MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada ponente


AC2478-2018

Radicación n.° 11001-31-03-023-2010-00258-01

(Aprobado en sesión de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho)


Bogotá, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).


Se decide sobre la admisibilidad de la demanda con la que la sociedad Titán Intercontinental S.A. dice sustentar el recurso de casación que formuló contra la sentencia proferida por la Sala Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 2 de junio de 2017, en el proceso de la recurrente contra el Banco de Bogotá S.A.


  1. ANTECEDENTES


A.        Titán Intercontinental S.A. llamó a proceso ordinario al Banco de Bogotá con miras a que se le declare extracontractualmente responsable por haber retenido indebidamente a la demandante el gravamen de movimientos financieros (en adelante GMF) en los años 2001, 2002 y 2003 en todas las ocasiones en que dispuso de recursos en sus cuentas corrientes para cancelar operaciones de cambio internacional. En consecuencia, solicitó que fuese condenado a pagarle los perjuicios causados por daño emergente, ($4.527.857.843 indexados) y lucro cesante correspondiente a intereses sobre este capital.


B.        Como fundamentos fácticos adujo que en los años 2001 a 2003 se dedicaba de manera exclusiva a la realización de operaciones de cambio internacional tales como el pago de giros y el cambio de moneda extranjera, en desarrollo de lo cual dispuso de recursos depositados en sus cuentas corrientes abiertas en el banco demandado para cancelar operaciones de cambio a sus beneficiarios finales.


El banco interpelado aplicó a Titán Intercontinental S.A. el GMF cada vez que, actuando como intermediaria del mercado cambiario, dispuso de los recursos en sus cuentas corrientes para pagar a los beneficiarios finales de las transacciones financieras.


Alega que, sin embargo, el mencionado gravamen no se causó cuando Titán Intercontinental S.A., simple intermediario cambiario, dispuso de los recursos depositados en sus cuentas corrientes para pagar al beneficiario final debido a que el GMF se causa por una sola vez en cabeza del beneficiario final de la operación de cambio, cuando dispone a través de sus cuentas corrientes o de ahorros de los recursos recibidos del intermediario.


En razón de lo anterior, y con fundamento en pronunciamientos jurisprudenciales y conceptos de la DIAN, así como en lo normado en el artículo 22 del decreto 401 de 2001 solicitó formalmente al banco la devolución de las sumas indebidamente retenidas en los años aludidos, obteniendo de éste respuesta negativa.


C.        La entidad bancaria convocada, aclarando previamente que había absorbido a Megabanco S.A. en noviembre de 2006, se opuso aduciendo como excepciones de mérito las que denominó “actuación de Megabanco S.A. inobservancia de un deber legítimo”, “inexistencia de retención indebida del GMF”, “inexistencia de responsabilidad en cabeza de Megabanco S.A.”, “improcedencia de la restitución frente a banco de Bogotá S.A. absorbente de Megabanco S.A. ya que no fue quien recibió los dineros”, “enriquecimiento sin causa”, “cobro de lo no debido”, “buena fe”, “falta de legitimación por activa”, “falta de legitimación por pasiva”, “prescripción de la solicitud de devolución” y la genérica.


D.        La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones al considerar el a quo que el Banco de Bogotá hizo bien en retener en los años 2001 y 2002 el gravamen de movimientos financieros por cuanto eso era lo que estaba previsto para la época en los artículos 871, 875 y 876 del Estatuto Tributario; y que en el año 2003 también debía hacerlo pues la actora no había identificado las cuentas que como intermediaria financiera utilizaba para así quedar exonerada del pago del gravamen de movimientos financieros, que fue lo establecido en el decreto 449 de 2003, en el que se estableció que la operación de cambio es una sola hasta el pago a su beneficiario final por lo que el gravamen aludido se causa cuando éste dispone de los fondos recibidos del intermediario, para lo cual, itera, debía la actora identificar la cuenta mediante  con la cual disponía de esos recursos, carga que tan solo vino a cumplir el 8 de enero de 2004.


Apelado el fallo por la perdidosa, el Tribunal al desatar la alzada lo confirmó, valiéndose de similares argumentos.


  1. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


En efecto, señaló que la ley 633 de 2000, por la cual se creó el gravamen de los movimientos financieros a cargo de los usuarios del sistema y de las entidades que lo conforman, estableció como hecho generador la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, entre otros supuestos, estableciendo como sujetos pasivos a los usuarios del sistema, las entidades que lo conforman y el Banco de la República, como agentes retenedores al mencionado banco y el establecimiento de crédito en el cual se encuentre la respectiva cuenta bancaria.


Agregó que con la entrada en vigencia del decreto 449 del 27 de febrero de 2002, reglamentario de la ley 788 de 2002 y el libro VI del Estatuto Tributario, se consideró que el movimiento contable y el abono en cuenta que se realice en las operaciones cambiarias se consideran una sola operación hasta el pago al titular de la operación de cambio, y para ello el intermediario debe identificar la cuenta mediante la cual dispone de los recursos para ese fin.


Con base en lo anterior, señaló la corporación de segundo grado que para los años 2001 y 2002 las operaciones financieras que se efectuaran con los recursos de una cuenta corriente generaban el anotado gravamen con independencia de si tal dinero se destinaba al pago de operaciones de cambio a sus destinatarios finales, cosa que cambió desde el 27 de febrero de 2003 cuando por virtud del artículo 3º  del Decreto 449 se concedió la exención del aludido tributo siempre que se marcara o identificara la cuenta corriente donde de forma exclusiva se manejarían los dineros para el pago en moneda nacional de los giros recibidos en divisas.


En cuanto a la crítica de la apelante consistente en que el banco no se encontraba obligado a retener el gravamen de acuerdo con sentencia del Consejo de Estado del 5 de febrero de 2009, el Tribunal, luego de reproducir fragmento del citado fallo que declaró la legalidad del inciso 5º del artículo 3º del decreto 449 de 2003, aclaró que lo que esa alta corporación había precisado era que la exención del aludido tributo sólo ocurría cuando la casa de cambio comunicaba a la entidad financiera donde abrió la respectiva cuenta la destinación de la misma para su uso exclusivo en pagos de giros o cambios de moneda extranjera.


En cuanto al reproche consistente en haber sustentado el a quo su sentencia con base en lo previsto en el numeral 12 del artículo 879 del Estatuto Tributario el cual nunca se había invocado como violado, indicó el Tribunal que una de las excepciones propuestas por la entidad de crédito interpelada fue la del no aplicación de ese precepto, precisamente porque sólo se destina para las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios del mercado cambiario y no en los eventos como los de este caso, esto es, de disposición de recursos depositados en cuentas corrientes para pagar remesas o giros a los beneficiarios.


En lo que hace a otra inconformidad del apelante, atinente a que no era necesario identificar las cuentas para tener acceso a la aplicación de lo dispuesto en el decreto 449 de 2003, recordó la corporación que el artículo 3º de esa normatividad permite concluir que para que una cuenta corriente bancaria de titularidad de un intermediario cambiario se beneficie de la exención del GMF era preciso que su titular comunicara al banco que la misma sería destinada para cancelar en moneda nacional los giros recibidos del extranjero.


Respecto de la crítica  referida a la falta de valoración del concepto de la DIAN, recordó jurisprudencia de esta Sala y de la Corte Constitucional en el sentido de considerarlos como criterios auxiliares de interpretación, no constitutivos de una decisión administrativa que afecte la esfera jurídica de los administrados, por lo cual no encuentra desatino del fallador al no valorarlo. Con todo, afirma que de haberlo hecho tampoco hubiese variado la determinación adoptada porque tal concepto tan solo remite al trámite del artículo 22 del Decreto 405 de 2001 sin haber establecido que el GMF retenido no se hubiese causado.


Sobre la culpa de la demandada, que se alega como acreditada por la actora, precisó la corporación que la responsabilidad civil también nace del incumplimiento de obligaciones legales; sin embargo, no se advierte que el banco hubiese actuado con culpa, con negligencia o descuido en el recaudo de gravamen pues su proceder se ajustó a la legalidad, según lo anotado.


  1. LA DEMANDA DE CASACIÓN


Contra el fallo sintetizado eleva la recurrente cinco cargos, todos por la causal primera de casación. Del estudio que en este momento procesal hace la Corte, encuentra que ninguno puede ser admitido. En síntesis estos indican:


En el cargo primero, que el ad quem violó directamente los artículos 871 y 873 del Estatuto Tributario al sostener que cada vez que se debitaron las cuentas corrientes se generó el gravamen de movimientos financieros, sin importar que tales recursos fueran destinados a sufragar una misma transacción financiera, interpretación del artículo 871 que es errónea a juicio del censor, pues el hecho económico de la transacción no puede ser gravado varias veces dado que se excedería la tarifa impositiva fijada por la ley, de suerte que la transacción financiera generadora de gravamen debe afectar, como es lógico, al titular real de la operación, esto es, su propietario o beneficiario, y no al intermediario.


Y en cuanto concierne al artículo 873, arguye que él da alcance al precepto antes mencionado (artículo 871) pues precisa que el GMF se causa cuando se dispone de los fondos o recursos objeto de la transacción financiera, entendiendo el recurrente que esa disposición hace exigible el gravamen, esto es, causa el recaudo.


En el cargo segundo, que el ad quem violó el inciso quinto del artículo 3º del Decreto Reglamentario 449 de 2003 al indicar que a partir de su expedición, 23 de febrero de ese año, se consagró una exención al gravamen a favor del intermediario cambiario que marcara o identificara la cuenta corriente desde la cual manejaría de forma exclusiva el dinero destinado al pago en moneda nacional de giros recibidos en divisas. Pero, a juicio del censor, ese precepto no consagra ninguna exención ni impone como requisito para acceder a la misma que la cuenta sea marcada o identificada pues tan sólo se circunscribe a clarificar el sentido del artículo 871 del Estatuto Tributario. Así las cosas, prosigue, tal decreto lo que hace es establecer que el gravamen se causa cuando el beneficiario de la operación cambiaria disponga de los recursos pero no cuando las casas de cambio actúan como simples intermediarias y entregan los fondos al beneficiario final y, en fin, que el intermediario debe indicar la cuenta mediante la cual dispone de los recursos pero sólo por necesidades operativas.


En sustento del anterior aserto cita sentencia del 5 de febrero de 2009 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que expresamente establece que la identificación de las cuentas bancarias que utilicen los intermedios del mercado cambiario no significa que se haya creado una exención.


En el cargo tercero, que también violó ese mismo artículo 3º del Decreto Reglamentario 449, pero en su inciso final por falta de aplicación, pues precisa cuáles son las condiciones para que el gravamen se cause y quién es el sujeto pasivo. De lo primero señala que la condición consiste en la disposición de los fondos por parte del beneficiario de la operación de cambio mediante débito a sus cuentas bancarias o contables; y de lo segundo, que el beneficiario de la operación de cambio es el sujeto pasivo.


En consecuencia, para la censura esa norma, aclaratoria del sentido del artículo 871 del Estatuto Tributario y declarada ajustada a la ley reglamentada por parte del Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de febrero de 2009, de haber sido aplicada, el ad quem hubiera llegado a la conclusión de que en las operaciones intermediadas por la actora el gravamen debía causarse en cabeza del beneficiario mas no en el de la casa de cambios.


En el cargo cuarto aduce que el Tribunal violó, por interpretación errónea, el inciso 5º del artículo tercero del Decreto 449 de 2003, y por falta aplicación los artículos 1º y 2º del Decreto 763 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) así como la Resolución 8 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República. Tales yerros se tradujeron en que el Tribunal vio en el decreto 449 una exención tributaria a favor del intermediario cambiario siendo que lo que esta norma hace es tan sólo aclarar cuándo y en cabeza de quién se causa el gravamen, y establece la necesidad de identificar las cuentas pero sólo para efectos operativos e indica que ello corre a cargo de la entidad financiera.


En el cargo quinto se alega que el Tribunal violó indirectamente y por falta de aplicación el artículo 871 del Estatuto Tributario, así como el inciso final del artículo tercero del Decreto Reglamentario 449 de 2003 al ignorar los conceptos emitidos por la Dian, plasmados en el oficio 072060 del 4 de septiembre de 2009 y en el identificado con el número 014565 del 1º de marzo de 2010, cuyo contenido reproduce en lo pertinente, para concluir que al haber omitido la apreciación de esas probanzas, el Tribunal no le dio el sentido y alcance correctos al artículo 871 y al inciso final del artículo tercero del Decreto Reglamentario 449 de 2003, dejando de aplicarlos. Agrega que de haber tenido en cuenta esos conceptos habría concluido que no se había causado el gravamen cuando la casa de cambios actora dispuso de los recursos en su cuentas corrientes para entregarlos a los beneficiarios finales de las operaciones de cambio por lo que no teniendo la obligación de asumir su importe, el banco demandado incurrió en indebida retención cuyo reintegro la demandante tiene derecho a solicitar.


CONSIDERACIONES


Desde el propio inicio del proceso que dio origen a la sentencia cuya impugnación extraordinaria se ventila en esta sede, la parte actora invocó una responsabilidad extracontractual del banco interpelado, lo que, en otras palabras, significa que para ella dicha entidad cometió un hecho ilícito que le causó un daño, traducido éste en las retenciones indebidas del gravamen de movimientos financieros realizados en sus cuentas corrientes abiertas en la entidad financiera resistente, porque a su juicio, tal tributo era de cargo del beneficiario real de la operación en la que ella participó sólo como simple intermediario.


Para el Tribunal, como se aprecia en la síntesis de su providencia, el banco hizo bien en retener las sumas cada vez que la demandada efectuaba una transacción financiera en los años 2001 a 2003, pues eso era lo que mandaban las normas tributarias, mismas que son las invocadas en los cargos soporte de la demanda, por considerar la impugnante que fueron violadas, ya directamente en los cuatro primeros embates, ora indirectamente como consecuencia de yerro probatorio de hecho en el último.


Como se anticipó, los cargos se formularon con apoyo en la causal primera prevista en el artículo 336 #1º del Código General del Proceso. El último cargo también se soporta en esta causal pero claramente se trata de un desliz subsanable por cuanto se sostiene en su desarrollo que la violación fue indirecta por yerro probatorio achacado al Tribunal, evento propio de la segunda. Están previstos así estos motivos en el Código General del Proceso:


Artículo 336 del CGP: Son causales del recurso extraordinario de casación: 1) la violación directa de una norma jurídica sustancial. 2) la violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba”


De suerte que, cual estaba regulado en ordenamientos procesales anteriores, en el vigente son condiciones de procedibilidad del recurso de casación por violación de la ley, y por ende es requisito insoslayable para para que pueda ser examinada en su mérito una determinada argumentación dentro de este ámbito estructurada, que se citen normas de linaje sustancial. No basta con preceptos de cualquier clase así ellos tengan algo que ver con la causa litigiosa y, aun más, así en efecto hubiesen sido infringidos en la sentencia.


“Forzoso es que se trate de verdaderas normas de derecho sustancial pues además de exigirlo así el texto del artículo 374 arriba aludido (hoy artículo 336), es al restablecimiento de ellas a lo que apunta la primera causal de casación, y bien es sabido que únicamente tienen el mencionado carácter "... las que frente a un supuesto de hecho previsto en las mismas, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas..." (G.J. T. CXLII págs. 212 y 213),


En otras palabras,



“limitarse a invocar otras disposiciones que tienen alguna relación con el tema debatido, sin mencionar las normas sustanciales del caso, no alcanzan el objetivo y/o fin del recurso; esa omisión incide en la viabilidad del trámite de la casación, porque no puede olvidarse que dado el carácter dispositivo de la impugnación extraordinaria, la Corte solo puede ocuparse de valorar la trasgresión de las normas en la medida en que la denuncia formulada las involucre, por ello, en defecto de un reproche expreso sobre el particular, no puede avocarse, oficiosamente, su estudio. Si no se indica la norma sustancial la Corporación no puede estudiarla a propósito de determinar si fue o no violada. (AC del 18 de diciembre de 2012, rad. 11001 31 03 020 2005 00299 01)


Esa consistente y aún vigente jurisprudencia de la Corporación, en el sentido de concebir las normas sustanciales como “aquellas que, frente a un supuesto de hecho previsto en las mismas, consagran derechos a favor de los asociados o les imponen obligaciones, es decir, son las que en presencia de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas entre las partes (SC. De 9 se sep. 190, aparte transcrito en SC del 22 de octubre de ese año, G.J. CXXXVI, pág. 58), impone examinar si las que vienen relacionadas en los cargos son de esa naturaleza.


Son ellas las contenidas en los artículos 1º1 y  2º2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que se limitan a precisar la conformación del sistema financiero y en particular qué entidades componen los denominados establecimientos de crédito. Además se nombran con insistencia los artículos 871 y 873 del Estatuto Tributario, así como los incisos 5º y final del artículo 3º del Decreto Reglamentario 449 de 2003 y la Resolución 8 de 2000 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, que simplemente se menciona, sin siquiera aludir a su contenido, ni menos, a la razón por la cual se considera infringida.

En todo caso, debe señalarse que los preceptos 8713 y 8734 del Estatuto Tributario, en lo que la censura relieva, establecen, en su orden, el hecho generador del gravamen a los movimientos financieros (las transacciones financieras) y la definición de lo que la Ley entiende por el denominado gravamen a los movimientos financieros (GMF). Pero claramente no están regulando la creación, modificación o extinción de una relación jurídica entre los acá implicado y a partir de la cual atribuya al censor el derecho que reclama.


Por su parte, el Decreto Reglamentario 449 de 20035 es un acto administrativo que el Presidente de la República expide en desarrollo de la potestad reglamentaria y por consiguiente no puede ese decreto por sí solo bastar para estructurar cabalmente un ataque por la vía directa o indirecta de violación de normas sustanciales pues en tal caso ha de acudir al impugnante a la norma reglamentada, si es que ella  contiene preceptos de tipo sustancial. No en vano ha dicho la Sala que “stricto sensu, los «actos administrativos no pueden calificarse propiamente como normas sustanciales, porque aparte de que el control de legalidad escapa a la Corte» [Sentencia de 14 de agosto de 2000, expediente 5552], esa connotación únicamente la tienen las disposiciones del ordenamiento positivo que regulan “derechos, facultades o poderes” de las personas” (SC del 16 de septiembre de 2005, rad. n°. C-6800131030061999-01743-01. Lo que está en corchetes figura como nota de pie de página).


Y en cuanto a la Resolución de la Junta Directiva del Banco de la República, otra especie de acto administrativo, a lo anterior debe agregarse que la sola mención de la misma, sin argumentación alguna sobre su contenido y trascendencia en el embate contra la sentencia, impide a la Corte avanzar en cualquier sentido.


En consecuencia, como los cargos no contienen normas sustanciales, la demanda no cumple con los requisitos formales, causal esta de inadmisión al tenor de lo dispuesto en el artículo 346,#1º del CGP, en consonancia con el primer parágrafo del precepto 344 que establece que “cuando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:

Primero: INADMITIR  la demanda de casación  presentada por sociedad Titán Intercontinental S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 2 de junio de 2017, en el proceso de la recurrente contra el Banco de Bogotá S.A.


Notifíquese,



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO

  

  



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO



   

LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


   


OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE


   

   


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA




1 Artículo 1º: ESTRUCTURA GENERAL. El sistema financiero y asegurador se encuentra conformado de la siguiente manera:

a. Establecimientos de crédito.

b. Sociedades de servicios financieros.

c. Sociedades de capitalización.

d. Entidades aseguradoras.

e. Intermediarios de seguros y reaseguros

2 Artículo 2º: ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO.

1. Establecimientos de crédito. <Inciso 1o. modificado por el artículo 54 de la Ley 454 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial  y cooperativas financieras.

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya función principal consista en captar en moneda legal recursos del público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito.

2. Establecimientos bancarios. Son establecimientos bancarios las institu-ciones financieras que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros depó-sitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito.

3. Corporaciones Financieras. Son corporaciones financieras aquellas insti-tuciones que tienen por función principal la captación de recursos a término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas en los sectores que establezcan las normas que regulan su actividad.

4. Corporaciones de Ahorro y Vivienda. <Ver Notas del Editor. Numeral modificado por el artículo 13 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Son corporaciones de ahorro y vivienda aquellas instituciones que tienen por función principal la captación de recursos para realizar pri-mordialmente operaciones activas de crédito hipotecario de largo plazo.

3 ARTICULO 871. HECHO GENERADOR DEL GMF. <Derogado a partir del 1o. de enero de 2022, por el parágrafo del Art. 872> <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> El hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes…”

…

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 45 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Para los efectos del presente artículo se entiende por transacción financiera toda disposición de recursos provenientes de cuentas corrientes, de ahorro, o de depósito que implique entre otros: retiro en efectivo mediante cheque, talonario, tarjetas débito, cajero electrónico, puntos de pago, notas débito o a través de cualquier otra modalidad, así como los movimientos contables en los que se configure el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recursos o derechos a cualquier título, incluidos los realizados sobre, carteras colectivas y títulos, o la disposición de recursos a través de contratos o convenios de recaudo a que se refiere este artículo. Esto incluye los débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como 'saldos positivos de tarjetas de crédito' y las operaciones mediante las cuales los establecimientos de crédito cancelan el importe de los depósitos a término mediante el abono en cuenta.

…

4 ARTICULO 873. CAUSACIÓN DEL GMF. <Derogado a partir del 1o. de enero de 2022, por el parágrafo del Art. 872> <Artículo adicionado por el artículo 1 de la Ley 633 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> El Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera.

5 Inciso quinto del Artículo 3º. Débitos a cuentas contables…El movimiento contable y el abono en cuenta que se realicen en las operaciones cambiarias se consideran una sola operación hasta el pago al titular de la operación de cambio, para lo cual el intermediario financiero deberá identificar la cuenta mediante la que se disponga de los recursos. El Gravamen a los Movimientos Financieros se causa cuando el beneficiario de la operación cambiaria disponga de los recursos mediante mecanismos tales como débito a cuenta corriente, de ahorros o contable, en los términos del artículo 871 del Estatuto Tributario.