MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada Ponente



AC2481-2018

Radicación n.° 11001-31-03-022-2009-00414-01

(Aprobada en sesión de nueve de mayo de dos mil dieciocho)


Bogotá D. C.,         veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la parte demandante contra la sentencia del quince (15) de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que la recurrente – Milenium Seguridad Limitada adelantó contra Grupo Constructor de Ingenieros LTDA, Jairo Enrique Ortiz Perdomo, María Yanet Nossa Ballesteros y Constructora Diseños y Construcciones De & C Ltda.


ANTECEDENTES


Pidió la promotora, como pretensiones principales, se declare la existencia de un contrato de dación en pago, suscrito entre Milenium Seguridad Ltda, y Grupo Constructor Ingenieros Ltda., el día 24 de mayo de 2002, en virtud del cual y a efectos de cancelar a aquella la suma de $18.398.520, esta última se obligó a transferir el derecho de dominio de tres inmuebles identificados en el libelo de demanda; y que incumplió el mencionado contrato de dación en pago al trasferir su dominio a favor de los también demandados María Yanet Nossa Ballesteros y Jairo Enrique Ortiz Perdomo.


En las pretensiones tercera y cuarta deprecó la declaración de Simulación Absoluta de las Escrituras Públicas Nos. 414 del 29 de diciembre de 2003, de la Notaría Única de Tocaima (Cundinamarca) y 1069 del 4 de junio de 2008, de la Notaría Primera de Girardot (Cundinamarca) con las cuales Grupo Constructor Ingenieros Ltda transfirió a título de compraventa a favor de María Yanet Nossa Ballesteros y Jairo Enrique Ortiz Perdomo los inmuebles involucrados  en la dación, y la venta de estos últimos a la sociedad Constructora Diseños y Construcciones De & C Ltda.


Consecuencialmente, imploró ordenar al Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot cancelar el registro de las susodichas escrituras públicas en los respectivos folios de matrículas inmobiliarias.


Asimismo, pretensionó que las cosas vuelvan al estado anterior a los actos simulatorios y la sociedad Grupo Constructor Ingenieros Ltda., debe proceder a restituir los inmuebles objeto de la dación en pago y a suscribir la correspondiente escritura pública en los términos plasmados en el contrato de dación en pago.

En las denominadas Primeras Pretensiones Subsidiarias, reclamó en la primera y segunda, lo que ya había solicitado en la primera y segunda pretensiones principales. En las súplicas tercera y cuarta subsidiarias demandó la Nulidad Absoluta de las aludidas escrituras públicas; además, la orden al Registrador de Instrumentos Públicos de Girardot de cancelar el registro que de las mismas se anotó en los distintos folios de matrículas inmobiliarias; amen de la condena a los demandados del pago de los frutos civiles producidos por los inmuebles de ser explotados con mediana inteligencia y cuidado desde la fecha del contrato de compraventa simulado y hasta la fecha en que se produzca el fallo, conforme tasación pericial.


Respecto de las Segundas Pretensiones Subsidiarias, en la primera y segunda hizo el mismo pedimento de la declaración de existencia de la dación en pago y su incumplimiento de parte de Grupo Constructor Ingenieros Ltda, ya formulada en la primera y segunda pretensiones principales; del mismo modo, pretensionó la declaración de Nulidad Relativa de las prementadas escrituras públicas con las pretensiones consecuenciales, ya mencionadas.


La causa fáctica relevante, puede compendiarse, como sigue:


1. Entre la sociedades Milenium Seguridad Limitada y Grupo Constructor Ingenieros Limitada, se suscribió el día 24 de mayo de 2002 un acuerdo privado que denominaron “Contrato de Dación en pago”, actuando la primera en calidad de acreedora y la segunda en condición de deudora, que tiene por objeto la trasferencia que, a título de dación en pago, hace el deudor del pleno derecho de dominio y posesión que ejerce sobre tres lotes localizados en la urbanización “Los Alcatraces”, de la ciudad de Girardot, identificados con números de matrículas inmobiliarias 307-63264, 307- 63265 y 307-63266, cuyas medidas y linderos se especifican en el señalado documento privado,  a más de dejarse la respectiva constancia en su texto de la entrega real y material.


2. De acuerdo con su cláusula sexta, la escritura pública que perfeccionaría el mismo, se suscribiría una vez la acreedora realizara por su cuenta, el pago de impuestos y obtuviera el respectivo paz y salvo notarial de los inmuebles, señalándose el plazo máximo para la suscripción de ese instrumento público, el día 30 de diciembre de 2002 a las 10:00 A.M. en la Notaría Primera de Girardot.  


