función por fuera del despacho notarial, cuando la urgencia de las circunstancias y la imposibilidad para el usuario así lo precisen».
CONSIDERACIONES
1. Como quiera que en la definición de los procesos judiciales es posible que se incurra en vicios de procedimiento o de juzgamiento el legislador ha habilitado la posibilidad de cuestionar las mismas mediante el recurso extraordinario de casación, en los casos y con las limitaciones que expresamente establece el ordenamiento, entre ellas, que la impugnación se soporte en las precisas causales allí contempladas.
Dado ese carácter extraordinario del recurso, esta Corporación de vieja data ha sostenido, que en razón a su naturaleza al momento de su formulación y posterior sustentación, el censor deberá acatar un mínimo de requisitos, tanto de forma como de técnica, que al ser desconocidos, además de impedir que el fondo del debate sea abordado, lo condenan a la deserción.
Su gestor, adicionalmente, no puede olvidar que este remedio procesal no atañe al aspecto fáctico de la controversia judicial (thema decidendum); menos está concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, tampoco constituye una tercera instancia. El objetivo principal es escudriñar el contenido del fallo proferido por el ad-quem (thema decissus), tratando de visualizar los yerros denunciados y, así, en una confrontación idónea, quebrar la sentencia proferida, por lo que ha sido reiterativa esta Corte al señalar que:
«… toda acusación o cargo debe trascender de la simple enunciación, al campo de la demostración, haciéndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificación concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resolución combatida. (CSJ. AC. Ene. 12 de 2016. Rad. 1995-00229-01)
Lo anterior en razón al carácter dispositivo del recurso extraordinario, que impone a la Corte decidir dentro de los precisos límites demarcados por la censura, si la decisión objeto de opugnación se ajusta o no a la ley sustancial, o, en su caso a la procesal.
2. El escrito de sustentación del recurso de casación debe sujetarse de manera irrestricta a las exigencias formales determinadas en los dispositivos que gobiernan la materia (Art. 344 C.G.P), entre las cuales está lo atinente a la formulación por separado de los cargos, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa y a su vez cada censura deberá ser «exacta, rigurosa, que contenga los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (CSJ SC de 15 de sept. de 1994, exp. 3960).
De acuerdo con lo indicado «al impugnante le corresponde señalar en cada cargo, como mínimo, el motivo previsto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil sobre el que funda su ataque y, adicionalmente, exponer los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros endilgados, exigencia que por tanto repele generalizaciones, reproches abstractos o anomalías ajenas a las establecidas en la aludida disposición» (CSJ AC de 23 de abril de 2013, exp.2006-00625-01)
En relación a la demostración de la acusación, esta Corte ha indicado, que
«no sólo se refiere a la comprobación del error denunciado, sino a la fundada expresión de su influencia en la decisión combatida, porque si la sentencia ingresa al recurso de casación escoltada por las presunciones de legalidad y acierto, en la tarea de acreditar los yerros no es suficiente que el interesado haga conocer su desacuerdo con la decisión, sino que necesariamente debe indicar las equivocaciones en que incurrió el sentenciador, individualizando las apreciaciones erradas y señalando de manera precisa en qué consiste la desviación, formalidad esta que, como se tiene dicho, no se lograría ‘con el simple expediente de repudiar el resultado del proceso, porque esto último es, sencillamente, alegar, más nunca demostrar, como es de rigor’» (CSJ AC de 18 de nov. de 1999. Exp. C. 7803).
3. Las sentencias judiciales podrán ser cuestionadas a través del recurso extraordinario de casación por errores de procedimiento o de juzgamiento, estando entre las primeras la contemplada en el numeral tercero del artículo 336 del Código General de proceso y de las segundas, entre otras, las señaladas en los numerales primero y segundo de la disposición en cita.
3.1. Constituye vicio de procedimiento, alegable en casación, haberse incurrido en incongruencia, desatendiendo el principio contenido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (hoy 281 del Código General del Proceso), que establece lo siguiente:
«Art. 305 C.P.C. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia1, o que la ley permita considerarlo de oficio»
Lo anterior, en razón a que el poder decisorio del juzgador estará demarcado por los precisos límites que le fijen los sujetos procesales en aquellos actos que definen los extremos litigiosos, teniendo presente, en todo caso, que constituyen pretensión tanto el objeto mismo como la causa petendi, esto es, no sólo la consecuencia jurídica que se persigue sino, además, los supuestos fácticos en que el mismo se soporta, sin perjuicio del deber que se le impone de fallar conforme al derecho que resulte aplicable a los hechos que hayan sido alegados y probados en el proceso, en desarrollo del principio jura novit curia, o que deba reconocer excepciones de oficio cuando a ello hubiere lugar, puesto que de acuerdo con lo dicho por esta Corte:
«la actividad que cumple el funcionario investido de la potestad de administrar justicia, está regulada por cuatro vectores cuya conjugación delinean o delimitan la misma: 1) las pretensiones de la demanda; 2); los hechos que la sustentan; 3) las excepciones invocadas por el demandado (cuando así lo exige la ley); y, 4) las excepciones que debe declarar de oficio. Y, por supuesto, cuando el agente del Estado quebranta esos hitos, incursiona en predios que destellan un exceso de poder o un defecto del mismo; algunas veces, en la medida en que decide sobre cuestiones no pedidas o más allá de lo solicitado o cuando deja de resolver sobre las pretensiones o excepciones aducidas; tal vicio, se estructura, igualmente, cuando el sentenciador desdeña pronunciarse sobre aspectos no enarbolados por las partes, pero que, por disposición legal, debían ser objeto de decisión oficiosa». (Sent. Cas. Civ. del 16 de dic. de 2010, rad. 1997-11835 01, reiterado en Sent. Cas. Civ. del 14 de jul. de 2014, rad. 2006-00076).
Sin embargo, cuando se opugne una sentencia por vicio de incongruencia estará llamado el censor a demostrar de manera clara y precisa la disonancia entre lo pretendido y lo definido por el juzgador, sin que en todo caso pueda enfilarse tal ejercicio a plantear errores en la interpretación de la demanda.
Esto, en razón a que si la acusación se soporta en desatinos en la interpretación del libelo inicial, tal reproche deberá formularse a través de la causal primera de casación, consistente en la violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de «error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba», por preterición, suposición, cercenamiento o adición, pues como ha dicho esta Corporación:
«cuando se interpreta, el funcionario judicial desentraña el sentido del escrito inicial y depura los aspectos que son ajenos a la controversia, por lo que aquí no puede existir incongruencia, ya que el fallador resuelve sobre todas las cuestiones que están sub judice, sin dejar ninguna de ellas por fuera, ni adicionarlas, pero basado en el entendimiento objetivo que extrajo de este documento.
Y es que en este último caso la censura, lejos de cuestionar el abandono de los extremos de la litis, se centra en la hermenéutica que el juzgador dispensó a las pretensiones o hechos del libelo genitor, entendido como un documento que integra la foliatura y hace parte del acervo demostrativo. (CSJ SC 15211-2017 del 26 de sept. de 2017, exp. 2011-00224-01).
3.2. De igual será reprochable la decisión por esta vía extraordinaria cuando con la misma se hubieran vulnerado normas de estirpe sustancial de manera directa o indirecta, en razón de errores «de derecho derivado del desconocimiento de una un norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, su contestación o de una determinada prueba»
3.2.1. La vía directa tiene ocurrencia cuando se trasgreden normas sustanciales a consecuencia de errores de juicio sobre la existencia, validez, alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin referencia a los hechos debatidos y probados, frente a lo cual ha dicho esta Corporación se
“requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicción obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor sólo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea. (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador». (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, exp. 2004-00457-01).
3.2.2. También se puede dar la violación de normas sustanciales de manera indirecta, en tal evento, por error de hecho o de derecho.
Cuando se aduce error de hecho, esto implica inconformidad con la labor investigativa del juzgador en el campo probatorio, y ocurre por una equivocada aplicación del derecho sustancial o su no aplicación, por deficiencias en el ámbito de la apreciación de la prueba, que a voces de la Corte tiene lugar en los eventos que «el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicción, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que sí está o tergiversa el que acertadamente encontró, modalidad ésta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa» (CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017).
Para la demostración de la existencia del error de hecho se ha dicho que es imperativo que el recurrente «(…) ‘más que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada’ (…)» (CSJ AC del 14 de abr. 2011, rad. 2005-00044-01).
El error de derecho por su parte, supone la conformidad con el contenido objetivo de la prueba, pero se reclama su indebida valoración, por mediar la violación de normas de disciplina probatoria que atañen con la aportación, admisión, producción o estimación de la misma, «[E]n esta clase de error, diversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeción a la preceptiva legal» (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, exp.3986».
Estas causales como se advierten tienen como elemento común la violación de una norma sustancial, circunstancia que, a no dudar, impone al recurrente que en la sustentación del cargo planteado deba indicar con claridad y precisión la disposición de ese linaje que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente, haya sido violada, frente a lo cual se ha dicho, a riesgo de la inadmisión y su deserción consecuencial, no puede sustraerse de señalarlas; teniendo esa calidad aquellas que «…en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…», de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se «limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo». (CSJ AC, del 5 de may. 2000).
4. En el presente caso bien temprano se advierte que el reclamante no satisfizo cabalmente tales exigencias técnicas que imponen que, salvo el cargo "PRIMERO SUBSIDIARIO" en el que se imputa la transgresión del principio de la no reformatio in pejus, las restantes acusaciones deban ser inadmitidas por las razones que seguidamente se exponen.
4.1. El cargo primero se formula con soporte en la causal tercera, empero el recurrente fundamenta el mismo aduciendo, que «[L]a demanda nunca afirmó que la Notaría Quinta de Medellín no se hubiera desplazado al Hospital donde se encontraba en tratamiento el testador, como puede observarse en el hecho décimo de la demanda», cuyo contenido trascribe, para decir que el reproche formulado por los actores no coincide con lo que consideró el tribunal, haciendo alusión igualmente a lo indicado por éste, de donde anota, que «aparentemente el fallo se encuadraría en los límites de lo afirmado y pedido en la demanda», pero que en realidad "falsea" lo dicho por la demanda.
Emerge de lo indicado que realmente el cuestionamiento que hace el censor está perfilado a la interpretación que hiciera el juzgador ad quem del libelo demandatario para inferir la existencia de una reclamación de nulidad soportada en el no desplazamiento del Notario a la clínica en la cual se encontraba hospitalizado el testador para el día en que se dice éste fue otorgado el testamento impugnado, que a su juicio no corresponde a la realidad de su contenido, lo que coloca el asunto en un caso de error en la interpretación de la demanda, que como se dijo debe ser esgrimido bajo la epígrafe de la causal primera y no de la tercera como aquí se hizo.
4.2. En los cargos segundo tercero y cuarto, como falencia común se advierte que pese a alegar la causal segunda de casación, por errores de derecho y de hecho, olvida el recurrente que tal causal tiene como base esencial la trasgresión de una norma sustancial, lo que le imponía indicar las disposiciones de esta estirpe que resultaron vulneradas.
4.2.1. Es así como en el cargo segundo se endilga error de derecho por haber complacido el tribunal la incorporación al pleito de dictámenes periciales que, dice, se allegaron fuera de las oportunidades probatorias, esto es, de forma extemporánea, lo que hace dichas probanzas ilícitas y, por ende, deben ser eliminadas, para consecuentemente afirmar «que no existe ningún medio probatorio que haya demostrado la incapacidad mental absoluta del otorgante para testar».
Si bien se satisfizo el requerimiento procesal de señalar las normas probatorias que fueron desconocidas, ello no era suficiente, amén que igualmente se requería poner de presente los cánones de naturaleza sustancial que por desconocer aquellas resultaron violados.
No tuvieron mejor planteamiento los cargos tercero y cuarto, habida consideración que de manera por demás escueta, en uno se adujo error de hecho en la apreciación de la prueba testimonial, por deducir de las declaraciones recepcionadas un estado de incapacidad del testador; el cual descansa en que tal medio demostrativo resulta ineficaz para ese propósito, puesto que a dicha conclusión «solamente puede llegarse por otros medios, a saber, los análisis de expertos en medicina y siquiatría».
El alcance de este reparo se advierte envuelve realmente un error de derecho, en la medida que no se muestra disconformidad con el contenido objetivo de la prueba, sino con la valoración que de ella hiciera el juzgador, al estimar que el hecho a probar debía acreditarse por otro medio, como es el examen por expertos (pericial).
En el otro se limita a rebatir la apreciación que hiciera el tribunal de los elementos demostrativos que lo llevaron a colegir que la Notaria no hizo presencia en el hospital, tratando de anteponer la propia, a modo de alegato de instancia, sin siquiera realizar la confrontación necesaria de las probanzas que pongan en evidencia la existencia cierta del error y su trascendencia.
4.3. El cargo segundo subsidiario, se endereza por la vía indirecta por error de hecho, alegando la violación de los artículos 1061 numeral 35 (sic) 1502, 1504 y 1741 del Código Civil y de los artículos 2,15 y 17 de la ley 1306 de 2009, a consecuencia de la apreciación que se hiciera por el tribunal de las pericias practicadas y de las cuales se extrajo que no existía una debida capacidad del testador para el otorgamiento del acto escriturario demandado.
No obstante, las mencionadas disposiciones no tienen la condición de ser normas de derecho sustancial, puesto que únicamente refieren o enlistan situaciones jurídicas, sin crear, modificar o extinguir vínculos materiales; refiriendo las citadas del Código Civil qué personas no son habilites para testar (1061), las condiciones para la existencia y la validez de los contratos (1502), quienes son incapaces para obligarse en un acto o declaración de voluntad (1504), indicar cuando es nulo un acto o contrato y en qué momento está viciado absoluta o relativamente (1741 incisos primero y segundo), y aun cuando el último inciso de este último tiene esa connotación no fue siquiera invocado expresamente y mucho menos desarrollado en la alegación. De igual formas las de la ley 1306 de 2009 que se esgrimen definen cuándo una persona tiene discapacidad mental y la correlatividad que hay entre el grado de discapacidad mental y la discapacidad jurídica (2), la incapacidad jurídica absoluta o relativa que tiene un sujeto, según tenga discapacidad mental absoluta o relativa (16) y la exclusión del régimen previsto en esa ley para los sujetos que «sufran trastornos temporales que afecten su lucidez y no sean sujetos de medidas de protección» (17).
Pero además, en este cargo el error que se aduce no está dirigido a controvertir los supuestos de hecho que con el elemento demostrativo halló probados el tribunal, sino que se limitó a cuestionar el contenido mismo de las pericias adosadas al juicio, pues lo censurado es que se hubiera dado por cierto «que existieron fundamentos "sólidos y científicos" en el dictamen del médico Ricardo Bernal Jaramillo», « que existió "análisis científico" de la historia clínica del causante» «que la experticia practicada como prueba de la objeción, que el Tribunal califica de "ratificadora" del dictamen inicial, tenía rigor científico», para lo cual recapitula los argumentos que en los mismos fueron plateados por los auxiliares y sostiene, en ese orden, que la prueba pericial «carece de entidad para ser demostrativa de una limitación síquica o de comportamiento que no le permitiera al testador comprender el alcance de sus actos», concluyendo que el tribunal «desconoció de manera antijurídica la capacidad de ejercicio del testador» « equiparó la incapacidad que apareja una edad avanzada con la ineptitud para dar el consentimiento en un acto jurídico».
Emerge de lo indicado que en realidad el cuestionamiento no se endereza a imputar al tribunal, error en las conclusiones que adoptó a partir de la valoración de la probanza, por suponer el que no existe o pretermitir el que está, alterando su contenido de forma significativa, sino a colocar en entredicho la idoneidad de la prueba como tal, al considerar que no fue debidamente fundamentada, lo que ubicaría el reclamo en la senda del error de derecho.
4.4. Igual desatención de las exigencias técnicas se puede predicar del cargo quinto contenido en la demanda, puesto que, aduciendo violación directa de norma sustancial, cita como tales el artículo 12 del Decreto 2148 de 1983 y los artículos 99 y 160 del Estatuto de Notariado2.
Las mencionadas disposiciones no tienen el carácter de normas sustanciales, pues se limitan a enunciar la facultad que se reconoce para suscribir documentos fuera del despacho (12/2148), enunciar los eventos en que una escritura pública adolece de nulidad formal (99) y señalar los horarios en que podrán desempeñar sus funciones los notarios (166), esto es, no «declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación».
Más aun, pese a que el reproche por la vía directa impone al recurrente la aceptación de las conclusiones probatorias a que arribó el tribunal, quedándole así vedado descender a ese tópico, en el sub judice el censor cuestiona las apreciaciones del fallador, señalando que «[N]o es cierta la infundada afirmación del Tribunal de que para que haya comparecencia el otorgante tiene que ir a la oficina de la Notaría».
De acuerdo con esto, resulta insoslayable que se desconoció el hecho de que «[tratándose de la causal primera, no basta hacer un listado de normas, a partir de las cuales se haga un relato que pretenda desmentir las conclusiones del fallador, como se tratara de una discusión de instancia. Lo que se espera del recurrente es que, a partir de un análisis de cada uno de los argumentos de la providencia, explique porqué se violaron las normas que citó en su demanda y cuál es la relevancia para la resolución de la controversia.
«En suma, "no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las trasgredió" (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, rad. n° 20065-00119-01)» (CSJ AC4858-2017 de 2 de agos. de 2017m, rad. 1998-01235)
5. Deviene de lo indicado que, exceptuado el cargo primero subsidiario contenido en la demanda presentada para sustentar el recurso de casación, las restantes acusaciones no satisfacen las puntuales exigencias que prevé el artículo 344 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de esta Corporación, motivo por el cual resulta consecuencia obligada que se inadmitan los cargos salvo el primero, el cual se avocará para su trámite.
6. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero.- INADMITIR los cargos PRIMERO, SEGUNDO, SEGUNDO SUBSIDIARIO, TERCERO, CUARTO y QUINTO contenidos en la demanda presentada para sustentar el recurso de casación interpuesto por los demandados Ángela María, Teófilo, María Concepción Yepes Quiroz, contra la sentencia del 17 de abril de 2017, proferida por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso que en su contra promovieron Gerardo Alberto, Luís Fernando Patricia Elena Yepes Quiroz, junto con Ramón Eduardo, Argemiro y Gloria Emilse Restrepo Yepes por las razones expuestas en precedencia.
Segundo.- Admitir a trámite la demanda en cuestión, únicamente, respecto del cargo PRIMERO SUBSIDIARIO.
Tercero: Del libelo, atendiendo lo aquí resuelto, córrase traslado a la parte opositora, en la forma y términos previstos en el artículo 348 del Código General del Proceso.
NOTIFÍQUESE
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUÍS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Aparte subrayado eliminado en la nueva redacción del Código General del Proceso, el cual además adicionó dos parágrafos, para las especialidades de familia y agraria, habilitando en casos puntuales fallos extra y ultra petita.
2 Refiriéndose en este particular caso al decreto 960 de 1970