ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC2751-2018
Radicación n.°05001-31-03-016-2008-00542-01
(Aprobado en sesión de 31 de enero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad del libelo presentado por la demandante para sustentar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida el 26 de enero de 2017, en el proceso de la referencia.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Rocío López de Montoya demandó a María Margarita Duque Gómez, en nombre propio y en representación de Natali Montoya Duque y Estefanía Montoya Duque, para que rinda cuentas «de la administración del establecimiento de comercio… ALMACÉN Y CALZADO MONTOYA, de propiedad de la demandante, cuentas que en su momento debió de rendir el señor GABRIEL IGNACIO MONTOYA LÓPEZ», que ya falleció. Estimó tales cuentas en $ 22.000’.000.000,oo.
B. Los hechos
1. Gabriel Montoya Romero era el propietario del establecimiento de comercio Almacén y Calzado Montoya. El citado señor falleció el 30 de noviembre de 1994.
2. En su sucesión, el establecimiento le correspondió a Rocío López de Montoya, según la escritura pública 307 de 20 de febrero de 1995, de la Notaría 21 de Medellín (folio 187, cuaderno 1).
3. Desde que el propietario falleció, su hijo, Gabriel Ignacio Montoya López, asumió el control y la administración de dicho bien, ahora de propiedad de su madre. Tal administración duró hasta el 4 de enero de 2004, fecha en que murió.
4. Luego de tal muerte, María Margarita Duque Gómez, esposa del difunto, en nombre propio y de sus hijas Natali y Estefania Montoya Duque, tramitó la liquidación de la sociedad conyugal y la sucesión de su cónyuge.
5. Pese a que el citado Gabriel Ignacio Montoya López era el administrador del establecimiento, y devengaba por tal función «no más de $ 700.000,oo», en su sucesión se adjudicaron «una gran cantidad de bienes», y solo declaró renta el último año de su vida.
6. El administrador no cumplió su obligación legal de rendir cuentas, lo que tampoco hizo su cónyuge.
C. El trámite de las instancias
1. El 4 de febrero de 2009 se admitió la demanda y se corrió traslado a los interesados (folio 382, cuaderno 1).
2. La parte demandada se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó «inexistencia de la obligación invocada», «falta de legitimación por activa», «mala fe en el demandante» y «tacha de falsedad de documento». Alegó que la actora le vendió a sus hijos Beatriz Elena, Oscar de Jesús, Luis Alfonso y Gabriel Ignacio Montoya López el establecimiento de comercio, mediante documento suscrito el 22 de octubre de 1997, y estos constituyeron a su favor un usufructo vitalicio; Gabriel Ignacio Montoya López no fue el administrador, razón por la que la actora no está legitimada para exigir a los demandados que rindan cuentas; el citado era propietario y administrador de otro establecimiento, llamado Almacén y Calzado Montoya No. 2; quien está obligada a rendir cuentas es la actora, por ser usufructuaria; y es de mala fe. Tachó de falso el documento «libro diario» aportado con la demanda (folio 404, cuaderno 1).
3. El juez de primera instancia, en providencia de 28 de abril de 2015, declaró probada la excepción «inexistencia de la obligación invocada» y negó las pretensiones. Adujo que según los registros mercantiles del establecimiento Almacén y Calzado Montoya, la demandante detentaba el derecho de usufructo, por lo que estaba autorizada para exigir la rendición de cuentas, no obstante, no demostró que le hubiese encargado la administración a otra persona, ni tal acto fue inscrito en el registro mercantil, como lo ordena el artículo 28 del Código de Comercio. En el documento denominado «liquidación y recibo de prima de servicios» se indicó que Gabriel Ignacio Montoya López tenía un cargo «administrativo», lo que difiere del de administrador. Se probó que la demandante, por lo menos para el año 1996, llevaba a cabo actos propios de un administrador, por lo que existió una administración conjunta (folio 789, cuaderno 1).
4. La demandante apeló.
5. El 26 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión.
Precisó que se imponía dictar sentencia para «determinar la obligación de rendir cuentas», y no para aprobar la estimación hecha en la demanda, porque la parte demandada se opuso.
Los documentos que aportó la actora demostraron que Gabriel Ignacio Montoya López ocupaba un «cargo “administrativo”», que tiene connotaciones distintas a las de un administrador.
Aun si se hubiera acreditado que era administrador, era necesario que se establecieran cuáles eran las funciones que desempeñaba, con el fin de determinar «si se configura el contrato de preposición» contemplado en los artículos 1332 y siguientes del Código de Comercio, y si de allí surge la obligación de rendir cuentas.
Se acreditó que la demandante «también cumplía las funciones de administradora», lo que afirmaron los testigos Beatriz Elena Montoya López y Felix Reinaldo Gómez Hernández.
El mandato que supuestamente le confirió la actora al señor Montoya López es un contrato de preposición que debe inscribirse en el registro mercantil, lo que se no hizo, lo que es un indicio en contra de dicha parte.
Los libros de comercio eran una prueba concluyente para confirmar el sustento de las pretensiones, pero la demandante, pese a tenerlos en su poder, no los aportó ni permitió que el perito tuviera acceso a los mismos, y ello también es un indicio grave en su contra.
Rocío López de Montoya afirmó que Gabriel Ignacio Montoya López era un empleado, y allegó la planilla titulada «nómina para pago de sueldos» en la que aquél figura con la misma asignación salarial que otros dos trabajadores, ello sin ninguna explicación.
Y los testigos Edith Rosario Ensuncho Padilla y José Aristóbulo Ortega Roldan manifestaron que Gabriel Ignacio Montoya López era el administrador, sin embargo «no son unísonos en sus dichos», pues solo coinciden en afirmar que manejaba la caja, lo que entra en contradicción con los otros testigos, y no precisaron si «recibía órdenes de la demandante… o si lo hacía por iniciativa propia y bajo su responsabilidad», lo que debió dilucidarse.
6. La parte demandante formuló el recurso extraordinario de casación.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
CARGO ÚNICO
Alegó la violación indirecta de los artículos 174, 187 y 304 del Código de Procedimiento Civil, por error de hecho en la apreciación del «libro personal de ventas diarias», «liquidación del contrato de trabajo y prima» de Gabriel Ignacio Montoya López, «respuesta a comunicación» ofrecida por la demandada, «escritura No. 307 de 20.02.95 sucesión intestada del señor Montoya Romero», «escritura 1344 de 30.06.04 sucesión intestada del señor Montoya López», «copia de formato de pago de nómina», «copia del certificado de registro mercantil», «copia del certificado de Cámara de Comercio de junio 13 de 2007 y copia de la escritura No. 612 de 31.03.2005», «prueba testimonial» e «incidente de tacha de falsedad».
Manifestó que una vez probada la calidad de administrador de Gabriel Ignacio Montoya, solo «resta demostrar que los demandados conocían a ciencia cierta la falta de diligencia y cuidado de su cónyuge… en su cargo».
La demandada se apropió de mala fe de los bienes de la actora, según se observa en el libro personal de ventas diarias, que el Tribunal confundió «como libro de comercio». Y las ventas declaradas en los libros de comercio «diferían sustancialmente de las reales». Se demostró que dicho libro fue elaborado, exclusivamente, por «el padre MONTOYA ROMERO», y luego por su hijo.
El juzgador exigió «el registro de la calidad de factor del señor MONTOYA LÓPEZ» como si fuera el único medio para probar su «calidad de mandatario», pese a que su cargo de administrador se acreditó por la confesión de la demandada y el testimonio del contador Javier Ignacio Zapata Velásquez, prueba, esta última, que fue omitida.
Acogió la excepción denominada «inexistencia de la obligación invocada», pese a que «es una clara e innegable proposición en favor de los intereses de esta parte».
Se quebrantó su debido proceso porque se desconocieron las pruebas que acreditaban su petitum. El ad quem y el auxiliar de justicia designado «demostraron un total desconocimiento en materia comercial de cuáles son los libros de comercio obligado a llevar por el comerciante…».
CONSIDERACIONES
1. Característica esencial de este medio de defensa es su condición extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con el fallo permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija sobre las causales taxativamente previstas.
Se ha dicho, además, que es ineludible la obligación de sustentar la inconformidad «mediante la introducción adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuración». (CSJ AC, 1° Nov 2013, Rad. 2009-00700)
2. La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 344 del Código General del Proceso. Se requiere la designación de las partes, una síntesis del proceso, de los hechos y de las pretensiones materia del litigio, y la formulación separada de los cargos en contra de la providencia recurrida, con la exposición de sus fundamentos en forma clara, precisa y completa.
Según el parágrafo primero del artículo en mención, cuando se alega la violación directa o indirecta de la ley, deben señalarse las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, caso en el que es suficiente que se indique cualquier disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa.
Sobre el particular, la Corte ha precisado:
…en el marco de dicho motivo casacional… es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación; la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas – cuando se predique la comisión de un yerro de derecho –, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado (CSJ AC, 7 Dic. 2001, Rad. 1999-0482).
Exigencia que se explica porque la demanda constituye «pieza fundamental» en el recurso extraordinario de casación, «…que a manera de carta de navegación, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada violó o no, la ley sustancial». (CSJ AC, 18 Jul. 2002, Rad. 1999-0154).
Esta Corporación tiene bien establecido que son normas sustanciales aquellas que «…en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…», por lo que no ostentan esa naturaleza las que se «limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo». (CSJ AC, 5 May. 2000).
No basta, sin embargo, con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.
Si la acusación se encamina por la vía indirecta se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocación fue de hecho o de derecho, y su trascendencia en el sentido de la sentencia.
Al denunciar el yerro fáctico, al impugnante le corresponde singularizarlo e identificar los medios de convicción sobre los cuales recayó, y demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que se advierta de manera manifiesta, de tal suerte que la valoración realizada se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.
Ha repetido la Sala que la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; no obstante, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)
3. El cargo que formuló la recurrente no reúne los requisitos del artículo 344 del Código General del Proceso, razón por la que la Sala lo inadmitirá.
La demanda se sustentó en la infracción indirecta de la ley por errores de hecho en la valoración de las pruebas. Sin embargo, la impugnante enunció la trasgresión de los artículos 174, 187 y 304 del Código de Procedimiento Civil, los que no son de naturaleza sustancial.
Tales disposiciones, como la Corte ha tenido la oportunidad de precisar, no declaran, crean, modifican o extinguen una relación jurídica concreta; de ahí que no se haya dado cumplimiento al parágrafo 1.º del artículo 344 de la normatividad adjetiva.
En efecto, se ha considerado que «los artículos 2, 4, 5, 6, 37, 71, 101, 115, 118, 174 a 187, 216, 217, 218, 226, 227, 228, 248 a 250, 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil no son normas sustanciales» (CSJ. AC. 27 de noviembre de 2015, rad. 2012-00116-01); y, así mismo, que «“los artículos 174, 175, 177, 179, 180, 183, 184, 187, 233, 237, 238, 243 del C.P.C”, todas ellas correspondientes al régimen probatorio…» (CSJ. SC. 1.º de noviembre de 2011, rad. 2002-00292-01, entre otras).
Dichas omisiones de la parte impugnante privan a la Corte de uno de los elementos indispensables para cumplir la función asignada como Tribunal de casación que, en el ámbito de la causal primera, consiste en determinar si la sentencia violó o no la ley sustancial.
4. La censura tampoco fue clara, precisa y completa, tal y como lo exige la normatividad.
El Tribunal ratificó la sentencia que negó el petitum, luego de considerar que los documentos aportados demostraban que Gabriel Ignacio Montoya López ocupaba un «cargo “administrativo”», que tiene connotaciones distintas a las de un administrador; que no se acreditaron sus funciones y, por ende, su obligación de rendir cuentas; que los testigos Beatriz Elena Montoya López y Felix Reinaldo Gómez Hernández declararon que la demandante «también cumplía las funciones de administradora»; que era un indicio en contra de tal extremo que no hubiese acreditado la suscripción de un contrato de preposición y su correspondiente inscripción en el registro; que también era un indicio en su contra que no hubiese allegado los libros de comercio que tenía en su poder, y que hubiera impedido su acceso al auxiliar de la justicia; que se probó que Gabriel Ignacio Montoya López era un empleado, lo que la propia demandante aceptó, y allegó la planilla titulada «nómina para pago de sueldos» en la que aquél figura con la misma asignación salarial que otros dos trabajadores; y que los testigos Edith Rosario Ensuncho Padilla y José Aristóbulo Ortega Roldan manifestaron que Gabriel Ignacio Montoya López era el administrador, sin embargo «no son unísonos en sus dichos», pues solo coinciden en afirmar que manejaba la caja, lo que entra en contradicción con los otros testigos, y no precisaron si «recibía órdenes de la demandante… o si lo hacía por iniciativa propia y bajo su responsabilidad», lo que debió dilucidarse.
En el cargo, la censora no indicó cuáles fueron los yerros de apreciación manifiestos del Tribunal que lo condujeron a tales deducciones. Por el contrario, en lugar de señalar de forma precisa el error evidente y trascedente de aquél, lo que hizo fue una exposición de su particular opinión de la controversia.
No refirió en qué consistió el yerro protuberante del ad quem al valorar los testimonios de Beatriz Elena Montoya López, Felix Reinaldo Gómez Hernández, Edith Rosario Ensuncho Padilla y José Aristóbulo Ortega Roldan, cuya apreciación sirvió de sustento a sus conclusiones; tampoco declaró por qué se equivocó al apreciar los documentos que citó, de los que dedujo que Gabriel Ignacio Montoya López tenía un cargo «administrativo» que difería del de administrador, y que su asignación salarial era similar a la de otros trabajadores; tampoco se explicó por qué el juzgador erró al deducir los indicios graves que detalló, de la conducta de la parte demandante; ni su equivocación al apreciar el certificado expedido por la Cámara de Comercio, en el que no constaba la inscripción de que aquél hubiese sido administrador.
La impugnante no indicó puntualmente en dónde estuvo el error del Tribunal al momento de apreciar los determinados apartes de las pruebas, esto es, qué fue lo que supuso, cercenó o tergiversó.
Por el contrario, lo que hizo fue hacer su propio estudio de las pruebas y, luego exponer su opinión, afirmar de forma genérica que las mismas sí demostraron el sustento fáctico de sus pretensiones, y agregar de forma imprecisa que el juzgador y el auxiliar de la justicia demostraron su desconocimiento «en materia comercial», que la demandada actuó de mala fe al apropiarse de bienes de la demandante, o que el libro de comercio fue elaborado, exclusivamente, por «el padre MONTOYA ROMERO», y luego por su hijo.
Es claro que dicha parte tan solo se limitó a efectuar un análisis que la condujo a aseverar que el sentenciador incurrió en desaciertos en su labor de valoración, lo que en materia de casación no resulta suficiente para infirmar el fallo atacado, pues, como en forma reiterada se ha sostenido por esta Corporación, no puede confundirse el error de apreciación con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre valoración que se efectúa de los elementos de persuasión que obran en el proceso.
La Sala ha sostenido, en relación con el error de hecho, que es necesario que:
… el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de erróneamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterición o desfiguración de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visión del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus términos con la sentencia acusada. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01).
También ha precisado que:
…si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la ley por vía indirecta, concretar los errores que se habrían cometido al valorar unas específicas pruebas. (CSJ. AC. Ago. 29 de 2000)
Luego, si en la impugnación se presenta un ejercicio de ponderación probatoria diferente, como sucede en este caso, la Corte no tiene alternativa distinta a la de atender la valoración del juzgador, en virtud de la doble presunción de legalidad y acierto de que está revestida su sentencia, lo que impone que sus conclusiones en torno del examen de los elementos fácticos son, en principio, intocables, salvo la demostración plena del inocultable yerro apreciativo.
Tales razones imponen, entonces, la inadmisión del cargo.
5. Además de los referidos reparos, la demanda de casación no cumplió con los presupuestos que consagra la ley procesal para su selección, pues la sentencia no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jurídico ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.
Las pruebas recaudadas no acreditaron de forma fehaciente que Gabriel Ignacio Montoya López hubiese sido el administrador del establecimiento de comercio Almacén y Calzado Montoya, como se alegó en la demanda.
Cómo lo advirtió el Tribunal, ninguno de los documentos aportados dio cuenta de tal circunstancia, pese a que, según la actora, aquél ostentó la administración mencionada por casi diez años.
Los testigos Beatriz Elena Montoya López —hija de la demandante y cuñada de la demandada— afirmó que su madre era la que administraba el negocio aludido desde la muerte de su padre, mientras que su hermano ejercía tal labor en el Almacén y Calzado Montoya No 2, de su propiedad; de igual forma, Felix Reinaldo Gómez ratificó tal versión y manifestó que Rocío López de Montoya dispuso del dinero producto del negocio, y era ella quien le recibía el puesto.
Si bien, el declarante Javier Ignacio Zapata Velásquez adujo que Gabriel Ignacio Montoya era el «gerente o administrador… hasta el 2003, de acuerdo a los libros que yo revisé», su testimonio es inconsistente, pues momentos antes manifestó no saber quién fue el administrador «desde el año 1994 hasta el 5 de enero del 2004», y además no explicó la razón por la cual, en su opinión, tal era el cargo que ocupaba según los documentos que mencionó.
No fueron producto del arbitrio del Tribunal las conclusiones que extrajo de los testimonios de Edith del Rosario Ensuncho Padilla y José Aristóbulo Ortega, de los que advirtió que «no son unísonos en sus dichos, pues solo coinciden en afirmar que manejaba la caja», y que no precisaron si para tal labor «recibía órdenes de la demandante, o si lo hacía por iniciativa propia y bajo su responsabilidad…».
Es decir, las conclusiones del ad quem se sustentaron en un estudio razonable de las evidencias, que no fue arbitrario, y, por ende, no irroga un quebranto a las garantías superiores de la recurrente.
5. Por las razones expuestas, se inadmitirá el libelo, y se declarará desierto el recurso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida el 26 de enero de 2017, dentro del asunto referenciado.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
(Ausencia justificada)
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Ausencia justificada)
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA