AC2509-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01369-00
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba) y Once de Familia Oral de Medellín (Antioquia), en el trámite de la demanda de exoneración de cuota alimentaria promovido por Al Yamil García Martínez contra Stephanie Isabel García Padilla.
ANTECEDENTES
1. Ante el primero de los despachos judiciales citados, el promotor instauró demanda de exoneración de cuota alimentaria contra su hija Stephanie Isabel García Padilla, mayor de edad (folio 1, cuaderno 1).
En el libelo el promotor invocó el conocimiento del trámite, por el «decreto 2737 de 1989» (folio 3, ejusdem).
2. El despacho judicial admitió la demanda por auto de 13 de julio de 2015 y la convocada se notificó en forma personal el 11 de octubre de 2017, sin presentar excepción alguna (folios 28 y 29, ibídem).
3. Posteriormente, ese estrado judicial rechazó el libelo introductorio por su falta de competencia territorial porque «el domicilio de la demandada [está ubicado] en la ciudad de Medellín», por esa razón remitió la demanda a los juzgados de familia de esa ciudad, conforme al numeral 1º, artículo 23 del Código de Procedimiento Civil (folios 35 y 36, ídem).
4. El juzgado receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que no es competente porque se desconoció el «canon 397 del Código General del Proceso» (folio 49, cuaderno 1).
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Cuestión de primer orden es precisar que a pesar de entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso desde el 1º de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se interpusieron».
Y como el libelo que ahora ocupa la atención de la Sala fue presentado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga rigiéndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.
3. El funcionario judicial debe sujetarse, en principio, a lo consignado en el libelo introductorio para establecer la competencia en un particular asunto, por cuanto si estima no tenerla, le corresponderá declararlo, rechazando la demanda y remitiendo las diligencias al juez a quien, en su criterio, estime el conocimiento.
Por lo cual, si el despacho admite el escrito incoativo, queda radicada la competencia en su estrado; y en tal evento, concurre el factor territorial, por ende, sólo podrá éste declinarla, en el evento de prosperar alguno de los medios procesales pertinentes propuestos por el extremo pasivo, teniendo en cuenta de que el silencio de esta parte al respecto, conlleva a prohibir al juzgador de la posibilidad de declararse incompetente por ese aspecto.
En su efecto, la Corte ha reiterado esta posición:
En torno al tema, la Corte en un caso similar al aquí planteado sostuvo que ‘… admitida la demanda, ya no le es posible al juez, motu proprio, renegar de la competencia que por el factor territorial asumió, por cuanto en tal aspecto quedó sometido a la actividad de las partes; y así un nuevo pronunciamiento sobre el tema sólo le será factible en el evento de que el demandado cuestione el punto mediante recurso de reposición o proposición de la excepción previa correspondiente si este medio fuere admisible; de lo contrario, le es ya vedado al juez desprenderse por su propia iniciativa aduciendo razón tal’ (auto diciembre 7/99) (CSJ, AC, 16 ene. 2008, rad. 2007-01955-00; 27 sep. 2010, rad. 2010-01055-00 y 25 sep. 2012, rad. 2012-01601-00; entre otros) (AC4085, 23 jul. 2015, rad. 2015-00993-00).
4. Desde esa óptica, carece de razón el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba) para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto actuó de manera errada cuando motu proprio, al desprenderse de ésta que previamente había asumido, sin invocar causal justificativa frente a la demanda de exoneración de cuota alimentaria.
Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.
5. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Promiscuo Municipal de Tierralta (Córdoba), al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado