MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente



AC2456-2018

Radicación n.° 11001-31-03- 007-2015-00533-01

(Aprobado en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)


Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que el demandante Carlos Enrique Rodríguez Quiroga intenta sustentar el recurso de casación que interpuso contra la sentencia anticipada proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 16 de mayo de 2017, dictada en el proceso de pertenencia promovido por aquel contra Wilson Bayona Becerra y demás personas indeterminadas.



I.        ANTECEDENTES


A.        Pretende el demandante que se declare que por haberlo adquirido por prescripción extraordinaria, es propietario del inmueble situado en Bogotá, descrito y alinderado en la demanda e identificado con matrícula inmobiliaria número 50C-244336 el Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta capital y que se registre la sentencia que así lo reconozca, a más de las costas a cargo de la demandada.


B.        Como fundamentos fácticos adujo, en síntesis:


1.        Que ha ejercido la posesión respecto del inmueble pretendido, en relación con el cual promovió antes una demanda de pertenencia contra el demandado en esta causa, desestimada en ambas instancias, primero por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá (con sentencia del 30 de abril de 2014) y segundo por el Tribunal Superior de esta capital, mediante fallo en el que tras considerar esa colegiatura que no prosperaba la agregación de la posesión, afirmó que “en el mejor de los escenarios para el usucapiente, sus actos posesorios podrían contarse desde el año 2001, época en la cual se ubica la explotación económica del predio” (f. 78, cdno. 1).


2.        Que Wilson Bayona Becerra, demandado en el aludido proceso de pertenencia fallado en contra del actor, paralelamente interpuso proceso reivindicatorio contra este,  fallado en primera instancia por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, con sentencia del 15 de diciembre de 2010 en la que se le reconoció como dueño absoluto del inmueble, condenando a Carlos Enrique Rodríguez a restituirlo y a éste a pagarle a aquel $210,000,000. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal mediante sentencia del 24 de junio de 2011.


4.         Que como el inmueble no ha sido entregado por el actor de este proceso, entre otros motivos porque el demandado Wilson Bayona no ha dado cumplimiento a la sentencia de primera instancia al no cancelarle en el término establecido el monto a que fue condenado por razón de las mejoras, aún ejerce la posesión sobre el mismo. Por tanto, si la sentencia de pertenencia proferida por el Tribunal el 10 de diciembre de 2014 reconoció que el actor ejercía la posesión sobre el inmueble desde el año 2001, a la presentación de la demanda incoatoria de este proceso llevaría entonces catorce por lo que ostenta un tiempo suficiente para la prosperidad de la pretensión de usucapión.


C.        Debidamente enterado de la causa, el demandado se opuso a las pretensiones y propuso como excepción previa, entre otras, la cosa juzgada, que el a quo, mediante sentencia anticipada, reconoció (fls. 5 a 7, cdno. 2).


D. Apelada esta decisión, el Tribunal, con la suya del 16 de mayo de 2017, la confirmó.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Fueron varias las razones que el Tribunal adujo para refrendar la decisión apelada:


A.        Por efecto de la sentencia proferida dentro del proceso reivindicatorio que enfrentó a los acá litigantes, Carlos Enrique Rodríguez no cuenta con todo el tiempo de posesión que exige la ley para hacerse al dominio del inmueble por prescripción pues, arguyó, “cuando la sentencia que se dicta dentro de un proceso reivindicatorio acoge las pretensiones de la parte demandante, la declaración fundamental que se hace en dicho trámite, a juicio esta corporación, conlleva en forma invariable la interrupción de la posesión ejercida por el demandado” (f. 26, cdno., 4).


B.        Si bien es cierto que en teoría puede el perdidoso reasumir la posesión, los actos de señorío tendrán que estar fundados en hechos nuevos dado que la sentencia de reivindicación que le fue adversa lo obliga al reconocimiento de dominio ajeno en otra persona, y la posesión que haya acumulado se anula por resultar incompatible con la situación jurídica definida en la sentencia reivindicatoria.


C.        Como en sentencia del 15 de diciembre de 2010 se resolvió favorablemente la acción reivindicatoria promovida en el año 2002 por Wilson Bayona contra Carlos Enrique Rodríguez y entonces se declaró no probada la excepción de este atinente a la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, y tal sentencia fue confirmada por el Tribunal en junio de 2011, el fallo tuvo la virtualidad de interrumpir la posesión y puede ser invocado por el demandado de esta causa para enervar la acción de pertenencia pues han perdido eficacia los actos posesorios que pudo haber realizado antes de su pronunciamiento.


D.        Carlos Enrique Rodríguez no puede entonces tomar dentro de sus cuentas para efectos de prescribir, la posesión que supuestamente hubo de reconocerle el Tribunal en la sentencia del primer proceso de pertenencia. De todos modos, dicho fallo no dio por sentado que el demandado en efecto fuese poseedor por el tiempo que ahora alega pues entonces explicó que los actos posesorios “«podrían», «a lo sumo», computar 7 años” (f. 28, cdno. 4).


E.        Pero, continúa el Tribunal, si, al margen de lo anterior, se entendiese que el juzgador de segunda instancia reconoció en aquella oportunidad posesión material en Carlos Enrique Rodríguez, como tal hecho habría tenido lugar antes de decidir la acción reivindicatoria y concomitantemente con el trámite de la misma, al fallarse esta interrumpió la posesión. En nota de pie de página el Tribunal señala que “el juicio de reivindicación se inició en el año 2002, con sentencia de primera instancia del 15 de diciembre de 2010, confirmada en fallos de 24 de junio de 2011, a más favorables a la parte allí demandante, con excepción de la condena que se le impuso por concepto de mejoras. El proceso de pertenencia se inició en 2008, con sentencia de primera y segunda instancia de 30 de abril y 10 de diciembre de 2014, respectivamente, ambas adversas a la parte demandante” (f. 29).


F.        Pero si se considerase insuficiente para interrumpir la posesión de la sentencia favorable que se obtenga en la acción de dominio, en este caso, dice el Tribunal, Carlos Enrique Rodríguez reconoció dominio ajeno cuando manifiesto en la demanda, con efectos de confesión, que su tenencia la deriva del hecho de que el demandado no le ha pagado las mejoras que realizó sobre el inmueble, especie de derecho retención que implica de por sí el reconocimiento de dominio en la persona que debe honrarle el pago de dichas mejoras, situación que tuvo que haber admitido al haber promovido proceso ejecutivo con el propósito de cobrarlas forzosamente.


LA DEMANDA DE CASACIÓN. CARGO SEGUNDO


La demanda plantea dos cargos fundamentados, el primero en la causal primera y el segundo en la quinta. De su examen encuentra la Corte que ninguno cumple los requisitos.


PRIMER CARGO


Con soporte en la “primera causal de casación que consagra el artículo 336 del CGP” se acusa la sentencia de ser “violatoria por vía directa” de las normas sustanciales contenidas en los artículos 762, 764, 768, 769, 778, 780, 792, 2512, 2513, 2518, 2521, 2523, 2531 y 2532 del Código Civil como consecuencia de “error de derecho ostensible” con violación de las normas procesales probatorias de los artículos 164, 166, 176, 240, 241, 242, 244, 246, 250, 369 y 375 del mencionado estatuto procedimental a consecuencia de una “falsa valoración de las normas que regulan la prueba documental, que demuestran que en este proceso se debaten hechos nuevos, no comprendidos en las demandas anteriores reivindicatoria y de pertenencia” (f. 16, cdno. Corte)..


En procura de su demostración, y previa alusión a los fines tradicionales del recurso de casación, dice partir el recurrente del escrito genitor de este proceso, en uno de cuyos hechos se reproduce segmento de la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá con la cual se desestimó la pretensión de usucapión que antes había elevado el actor, para seguidamente precisar que fueron tres hechos los nuevos, por ende distintos de los que se habían argüido en la primera demanda de pertenencia: primero, que como el demandado no ha dado cumplimiento a la condena a favor del actor por el pago de unas mejoras al inmueble, éste ha hecho oposición a la diligencia de entrega; segundo, que en razón de lo anterior aún ejerce actos de señorío como poseedor, y tercero, que si la sentencia del 10 de diciembre de 2014 reconoció una posesión a favor del actor desde el año 2001, hasta la fecha de presentación de la demanda tendría ya 14 años como poseedor.


Agrega el recurrente que el Tribunal no entendió que la sentencia de reivindicación dictada por esa Corporación aún no se ha cumplido tanto en lo referente a la entrega del inmueble como en lo tocante a la condena a Wilson Bayona por el pago de las mejoras a favor de Carlos Enrique Rodríguez. “Lo que lo convierte en un fallo inaplicable, puesto que no se puede cumplir parcialmente la sentencia, y en ese orden de ideas es indudable que la posesión del demandante no ha sido interrumpida” (f. 17, c. Corte). Precisamente por no haberse dado cumplimiento a la sentencia, continúa el censor, el juez que ordenó la entrega embargó también el inmueble con base en la sentencia que es título para ello en razón del incumplimiento de la obligación de pago de las mejoras.


De lo dicho concluye el impugnante que la sentencia del Tribunal se pronuncia sobre aspectos de fondo propios del debate jurídico, saliéndose de su órbita al recalar en el tiempo en que se alega para adquirir por prescripción, sin haberle otorgado oportunidad probatoria el demandante para demostrar ese hecho y sin tener en cuenta que tales aspectos no tocan con la cosa juzgada sino con la posesión que no era de su competencia, según lo establece el artículo 303 del Código General del Proceso.


Arguye además que el sólo hecho de basarse la sentencia en pronunciamientos dictados en un proceso reivindicatorio impide la prosperidad de la excepción de cosa juzgada por tratarse de un proceso de naturaleza distinta al de esta causa, que es el de pertenencia.


Remata la censura indicando que al tergiversar el alcance de las normas procesales, alteró el Tribunal el “parámetro de valoración” de la prueba documental.


CONSIDERACIONES

El carácter formal y extraordinario del recurso de casación se mantiene aún con la vigencia del Código General del Proceso que, como se sabe, morigeró buena parte de la naturaleza dispositiva que tradicionalmente se le ha reconocido a este medio de impugnación extraordinario. En efecto, de la lectura del artículo 346 de esa obra, la Corte debe inadmitir la demanda cuando, entre otras razones, “no reúna los requisitos formales” (numeral 1º), los cuales se encuentran enunciados en forma pormenorizada en el artículo 344.


Para los fines de este cargo, luce pertinente destacar que en el numeral  2º de la norma últimamente enunciada, se exige que en la demanda se formulen los cargos “por separado”, requisito éste que rinde tributo al carácter taxativo e independiente de las causales en las que, como es sabido, se desarrollan diversas hipótesis que obedecen unas a errores in iudicando (como las dos primeras causales) y otras a vicios in procedendo (como los motivos de las causales 3ª y 5ª) cometidos eventualmente por el juzgador. Pero también se alude con esa separación al carácter autónomo de los embates y por esa vía, se entiende que está proscrito que en un mismo cargo y sobre una misma prueba, se le achaque al Tribunal la comisión de yerros probatorios de derecho y de hecho simultáneamente.


De cara a las anteriores precisiones, debe destacarse que el recurrente incurre en una inadmisible mixtura de causales y en un reprochable entremezclamiento de errores probatorios.


Cuanto a lo primero, debe destacarse que no obstante anunciar que el cargo se cimentará en la “primera causal de casación”, por considerar la sentencia impugnada como “violatoria por vía directa”, lo desarrolla denunciando errores probatorios, lo cual, como se sabe, están proscritos en la causal anotada, en la que el cuestionamiento del impugnante debe ser exclusivamente jurídico, sin entrar en controversia sobre las conclusiones que en el terreno de lo fáctico y probatorio adoptó el Tribunal.


Pero si se entendiese que tal imprecisión obedeció a un lapsus cálami (recuérdese que en el derogado Código de Procedimiento Civil la causal primera de casación comprendía tanto la violación directa como la indirecta de normas sustanciales), seguidamente anuncia que los yerros probatorios fueron de derecho, y recayeron en la prueba documental. De modo que al anunciar el tipo de error -de derecho- debió ceñirse a lo previsto en el precepto 344 tantas veces aludido en cuanto a que debe indicar las normas probatorias que se consideren violadas “haciendo una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas”, cuestión esta última que se omite pues tan solo se limita el censor a citar preceptos procesales sin enlace alguno con el contenido del ataque, al parecer dirigido a achacarle al ad quem dislates en el mérito que le confirió a la prueba documental, limitándose, por lo demás, a determinar únicamente el escrito de demanda.


Sin embargo, y esto en segunda medida, prontamente abandona el yerro de derecho para situarse en el terreno de la apreciación objetiva de la prueba, al dolerse de que el Tribunal no advirtiera tres hechos contenidos en ese libelo, que califica de nuevos, y que por esa razón, hacían variar la causa petendi discutida en procesos anteriores cuyas sentencias, en particular la reivindicatoria, sirvieron para inferir que el fenómeno de la cosa juzgada se presentaba en este caso. Es pues, un típico error de hecho por cercenamiento de la prueba lo que ahora formula.


Como si lo anterior fuera poco, incurre el recurrente en una inadmisible mixtura de causales de casación al indicar que el Tribunal se excedió en la órbita de competencia que tenía para fallar la apelación, meramente circunscrita a la estructuración de la excepción de cosa juzgada, asunto que entraña un vicio in procedendo, ajeno a la trasgresión de normas sustanciales.


Resulta evidente entonces que el cargo fue planteado en contravención a lo dispuesto en el mentado numeral segundo que exige que la exposición de los fundamentos de cada acusación se haga en forma clara, precisa y completa.


Aún más, si el indicado precepto atinente a los requisitos de la demanda exige que los fundamentos de la acusación sean completos, esto es, que se aborden -para rebatirlos-, todos los cimientos o pilares en que se fundamenta el fallo, ha de recordarse que éste que se impugna llegó a la conclusión de la prosperidad de la excepción de cosa juzgada por cuanto: a) la sentencia reivindicatoria del 24 de junio de 2011 dictada por el Tribunal interrumpió la posesión; b) el demandado está habilitado para utilizar tal pronunciamiento judicial; c) el demandante no puede alegar, entonces, el tiempo de la posesión anterior a aquel fallo sino que partir de que la reasume con nuevos actos de señorío; d) el Tribunal, en la sentencia de reivindicación, no reconoció al actor que hubiera sido poseedor por espacio de siete años sino que lanzó, a nivel de hipótesis, que sus actos posesorios podrían a lo sumo alcanzar ese tiempo; e) el actor, desde su propia demanda, reconoce dominio ajeno al confesar que detenta el inmueble en una especie de derecho de retención porque el demandado esta causa no había pagado la condena que por mejoras le impuso el Tribunal.


Resulta palmario que un cotejo entre lo que el Tribunal afirmó y lo que el recurrente atacó arroja como consecuencia que varios de los soportes quedaron enhiestos, sin ataque alguno, con lo cual se incumple la completitud a que alude el precepto procesal atinente a los requisitos de la demanda de casación.


SEGUNDO CARGO


En el ámbito de la causal quinta de casación se acusa la sentencia del Tribunal de haber violado las normas procesales contenidas en los artículos 133, 136 a 138, 368 y 369 del C.G.P. lo que le condujo a una indebida aplicación del procedimiento, consistente en que en el auto admisorio de la demanda se ordenó correr traslado de la misma al demandado por 10 días cuando el término establecido en el artículo 369 del ordenamiento mencionado es de 20. Y a pesar del incidente de nulidad que le advirtió sobre esa grave irregularidad, el juez de primera instancia lo rechazó de plano y en su lugar dictó sentencia anticipada, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior.


Añade que de conformidad con el artículo 137 del C.G.P. el juez debe poner en conocimiento las nulidades que no hayan sido saneadas para que las partes se pronuncien sobre ellas y, al recortar el término de traslado, trasgredió las normas que lo conceden, lo que acarrea una nulidad no saneada y cuyo análisis omitió la sentencia de segunda instancia.


CONSIDERACIONES


Uno de los principios tutelares del derecho de impugnación es el del interés que le debe asistir a la parte para controvertir o contradecir la decisión judicial por serle ella perjudicial. Se ha dicho en multitud de ocasiones que “sin interés no hay recursos” y que ese interés se traduce en el agravio que la providencia le causa al recurrente.


En el cargo cuya idoneidad formal se examina es patente que el impugnante y demandante en este proceso, cuestiona el proceder del juez de primera instancia cuando, con ocasión de la admisión de la demanda, corrió traslado de la misma por un término que, de conformidad con lo que arguye, es inferior al legalmente establecido. Al rompe se aprecia que tal término está instituido para garantía de quien ha de utilizarlo para su eventual defensa más no en favor del demandante quien es el que convoca al beneficiario del mismo, esto es, el demandado. Y, como lo da a conocer el juez en providencia visible en folio 345 del cuaderno principal, el interpelado “contestó oportunamente la demanda, proponiendo excepciones previas y de mérito”. En consecuencia, esta sola circunstancia inhibe a la Corte de dar trámite de mérito al cargo que examina pues no sólo no tiene interés el recurrente en proponer tal irregularidad como causal de nulidad sino que quien sí lo tenía, resultó saneando el eventual vicio al no haber introducido el reclamo en forma tempestiva.


De lo dicho se concluye que Como quiera que ninguno de los cargos cumple los requisitos formales, es del caso dar aplicación al artículo 346 y en consecuencia, inadmitir la demanda examinada.


DECISIÓN



En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,



RESUELVE



INADMITIR la demanda con la que Carlos Enrique Rodríguez Quiroga intenta sustentar el recurso de casación que interpuso contra la sentencia anticipada proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 16 de mayo de 2017, dictada en el proceso de pertenencia promovido por aquel contra Wilson Bayona Becerra y demás personas indeterminadas.



NOTIFÍQUESE




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala





   

MARGARITA CABELLO BLANCO





       ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA







ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA