AC2544-2018

Radicación n. º 76001-31-03-007-2007-00281-01


Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018).


Procede la Corte a resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 4 de abril de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y que fuere incoado por la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA Y MISIONERA CATEDRAL DE VIDA, en su calidad de vinculada como poseedora al interior del proceso reivindicatorio iniciado por el CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA, con demanda de pertenencia en reconvención.


I. ANTECEDENTES


1.        El Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia convocó a juicio reivindicatorio a Álvaro Serna Morales y María Teresa Castellanos, para que se declarara que le pertenece en dominio pleno y absoluto un inmueble localizado en la Carrera 19 Nro. 5-62 Barrio La Alameda de Cali; y, en consecuencia, se les condenara a restituirle a aquélla el predio, junto con los frutos percibidos (fls. 29 a 34 del c. 1). 


2. Mediante proveído del 13 de febrero de 2012, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de la ciudad de Cali ordenó la vinculación de la Iglesia Comunidad Cristiana y Misionera Catedral de Vida como tercero poseedor del inmueble pretendido en reivindicación, quien al hacerse parte en el proceso, presentó demanda de pertenencia en reconvención.


3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, quien asumió el conocimiento del proceso, culminó la instancia el 31 de marzo de 2017 con sentencia mediante la cual ordenó, entre otros, lo siguiente:


«PRIMERO.- ORDENAR a la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA Y MISIONERA CATEDRAL DE VIDA restituir al CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA el bien inmueble (…)


«CUARTO.- CONDENAR a la demandada IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA Y MISIONERA CATEDRAL DE VIDA, como poseedora de mala fe, al pago a favor del CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA de los frutos dejados de percibir en la suma de MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($1.150.768.432.oo) y de los producidos que se causen con posterioridad a la presente decisión, los cuales se liquidarán de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art. 284 del C.G.P


«QUINTO.- ORDENAR al CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA reembolsar al demandado IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA Y MISIONERA CATEDRAL DE VIDA, el valor de las mejoras necesarias que ascienden a la suma de MIL CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.112.446.500,oo)


«SEXTO.- Las sumas de dinero señaladas en el punto cuarto y quinto de esta decisión, pueden compensarse en los términos de ley.


(…)


«OCTAVO.- DENIEGUESE las pretensiones solicitadas en la demanda de reconvención respecto de la solicitud de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio»


4. Apelada la decisión por el demandante y la vinculada en calidad de poseedora, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante sentencia del 4 de abril último, modificó los ordinales cuarto y quinto de la providencia, los cuales quedaron de la siguiente manera:


PRIMERO.- MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia en cuanto al valor de los frutos que se ordena pagar a la IGLESIA COMUNIDAD Y MISIONERA CATEDRAL DE VIDA a favor del CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA, la cual será de UN MIL, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte. ($1.282.387.943)


SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral QUINTO de la sentencia en cuanto al valor de las mejoras necesarias que se ordena reembolsar al CONCILIO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DE COLOMBIA a favor de la IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA Y MISIONERA CATEDRAL DE VIDA, la cual será de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL m/cte ($877.833.000)


5. El 12 de abril siguiente, la poseedora vinculada Iglesia Comunidad Cristiana y Misionera Catedral de Vida interpuso recurso de casación y pidió la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, solicitando que fuera señalada la correspondiente caución (fl. 44 cuad. Tribunal).


6. El ad-quem dispuso que como a la recurrente en casación se le había condenado a pagar por concepto de frutos la suma de $1.282.387.943, éste valor «constituye el interés para recurrir en este asunto al ser ésta la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable»; y, por ende, concedió el recurso extraordinario, a la par que fijó la caución para garantizar los perjuicios que la suspensión pueda causar a la contraparte.



II.        CONSIDERACIONES


1. Del recurso extraordinario de casación son pasibles las sentencias dictadas en toda clase de procesos declarativos conforme expresamente lo señala el numeral primero del artículo 334 del Código General del Proceso, debiendo tenerse en cuenta que, si se trata de un juicio cuyas pretensiones sean esencialmente económicas, el remedio extraordinario procederá cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), tal y como lo prevé el artículo 338 ejusdem, los que traducidos a pesos ascienden en esta anualidad, fecha de emisión de la sentencia de segunda instancia, a setecientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y dos mil pesos  ($781.242.000).


A propósito del interés para recurrir, esta Corporación tiene dicho que


(…) está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial concedida o negada en la sentencia; vale decir, a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe hacerse para el día del fallo; aunque, cuando la “sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma”. Lo anterior significa que, si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones del actor, su interés para recurrir en casación estará definido por lo pedido en la demanda; pero, si aquella  sólo  acoge parcialmente lo reclamado por el demandante, la medida del aludido interés estará dada por la desventaja que le deriva la decisión. En ese orden de ideas, entonces, cuando el fallo fue favorable al actor, y el de segunda instancia lo revoca, ha sido criterio constante de la Sala que el interés para recurrir en casación se circunscribe al “beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisión de segundo grado (CSJ AC, 5 sep. 2013, Rad. 00288-00, reiterado en AC1698-2015).


2. De tal manera, la labor del encargado de establecer la viabilidad del recurso extraordinario interpuesto, exige un estudio de lo que realmente comporta el agravio del recurrente que, de resultar insuficiente y así advertirlo la Corte en el examen preliminar, amerita el retorno de las actuaciones al remitente para su escrutinio en debida forma.


Así lo ha considerado la Sala en doctrina invariable, aún con la entrada en vigencia de la nueva legislación procesal. Al respecto sostuvo en AC7929-2017 que


(…) la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).


Ahora bien, en los pleitos meramente patrimoniales el artículo 339 ibídem consagra que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión»; es decir, se trata de dos formas de determinar el justiprecio del interés para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos «podrá» y «si lo considera necesario» que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estaría convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines, ya que el opugnador asume los efectos adversos de su desidia.

3. Ahora, pese a que el inciso final del artículo 342 ejusdem contempla que «la cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», lo cierto es que tal presupuesto opera en el evento en que dicha fijación se haya realizado adecuadamente, pues no puede aceptarse que bajo tal afirmación se prohíje las posibles falencias de quien concede la opugnación, en la medida en que permitirlo, sería tanto como aceptar que esta Corporación ejerza competencia sobre asuntos que en realidad le están vedados.


En CSJ AC6081-2017 se dijo en relación con el aparte transcrito que


[e]sta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación al interés patrimonial del actor, pues ello llevaría a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación de los principios de legalidad e igualdad.

Añadiendo que


[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.° 2011-00248-01).


4. Descendiendo al caso que ahora ocupa la atención de la Corte, se advierte que el Tribunal consideró cumplido el requisito objetivo de la superación del límite para tener por acreditado el interés para recurrir, con base en la condena que en contra de la Iglesia Comunidad Cristiana y Misionera Catedral de Vida se le impuso en materia de frutos.


Sin embargo, no tuvo en cuenta que autorizada la compensación en primera instancia, y siendo objeto de apelación tanto la condena que en su contra se impuso en materia de frutos con el objeto de que fuera denegada; sumada a la inconformidad planteada en materia de mejoras reconocidas a su favor, con el fin de que fueran aumentadas, el desagravio patrimonial incoado por la sentencia de segunda instancia está determinado por el valor que, luego de efectuadas las compensaciones, tendría que reconocer la vencida a la reivindicante, suma que en primera instancia fue de treinta y ocho millones trescientos veintiún mil novecientos treinta y dos pesos ($38.321.932,oo) mientras que en segunda instancia, realizadas las compensaciones, aumentó a cuatrocientos cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos ($404.554.943,oo), constituyendo esta suma el verdadero agravio que le irrogó la sentencia en materia de frutos a la que fue condenada, restado el valor de las mejoras que finalmente le fueron reconocidas a su favor.


Siendo así las cosas, no podía el Tribunal tener en cuenta la totalidad de la condena en materia de frutos para tener por acreditado el agravio, pues, autorizada en primera instancia la compensación de este valor con las mejoras que fueron reconocidas a su favor y en contra de la propietaria del fundo, es la diferencia de estos dos ítems los que lo constituyen.


Total que, para efectos de determinar el valor económico de la desventaja patrimonial que la sentencia de segunda instancia le irrogó al recurrente, es preciso tener en cuenta cuál es finalmente el valor al cual fue condenado a reconocer en la sentencia de segunda instancia que resulta luego de realizadas las compensaciones, suma esta que como se dijo, fue de cuatrocientos cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos ($404.554.943,oo). Pero, como la sentencia de segundo grado confirmó la decisión desestimatoria en materia de la pretensión de pertenencia, también ha de tenerse en cuenta el avalúo del inmueble pretendido en usucapión, pues se trata de otra decisión que le causó agravio al censor.


Son estos conceptos entonces los que constituyen la desventaja que se deriva de la decisión de segunda instancia y los que marcan la pauta para determinar si el agravio supera o no el límite mínimo para acudir al recurso extraordinario de casación.


No sobra advertir que como el recurrente en casación no aportó un dictamen pericial dirigido a acreditar el valor actual del inmueble para el momento en que se interpuso el recurso (sin tener en cuenta las mejoras), el ad quem deberá realizar el análisis con los elementos de juicio que obren en el expediente.


5. En conclusión, se advierte que el juzgador de segundo grado se precipitó al conceder el ataque sin dilucidar, con grado de certeza, cuál fue el verdadero agravio o desmejora patrimonial que con su sentencia se le irrogó al censor, y con tal incertidumbre no es posible admitir la censura que fue concedida.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE:


PRIMERO.- DECLARAR prematuramente concedido el recurso de casación formulado frente a la sentencia proferida el 4 de abril de 2018 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y que fuere incoado por la Iglesia Comunidad Cristiana y Misionera Catedral de Vida, en su calidad de vinculada como poseedora al interior del proceso reivindicatorio iniciado por el Concilio de Las Asambleas de Dios de Colombia, con demanda de pertenencia en reconvención.  


SEGUNDO.- DEVOLVER la actuación a la Corporación  de origen, para que adopte las decisiones pertinentes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese,



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado