CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC2742-2018
Radicación n.° 11001-31-03-039-2013-00256-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018).
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casación, interpuesto contra la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del asunto de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Martha Cecilia Rodríguez Barguil, instauró demanda ordinaria contra la Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A., para que se declarara la existencia de un contrato de agencia comercial celebrado verbalmente entre las partes y para que se condenara a la pasiva a cancelar los montos adeudados legalmente como consecuencia de aquel convenio.
B. Los hechos
C. El trámite de las instancias
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La acusación se erigió sobre un único cargo, apoyado en la causal segunda de casación, esto es, la violación indirecta de la ley sustancial (núm. 2º, art. 336 del C. G. del P.), que la censora desarrolló así:
CARGO ÚNICO:
La sentencia violó indirectamente los artículos 174 y 176 de la ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) (folio 7, c. Corte), como consecuencia de errores en la apreciación del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada, los testimonios de Luz Marina Aguilar Martínez y Clara Graciela Barreto Gómez, las planillas de pagos a seguridad social aportadas al proceso por la pasiva y la correspondencia cruzada entre las partes en litigio en desarrollo de la relación contractual y por no dar credibilidad a la declaración juramentada rendida por el otrora representante legal de la firma aseguradora demandada, Eudoro Carvajal Ibáñez (q.e.p.d.), donde aceptó que «…Seguros Aurora había sido posicionada como una de las líderes en el cubrimiento de este tipo de riesgos de enfermedades de alto costo…», como resultado de su gestión.
En soporte a su censura, la inconforme destacó, inicialmente, algunas preguntas y respuestas del aludido interrogatorio y afirmó que la falta de constitución legal de la sucursal San Patricio de la aseguradora, acredita que el contrato realmente ejecutado entre demandante y demandada, era el de agencia comercial y no uno de carácter laboral, máxime cuando en aquella diligencia la supuesta empleadora se comprometió a aportar prueba de los pagos a seguridad social y no lo hizo.
Por otra parte, de cara a la prueba testimonial, argumentó que el Tribunal se equivocó al no otorgarle el mérito persuasivo que ostenta, pues las dos deponentes fueron claras al aseverar la independencia y autonomía con que ella desempeñaba la gestión encomendada y la exclusividad con que se manejaba el negocio de Seguros Aurora S.A. en su oficina.
Particularmente, estimó que del dicho de la segunda testigo, se extraía que el contrato de agencia mercantil convenido tuvo vigencia entre los años 2000 a 2012 y que el porcentaje pactado como comisión entre las partes, fue del 20% sobre las primas recaudadas.
Adicionalmente, señaló que el Ad quem incurrió en defecto fáctico al dar por probada la existencia de un contrato laboral entre abril de 2008 y diciembre de 2012, cuando la prueba documental respectiva no daba cuenta de ello, pues su labor desarrollada a partir de la finalización de ese vínculo y hasta el año 2012, quedó en la indeterminación.
En relación con los pagos a seguridad social aducidos por la pasiva, para respaldar la existencia de un contrato laboral y no uno comercial, afirmó que la prueba documental correspondiente, a lo sumo, acreditaba el pago de cotizaciones a pensión entre 2001 y 2004, a salud entre 2001 y 2007 y a riesgos laborales por el año 2007.
Con base en ello, concluyó que el fallador valoró erradamente aquellos medios de conocimiento, pues no hubo pagos al sistema general de seguridad social por todo el tiempo de la relación contractual, lo que, en su sentir, impedía otorgar «…a estas pruebas documentales un valor pleno para demostrar la ejecución del contrato de carácter laboral que alega la demandada y desestimar los testimonios y demás pruebas aportadas por el suscrito en demostración del contrato verbal de Agencia Comercial.»
Con respecto a las comunicaciones que las partes intercambiaron durante los años 2008 y 2012, insistió en que el Tribunal le atribuyó ese hecho a la existencia de un contrato de trabajo ya finiquitado, circunstancia que «…demuestra que la relación que existió fue la de un contrato realidad de agencia comercial…»
De otro lado, sin especificar a qué elementos hacía referencia, afirmó que las pruebas aportadas con la demanda, también fueron equivocadamente apreciadas, porque ellas demostraban que mensualmente la pasiva le giraba diferentes cantidades de dinero, lo cual no ocurre en una relación laboral sino en una mercantil, como la agencia comercial pactada verbalmente entre las partes.
Por último, cuestionó que el Ad quem desechara la declaración juramentada de quien en vida fungía como representante legal de la demandada y de la cual, a su juicio, puede extraerse su condición de agente de la demandada. Al respecto, la casacionista aseguró que se trata de una prueba trasladada que otorga total certeza sobre la naturaleza comercial del vínculo contractual, a la cual debió atribuirse ese mérito probatorio.
Sin más consideraciones, solicitó casar la sentencia y en su lugar, acceder a las declaraciones y condenas reclamadas en el libelo genitor. [Folios 8-12, c. Corte]
III. CONSIDERACIONES
1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente previstas.
Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración». (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700)
2. La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 344 del Código General del Proceso. Se requiere la designación de las partes, una síntesis del proceso, de los hechos y de las pretensiones materia del litigio y la formulación separada de los cargos en contra de la providencia recurrida, con la exposición de sus fundamentos en forma clara, precisa y completa.
Según el parágrafo primero del artículo en mención, cuando se alega la violación directa o indirecta de la ley, deben señalarse las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, caso en el que es suficiente que se indique cualquier disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa.
Sin embargo, no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.
Exigencia que se explica porque la demanda constituye «pieza fundamental» en el recurso extraordinario de casación, «…que a manera de carta de navegación, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada violó o no, la ley sustancial». (CSJ AC, 18 Jul. 2002, Rad. 1999-0154).
Si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, en qué consistió el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.
El error de hecho -tiene aceptado la jurisprudencia- proviene de una de las siguientes hipótesis: «a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento…» (CSJ SC, 10 Ago 1999, Rad. 4979; CSJ SC, 15 Sep 1998, Rad. 4886; CSJ SC, 21 Oct 2003, Rad. 7486; CSJ SC, 18 Sep 2009, Rad. 00406).
Además de que es necesario que la equivocación cometida sea manifiesta o protuberante, de tal modo que las conclusiones del juzgador resulten contraevidentes y por lo tanto, pugnen con la realidad del proceso, se requiere que sea trascendente, es decir, que por virtud suya se haya resuelto la controversia de una manera que infringe las normas sustanciales invocadas.
La doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha sido enfática en resaltar que los jueces de instancia gozan de una discreta autonomía en lo atinente a la ponderación de los diferentes medios persuasivos incorporados al proceso, principio que consagra el artículo 230 de la Constitución Política.
En virtud de lo anterior y bajo el entendido de que «extractar el sentido que debe darse a las pruebas, representa un juicio de valor que, en principio, resulta intangible para la Corte», únicamente si el resultado de esa actividad resulta ser «tan absurdo o descabellado, que en verdad implique una distorsión absoluta del contenido objetivo» de los medios de convicción, puede abrirse paso un ataque en sede casacional fundado en la presencia de yerros de facto (CSJ SC, 9 Dic. 2011, Rad. 1992-05900).
Por último, se ha sostenido pacíficamente, que la carga de demostrar ese tipo de desatinos recae exclusivamente en el censor; empero, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)
3. En la sentencia recurrida, el Tribunal confirmó la decisión de su inferior, que declaró probada la excepción de mérito que la demandada denominó “inexistencia del contrato de agencia comercial”.
En su único ataque, la disidente acusó al fallo por trasgredir de manera indirecta la ley sustancial. En desarrollo de ese reproche, aseguró que el sentenciador de la segunda instancia valoró inadecuadamente algunos medios de convicción aportados legalmente a la actuación, infringiendo, de esa manera, los artículos 174 y 176 del Código General del Proceso.
Al respecto, ha de recordarse que esta Corporación tiene bien establecido que son normas sustanciales aquellas que «…en razón de una situación fáctica concreta,declaran, crean,modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación por lo que no ostentan esa naturaleza las que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de estos o a hacer enumeraciones o enunciaciones,como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo.» (CSJ AC, 5 May. 2000)
Las normas de cuya violación se duele la recurrente, establecen que:
«Art. 174. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan.
(…)
Art. 176. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.»
En ese sentido, la eventual vulneración de los preceptos a que hace alusión la censora, no puede alegarse con base en la causal segunda de casación (núm. 2º del artículo 336 del Código General del Proceso), pues su carácter es eminentemente procesal, en la medida en que están destinadas, de modo exclusivo, a delinear aspectos rituales, tales como la viabilidad jurídica de introducir a un juicio determinado, pruebas practicadas en otro o por fuera del escenario judicial, los presupuestos necesarios para su validez y la forma en que el juez debe abordar el análisis del caudal probatorio, así como su obligación de exponer sus conclusiones respecto de cada medio de convicción en la sentencia.
Es decir que no se trata de normas sustanciales y por lo tanto, su eventual vulneración no se enmarca en la hipótesis elegida por la casacionista para formular su reproche, esto es, «[l]a violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su contestación, o de una determinada prueba.»
4. Aún de aceptarse que los citados artículos contemplan derechos sustanciales, es lo cierto que la impugnante no demostró el desatino atribuido a la decisión, pues se limitó a exponer su opinión sobre las conclusiones que debió derivar el Tribunal de algunos medios probatorios, pero no señaló su contenido, ni lo confrontó con las valoraciones del fallador, de ahí que no acreditó la existencia de yerros evidentes y/o protuberantes en las consideraciones que sirvieron de base a la sentencia.
En efecto, la disidente empezó por cuestionar la apreciación del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada. Para ello, transcribió las preguntas dos y tres con sus respectivas respuestas, para, inmediatamente concluir que de ellas se extraía con certeza que «…no se estaba ejecutando el contrato de carácter laboral, sino el contrato realidad de Agencia Comercial.» y que el «…interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la aseguradora demandada, no tiene fuerza de plena prueba capaz de demostrar la ejecución del contrato de trabajo que se aportó al proceso, y que según su dicho y prueba documental aportada, estuvo vigente entre el 2000 y 2008, máxime cuando manifiesta que se le pagaron las prestaciones sociales derivadas de ese contrato a favor de la demandante, pidiendo un plazo prudencial de tres (3) meses para aportar la prueba de ese presunto pago, plazo que no cumplió…»
Empero, en manera alguna la recurrente se ocupó de controvertir las conclusiones que de ese medio de convicción extrajo el Tribunal y que se contraen a i) la existencia de un vínculo laboral entre las partes desde el 31 de diciembre de 2000, en virtud del cual la demandante desempeñaba el cargo de gerente de sucursal, encargada del recaudo de algunos negocios de la compañía, el manejo de las pólizas de seguro y la coordinación de varios empleados y devengaba una asignación mensual de $3.300.000; ii) que dicha relación perduró hasta el año 2008, época en la que se dio por terminada por la demandada; iii) que la Compañía empleadora, hacía los aportes a seguridad social y parafiscales respectivos; iv) que de los dineros girados mensualmente a la accionante, una partida correspondía a su salario mensual; otra estaba destinada a compensar su incremento salarial y los gastos médicos de los tomadores de las pólizas, cuando ello era necesario; una más era para cubrir los gastos de arrendamiento y servicios de la oficina San Patricio, gerenciada por la reclamante y el restante, para imprevistos derivados del funcionamiento de esa sucursal.
A partir de esas premisas, el Tribunal consideró que no estaban satisfechos los requisitos de la agencia comercial, en particular, el de la independencia con que el agente debe ejecutar su gestión de mercadeo para el agenciado, pues era éste quien, independientemente de la denominación dada al vínculo con la demandante, cubría los gastos operacionales de la oficina donde ella prestaba sus servicios, circunstancia que no se circunscribió únicamente a la vigencia del contrato de trabajo suscrito entre las partes, sino que se prolongó hasta el año 2012, fecha en que finiquitó definitivamente la labor de la inconforme.
Criticó también la casacionista, que el Tribunal no otorgara el mérito probatorio que, en su sentir, tenían los testimonios de Luz Marina Aguilar Martínez y Clara Graciela Barreto Gómez. En apoyo a su censura, memoró parte de la declaración de la primera y a continuación, adujo que era incontrovertible la autonomía, independencia y exclusividad con que ella manejaba el negocio de Seguros Aurora S.A. desde su lugar de residencia, pues era allí donde funcionaba la supuesta sucursal San Patricio de la compañía, oficina que no fue legalmente constituida y por lo tanto, no tenía el referido carácter de sucursal.
Sin embargo, una vez más pasó por alto la memorialista, contrastar el contenido de esos dos testimonios con las valoraciones expuestas por la autoridad falladora, con miras a revelar los patentes y trascendentes yerros de que adolecen, cuando era su deber hacerlo, pues en su alegato, se limitó a afirmar que «…[e]l error craso que cometió el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil al descalificar como plena prueba los anteriores testimonios, que fueron rendidos con el lleno de los requisitos legales…»
En tal argumentación se extraña la concisión que manda la norma, esto es, la explicación de qué aparte o apartes precisos de las pruebas fue el apreciado de manera incorrecta, o dejado de apreciar, todo ello con trascendencia para infirmar la decisión, para derruir los pilares en que se sustentó.
Equivocación que debió acreditarse no solo con la exposición de la inconformidad, sino mediante la demostración clara y precisa del error manifiesto del ad quem. La Sala ha reiterado que:
«…si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas.» (CSJ. AC. Ago. 29 de 2000)
Por otra parte, afirmó la recurrente, que otro error del Tribunal, fue dar por probada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes desde el año 2001 hasta el año 2012, cuando el respectivo convenio fue finiquitado por decisión de la demandada en el año 2008 y, en todo caso, las planillas de pagos a seguridad social aportadas, no daban cuenta del cumplimiento de dicha obligación patronal, más allá del año 2007. Basada en ello, indicó que no era posible afirmar que entre el 2008 y el 2012, continuó vinculada laboralmente a la Compañía.
Sobre el punto, la Sala advierte la intrascendencia del reproche, dado que no es cierta la premisa de la que parte la censora para endilgar el desatino, pues para concluir que entre las partes no existió un contrato de agencia comercial, ni siquiera entre los años 2008 y 2012, el Ad quem no tuvo en cuenta únicamente el contrato laboral y la prueba de su terminación ni las planillas de pago de seguridad social, sino que extendió su análisis a la correspondencia girada entre demandante y demandada por ese periodo de tiempo, donde ella siguió firmando como gerente de la oficina San Patricio de la Aseguradora Aurora S.A., así como los libros de contabilidad y extractos bancarios de dicha sucursal, que daban cuenta de los giros que la empresa hacía a la quejosa para los gastos de funcionamiento de la filial, todo lo cual restaba mérito a la tesis de la demanda, dada la palmaria insatisfacción del requisito de independencia que caracteriza al contrato cuya declaración se reclamó.
Asegura, de otro lado la censora, que el fallador de la segunda instancia no tuvo en cuenta que de las pruebas aportadas en la demanda, emergía que el valor mensual que la Compañía de Seguros le giraba, era distinto y que ello correspondía a las comisiones sobre venta mensual de seguros.
No obstante, la inconforme no concretó de cuáles de esas documentales podía extraerse tal conclusión, ni porqué las consideraciones que sobre esas consignaciones o giros mensuales, hizo el Tribunal eran absurdas o alejadas de la realidad, ni siquiera mencionó qué fue lo que extrajo el sentenciador de sus probanzas.
Pese a esas falencias técnicas de la casacionista, es conveniente destacar que lo que el Ad quem dedujo de aquellos documentos fue que los giros que mensualmente hacía la aseguradora a nombre de la demandante, eran contabilizados en los libros de la oficina de San Patricio como traslados y anticipos para gastos de funcionamiento, y que en algunas oportunidades, obrando como gerente, la quejosa dirigió oficios a la Compañía, para que le girara el dinero necesario para pago de aportes a la seguridad social, nómina de empleados, reembolso de servicios públicos, pago de arriendo, gastos de traslados, gastos de relaciones públicas, comprobantes de pago de nómina y liquidación de algunas prestaciones sociales a su favor.
Por último, bajo el subtítulo de “prueba trasladada”, la disidente, censuró que el Tribunal hubiese descartado la declaración extrajudicial, rendida por Eudoro Carvajal Ibañez (q.e.p.d.), ante el Notario 11 del Círculo de Bogotá, donde, en calidad de representante legal de la demandada, reconoció «…que LA COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA AURORA S.A., antes de la contratación de la señora Martha Rodríguez Barguil no tenía experiencia en el manejo de Reaseguros de las enfermedades de alto costo, y fue ella quien introdujo el RAMO Y LO POSICIONÓ como líder en el mercado de dicho reaseguro.»
En sentir de la libelista, el fallador desconoció que «…el declarante para la fecha de este proceso ya había fallecido, como se manifestó en los hechos de la demanda, exigencia que por demás resulta imposible de cumplir; y b) que el mismo representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte que absolvió, al referirse a este punto aceptó que Seguros Aurora había sido posicionada como una de las líderes en el cubrimiento de este tipo de riesgos de enfermedades de alto costo, gestión obviamente que estaba desarrollándose por la demandante.», de acuerdo a ello, concluyó que sí estaba satisfecho el requisito de la ratificación.
Nuevamente, la recurrente dejó a la imaginación el contenido puntual de la prueba desechada, de tal manera que pusiera de manifiesto su trascendencia para acreditar la existencia del contrato de agencia mercantil que dijo haber celebrado verbalmente con Seguros Aurora S.A., pues centró su ataque en destacar que el otrora representante legal de aquella Compañía reconoció que ella fue quien los posicionó como líderes en el mercado del seguro de enfermedades catastróficas o de alto costo, afirmación que, por sí sola, como lo explicó el Tribunal, no demuestra el hecho que la accionante quiere probar.
Además de ello, no pasa inadvertido para la Sala, que la casacionista no solicitó la introducción de ese documento extrajudicial, en la forma establecida en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable en la respectiva instancia procesal, al punto que solo en su demanda de casación es que hace alusión al concepto de “prueba trasladada”, figura jurídica que en el presente asunto no se configuró, pues no están satisfechos los requisitos legales para su perfección.
Con todo, también lo puso de presente el Ad quem, de la declaración extrajudicial del señor Carvajal Ibáñez no se extrae la conclusión que reclama la demandante, pues si bien éste reconoció su diligente y benéfica gestión para la compañía, también indicó que lo hizo en desarrollo de sus funciones como «…Gerente de la Sucursal San Patricio de ESTA COMPAÑÍA, la cual se creó con el fin de atender de manera especializada este tipo de reaseguro…» (fl. 8, c.1)
Es decir, que el deponente fallecido no dijo lo que la señora Rodríguez Barguil quiere hacer ver con la aducción de su declaración extraprocesal; por el contrario, sus afirmaciones coinciden con el resto del caudal probatorio analizado en la sentencia, que permitió arribar a la conclusión de que no estaban satisfechos los presupuestos necesarios para declarar que entre las partes existió un contrato de agencia comercial, pues la demandante integraba la organización empresarial para la cual trabajaba y era aquella y no ésta, quien cubría los gastos de operación necesarios para el desempeño de sus funciones, circunstancia que desvirtúa la necesaria independencia con que debe actuar el agente comercial para conservar su calidad de tal.
Es importante resaltar, para finalizar, que las valoraciones que el sentenciador realizó frente a los demás medios de prueba incorporados al expediente, tales como los libros de contabilidad de la oficina San Patricio de la demandada, los extractos bancarios de esa dependencia, donde figuraba como titular la recurrente y las comunicaciones que ésta dirigió a Seguros Aurora S.A., solicitando giros para los gastos de funcionamiento de la sucursal, quedaron indemnes, pues no fueron objeto de controversia alguna por parte de la memorialista.
De modo que la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender a la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración plena del inocultable yerro apreciativo.
5. En tal orden, como se anticipó, resulta evidente que la decisión no transgredió el ordenamiento jurídico en detrimento de la recurrente, motivo adicional para inadmitir la demanda.
En efecto, el legislador estableció en el artículo 333 del Código General del Proceso los fines del recurso extraordinario de casación. Dispuso que su propósito es defender la unidad e integridad de la legislación colombiana, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por la Nación en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia y reparar los agravios de las partes con ocasión de la providencia recurrida.
En concordancia con tal objetivo, estableció en el inciso final del artículo 336 de la citada codificación, la potestad de que la Sala case una sentencia «aun de oficio» siempre que sea ostensible que ella compromete «gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».
Pero también, inspirado en el mismo principio, estableció en el artículo 347 ejusdem la facultad para que la Sala inadmita la demanda de casación que, aunque reúna los requisitos legales, esté dentro de alguno de los tres eventos que allí contempla:
1. Cuando exista identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de la Corte, salvo que el recurrente demuestre la necesidad de variar su sentido.
2. Cuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garantías de las partes, ni comportan una lesión relevante del ordenamiento.
3. Cuando no es evidente la transgresión del ordenamiento jurídico en perjuicio del recurrente.
En este caso la sentencia respetó el régimen colombiano. Se sustentó en las pruebas legalmente recaudadas, que las partes tuvieron oportunidad de contradecir. Su estudio se enmarcó en tales evidencias así como en la normatividad aplicable al caso concreto, y se apoyó en la jurisprudencia relacionada con el asunto debatido.
Es decir, que la decisión no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, en especial, como vimos, de la inconforme, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad de nuestra legislación ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.
Razones que imponen la inadmisión de la demanda.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 17 de agosto de 2017, dentro del asunto referenciado.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA