AC2725-2018

Radicación n° 11001-02-03-000-2018-01635-00


Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018).


Resuelve el Despacho el recurso de queja interpuesto por la SOCIEDAD INVERSIONES CBS S.A en su calidad de promotora del incidente de regulación de perjuicios que le adelantó a la SOCIEDAD FERRASA S.A., con relación al auto del 8 de marzo del año en curso, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante el cual dispuso no conceder el recurso extraordinario de casación formulado frente a la sentencia de segundo grado adoptada en audiencia de 27 de febrero de 2018.


  1. ANTECEDENTES


1. La Sociedad Inversiones CBS S.A. presentó liquidación de la cuantía de los perjuicios por los que fue condenada en abstracto la ejecutante Sociedad Ferrasa S.A a quien se le revocó el mandamiento de pago que fuere librado inicialmente en contra de aquélla.


2.        Explicó, como fundamento del juramento estimatorio, que al embargarse el inmueble de matrícula Nro. 140-119148 de su propiedad, avaluado en ochocientos millones de pesos ($800.000.000,oo) se privó de realizar negocios referentes al mismo; además que, el embargo de todas las cuentas corrientes y de ahorro generaron un perjuicio que imposibilitó el manejo de la empresa y las buenas referencias bancarias.


Los perjuicios materiales los estimó juradamente en setecientos millones de pesos ($700.000.000,oo). Y, como perjuicios morales solicitó la suma de trescientos millones de pesos ($300.000.000,oo)



3. En la sentencia de primera instancia que puso fin al incidente de liquidación de perjuicios, se negaron las pretensiones, con base en los siguientes fundamentos:


3.1. Aludió a los requisitos formales que debe contener el juramento estimatorio para tenerlo como prueba de los montos pretendidos, entre ellos, la seriedad de la cifra que allí se incluya, su razonabilidad y la discriminación detallada de los valores que lo componen, tal y como lo contempla en artículo 206 del Código General del Proceso.


3.2. Concluyó que las sumas pretendidas en el incidente de liquidación de perjuicios no cuentan con soporte probatorio, a la par que el juramento estimatorio no se torna suficiente para demostrar los perjuicios estimados. Agregó que si bien es cierto se materializaron unas medidas cautelares, resulta que no se logró demostrar a cuánto ascendió el monto de los perjuicios materiales y morales causados por esas medidas, pues no se aportó ninguna prueba que así lo demuestre, por lo que «la seriedad y razonabilidad de la cifra del juramento se desdibuja» (minuto 36:40).


4. En adición al fallo emitido, previa solicitud en ese sentido que hizo la parte incidentada, se impuso la sanción contemplada en el parágrafo del artículo 206 ibídem.


5. La sociedad Inversiones CBS S.A. incidentista interpuso recurso de apelación, a fin de obtener la condena en perjuicios reclamada.


6.        El juzgador de segundo grado, confirmó el fallo de primera instancia; y, condenó en costas al apelante. En consecuencia, el vencido interpuso recurso extraordinario de casación.


7.        En el auto cuestionado con el «recurso de queja», se denegó la impugnación extraordinaria, al determinar que no se cumplía el requisito de la «cuantía del interés para recurrir», porque la sentencia de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal, sólo condenó al incidentista en un salario mínimo mensual vigente a título de costas, más la sanción que trae el artículo 206 del Código General del Proceso que ascendió a $50.000.000,oo, suma esta inferior al tope mínimo establecido, equivalente a $781.242.000,oo.


8. El recurrente no estuvo de acuerdo con la decisión, por lo que interpuso recurso de reposición y en subsidio queja. El Tribunal mantuvo su decisión y por tal razón ordenó la expedición de copias para resolver el recurso que ahora se decide.


II. EL RECURSO DE QUEJA


1. El mandatario de la promotora adujo en su recurso que la liquidación motivada y especificada de la cuantía del monto de la indemnización establecida mediante juramento estimatorio, ascendió a mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo)


En consecuencia, como la cuantía del interés para recurrir, corresponde para el año que avanza, fecha de emisión de la sentencia de segunda instancia, en una suma equivalente a $781.242.000,oo, se cumple con el requisito que echó de menos el Tribunal.


Agregó que como la parte contraria no formuló objeción al juramento estimatorio, el monto estimado comporta el valor de la indemnización.



2. Fijada en lista la queja, la contraparte guardó silencio (fl.4).




III.        CONSIDERACIONES


1. De conformidad con lo previsto en el artículo 352 del Código General del Proceso, el recurso de queja procede contra el auto que deniega el de casación, razón por la cual es necesario precisar que la competencia de esta Corporación se restringe a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposición, estuvo ajustado a la ley.


2. Para el aludido propósito cumple recordar que dentro de los requisitos del recurso extraordinario de casación, el artículo 334 ibídem dispone que procede, entre otras sentencias, contra las dictadas para liquidar una condena en concreto; y, el artículo 338 señala que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el mismo procede cuando el  «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV)», que traducidos a pesos en 2018, anualidad de emisión de la sentencia de segunda instancia, ascienden a setecientos ochenta y un millones doscientos cuarenta y dos mil pesos ($781.242.000,oo).


3. Es así como, a propósito del interés para recurrir tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (CSJ AC 6011 de 2015).


4. Pues bien, para la determinación del mencionado interés, la nueva regulación procesal prevé que «…su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión» (artículo 339).

Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del interés para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos «podrá» y «si lo considera necesario» que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estaría convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines.


Ahora, de someterse a los «elementos de juicio que obren en el expediente», servirán para tal propósito, aquéllos que cumplan legalmente con esa función, de manera que, no cualquier «dato» que se encuentre en el expediente podrá habilitar la procedencia del recurso extraordinario. Y ello precisamente es lo que ha ocurrido en el asunto sometido a consideración de la Sala.


5. En efecto, tal y como lo señala el recurrente, el incidentista hizo uso de la facultad contemplada en el artículo 283 del Código General del Proceso dirigida a presentar escrito con la liquidación de la cuantía de los perjuicios a los que fue condenada la entidad ejecutante a quien finalmente se le revocó el mandamiento de pago. Tal estimación, por mandato de la referida norma, ha de realizarse bajo juramento, pero además, de una manera «motivada y especificada». Ello, incluso, en perfecta concordancia con el mandato contemplado en el artículo 206 ibídem que enseña que dicho juramento ha de realizarse «razonadamente» además de contener la discriminación de cada uno de sus conceptos.


Sin embargo, con miras a cumplir tal requisito, el incidentista se limitó a informar que la cuantía de los perjuicios ascendía a la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo) dividiendo tal cifra en setecientos millones de pesos ($700.000.000,oo) a título de perjuicios materiales; y, los restantes trescientos millones de pesos ($300.000.000,oo) por concepto de perjuicio moral, pero ni la liquidación fue razonada conforme a los hechos que la fundaron, ni mucho menos se realizó discriminadamente.


Total que, la información que se suministró a título de juramento estimatorio, en realidad no alcanza a calificarse como tal, y en esa medida, no comporta un elemento de juicio que permita determinar la cuantía del agravio para acudir en casación.


Incluso, y en lo que a los perjuicios morales comporta, no cualquier cuantía solicitada en la demanda o respectiva solicitud sirve para acreditarlo. Para el efecto, es necesario atenerse, en primer lugar, a que realmente sean procedentes, cuestión que no ocurre, en principio, tratándose de personas jurídicas; y, en segundo lugar, es preciso apoyar la decisión en los valores que por tal concepto han sido reconocidos jurisprudencialmente bajo el entendido que la cuantificación de tales daños queda al criterio del juzgador.


De manera que la suma pretendida por este concepto, tampoco podría servir para cuantificar el interés para recurrir, y, eliminando dicho monto, aún de considerar aquél valor pedido a título de perjuicios materiales, no alcanza el tope mínimo requerido. Es por esta razón, entonces, que no es necesario acudir a los demás elementos de juicio que obren en el incidente para cuantificar el agravio, pues como se dijo, la suma pedida a título de perjuicio material no alcanza el umbral fijado por el legislador para determinar el interés para recurrir.


6. Finalmente, sirva esta oportunidad para reiterar que  no procede incluir en el valor de la resolución desfavorable al recurrente, el rubro de «agencias en derecho», ni aquél referente a la sanción contemplada en el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso, toda vez que estas cifras no hacen parte de la relación jurídica sustancial que se concede o niega en la sentencia, en tanto que tienen carácter eminentemente procesal, derivado el primero, de la pérdida del proceso, y el segundo, de la amonestación sancionatoria impuesta como consecuencia de no probar los perjuicios que fueron estimados juradamente cuyo monto está destinado al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.


Acerca de dicho criterio, la Sala en providencia AC, 1º jun. 2010, rad. n.° 2007-00641-00, expuso «Resta mencionar que tampoco podría tenerse como elemento que adicionara el valor del agravio que alegan los recurrentes, el de las ‘costas, incluidas las agencias en derecho’, pues ha de tenerse presente que, como lo ha dicho esta Corporación en ocasiones anteriores ‘la discusión sobre costas es ajena al recurso extraordinario de casación, precisamente porque no es un tema propio del litigio sino una consecuencia del proceso, cuya imposición adviene como secuela de las resoluciones que los juzgadores de instancia adoptan sobre lo debatido en el juicio’ (Cas. Civ., sentencia del 17 de agosto de 2007, exp. 25899-31-84-001-2000-07171-01)».


En pronunciamiento posterior complementó: «Es de aclarar que a la cifra que se considera como agravio; no se le puede sumar el valor de las costas con la finalidad de aumentar el interés para recurrir en casación.  En efecto la Corte ha sostenido de manera constante que ni las costas, ni las agencias en derecho pueden ser tomadas en cuenta para integrar la cuantía para recurrir […]» (Auto 16 dic. 2013, rad. n.° 2013-02317-00).


7. Así las cosas, pese a que el Tribunal no actuó correctamente al basar la decisión denegatoria de la concesión del recurso extraordinario de casación, en sumas de linaje procesal que no sirven para determinar el interés para recurrir, resulta que, la alegación en la que fundó la queja el recurrente, tampoco tiene vocación de prosperidad, pues la información suministrada como juramento estimatorio, no alcanza tal calificativo, a la par que, la suma pedida a título de perjuicio material en el incidente de liquidación de perjuicios, único monto procedente, no alcanza a superar el límite necesario para acceder a este mecanismo.


8. En consecuencia, se declarará bien denegada la casación, sin condena en costas porque no se encuentran causados.


IV. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- DECLARAR bien denegado el recurso de casación interpuesto por la Sociedad Inversiones CBS S.A frente a la sentencia de segundo grado proferida en audiencia de 27 de febrero de 2018 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena dentro del incidente de liquidación de perjucios ya referenciado.


SEGUNDO.- ABSTENERSE de condenar en costas a la recurrente.


TERCERO.- ORDENAR la devolución de lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.


Notifíquese,



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado