AC2457-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01276-00

       

       Bogotá, D. C., veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018).



       

Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Tuluá y el Civil Laboral del Circuito de Calarcá, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva promovida por el apoderado del señor Diego Alberto Cardoza Holguín contra Orlando Hugo Rodríguez Sánchez.


ANTECEDENTES


1. En el escrito presentado al «Juez Civil del Circuito de Guadalajara de Buga (reparto)», del que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «mandamiento ejecutivo en favor de mi mandante, Señor DIEGO ALBERTO CARDOZA HOLGUIN, y en contra del ejecutado, Señor ORLANDO HUGO RODRUIGUEZ SANCHEZ,»  por la suma de «$ 812.000.000 M/CTE» por concepto de capital y perjuicios causados desde el mes de enero de 2015 hasta la fecha.

Asimismo, se indicó en cuanto a la competencia que le concernía a dicha autoridad judicial en «razón de la cuantía, la vecindad del demandante, y el lugar donde debía cumplirse la obligación contractual» (fls. 96-100 del Cdno 1). 


2. El documento incoativo fue asignado al Despacho Segundo Civil del Circuito de Guadalajara de Buga, su titular, a través de proveído de 26 de febrero de 2018, manifestó que «Revisada la demanda encuentra esta Sede Judicial que lo pretendido por la parte demandante es, se libre mandamiento ejecutivo en contra del señor ORLANDO HUGO RODRIGUEZ SANCHEZ, con respecto a una serie de perjuicios que arguye le fueron causados debido al incumplimiento del contrato de obra civil 010 (fls. 7 al 14), documento que estipula en su numeral quinto que “el lugar de cumplimiento de este contrato es FINCA LA FONDA vereda PORTUGAL DE PIEDRAS ubicada en el municipio de RIO FRIO VALLE DEL CAUCA», por lo que envió el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Tuluá - Valle  (fl. 102 ibídem).


       3. Por reparto le correspondió el asunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, el cual mediante providencia de 20 de marzo de 2018, rechazó la demanda y la remitió al Juzgado Civil del Circuito de Calarcá, toda vez que, según expuso, es el lugar «indicado por la parte demandante como lugar de ubicación de la parte demandada» (fls. 106-107 ibídem).   


4. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue entregado al Juzgado Civil Laboral del Circuito de Calarcá que, en resolución de fecha 24 de abril del presente año, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y, entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que, «del contrato de obra civil 010 cuya ejecución se pretende, se otea que el objeto del mismo era la construcción de una granja avícola, en cuya clausula quinta se estableció “El lugar de cumplimiento de éste contrato es FINCA LA FONDA vereda PORTUGAL DE PIEDRAS ubicada en el municipio de RIO FRIO VALLE DEL CAUCA”. (FL.13). Así las cosas, conforme al mapa judicial de Colombia, el municipio de Riofrío ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, hace parte del Circuito Judicial de Tuluá, por lo que la competencia para conocer de la presente demanda está atribuida al operador judicial de esa ciudad […]» (fls. 109-110 ibídem).


       5. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Armenia y Buga, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.


       2. De las pautas de competencia territorial consagradas en el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante».


       Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se resalta).

       

3. En aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:


       3.1. En primer orden, el promotor del libelo introductorio manifestó que «suscribió en la ciudad de Buga – Valle, el día 29 de septiembre del 2014 el CONTRATO DE OBRA CIVIL No 010, correspondiente a la construcción de unos galpones especiales, que serían ofrecidos en arrendamiento a las empresas avícolas, destinados exclusivamente para alojar aves ponedoras en la Granja la Fonda, ubicada en la vereda Piedras, Municipio de Riofrio – Valle con el propietario del predio señor DIEGO ALBERTO CARDOZO HOLGUIN, por la suma de $428.723.757 de pesos», dejándose claramente definido el lugar de cumplimiento del contrato de obra suscrito (se resalta). 


       3.2. En segundo término, se advierte que en el escrito genitor se menciona con respecto a la competencia que es en razón de la «cuantía, la vecindad del demandante, y el lugar donde debía cumplirse la obligación contractual», lo cual, en principio, acorde con la facultad de escoger entre el juez del domicilio del demandado o el lugar de cumplimiento del contrato, optó por este último fuero. 


       3.3. En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo introductorio, cumple afirmar que toda discusión la zanjan contundentemente los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.        


       3.4. Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá, pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el lugar de «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


       Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, por el parámetro que le ofrece el numeral (3°) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (se subraya), siendo que ese preciso entendido se evidencia del escrito genitor de la demanda y del contrato de obra celebrado entre las partes, donde inequívocamente aluden al «lugar de cumplimiento», o sea el municipio de Riofrio, ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, el cual hace parte del Circuito Judicial de Tuluá.

       

4. De otra parte, no es cierto como se afirma por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá que, en el escrito de demanda se haya señalado como domicilio de la demandada el municipio de Calarcá; todo lo contrario, respecto a esa urbe simplemente se dijo que era el lugar donde la ejecutado podía ser notificado, figuras jurídicas distintas y confundidas por la citada autoridad judicial. 


Al respecto, ha explicado la Corporación:


(…) [n]o es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’» (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado recientemente en AC3888-2017, 20 Jun. 2017, rad. 2017-01282-00).


5. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Segundo Civil del Circuito de Tuluá, a quien le corresponde asumir el conocimiento de la referida demanda.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


        PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tuluá.

       

        SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Civil Laboral del Circuito de Calarcá, acompañándole copia de este proveído.


        TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.


       CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.


Notifíquese



MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada