AC2561-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01161-00


Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira y su homólogo Único de Puerto Tejada (Cauca), con ocasión del conocimiento de la demanda ejecutiva presentada por Comercializadora y Suministros del Valle S.A.S. contra M3M S.A.S.


  1. ANTECEDENTES


1.        La parte demandante presentó su escrito introductor ante el «JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA (REPARTO)», donde pretende que se ordene a la sociedad convocada a realizar el pago de las obligaciones contenidas en dieciocho (18) facturas que fueron arrimadas con la demanda.  Indicó, en el acápite sobre competencia, que la misma estaba dada «por el lugar del cumplimiento de la obligación».


2.        El Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira, al que inicialmente correspondió por reparto la causa, dispuso su rechazo por falta de competencia, al considerar que «de la misma [la demanda] se desprende, en el acápite de notificaciones, que la parte demandada tiene establecida como su residencia para notificaciones judiciales en el KM 6 AL PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA PUERTO TEJADA».


Con base en lo anterior concluyó que de acuerdo con lo consagrado el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «la competencia territorial para conocer del asunto que nos ocupa la tiene el Juez Civil Municipal de la ciudad de Puerto Tejada Cauca», por lo que allí ordenó su remisión.


Frente a la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante presentó sin éxito, en cuanto fueron desestimados, los recursos de reposición y en subsidio de apelación, aduciendo que para fijar la competencia se atendió al fuero concerniente al cumplimiento de la obligación.


3.        Recibida la actuación por el Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada, la atribución fue rehusada al advertir la posibilidad del demandante de escoger entre dos foros concurrentes –personal y obligacional-, haciendo hincapié en que el «lugar de notificaciones no es indicador del domicilio de las partes», y luego, concluyó que la «sola circunstancia (…) de haberse pactado un lugar para el pago de la obligación, que lo fue Palmira –Valle, le daba competencia al juez de allí para conocer del asunto». Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aptitud legal para la resolución.


Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.


2.        Dinámica general de las reglas de competencia.


En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, o de la existencia de conexidad o unicidad procesal.


En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el de cumplimiento obligacional, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.

Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.


Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.


La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.


3.        Las pautas de atribución territorial en el C.G.P.


Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.


Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o privativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».


Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.


4.        Fuero de cumplimiento obligacional y su concurrencia con el personal.


Uno de los supuestos de previsión de regla especial en materia de competencia territorial es el establecido en el numeral 3° del citado artículo 28, según el cual «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Resaltado fuera de texto).


Este foro que refiere al lugar de observancia de cualquiera de las obligaciones generadas en un negocio jurídico o títulos ejecutivos, es de aquellos que operan de forma simultáneamente concurrente con el fuero general, e incluso con algún otro de los especiales, siendo muestra de ello la utilización del adverbio «también», usado «para indicar la igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con otra ya nombrada»1


Ahora, si confluyen los fueros personal y contractual, según lo establecido en las señaladas reglas 1ª y 3ª ejusdem, el accionante cuenta con la facultad de radicar su causa ante el juez, tanto del lugar de domicilio del demandado, como el perteneciente a la ubicación pactada para la satisfacción de la obligación, y una vez efectuada esa selección, adquiere carácter vinculante para las autoridades jurisdiccionales, sin que ello implique tolerar una elección caprichosa, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador.

5.        Caso concreto.


De conformidad con las premisas precedentes, la selección del promotor respecto del funcionario que originalmente refutó la aptitud legal, no es caprichosa y encuentra pleno respaldo en el fuero de cumplimiento obligacional previamente analizado.


En efecto, como se sostuvo por el Despacho que propuso la presente colisión, Palmira corresponde a la ciudad donde debía verificarse el cumplimiento de las obligaciones del vendedor, según la afirmación de la demandante acorde con lo consignado en los documentos aportados como base de recaudo, en los cuales se consignó la siguiente atestación «EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN ES LA CIUDAD DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA CONFORME AL ART. 28 No. 3 DEL C.G.P.».


En punto de los argumentos esgrimidos por el Juzgado Primero Civil Municipal de Palmira, es del caso precisar que en el numeral 3 del artículo 28 del C.G.P., se subsume sin inconveniente el presente supuesto, dado que el proceso tiene origen en un negocio jurídico.


Sumado a lo anterior, la causa involucra títulos valores, categoría que supone una especie dentro del género «títulos ejecutivos» a que refiere la norma en comentario, sin excepción o relativización de ninguna clase, que permita excluir de su alcance a la denominada «acción cambiaria».


Por tanto, sin desconocer que el domicilio de la sociedad convocada es Puerto Tejada, según se evidencia en el certificado de existencia y representación legal y no del acápite de notificaciones, como desacertadamente lo dedujo la autoridad inicial, lo cierto es que la parte demandante optó válidamente por el juez del lugar de cumplimiento de sus obligaciones, lo cual obliga al funcionario destinatario inicial a respetar la decisión del pretensor que por el momento ningún reproche merece.


Esta Corporación se ha pronunciado en supuestos similares, ilustrando:


«Así las cosas, sin desconocer que el opositor tiene su domicilio en Sogamoso, según lo afirmado en la demanda,  lo cierto es que en esta ocasión el accionante optó por el juez del lugar de cumplimiento de la obligación, en ejercicio de la facultad concedida en el numeral 3º del citado precepto 28 del C.G.P., y no por el previsto en la regla general del ordinal 1º, determinación que le incumbe respetar al administrador de justicia, hasta tanto, la contraparte, en su debida oportunidad y mediante los mecanismos válidamente establecidos, no manifieste su oposición al respecto.» (CSJ AC7600, 9 nov. 2016, rad. 2016-02940-00).


De manera que la separación de la causa por parte del estrado original carece de fundamento, si se considera que según el precedente de la Corte, no le está dado al juez desconocer las afirmaciones del reclamante máxime cuando no ha requerido claridad sobre algún aspecto relativo a su aptitud legal que pudiera entender ambiguo, además de haberse incurrido en impropia confusión de los conceptos domicilio y lugar de notificaciones


6.        Conclusión.


En definitiva, es la primera de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR competente al Juzgado Sexto Civil Municipal de Palmira para conocer de la demanda en referencia.


SEGUNDO.        REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda.


Notifíquese y Cúmplase,





LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado


1 Diccionario de la lengua española; Edición del Tricentenario, accesible en: http://dle.rae.es/?id=Z2fyAuY.