AC2519-2018

Radicación n° 11001-31-10-020-2017-00173-01


Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018).



Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación formulado por la demandada frente a la sentencia proferida en audiencia de 16 de noviembre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por María Rosa Rodríguez Torres contra Haidy Muñoz López.


  1. ANTECEDENTES


1.        La demandante formuló pretensión declarativa de existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeras permanentes «que se inició el día 23 diciembre 2010 y finalizó el día 23 de febrero de 2016».


La decisión definitiva en primera instancia la profirió el Juzgado Veinte de Familia de Bogotá el 24 de agosto de 2017, estimando parcialmente las pretensiones, al reconocer las figuras invocadas en el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2011 hasta el 23 de febrero de 2016.


2.        El Tribunal, al resolver la apelación propuesta por la parte convocada, en providencia de 16 de noviembre de 2017, confirmó la resolución del a quo.


Frente a la anterior decisión, se formuló recurso extraordinario de casación por el extremo pasivo, el cual fue concedido por el despacho sustanciador mediante auto de 28 de noviembre de 2017, al estimar que se cumplían los requisitos legales.


  1. CONSIDERACIONES


1.        De la prematura concesión del recurso de casación.


La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.


De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al Tribunal con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, AC5735-2016, entre muchos otros).


Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha indicado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:


«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.


Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01)». (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).


2.        Interés para recurrir en casación.


Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.


Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).


Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:


«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).


De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).


3.        Caso concreto.


En el presente caso, no es posible predicar que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de verificación de los presupuestos determinantes de la concesión del recurso extraordinario de revisión, por cuanto en dicho laborío no agotó        el examen de la cuantía del interés para recurrir en casación, ítem que a pesar de estar excluido en las sentencias que versan sobre el estado civil (art. 338 C.G.P.), era menester escrutar en este supuesto dadas sus particularidades.


En efecto, aunque las pretensiones se encaminaron a reclamar la declaración de unión marital de hecho entre las partes, así como la correspondiente sociedad patrimonial, lo cierto es que el primer tópico, esto es, el relacionado con el estado civil, fue reconocido desde la contestación misma y más aún no fue objeto de inconformidad en la apelación que interpuso la demandada hoy recurrente en casación, quien enfocó sus reparos a algunos aspectos temporales del vínculo familiar aceptado y su incidencia en la reclamación de la sociedad patrimonial.


Esta Sala ha decantado línea en supuestos similares en el siguiente sentido:


«Por tanto, cuando se trata de litigios de unión marital de hecho, donde ésta viene declarada, como acá acontece, el actor que recurre en casación tendrá también que establecer la extensión del interés que le asiste para impugnar, porque en tal caso la discusión en la senda extraordinaria no será en torno del estado civil, que pacífico culminó en la segunda instancia, sino económico: de la sociedad patrimonial.


(…)


Una vez declarada la unión marital de hecho, dentro del contexto de la Ley 54 de 1990, la discusión sobre su extensión, y más concretamente con la fecha hasta la cual perduró, toca no con dicha unión, que declarada está, sino, en cambio, con la sociedad patrimonial, es decir, con la acción de carácter eminentemente económica que el legislador permite acumular a la declarativa de estado civil, en cuanto el patrimonio que haría parte de ella sería, y ello es apenas obvio, el habido por la pareja desde el nacimiento de la unión hasta su clausura.» (CSJ AC1764-2017, 21 mar. 2017, rad. 2016-03584-00; criterio reiterado en AC1971-2017 y AC4373-2017).


Más recientemente también se ilustró en un caso similar al que concita la atención de la Sala:


«3. Por otra parte, es pertinente memorar brevemente que en el sub lite la promotora pidió declarar la unión marital de hecho entre diciembre de 1996 y el 18 de septiembre de 2011 y, en consecuencia, la sociedad patrimonial por ídem lapso, sin que Ramón Eliécer negara que la primera se configuró, puesto que erigió su defensa en que finalizó en septiembre de 2010 y que, por lo tanto, como el libelo introductorio fue radicado el 15 de febrero de 2012, prescribió la acción y/o caducó el derecho relacionado con la segunda, argumento en el que, sin éxito, insistió al apelar la sentencia del a quo que acogió aquellas súplicas y desechó sus defensas.


4. De lo que se desprende claramente que la discusión sobre si hubo unión marital de hecho quedó zanjada desde la instancia inicial, al no ser objeto de controversia por el recurrente cuando sustentó la alzada, tanto así que el Tribunal manifestó que


(…)


5. Puestas así las cosas, es nítido que la posible discusión que en esta sede aspira ventilar el convocado quedaría confinada meramente a uno de los extremos temporales de la relación marital, en ningún caso para desconocer su existencia y el estado civil que engendra, sino apenas como un elemento a tener en cuenta para resolver el verdadero debate de fondo que subsiste, de linaje estrictamente económico, que no es otro que el atinente a si se configuró la prescripción de la acción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, prevista en el artículo 8º de la mentada Ley 54 de 1990 cuando pasa “un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros”» (AC6643-2017, 9 oct. 2017, rad. 2012-00036-01).


Precisamente la consolidada postura jurisprudencial que se ha reseñado es la que no atendió y aplicó el Tribunal, a fin de destacar que ante la prosperidad de la declaración de la unión marital de hecho, la controversia quedó situada exclusivamente en el aspecto meramente económico, que exige establecer el quantum del agravio.



4.        Conclusión.


En suma, la habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, en especial los aquí resaltados, determine el valor actual de la resolución desfavorable, su incidencia en la viabilidad del recurso, y de ser el caso, adopte las medidas pertinentes para el cumplimiento de los mandatos ejecutables.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.


SEGUNDO.        DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.


Notifíquese,




LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado