AC2531-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00178-00
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el recurso de queja formulado por la parte demandada frente al auto de 6 de julio de 2017 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante el cual se negó la concesión del recurso extraordinario de casación interpuesto por el aludido extremo procesal respecto de la sentencia de segunda instancia dictada el día 5 del mismo mes y año, dentro del proceso verbal promovido por Cecilia Toledo Muñoz contra Banco Davivienda S.A.
1. La actora pretende se declare «que el BANCO DAVIVIENDA S.A. incumplió con la obligación contenida en el contrato de hipoteca de entregar a CECILIA TOLEDO MUÑOZ el exceso de dinero que le correspondía de la indemnización que recibió de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.» y, en consecuencia, se condene al Banco a entregarle la suma de $291.189.808,70, valor que contiene el capital y los intereses.
Agotado el trámite de la primera instancia, las súplicas fueron desestimadas mediante fallo de 25 de noviembre de 2016.
Como fundamento de tal decisión, la Magistrada sustanciadora expuso que el requisito referente al quantum no se cumplía, considerando que «dentro del plenario no existe elemento de juicio que determine la cuantía», y seguidamente destacó que la parte interesada no se ocupó de allegar dictamen pericial para ese efecto.
La anterior circunstancia, según manifestó el memorialista, conlleva a la afectación al debido proceso por lo tanto solicitó que se declarara nulo «el auto mediante el cual la Honorable Magistrada Sustanciadora, rechaza el Recurso de Casación».
Concordante con lo anterior concluyó que no era necesaria la aportación de dictamen pericial para acreditar el interés económico para recurrir, dado que los elementos obrantes en el expediente permitían determinar fácilmente la procedencia del recurso; sostuvo que bastaba realizar el cálculo consistente en sumar los respectivos intereses al monto reconocido en la sentencia, operación aritmética que no realizó cuando se interpuso el recurso extraordinario, al no contar con el audio del fallo.
5. El recurso de reposición presentado se puso en conocimiento de la parte demandante, frente al cual se pronunció en el sentido de indicar que los intereses no podían ser tenidos en cuenta para determinar el valor actual de la resolución desfavorable, pues estos corresponden a erogaciones futuras, lo que contraviene lo preceptuado por el artículo 338 del Código General del Proceso.
Pese a que el recurso de casación ya había sido negado, mediante proveído de 28 de agosto de 2017, el ad quem emitió, nuevamente, providencia en el cual no concedía el recurso extraordinario, situación que fue objeto de solicitud de aclaración, y en respuesta se profirió auto el 25 de septiembre del mismo año en el cual se resolvieron las refutaciones que se habían presentado, a saber: nulidad, reposición y en subsidio queja.
En su orden, se desechó la alegación de nulidad al considerar que «no se omitió conceder ninguna oportunidad», haciendo referencia a la pretermisión en los términos para presentar el dictamen sostuvo la entidad demandada; y en lo atinente al recurso de reposición, mantuvo en firme su determinación reiterando la postura inicial, esto es, el deber de aportar un dictamen pericial que permitiera establecer el monto del agravio.
En adición al anterior motivo y consultando la información extractada del expediente, concluyó la insuficiencia del interés, exponiendo que en la condena por $418.236.205, ya se encontraban incluidos los intereses corrientes, y por lo tanto no es posible tasarlos nuevamente «so pena de incurrir en anatocismo»; luego, refuerza su tesis sosteniendo que aun cuando se incluyeran los intereses moratorios, liquidados desde el día siguiente a la emisión de la sentencia de segunda instancia hasta la fecha del proveído, el monto también sería insuficiente para alcanzar el umbral a partir del cual procede la casación.
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, según lo dispuesto en los artículos 30 numeral 3 y 35 del Código General del Proceso.
En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casación, su procedencia se halla condicionada a la satisfacción de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso prevé que el aludido medio de impugnación:
«(…) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia:
1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos.
2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria.
3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto.
Parágrafo. Tratándose de asuntos relativos al estado civil sólo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho».
A su vez, el precepto 338 del mismo ordenamiento consagra:
«Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil»
Se evidencia así que no todas las providencias judiciales son susceptibles de casación, sino aquéllas expresamente previstas por el legislador, en consideración, ya a la naturaleza del asunto debatido, ora a la cuantía monetaria actual y perjudicial al impugnante.
En relación con dicho aspecto, en CSJ AC 2291-2016, rad. 2016-00720-00, la Sala reiteró: «(…) [E]l carácter extraordinario y limitado del recurso de casación se proyecta, en la práctica, en las precisas limitaciones dentro de las cuales la ley lo regula, y referentes no sólo a los motivos o causales para su procedencia, sino también a la clase de providencias susceptibles de impugnarse con él (…)».
Lo anterior no constituye quebranto al derecho de igualdad respecto de las excluidas, pues la aludida exigencia pecuniaria se predica tanto del accionante, como del convocado y precisamente el carácter extraordinario del recurso de casación permite esa limitante, como bien se ha establecido en los exámenes de constitucionalidad de las normas relacionadas (CC C-1046/01).
Conviene precisar que el Código General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnación extraordinaria que se viene analizando, ampliando por ejemplo la clase de providencias susceptibles de dicha vía desde la perspectiva del tipo de proceso en el que se profieren (declarativos, acciones de grupo y liquidación de condena en concreto).
No obstante, en el nuevo compendio continúa siendo preponderante la estimación del importe de la resolución desfavorable, la cual se exige en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan sólo a los fallos pronunciados en acciones de grupo y las que aluden al estado civil -siempre y cuando traten sobre reclamación e impugnación del mismo o la declaración de uniones materiales de hecho-, como se desprende de la lectura armónica de los artículos 334 y 338 del Código General del Proceso.
Con relación al requisito de la cuantía del interés para recurrir, el artículo 339 del Código General del Proceso, prevé, que «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión» (Destacado fuera de texto).
De esa manera, es claro que para determinar la cuantía del interés para recurrir en casación, el operador jurídico debe limitarse a los elementos que se encuentran en el expediente, por lo que el dictamen pericial no puede decretarse de oficio, sin perjuicio de que el interesado, si lo considera necesario, lo aporte con el escrito de impugnación extraordinaria.
Lo anterior sin consideración a que el estatuto procedimental prevé la posibilidad de cuantificar el interés para recurrir con los elementos obrantes en el expediente, que para el caso se lograba «fácilmente con un ejercicio matemático, al tomar el valor de los dineros señalados en fallo y sumarles los intereses correspondiente (sic)».
3.2. Preliminarmente, es necesario destacar algunas de las irregularidades de la actuación de origen que aunque no inciden actualmente en la validez de la tramitación si determinan el debate actual y la respuesta que merece por parte de la Corte.
En efecto, se advierte desatención por parte del recurrente y la Magistratura ad quem de las pautas que regulan los requisitos y trámite que gobiernan la interposición y concesión del recurso de casación, en tanto que las mismas refieren a un ritualidad posterior, escritural y por fuera de audiencia, ante cuya desviación se suscitaron imprecisiones que posteriormente enrarecieron la definición de la particular materia ulterior al fallo de segunda instancia.
Nótese que los artículos 337 a 341 del Código General del Proceso, preceptúan una oportunidad de interposición de la impugnación extraordinaria externa al desarrollo del objeto de la audiencia de fallo en segunda instancia, en tanto refiere a los «cinco (5) días siguientes a la notificación de la sentencia».
Del anterior lapso, depende la prerrogativa del recurrente de «aportar un dictamen pericial si lo considera necesario» en los eventos donde «para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia», así como la posibilidad de «solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada».
A tono con ello, sin duda, la concesión del recurso y las distintas decisiones relacionadas, particularmente las múltiples variables correspondientes al régimen de sus efectos (v.g. copias y caución), suponen indefectiblemente actuaciones por fuera de la audiencia donde se profiera la sentencia de segunda instancia, guiadas por la regla técnica de escrituralidad y los plazos y demás condicionamientos propios de dicha sistemática.
Con abandono de lo descrito, el apoderado de la parte demandante efectuó la interposición de recurso en sede de la audiencia de 5 de julio de 2017, por demás incorrecta, al invocar la notoriamente improcedente súplica, que luego, de forma también cuestionable –dada la naturaleza de las impugnaciones-, fue interpretada o adecuada por la Magistrada Sustanciadora, quien luego del rechazo de la mentada súplica determinó «en su lugar por auto separado se decidirá sobre la concesión del recurso de casación que es el que resultaría procedente».
Incrementando la separación de los lineamientos legales, al día inmediatamente siguiente (6 de julio), se dictó el proveído denegatorio de la casación, donde sin consideración al plazo legalmente establecido -que apenas empezaba a correr-, se reprochó la falta de aportación del medio de convicción que entendió pertinente, así: «dentro del plenario no existe elemento de juicio que determine la cuantía (…) tampoco la parte interesada, quien tenía la carga de hacerlo, según la reforma del ordenamiento procesal civil, se ocupó siquiera de allegar un dictamen pericial que condujera a fijar el interés económico afectado con la sentencia».
De esta manera y sin reparar en las demás anomalías de la tramitación, se infiere que las conductas reseñadas condujeron a una desviación de la discusión relevante, siendo protagónico el reproche de incumplimiento de una carga probatoria, que resultaba innecesaria –como luego se expondrá- y para la cual no se brindó la oportunidad contemplada en la ley.
En este orden, es preciso reconocer el acierto del censor cuando muestra inconformidad con la exigencia de elementos adicionales para acreditar el justiprecio, particularmente un dictamen pericial, dado que en este evento, el propio fallo de la Sala es el insumo excluyente para medir la extensión cuantitativa de la resolución favorable, por lo que no es de recibo la razón que inicial y principalmente se sostuvo para la denegación de la concesión del recurso, bajo el entendido: «que dentro del plenario no existe elemento de juicio que determine la cuantía».
Se destaca que para el criterio precedente, no presenta relevancia alguna la variación de las reglas de demostración del justiprecio para recurrir en casación que introdujo el Código General del Proceso, pues tanto antes como ahora, la consideración de acreditaciones adicionales a las obrantes en el expediente se condiciona a su necesidad por no aparecer determinado el interés, lo cual, por regla general, no se estructura cuando para el ejercicio respectivo basta consultar el tenor de las pretensiones negadas o de las condenas impuestas, cuando ambas atañen a sumas líquidas de dinero.
Luego, el otorgamiento del recurso de casación no se debía desestimar con exclusivo cimiento en la no aportación de un dictamen innecesario, dado que la condena impuesta le permitía al ad quem efectuar la cuantificación del interés.
Nótese que en este evento no se desvirtuó la explicación que de forma secundaria brindara la Magistrada Sustanciadora al resolver el recurso de reposición, según la cual los intereses reclamados por el recurrente –que ni siquiera fueron especificados- estaban incluidos dentro de la suma de $418.236.205, cuyo pago se impuso a la entidad bancaria convocada.
Así las cosas, reluce la insuficiencia de la cuantía del agravio, cuando igualmente se omitió refutar la argumentación que la funcionaria expuso en la misma oportunidad anterior, encaminada a descartar la superación del límite legal en el supuesto hipotético de realizar «la operación solicitada por el impugnante con los valores condenados a cancelar a la actora», escenario en el cual precisó: «la Sala tampoco encuentra superado dicho requisito, pues teniendo en cuenta que el capital es de $244.636.947,99 más los intereses corrientes liquidados desde la presentación de la demanda $173.559.257,81, y los moratorios causados a partir de día siguiente de éste suceso hasta la fecha de la sentencia de segundo grado, que es la suma de $122.318.450m, por encontrarse limitado el detrimento económico hasta ésta providencia, arrojaría un total de $540.514.655, monto que no alcanza el tope máximo (…)».
La decisión objeto de queja, más allá de la consideración desechada, se encuentra ajustada a derecho, lo cual conduce a declarar bien denegada la impugnación extraordinaria.
Aunque de conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable del presente recurso comporta supuesto de imposición de condena en costas, no se procederá en tal sentido en obedecimiento a la regla del numeral 8° del referido canon, en armonía con el inciso 2º de la preceptiva 361 ibídem, en tanto las mismas no aparecen causadas.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. ESTIMAR BIEN DENEGADO el recurso de casación a que se hizo alusión al inicio de esta providencia.
SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas por este trámite.
TERCERO. DEVOLVER las diligencias a la Corporación de origen.
Notifíquese y Cúmplase,
Magistrado