3. La firma acreedora no obtuvo el paz y salvo dentro del plazo acordado, razón por la cual la respectiva escritura pública no se otorgó en la fecha señalada. En tal virtud acreedor y deudor acordaron que una vez aquella realizara el pago de los impuestos se suscribiría la escritura pública que perfeccionara la dación en pago, que liberaría a Grupo Constructor Ingenieros Limitada de la deuda vigente para con Milenium Seguridad Ltda.


4. Que Grupo Constructor Ingenieros Limitada, sin mediar resolución judicial o extrajudicial del contrato de dación en pago, transfirió a título de compraventa a favor de Jairo Enrique Ortiz Perdomo y María Yanet Nossa Ballesteros, los inmuebles vinculados a ese negocio jurídico, mediante la escritura pública de fecha 24 de mayo de 2002, de la Notaría Única de Tocaima (Cundinamarca); compraventa que es simulada, eludiendo el pago del valor adeudado a la actora.


5. Teniendo en cuenta que el representante legal de la sociedad acreedora, en dicha calidad tuvo trato comercial y personal con los representantes legales de la firma Grupo Constructor Ingenieros Ltda, conocía que la compradora María Yanet Nossa Ballesteros estaba vinculada laboralmente con la sociedad anteriormente referenciada, y que el comprador Jairo Enrique Ortiz Perdomo tenía vínculos de amistad íntima con los representante legales de la vendedora; por vía de indicios la anotada escritura pública es simulada, su objeto no era otro que sustraerse al cumplimiento del contrato de dación en pago.


6. Que constituye un grave indicio de simulación que el precio de la compraventa se haya tasado para los tres (3) predios en la suma de Veinte Millones de Pesos ($20.000.000), no obstante tener en total los lotes vendidos un avalúo catastral de Cincuenta y Dos Millones Cien Mil  Pesos ($52.100.000.00) para el año 2003.


7. No obstante que los representantes legales de las sociedades que suscribieron el documento de dación en pago tuvieron trato y relación, jamás se le comunicó a la sociedad acreedora que los lotes objetos de la dación los habían enajenado a favor de terceros, muy por el contrario, siempre le ocultaron la venta y le preguntaban por el pago de los impuestos de los lotes para suscribir la escritura pública que perfeccionaría la dación en pago.


8. Posteriormente, Jairo Enrique Ortiz Perdomo y María Yanet Nossa Ballesteros, mediante escritura pública No. 1.069 del 4 de junio de 2008, otorgada en la Notaría Primera de Girardot, transfirieron la propiedad de los tres lotes a la sociedad Constructora Diseños y Construcciones De & C Ltda., por un valor de Ciento Diez Millones de Pesos ($110.000.000.00); esta escritura también es simulada y la sociedad compradora se constituyó el 16 de mayo de 2008, con un capital de Cincuenta Millones de Pesos ($50.000.000.00), lo cual es un indicio grave «de falsedad» en cuanto al pago del precio contenido en la negociación, toda vez que no tenía la capacidad económica para el desembolso del valor de compra.


9.- Que la actora siempre estuvo dispuesta al cumplimiento del contrato de dación en pago, y los gerentes de la sociedad deudora ocultaron la venta comprendida en la escritura pública No. 414 del 29 de diciembre de 2003, la cual contiene un contrato con objeto ilícito, pues a través de la misma se transfirió el derecho de propiedad sobre los inmuebles mencionados, como artificio para lograr la defraudación y obtener provecho ilícito en detrimento patrimonial de la demandante.  


La primera instancia culminó con sentencia de fecha 19 de julio de 2017, mediante la cual el juzgado 45 civil del circuito de Bogotá, declaró la nulidad absoluta del contrato de dación en pago, sin que haya lugar a ordenar las restituciones mutuas; y negó las demás pretensiones de la demanda.


La fundamentación del fallo descansa cardinalmente en que el contrato de dación en pago está afectado de nulidad absoluta, razón para declararla de oficio, atendiendo a lo dispuesto en el artículo1742 del Código Civil; anomalía que se deriva al estipularse en el negocio jurídico que el pago de los impuestos de los terrenos objeto de la dación en pago serían por cuenta de la acreedora, y no se especificó la data en que se efectuaría éste, de donde colige que el perfeccionamiento del contrato quedó supeditado a una actuación del demandante, condición que es inválida de acuerdo con lo previsto en el artículo 1535, ibídem, ya que son nulas las obligaciones bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga.


Respecto de la simulación absoluta arguyó que conforme a las pruebas documentales aportadas y los testimonios recaudados se infiere que no se demostraron los presupuestos o requisitos de la simulación absoluta; en relación a la nulidad absoluta y la nulidad relativa destacó que el actor no se ocupó de mencionar en el acápite de pretensiones ni en el sustento fáctico de por qué debía declararse inválidos los señalados contratos de ventas.  

Apelado el fallo por la accionante, el Tribunal resolvió confirmarlo por las razones que, en seguida se resumen.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


1. Centrado en la inconformidad del apelante consistente en que lo pretendido es que judicialmente se declare la existencia y confirmación del negocio jurídico de la dación en pago, observa que el juzgador de primera instancia renunció al examen de los presupuestos de existencia de ese acto jurídico, paso previo que de superarse, permite abordar su validez, a más de resaltar que desde el ámbito sustancial el negocio jurídico  sub judice tiene por objeto la trasmisión de la propiedad de varios inmuebles, razón por la cual, para su perfeccionamiento, [entiéndase trasmisión de la propiedad] está sometida al cumplimiento de la solemnidad ad sustantiam actus, consistente en el otorgamiento de la escritura pública, y para ello, reclama la aplicación analógica del artículo 1857 del Código Civil.


2. A continuación relieva que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina el propósito de la dación en pago está dirigido a extinguir una obligación preexistente, citando a continuación lo expresado por esta Corporación en sentencia de 2 de febrero de 2001, en cuanto que la finalidad de esa figura jurídica “no [era] crear una nueva, para que inmediatamente fenezca, alambicado procedimiento que no está en consonancia con lo que, en la praxis, acaece cuando se acuña una dación en pago. Tanto es así, que lo que les interesa a las partes es finiquitar el vínculo obligacional y no generar un lazo nuevo entre ellos, para seguidamente erradicarlo. Es por ello que la dación en pago no se perfecciona sino por la ejecución de la prestación sustitutiva, desde luego, acompañada del ánimo recíproco de extinguir la obligación preexistente entre las partes’. De suerte que, como correctamente ha sido realzado, ‘mal puede pensarse que esa ejecución que constituye la esencia de la institución le dé nacimiento a una nueva obligación”.


2.1. Con soporte en los anotados enunciados concluyó que la dación en pago no nació a la vida jurídica, razón que por igual deja al descubierto que no es posible predicar incumplimiento de la misma por parte de los demandados, a lo que adiciona, al margen de la existencia del negocio, que el mismo demandante impidió su concreción al no haber pagado los impuestos prediales; a más, que la calificación efectuada por las partes del negocio jurídico y de las eventuales prestaciones que en virtud del mismo pudieron cumplirse, pues aquellas no resultan vinculantes para el juez, y quien está obligado a inspeccionar “el tipo o clase de negocio celebrado y que, por esta vía, establecer el marco legal al que está sometido, análisis que corresponde a la necesaria labor de subsunción de su objetivo contenido en la ley, lo que no puede calificarse como constitutiva de incongruencia de la sentencia.


3. El tribunal, una vez descartó la prosperidad de la primera y segunda pretensión principal, continuó en el análisis de las subsidiarias atinentes a la simulación absoluta y relativa de los negocios jurídicos de compraventa celebrados con posterioridad al documento privado que las partes denominaron dación en pago, por comprender los lotes de terrenos, objeto de ésta.


3.1 Para tal finalidad comenzó su laborío precisando en torno al presupuesto de la legitimación para obrar, necesario para que pueda intentarse con vocación de éxito una acción de ese linaje, aseverando que este radica, en principio, en quienes fueron partes del negocio, por ser los legítimos contradictores y gozan de legitimación en el correspondiente proceso; planteamiento que ha evolucionado para reconocer que podrán [demandar] la simulación no solo las partes que intervinieron o participaron en el negocio simulado sino también los terceros cuando ese acto fingido le acarea un perjuicio cierto y actual.


3.2 El ad-quem, al descender al fondo del asunto a partir del juicio de inexistencia de la dación en pago, concluyó, inicialmente, que la misma que no puede exponerse como base para demostrar el necesario interés que legitima a la actora para demandar, pues de ella no se deriva titularidad de algún derecho ni la presencia de un débito a su favor que pueda afectarse con la reclamada simulación, con independencia de la eventual reclamación que subsiste en cabeza de la sociedad convocada sobre el crédito que se pretendía extinguir con la fallida dación.


3.2.1 No obstante, precisó que si se aceptara que ese interés estriba en la condición de acreedor, el mismo está íntimamente ligado a la generación de un perjuicio en quien lo reclama, supuesto que en el sub examine tampoco concurre, dado «que en el expediente no se ha acreditado que el patrimonio de la demandante se hubiera afectado con la celebración de los negocios fictos, en tanto el deudor carece de otros bienes para obtener el pago de las obligaciones»; poniendo de presente la intrascendencia para el actor de la subsistencia de los contratos cuestionados, para lo cual cita la sentencia de casación del 14 de marzo de 1981.


3.3 Al abundar en razones para no acceder a la pretensión subsidiaria de simulación absoluta, examinó los indicios de la cercanía social y laboral entre los contratantes, y consideró que no son suficientes para de ellos extraer lo aparente de las negociaciones y mucho menos del precio pagado. Del mismo modo, aseguró que la dación se iba a realizar para cancelar un crédito por Dieciocho Millones de Pesos ($18.000.000), aproximadamente, y las ventas superaron con creces ese guarismo; que, si en gracia de discusión, se aceptara que de dichas conductas se desgajan algunos indicios, ellos no tienen la contundencia y gravedad para derribar la ficción de legalidad y eficacia del contrato atacado, apoyándose en lo dicho por la Corte en sentencia del 29 de abril de 2009. En conclusión, con la decisión que, en caso de enfocarse por la existencia de un débito insatisfecho, se debió comprobar que la exclusión de esos bienes del patrimonio del deudor disminuye de manera peligrosa la prenda general, esto es, que el acreedor corre con la carga de demostrar que se ha provocado una notoria incapacidad para el pago de su acreencia, supuesto que ni siquiera se ha llegado en el contradictorio.

3.4 Respecto de la nulidad absoluta arguyó que igual comentario merece al interés para planearla, pues se exige a los terceros la demostración de la existencia de un derecho actual que se afecta con la celebración del negocio anómalo, rogativa legal que el demandante no ha probado a plenitud como tampoco el perjuicio que le irroga la celebración de los contratos atacados. 


3.5 En relación con la nulidad relativa en la sentencia opugnada se hizo énfasis en que el interés para obrar está restringido a las partes, sus sucesores o causahabientes, calidad que no concurre en el actor, razón determinante para, tampoco, acceder a dicha solicitud. 


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Se formularon dos cargos contra la sentencia del Tribunal al amparo de la causal primera y segunda del artículo 336 del Código General del Proceso; el primero, por violación directa de normas de derecho sustancial, por falta de aplicación de los artículos 822, 824 y 878 del Código de Comercio, 1501 y 1502 del Código Civil, e indebida aplicación de los artículos 898, inciso 2º del Código de Comercio y artículo 8º de la Ley 153 de 1887, en los requisitos relativos a la existencia del negocio jurídico de dación en pago; el segundo, por violación indirecta de las mismas normas citadas en el cargo primero, por error de hecho manifiesto y trascendente por haber dado por no probado, a pesar de estarlo, la existencia del negocio jurídico de dación en pago.

1. Respecto del primer cargo y para efectos de demostrar el error en que pudo incurrir el juez plural, el impugnador extraordinario, arguye que:


(i) «como no existe norma alguna que reglamente los elementos esenciales de la dación en pago, resulta pertinente aplicar el artículo 878 del Código de Comercio, de donde se deduce que la dación en pago en derecho mercantil es un negocio jurídico».


(ii) «de conformidad con lo previsto en los artículos 1501 y 1502 del Código Civil, aplicables por remisión contenida en el artículo 822 del Código de Comercio, los elementos esenciales del negocio son: capacidad, consentimiento, objeto, causa y forma – eventualmente en aquellos negocios jurídicos que son solemnes o reales, pero para el caso de los negocios mercantiles el artículo 824 del Código de Comercio dispone que (…)».  


(iii) «que solo procede la inexistencia de todo negocio jurídico en los casos del artículo 898 del Código de Comercio y no por interpretación de estipulaciones accidentales en éste».   


(iv) «Por otro lado, el artículo 8 de la Ley 153 de 1887 resulta violado por indebida aplicación porque el argumento central de la providencia recurrida se basa en la sentencia de 2 de febrero de 2001, para concluir que la dación en pago es inexistente, pero no precisó si dicho contrato es consensual, solemne o real; da a entender que para el Tribunal no existió dación en pago porque del contrato que celebraron (…), surgían obligaciones, sin embargo, no analizó ¿acaso alguna norma, jurisprudencia, doctrina o principio general del derecho prohíbe que la dación en pago contenga una estipulación accidental?, como claramente está permitido por el artículo 1501 del Código Civil, inaplicado aun cuando está llamado a regular el caso».


(v) «que el Tribunal en la sentencia censurada concluyó que el contrato de dación en pago es inexistente cuando en él las partes estipulan obligaciones accidentales no tiene soporte en norma ni jurisprudencia alguna».


2. El segundo cargo invocado por violación indirecta de las mencionadas normas sustanciales se sustenta en que tribunal cometió error de hecho manifiesto y trascendente por haber dado por no probado, a pesar de estarlo, la existencia del negocio jurídico de dación en pago, al pretermitir pruebas, simplemente no las vio, no quiso verlas, las que relaciona de la siguiente manera:


(i) «los documentos aportados con la demanda enunciados en los numerales 1 a 4 del acápite de pruebas de la demanda, prueban tanto la dación en pago como el interés para obrar de la demandante, consistente en el incumplimiento del contrato porque transfirió los bienes objeto de la dación hasta insolventarse».


(ii) «que en la contestación de la demanda el apoderado del Grupo Constructor Ingenieros Limitada reconoció que “es cierto, que…, los señores… celebraron un CONVENIO DE DACIÓN EN PAGO…, donde [esta] daba en dación en pago, por la deuda de $18.398.520.oo M/Cte, los predios referenciados en la cláusula Tercera del Referido contrato».


(iii) «lo contestado por la demandada de que “NO Nos consta. Se trata de un supuesto jurídico celebrado entre dos personas».


(iv) «que el demandado JAIRO ENRIQUE ORTIZ PERDOMO, sobre la dación en pago, manifestó en la contestación de la demanda que “ES CIERTO, al parecer entre […], se quiso celebrar un contrato de dación en pago».


(v) «el indicio de que la sociedad deudora entró en liquidación luego de los hechos, lo que fue manifestado por el liquidador en diligencia de interrogatorio de parte […] y el liquidador suplente manifestó que “ese contrato según lo que me dice el liquidador, ese contrato existió pero igualmente muy conocimiento es muy vago sobre ese acto».


(vi) «que se pretermitió igualmente los interrogatorios de parte  rendidos por los demandados JAIRO ENRIQUE ORTIZ PERDOMO Y MARÍA YANET NOSSA BALLESTEROS, quienes confesaron tener relaciones personales con la deudora demandada quien celebró el contrato de dación en pago con la empresa demandante».


(vii) «el Tribunal pretermitió los testimonios de XIOMARA YADIRA CLAVIJO GRIMALDO Y CONSUELO CASTAÑEDA DE GONZÁLEZ, que acreditan no solo la existencia del contrato de dación en pago sino además el incumplimiento por parte de la deudora demandada, y también aportan pruebas contundentes sobre las pretensiones subsidiarias».  


CONSIDERACIONES


1. Como se tiene por sabido, el escrito dirigido a sustentar el recurso de casación debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos formales previstos en la ley, so pena de que sea declarado inadmisible (numeral 1º, artículo 346, del Código General del Proceso); consecuencia que tiene su razón de ser en el carácter extraordinario de este medio de impugnación, en el que campea por regla general el principio dispositivo, del que se desprende que solo dentro del marco trazado por el recurrente ha de discurrir la actividad de la Corte, en orden a determinar si la sentencia combatida se ajusta o no a la ley sustancial, o a la procesal, según el caso, sin que le sea a ésta permitido hacer interpretaciones para llenar vacíos o para replantear cargos deficientemente propuestos.


Esas exigencias que debe reunir la demanda de casación se encuentran previstas en el artículo 344 del CGP, que para el caso en particular, se resalta la prevista en el numeral 2, que prescribe:


]l]a formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa y con sujeción a las siguientes reglas:


a) Tratándose de violación directa, el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria.


En caso que la acusación se haga por violación indirecta, no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias.


Cuando se trate de error de derecho, se indicarán las normas probatorias que se consideren violadas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia.  


1.1 La claridad y precisión que debe ostentar la fundamentación de una acusación impide al casacionista que, en el desarrollo de ella, cuando invoca la causal primera de casación del artículo 336 del CGP (violación directa de la norma sustancial), entremezcle los aspectos que estructuran los yerros estrictamente jurídicos, con aquellos que atañen a lo factual, reservados para la indirecta, tampoco pueden fusionarse.


De la misma forma, cuando se alega la causal segunda, (violación indirecta de la ley sustancial) tampoco es dable en la concreción del cargo plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias. 


2. La calificación formal de la demanda de casación no involucra el mérito de los cargos elevados contra el fallo combatido, pues la Corte, en este estadio procesal, se limita a la comprobación del cumplimiento de los requisitos enlistados en el artículo 344 del Código General del Proceso, tanto los denominados “accidentales”, referidos al resumen de los hechos y del proceso así como a la designación de las partes y de la sentencia, como de los "sustanciales”, enderezados propiamente a la aducción de la causal o causales escogidas para elevar la crítica jurídica del recurrente contra el fallo impugnado, mediante la fundamentación clara y precisa de los argumentos que le den piso firme a la invocación de esos motivos, y en donde la Corte pone un mayor énfasis por cuanto, si es la casación un recurso extraordinario en el que campea el principio dispositivo que le impide a aquella complementar los embates y suplir las falencias del censor, tiene éste a su cargo la tarea de presentarle a esta Colegiatura una crítica acompasada con los pilares de la sentencia, esto es, que guarden relación con sus argumentos (simetría), que los destruya totalmente (plenitud), para así derruir también la presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo de instancia en lo concerniente a las conclusiones fácticas y jurídicas que condujeron al sentenciador a decidir como lo hizo, tarea que si no se evidencia ha sido cumplida, acarrea en últimas una formulación de ataques sin la necesaria precisión o tino (desenfoque), o sin la claridad que, como requisitos formales, debe cumplir la demanda y cada uno de los cargos.


2.1 Ha adoctrinado la Sala que «[l]a crítica que propone el censor debe ser, de un lado, simétrica, de modo tal que se dirija específicamente a destruir cada uno de los fundamentos fácticos de la sentencia enjuiciada; y de otro, de ser consistente, es decir, que el mérito de la propuesta tenga virtualidad para excluir la tesis del Tribunal» (CSJ, sentencia 2 de octubre de 2001, expediente 6997, auto 11 de septiembre 2013, expediente 2004-00221-01, auto 19 de diciembre de 2012, Rad. n°. 2001-00038-01. AC2929-2016, de 16 de mayo de 2016, entre otros)

Referente a la simetría de la acusación, la Corte ha dicho que:

debe entenderse no sólo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución, sino como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia. (CSJ, sentencia del 14 de julio de 1998, expediente 4724)


3. En lo que hace a la causal primera, debe advertirse que la infracción recta de las disposiciones sustanciales, por averiguado se tiene, sólo se produce cuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace. También ha sido criterio reiterativo de la Sala, que cuando la denuncia se orienta por esta vía, presupone que el acusador viene aceptando plenamente las conclusiones fácticas deducidas por el Tribunal.


En esa dirección, compete al recriminador,


“centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que    considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta”. (SC feb.18 de 2004. Radicación n° 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, radicación n° 2000-00896).


Esta regla técnica constituye un requisito formal de la demanda de casación, consagrado expresamente por el legislador en la letra a) del numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso.


Al respecto, ha sostenido la Corporación de tiempo atrás que “en razón a la naturaleza misma del recurso de casación y su reglamentación legal cuando se apoya en la primera de las causales que consagra el Art. 368 del Código de Procedimiento Civil, [hoy 336 del CGP] el escrito destinado a fundamentarlo después de habérsele concedido al litigante interesado en hacerlo valer, debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente” (Cas. Civ. del 26 de marzo de 1999, Exp. 5149, refrendada en providencias recientes, como las de 14 de diciembre de 2011, Exp.  11001-31-03-023-2004-00336-01; de 7 de noviembre de 2002, exp.#7587, de 28 de mayo de 2004, exp.#7101, de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01, entre muchos más).


3.1 El examen del primer cargo adolece de la falta de observancia de los requisitos formales propios del recurso de casación, en cuanto devela que el ataque casacional tuvo por norte la violación directa por inaplicación de los preceptos sustanciales que allí se mencionan; sin embargo, se cuestiona de la sentencia de segunda instancia el hecho de haber dado por establecido que el negocio jurídico celebrado por las partes y que denominaron dación en pago era inexistente, atribuyéndole al tribunal que esa conclusión fáctica jurídica se debe «a cuando en él las partes estipulan obligaciones accidentales, mismo que no tiene soporte en norma ni jurisprudencia alguna».


3.1.2 Pronto se advierte que el censor al fundamentar el cargo no tuvo en cuenta la formalidad prevista en la letra a, numeral 2, artículo 344 del Código General del Proceso, de que «el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria», dado que la anterior premisa alegada envuelve un aspecto fáctico de la controversia, que consiste básicamente en argüir que, según el tribunal, el negocio jurídico de dación en pago, “no se perfeccionó, no nació a la vida jurídica, porque no se ejecutó la prestación sustitutiva”, infiriendo el casacionista que ello obedece a la presencia en él, de « obligaciones accidentales».


Además, el embate luce desenfocado en la medida que  no guarda adecuada consonancia con lo esencial de la motivación, porque el tribunal no dijo eso, pues, su argumento toral para reconocer la inexistencia de la dación en pago, lo fue la falta de ejecución de la prestación sustitutiva, esto es, por no haberse trasmitido el derecho de propiedad de los lotes implicados en el objeto de ese negocio jurídico, aspecto que consideró es de la esencia de este tipo contractual.    

3.1.3 Igualmente, no explica el recurrente extraordinario de qué manera se equivocó el Tribunal cuando, apoyado en lo expuesto por esta Corporación en la sentencia de 2 de febrero de 2001, estimó que la “dación en pago”, como tipología jurídica, resultó inexistente y no nació a la vida jurídica, porque no se perfeccionó, en razón que no se ejecutó la prestación sustitutiva (trasmisión de la propiedad de tres bienes raíces).


3.1.4 El recriminador no determina en el cargo las razones por las cuales se debía tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 822, 824, 878, e inciso 2º, artículo 898, todos del Código de Comercio, que acusa inaplicados, como normas que regularan la situación controvertida, en particular, sobre la dación en pago, cuyo reconocimiento de existencia e incumplimiento se depreca en las pretensiones primera y segunda principales, que de haberse observado apuntaran a confirmar la existencia de esa figura jurídica sustancial en el sub examine; es decir, el ¿por qué era necesario diferenciar si se trataba de un negocio jurídico mercantil o civil, elucidación que el tribunal no realizó, que permitiera derruir el fundamento de la decisión cuestionada?; asimismo ¿por qué razones, a pesar de no haberse ejecutado la prestación sustitutiva, la dación en pago, como negocio jurídico pervive, no es inexistente?; también, ¿cuál es el fundamento para considerar que la dación en pago no se perfecciona por el cumplimiento de la prestación sustitutiva, es decir, no es un elemento de existencia sino una «estipulación accidental»?; de igual modo, ¿en qué consistió el error del tribunal cuando al estudiar el objeto de la dación en pago, afirmó que como comprendía la trasmisión de la propiedad de varios inmuebles, su perfeccionamiento estaba sometida a la solemnidad de la escritura pública, aplicando analógicamente el artículo 1857 del Código Civil?. De la misma forma, ¿cómo se dejó de aplicar los artículos 1501 y 1502, si el tribunal empezó su argumentación judicial exponiendo la importancia de los contratos como mecanismos idóneos para que los particulares dispongan de sus intereses de carácter patrimonial y se refirió a sus elementos o presupuestos de estirpe formal y sustancial, y, en particular, a los requisitos de existencia de la dación en pago?


3.1.5 Se invoca el artículo 878 del Código de Comercio como no aplicado, mismo que se encuentra ubicado en el capítulo V, del libro IV “De los contratos y obligaciones mercantiles”, que refiere al pago, que cuando constituya un negocio jurídico, será susceptible de impugnación por las mismas causas que los demás negocios jurídicos; norma que resulta impertinente, en vista que las pretensiones primera y segunda principal se enfocaron a peticionar la declaración de existencia de la dación en pago y subsiguientemente su incumplimiento, y, en relación con las subsidiarias de simulación absoluta, nulidad absoluta y relativa, de los atacados contratos de compraventas de los bienes raíces envueltos en la dación en pago, no fueron materia de reproche casacional; amen de no indicar de qué forma debía operar para la solución de la controversia. 


3.1.6 En ese sentido, esta Corporación ha expresado, «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, rad. n° 2006-00119-01).

  

3.1.7 En resumen, el casasionista se equivocó al encarrilar su embate por la vía directa, en vez de la indirecta; la demanda de casación no colma los requisitos formales en cuanto omitió exponer los fundamento de su acusación en forma clara, precisa y completa, ya que su carga argumentativa va mucho más allá, en cuanto que es su deber establecer la naturaleza sustancial de las normas transgredidas, sumado a que debe realizar un análisis de cada una de ellas para develar cómo la sentencia de segundo grado las vulneró, el por qué son los cánones o pautas llamados a regular la decisión jurisdiccional del caso, así como su relevancia para la resolución del litigio; tampoco resulta el ataque completo porque renunció a cuestionar la decisión puntual sobre la no configuración de la simulación absoluta, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que son puntales de la sentencia de segunda instancia.


La consecuencia que se deriva del incumplimiento de esta exigencia formal es que no pueda ser admitido el cargo a trámite, en tanto, como bien se anotó en otro segmento de esta providencia, el carácter extraordinario y dispositivo de la casación impide que tal deficiencia pueda ser subsanada por esta Corte.


4. En el segundo cargo se alega una violación indirecta de las mismas normas sustanciales relacionadas en el reproche por violación directa, porque el Tribunal no tuvo por probado el contrato de dación en pago, a pesar que se encuentra acreditado con los elementos de prueba recaudados que, asevera el opugnante, el ad-quem pretermitió, simplemente no las vio, no quiso verlas.


4.1 Si bien el juzgador de segundo grado no valoró la contestación de la demanda de parte del Grupo Construcciones Ingenieros Limitada, de la que pudiera desprenderse una confesión, así como las contestaciones de los convocados Jairo Enrique Ortiz Perdomo y Yanet Nossa Ballesteros, los interrogatorios de parte rendidos por estas personas naturales, y los testimonios de Xiomara Yadira Clavijo Grimaldo y Consuelo Castañeda de González, esa omisión resulta intrascendente en el sentido de la sentencia.


Además, el tribunal precisó sobre el objeto del acuerdo contractual de dación en pago y encontró que no se había verificado; con esa realidad determinó que como no se ejecutó la prestación sustitutiva, la cual era de su esencia, la invocada dación no había nacido a la vida jurídica, no se perfecciono. Siendo así, el cargo aparece desenfocado, ya que no se acompasa con la conclusión probatoria del juzgador colegiado, porque, si el reproche es con relación a la señalada cuestión fáctica, el ataque debió plantearse desde otra distinta perspectiva argumental a la preterición de la prueba documental.


Es más, la intrascendencia del error es evidente porque, en el hipotético caso que el mismo llegase a prosperar, asunto que es tema de análisis en la sentencia de fondo, ello en nada afectaría lo decidido en torno  a las pretensiones subsidiarias negadas de simulación, nulidad absoluta y relativa, que no se atacó en los cargos analizados; por tanto, se mantienen incólumes en casación, y los bienes vendidos no podrán ser reintegrados al patrimonio de la deudora, lo que refuerza la asentada intrascendencia del error de hecho denunciado por el casacionista.


5. Alega el recurrente la necesidad de proteger sus  derechos fundamentales, unificar la jurisprudencia nacional y ejercer el control de legalidad del fallo impugnado.


5.1 La Sala ha tenido oportunidad de examinar el asunto a la luz de los cambios normativos vinculados al recurso de casación, al tenor de los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificados por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso.


Del escrutinio de los cargos realizado en líneas atrás afloró que no cumple con las condiciones mínimas para su admisibilidad. Empero, esta Corporación siguiendo de cerca lo previsto en el inciso final del artículo 336 del CGP, se encuentra autorizada para resguardar los derechos constitucionales, preservar el orden o el patrimonio público; observar los fines del recurso de casación (artículo 333, ibídem).


6. En el caso sub examine no se reúnen los requisitos para que la Corte pueda dejar de lado los aspectos formales que le llevarían a la inadmisión de la demanda de casación, por ejemplo, con miras a seleccionar, preferir o escoger la sentencia objeto de su pronunciamiento -forzosamente la que ya está siendo estudiada por la Corte en virtud del recurso de casación interpuesto- para los anotados fines.


En efecto, prima facie no se avista vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la demandante, ni es ostensible que la sentencia de segundo nivel comprometa gravemente el orden o el patrimonio público, y tampoco se está en presencia de la necesidad de unificar la jurisprudencia en torno a la figura de la dación en pago, debido a que se aseguraron las garantías fundamentales de los sujetos procesales; el proceso se rituó bajo los parámetros legales; adicionalmente, la sentencia del tribunal no luce arbitraria en cuanto se encontraba facultado legalmente para abordar de oficio, los elementos esenciales de la dación en paga, verificar su existencia jurídica, paso previo al examen de los presupuesto de validez, amen que la decisión ratificatoria de la sentencia de primera instancia  abreva su legitimidad en el documento aducido para comprobar dicha dación en pago y no contradice la jurisprudencia vigente.     


7. En consecuencia, frente a los defectos formales que acusa el cargo examinado, se impone, sin más, la inadmisión de la demanda, lo que de suyo apareja la deserción del recurso de casación.



DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:


Primero: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia del quince (15) de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario que adelantó Milenium Segurida Limitada contra Grupo Constructor de Ingenieros LTDA, Jairo Enrique Ortiz Perdomo, María Yaneth Nossa Ballesteros y Constructora Diseños y Construcciones De & C Ltda


Segundo: Declarar DESIERTO el recurso de casación interpuesto contra el mencionado fallo.


Notifíquese,




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA


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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA