ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado ponente
AC2753-2018
Radicación n.°05001-31-03-005-2012-00061-01
(Aprobado en sesión de 31 de enero de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Corte se pronuncia sobre la admisibilidad del libelo presentado por Efremar S.A.S., litisconsorte de la demandada Gloria Isabel Duque, para sustentar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, de 20 de mayo de 2014.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
Ana Clotilde Ríos Ríos demandó a Gloria Isabel Duque Hurtado, Francisco Erley Betancur Moreno, José Armando Gil Torres, Luis Fernando González Bustamante y Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo. Como pretensión principal, solicitó que se declare resuelto el contrato de compraventa de un inmueble, protocolizado en la escritura pública n.° 2307 de 11 de octubre de 2007, de la Notaría Segunda de Rionegro, porque los convocados, como compradores, incumplieron su obligación de pagar el precio.
De forma subsidiaria, pidió que se declare rescindido el contrato, porque sufrió lesión enorme «en cuanto al valor real del bien presuntamente enajenado» (folio 6, cuaderno principal).
B. Los hechos
1. Ana Clotilde Ríos Ríos era la dueña del 50% del predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 020-63991 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Rionegro.
2. Mediante la escritura pública n.° 2307 de 11 de octubre de 2007 de la Notaría Segunda de Rionegro, le vendió sus derechos sobre el citado bien a Gloria Isabel Duque Hurtado, Francisco Erley Betancur Moreno y José Armando Gil Torres. Como precio, pactaron $ 150’000.000.
3. Las partes manifestaron en el instrumento que la compradora recibió la suma acordada, sin embargo, tal declaración no fue cierta pues «ese precio ficticio no fue ni ha sido cancelado parcial ni totalmente, directa o indirectamente, a la demandante» (folio 8, cuaderno principal).
4. Pese a que declararon que la vendedora entregó el inmueble, tal afirmación tampoco fue cierta.
5. Luego, Francisco Erley Betancur Moreno le vendió su porcentaje a Luis Fernando González Bustamante, mediante las escrituras públicas n.° 686 de 19 de marzo de 2008, y 1098 de 23 de mayo siguiente, de la Notaría Segunda de Rionegro. Y José Armando Gil Torres le vendió su parte a Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo, mediante la escritura pública n.° 725 de 8 de abril de 2008, de la Notaría Primera del mismo lugar (folio 8, cuaderno 1).
6. Los anteriores actos «son irreales», toda vez que los compradores no conocían ni conocen el lote, no lo recibieron y no pagaron el precio, «indicativo claro de su mala fe» (folio 8, cuaderno 1).
7. El valor real era «muy superior al estipulado como su precio», por lo que si los adquirientes realmente hubieran pagado, la vendedora «habría sufrido una lesión enorme patrimonial» (folio 9, cuaderno 1).
C. El trámite de las instancias
1. El juez admitió la demanda el 11 febrero de 2011 (folio 30, cuaderno 1).
2. Gloria Isabel Duque Hurtado se opuso a la demanda y formuló las excepciones que denominó «inexistencia de las causales legales para la resolución del contrato» e «inexistencia de la causal para la rescisión». Manifestó que pagó la totalidad del precio estipulado por su parte e incluso quedó un saldo a su favor por $ 15.150.000, que no le ha sido devuelto. El pago lo hizo al demandado, y también comprador, Francisco Erley Betancur «hombre de confianza de la señora Ana Clotilde», discriminado así: «el 25 de agosto de 2007 se entregó un Campero Gran Vitara… por valor de $ 40’000.000… la suma de $ 15’150.000… en efectivo el día 03 de septiembre de 2007 y el automóvil Audi BDX-616 modelo 1997 por valor de $50’000.000…». Además, el precio real fue $ 270.000.000, superior al avalúo catastral (folio 71, cuaderno 1).
Francisco Erley Betancur Moreno propuso las defensas «inexistencia de las causales legales para la resolución del contrato» e «inexistencia de la causal para la rescisión». Sostuvo que el precio se fijó según el avalúo catastral; «el pago fue realizado en su totalidad», pues él mismo, actuando según poder especial que le otorgó la demandante, recibió de Gloria Isabel Duque una suma en efectivo y la entrega de automóviles, además, José Armando Gil Torres entregó un lote de terreno a Flaviano Ríos Pineda, por valor de $ 71’666.000, entregó el vehículo de placas BWX 556 por $ 20’000.000 más $ 25’000.000 en efectivo, y «los demás dineros fueron entregados a la demandante» (folio 95, cuaderno 1).
Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo y Luis Fernando González Bustamante formularon las excepciones que titularon «inexistencia de las causales legales para la resolución del contrato» e «inexistencia de la causal para la rescisión». Alegaron que no fueron parte de la primera negociación, y no les consta que quienes allí adquirieron no hayan pagado el precio; son compradores de buena fe; no han recibido el inmueble, porque está en arrendamiento a un tercero; pagaron el precio estipulado, y no existió lesión enorme (folio 88, cuaderno 1).
José Armando Gil Torres fue emplazado y, como no compareció, se le designó curador ad litem, que formuló las excepciones de «buena fe» e «imposibilidad de resolver el contrato de compraventa», porque se dieron las condiciones «para que se haya perfeccionado el negocio de compraventa» y actuó de buena fe (folio 102, cuaderno 1).
3. El juez de primera instancia negó las pretensiones en sentencia de 24 de abril de 2013. Adujo que no se demostró el incumplimiento de los compradores, porque en la escritura pública de compraventa la vendedora declaró que recibió el precio, afirmación que no desvirtuó, y, además, se acreditó que Francisco Erley Betancur Moreno y José Armando Gil Torres vendieron a terceros, a quienes «no les puede ser oponible el debate que emergiera entre sus antecesores».
En relación con la pretensión subsidiaria, sostuvo que la demandante no acreditó haber «sufrido un perjuicio en la proporción que establece la ley», y a dicha parte le incumbía demostrarlo.
4. La actora apeló.
5. El Tribunal Superior de Medellín, en providencia de 20 de mayo de 2014, revocó la sentencia apelada y, en su lugar, declaró que «por la inexistencia de los contratos de compraventa… es necesario retornar el patrimonio de la demandante a la misma situación jurídica que presentaba para cuando se celebró el primer contrato…»; ordenó la cancelación de las escrituras y sus registros, y condenó en costas a los citados.
Consideró que la demandante le dio poder al demandado, y también comprador, Francisco Erley Betancur Moreno para que actuara «en las etapas preparatorias de oferta y aceptación»; las negociaciones iniciaron cuando los compradores se ofrecieron a comprar el inmueble a cambio de un apartamento en Envigado, la construcción de una cabaña en el lote aledaño de propiedad de la madre de la vendedora y el pago de $ 350’000.000 en efectivo, según los testigos Flaviano Ríos Pineda, David Serna Sánchez y José María Ríos. Pese a lo anterior, al momento de firmar la escritura pública de venta, no le entregaron ningún dinero, como lo declaró David Serna Sánchez, que la acompañó en tal oportunidad.
La convocada Gloria Isabel Duque confesó que no le pagó a la actora sino a Francisco Erley, que expidió un recibo casi un año después del negocio, por lo que «pagó mal… e hizo un pago inválido», porque aquél no fue diputado para recibir, lo que era sospechoso. Los otros demandados tampoco explicaron la forma en que pagaron «siendo que estaban enfrentados a una proposición categórica de incumplimiento de obligación de pagar…» ante la «afirmación indefinida de no pago», lo que, además, era un indicio en su contra.
El precio «resultó irrisorio, vil…», pues se pactó en $ 270.000.000, pese a que el valor del bien era $ 770.031.968, según el dictamen pericial. Por lo anterior, podía afirmarse que «el contrato de compraventa no existió en ausencia de un elemento esencial el precio…». Por ello, como la prestación no fue conmutativa, le «quita al contrato el tinte de compraventa».
Las ventas posteriores, hechas por los compradores iniciales, tampoco fueron serias, pues Francisco Erley aseguró que compró el derecho de cuota por $ 270.000.000, para luego transferirlo por $ 110’000.000, y sin ninguna prueba.
Sostuvo, a continuación, que el contrato era inexistente, y aunque la inexistencia no requiere declaración judicial, por «haberse trastocado la situación jurídica y fáctica… es menester retrotraerla a la fecha del fallido contrato». Y precisó que «no se trata entonces de interpretación de la demanda sino que… al adentrarse en el primer presupuesto de la pretensión de la de resolución de contrato, la existencia de uno bilateral válido, no se supera siquiera el requisito de la existencia…».
Tal declaración «arrastra» los contratos posteriores, que fueron producto de las mismas maniobras que adelantaron los compradores iniciales, por lo que los nuevos adquirientes «no pueden catalogarse como de buena fe» (folio 103, cuaderno Tribunal).
6. En el curso del proceso, la demandada Gloria Isabel Duque Hurtado vendió su derecho de cuota sobre el inmueble a Efremar S.A.S., y, por tal motivo, el citado ente fue reconocido en el proceso como litisconsorte de la primera.
Tal litisconsorte formuló el recurso de casación.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se sustentó en seis cargos.
CARGO PRIMERO
Adujo que la sentencia fue incongruente, porque declaró inexistente el contrato contenido en la escritura pública n.° 2307 de 11 de octubre de 2007, pese a que la demandante lo «acusó como incumplido».
También es incongruente «en lo que concierne a los actos contenidos en las Escrituras Públicas números 725 de 8 de marzo de 2008, Notaría Primera de Rionegro, 686 de 19 de marzo de 2008, Notaría Segunda de Rionegro y 1098 del 23 de mayo de 2008 Notaría Única de Rionegro», pues el juzgador no podía concluir que, como los compradores iniciales no pagaron el precio, a los contratos posteriores «les faltaba como elemento esencial el precio y que eran también inexistentes» (folio 32, cuaderno Corte).
El juzgador no podía declarar oficiosamente «la inexistencia del acto o contrato» pues para el efecto la jurisprudencia ha exigido condiciones muy estrictas. Además, existió «un esfuerzo desmedido… para suprimir las múltiples expresiones del precio, que constan en la propia escritura, en la demanda, en los testimonios y en las declaraciones de parte…» lo que no fue manifiesto en tales evidencias.
Tampoco podía sustentar su decisión en «motivos instituyentes de la nulidad relativa», como lo son los supuestos vicios del consentimiento.
CARGO SEGUNDO
Alegó la violación directa de los artículos 1934, 1933, 1602, 1546, 1547 y 1849 del Código Civil, y 872 y 920 del Código de Comercio.
Acorde con las normas citadas, la resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores; y si en la escritura se manifestó haberse pagado el precio, no se admitirá prueba en contrario, salvo la nulidad o falsificación de la escritura.
El Tribunal, pese a lo anterior, desconoció «esa inmunidad de los terceros» lo anterior respecto de las ventas protocolizadas «en las escrituras públicas números 725 de 8 de marzo de 2008… 686 el 19 de marzo de 2008… y 23 de mayo de 2008…», en las que obraron como compradores Luis Fernando Gonzáles Bustamante y Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo, sobre las cuales no recayó ninguna acusación de falta de pago.
CARGO TERCERO
Acusó a la sentencia de infringir indirectamente los artículos 768, 1933, 1934, 1602, 1546, 1547 y 1849 del Código Civil, y 872 y 920 del Código de Comercio, por error de hecho en la apreciación de las pruebas.
El juzgador supuso, sin prueba, que los compradores Luis Fernando González Bustamante y Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo fueron adquirentes de mala fe, pese a que la misma no se presume.
Además, la resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores; y si en la escritura se expresa que se pagó, no se admiten pruebas en contrario, salvo de la nulidad o falsedad del instrumento.
El ad quem «creó una norma… según la cual la declaración de inexistencia de un acto original, arrastra en cadena todos los actos posteriores que quedan igualmente contaminados de inexistencia».
CARGO CUARTO
Manifestó que el fallo violó indirectamente los artículos 1933, 1934, 1602, 1546, 1547, 1849 del Código Civil; y 872 y 920 del Código de Comercio, por error de derecho derivado de la transgresión de los artículos 176 y 280 del Código General del Proceso.
El Tribunal no apreció las pruebas en conjunto, desatendió las reglas de la sana crítica, y dejó de exponer el mérito atribuido a cada evidencia. Se dedicó «meticulosamente a la disección separada de algunos apartes de las pruebas, como método para negar la verdad que a la luz de la sana crítica ellas muestran inequívocamente».
No integró la declaración de parte de la actora con lo pactado en la escritura, según lo cual las partes sí acordaron un precio. No asoció la declaración de la demandada Gloria Duque Hurtado, que afirmó haber pagado a Francisco Erley Betancur, con las demás evidencias.
Aisló los testimonios de Flaviano Ríos Pineda, David Serna Sánchez y Jesús María Ríos Ríos, que refirieron una falta del pago del precio, mas no su inexistencia.
CARGO QUINTO
Por la violación indirecta de los artículos 1933, 1934, 1948, 1602, 1546, 1547, 1849, 1501, 1857 y 1948 del Código Civil, y 872 y 920 del Código de Comercio, por error de hecho en la apreciación de la demanda «y la confesión que en ella reposa».
En tal pieza, la actora expresó que sí hubo un pacto de precio, pero que los demandados incumplieron por no pagarlo, y que se convino «en proporción de lesión enorme».
CARGO SEXTO
Alegó la violación indirecta de los artículos 1933, 1934, 1948, 1602, 1546, 1547, 1849, 1501, 1857 y 1948 del Código Civil, y 872, 920 del Código de Comercio, por error de hecho en la apreciación de la prueba pericial practicada en segunda instancia.
El juzgador consideró que el precio era irrisorio. Sin embargo, en el trabajo pericial, el experto no informó tal circunstancia, pues «simplemente se le conminó a fijar los valores».
La diferencia del precio que calificó de «confesado», de $270’000.000, frente al «verdadero» de $770’000.000, es el 35.063%. Es decir, lo pagado fue «levemente inferior a la mitad del justo precio», lo que constituye lesión enorme pero no «precio vil o irrisorio».
CONSIDERACIONES
1. Al momento de invocar el sustento normativo de sus cargos, el recurrente citó el artículo 336 del Código General del Proceso, norma que empezó a regir el 1.º de enero de 2016, según lo estableció la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10392 de 2015.
Acorde con la regla de tránsito de legislación del numeral 5.º del artículo 625 de tal estatuto, según la cual «…los recursos interpuestos… se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…», es claro que en este caso, atendiendo la fecha de la presentación de la impugnación extraordinaria (26 de junio de 2014), la aplicable es la anterior legislación, es decir, la contenida en el Código de Procedimiento Civil.
Precisado lo anterior, se procederá al estudio de la admisibilidad de la demanda bajo el marco de dicha ley.
2. Según la demanda, y lo acreditado en el proceso, las ventas materia de la discusión fueron las siguientes: a) la inicial, que hizo Ana Clotilde Ríos Ríos a los demandados Gloria Isabel Duque Hurtado, Francisco Erley Betancur Moreno y José Armando Gil Torres, protocolizada en la escritura pública 2307 de 11 de octubre de 2007 de la Notaría Segunda de Rionegro; y las posteriores, que hicieron dos de tales compradores a terceros, que versaron sobre el mismo terreno, así: b) la que hizo de su porcentaje Francisco Erley Betancur Moreno a favor de Luis Fernando González Bustamante, mediante las escrituras públicas n.° 686 de 19 de marzo de 2008, y 1098 de 23 de mayo siguiente, de la Notaría Segunda de Rionegro y c) la que hizo de su parte José Armando Gil Torres a Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo, mediante la escritura pública n.° 725 de 8 de abril de 2008, de la Notaría Primera del mismo lugar.
La recurrente en casación, Efremar S.A.S., interviene como litisconsorte de la demandada Gloria Isabel Duque Hurtado, quien en el curso del proceso le transfirió su derecho de cuota sobre el inmueble. Por ende, la citada impugnante solo tiene interés jurídico para atacar las resoluciones contenidas en la sentencia que le son desfavorables a quien le transfirió su derecho, y carece de interés para cuestionar aquellas que no le generan perjuicio.
En efecto, el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil establece que uno de los fines de la casación es «reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida», por lo que, como lo ha decantado la Corte «… uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la casación es la existencia de interés legítimo en el impugnador, que se concreta en el perjuicio que la providencia cause al recurrente» (G.J. t. CXLVIII, p. 110). En el mismo sentido, ha sentado: «es necesario que la sentencia contra la cual se interpone la casación infiera agravio a la parte recurrente, porque este recurso, lo mismo que la apelación, legalmente ha de entenderse interpuesto en lo desfavorable al recurrente» (G.J. t. LXIV, p. 792).
De conformidad con lo anterior, es claro que la censora carece de interés para recurrir en lo que tiene que ver con las decisiones que afectaron las compraventas de Francisco Erley Betancur Moreno a Luis Fernando González Bustamante, y José Armando Gil Torres a Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo, pues Gloria Isabel Duque Hurtado no intervino en las mismas, ni estas le afectan. Es decir, tal parte es un sujeto ajeno a dichos vínculos, y, por tal motivo, las resoluciones relativas a los contratos en que no participó no le infieren ningún agravio.
Quienes intervinieron en tales negocios, por no haber interpuesto el recurso, consintieron en la sentencia. Obsérvese además que, atendiendo la independencia de tales negocios, la situación jurídica de los mismos es escindible, razón por la que quienes hicieron parte del primer contrato no integran un litisconsorcio necesario con los intervinientes en los vínculos posteriores, sino facultativo.
Precisado lo anterior, la Corte estudiará la aptitud formal de los cargos.
3. La admisibilidad de la demanda depende del cumplimiento de los requisitos del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales, a la par que es necesaria la mención de las partes y de la sentencia cuestionada, debe elaborarse una síntesis del proceso y de los hechos, y formular, por separado, los cargos en contra de la decisión recurrida, exponiéndose los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa, y no basados en generalidades.
3.1. El cargo primero se sustentó en la causal segunda del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
En torno a dicha causal, se ha dicho que la incongruencia es un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento que se patentiza cuando la sentencia decide sobre puntos ajenos a la controversia, o deja de resolver los temas que fueron objeto de la litis, o realiza una condena más allá de lo pretendido, o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de mérito, cuando es del caso hacerlo.
Tal vicio comporta una inejecución de los preceptos procesales que establecen los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad del juzgador. Por ello, la doctrina procesalista ha sostenido que ese error se traduce en un verdadero «exceso de poder» al momento de proferir el fallo, pues el juez está «desprovisto del poder de pronunciar más allá de los límites dentro de los cuales está contenido el tema de la controversia». (CALAMANDREI, Piero. La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. Pág. 266)
El proceso civil contiene una relación jurídico–procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisión del juez quedan vinculados a los términos de la demanda y su contestación. En efecto, tiene dicho la Corte que:
Los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado, trazan en principio los límites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en él, todo en armonía con el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil; de ese modo se podrá establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas. (SC de 6 de julio de 2005. Exp.: 5214-01)
Y en igual sentido, ha sostenido:
El precepto citado fija los límites dentro de los cuales debe el juzgador desarrollar su actividad decisoria, en forma tal que si los desborda, bien porque concede más de lo pedido por los litigantes, o provee sobre pretensiones no deducidas por ellos, u omite la decisión que corresponda sobre alguna de las pretensiones o excepciones en los términos fijados por la norma, incurre en un error de procedimiento, originado en la violación de la regla mencionada, que le impone el deber de asumir un específico comportamiento al momento de fallar, yerro para cuya enmienda está instituida la causal segunda de casación, mediante la cual puede lograrse la simetría que debe existir entre lo decidido en la sentencia y lo solicitado por los contendientes. (Sentencia de Casación Nº 042 de 26 de marzo de 2001. Exp.: 5562)
La facultad jurisdiccional del sentenciador al momento de emitir su decisión se encuentra demarcada, entre otras normas, por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
… la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley… No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta…
En ese orden, cuando el juez infringe el primer inciso del artículo 305 incurre en el vicio de inconsonancia por emitir una sentencia que decide sobre puntos ajenos a la controversia o deja de resolver los temas que fueron objeto de la litis. Incurre en incongruencia, además, cuando desconoce el mandato contenido en el segundo inciso de la citada disposición, esto es, cuando condena al demandado por cantidad superior o por objeto o causa distinta de la invocada en la demanda (ultra petita o extra petita).
La aludida causal, en línea de principio, no puede invocarse sobre la base de haberse decidido de manera adversa a los intereses del actor o cuando el resultado del proceso no satisface al impugnante si la decisión —libre de excesos o abstenciones respecto de las pretensiones— recae sobre lo que ha sido materia del pleito. En tales situaciones, naturalmente, mal podría entenderse que se dejó de resolver sobre un extremo de la controversia o que se interpretó equivocadamente la demanda o se condenó más allá de lo que se pretendió.
3.1.1. La parte actora acusó a la sentencia de ser incongruente porque «dispensó solución a la impugnación de los contratos contenidos en las escrituras públicas… 725 de 8 de marzo de 2008, Notaría Primera de Rionegro, 686 de 19 de marzo de 2008, Notaría Segundo de Rionegro y 1098 del 23 de mayo de 2008 Notaría Única de Rionegro».
En relación con ese reproche, tal y como se precisó con anterioridad, la impugnante carece de interés jurídico para recurrir, pues su antecesora en el proceso, Gloria Isabel Duque Hurtado, no participó en los aludidos contratos. Reiterase que en ellos fueron parte, exclusivamente, Francisco Erley Betancur Moreno y José Armando Gil Torres como vendedores, y Luis Fernando González Bustamante y Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo como compradores, contratantes que no interpusieron el recurso de casación y, por ende, consintieron lo resuelto.
Como quiera que el fallo, en lo que tiene que ver con esos negocios, no le infirió ningún perjuicio a la censora, se concluye que, al respecto, carece de interés jurídico para recurrir, lo que releva a la Sala del estudio de tal inconformidad.
3.2.2. De otra parte, alegó que existió incongruencia porque el ad quem declaró inexistente el contrato contenido en la escritura pública 2307 de 11 de octubre de 2007, pese a que la demandada lo acusó como incumplido, y porque se equivocó al incorporar «reproches alusivos a vicios del consentimiento que por conducir a nulidad relativa del contrato no pueden ser reconocidos de oficio por el juzgador por expresa prohibición de los artículos 1743 del C.C. y 282 del CGP».
En su argumentación, dicha parte sostuvo que el ad quem, en distintos apartes de su decisión, afirmó que, para la existencia de los contratos, faltó la estipulación del precio; que faltó el consentimiento «en cuanto a este concreto elemento esencial», necesario para la existencia del vínculo; que la «inexistencia no precisa declaración judicial». Así mismo, indicó que «hubo un esfuerzo desmedido del Tribunal para suprimir las múltiples expresiones del precio, que constan en la propia escritura, en la demanda, en los testimonios y en las declaraciones de parte, para llegar a la conclusión de que el precio no fue convenido, es simulado o es vil o irrisorio»; que la ausencia de precio «no tiene el grado de ‘manifiesta’»; arribó a su conclusión «deshaciendo el alcance de la cláusula tercera de la escritura número 2307 del 11 de octubre de 2007» —que transcribió—; que allí se descarta «de tajo y sin atenuantes que el vicio de nulidad o inexistencia del contrato tenga el carácter de manifiesto que exige el artículo 1742 del Código Civil», y que los motivos instituyentes de nulidad relativa «no pueden servir de estribo al Tribunal para pronunciarse de oficio» por expresa prohibición legal.
Tales censuras no cumplen los requisitos exigidos por el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, en lo que tiene que ver con el principio de autonomía e independencia de las causales de casación, porque se acusó a la sentencia de incongruente, pero a la par se alegó, como sustento de tal discrepancia, una indebida apreciación de las pruebas, aun cuando la vía idónea para exponer tal reclamo es la indirecta, consagrada en el numeral 1.º del artículo 368 ejusdem.
La formulación del cargo tampoco fue clara ni precisa, pues a la par que esgrimió la causal de incongruencia, cuestionó el criterio jurídico del ad quem al argüir que el precio pactado fue irrisorio o no pactado, sustentado en un «esfuerzo desmedido» de valoración, y declaró la inexistencia del vínculo, pese a que la misma no era manifiesta, ello pese a que como se ha reiterado: «...nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas...». (G.J. T., XLIX, pág. 307).
En tal orden, la crítica resulta extraña a los asuntos susceptibles de discutirse a través de la causal que se invoca, pues exhibe una disparidad de criterio frente a las conclusiones del juzgador en su ejercicio de valoración de las pruebas y respecto de sus disquisiciones jurídicas.
Tal confusión resulta inadmisible en la fundamentación del recurso extraordinario, pues le resta precisión y claridad al mismo, requisitos consagrados en el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
Pero aún si tal cargo estuviese fundado en un error in iudicando, la demanda tampoco cumpliría los requisitos para su admisión, pues el recurrente no invocó las normas de derecho sustancial infringidas, ni su exposición fue clara y precisa, como lo exige el artículo 374 del Código de Procedimiento Civil.
En conclusión, se inadmitirá la acusación.
3.2. Los cargos segundo y tercero, en los que se alegó la violación directa e indirecta de la ley sustancial, respectivamente, tuvieron como fuente la inconformidad de la casacionista respecto a las decisiones que recayeron sobre los contratos de compraventa protocolizados «en las escrituras públicas números 725 de 8 de marzo de 2008… 686 el 19 de marzo de 2008… y 23 de mayo de 2008…».
Se quejó porque, según las normas que citó como infringidas, la resolución de un contrato por falta de pago no da derecho al vendedor contra terceros, pues si en la escritura pública se manifiesta haberse pagado el precio, no se admite prueba en contrario, salvo las de falsedad o nulidad del instrumento. Agregó que sobre los compradores Luis Fernando Gonzáles Bustamante y Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo no recayó ninguna acusación de falta de pago.
Es decir, la recurrente atacó mediante el recurso de casación, lo resuelto en torno a los contratos de compraventa en los que no intervino, ni como vendedora ni como compradora, y que, por ende, no le afectó.
Carece, por lo tanto, de interés para recurrir, como se precisó más atrás, pues no recibió ningún agravio.
Por el contrario, a quienes sí afectó la declaración que se hizo en relación con tales vínculos, que fueron los citados Francisco Erley Betancur Moreno, José Armando Gil Torres, Luis Fernando González Bustamante y Oswaldo Arturo Hoyos Restrepo, no interpusieron el recurso extraordinario de casación, con lo que demostraron su conformidad con lo resuelto.
Por lo expuesto, se inadmitirán los cargos segundo y tercero.
3.3. Las acusaciones cuarta, quinta y sexta se sustentaron en la causal primera de casación.
Cuando se invoca dicha causal, se deben señalar las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas, exigencia que, desde luego, debe armonizarse con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, en el sentido de que en tales eventos «será suficiente señalar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa».
Sin embargo, no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.
En tal sentido, si la acusación se encamina por la vía indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deberá indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de los elementos materiales, es decir, si la equivocación fue de hecho o de derecho, y la incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada.
Al denunciar el yerro fáctico, al impugnante le corresponde identificar los medios de convicción sobre los cuales recae el equívoco del juzgador y demostrar de qué manera se generó la supuesta preterición o cercenamiento, lo que deberá señalar de manera manifiesta, de tal suerte que la valoración realizada por el sentenciador se muestre absurda, alejada de la realidad del proceso o sin ninguna justificación.
Ha dicho la Sala que, por mandato del artículo 374 del estatuto procesal, la carga de demostrar el error de hecho recae exclusivamente en el censor; empero, «esa labor no puede reducirse a una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas, porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley». (CSJ SC, 15 Jul. 2008, Rad. 2000-00257-01; CSJ SC, 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-01)
Cuando se alega un error de derecho «se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción».
3.4. En su sentencia, el Tribunal consideró que la demandante, pese a que otorgó la escritura pública de compraventa, como vendedora, no recibió «ningún dinero», según el testigo presencial David Serna Sánchez; que la demandada Gloria Isabel Duque Hurtado confesó en el interrogatorio de parte que «no pagó a la vendedora sino a Francisco Erley», mediante la entrega de unos vehículos, por lo que «pagó mal porque el consentimiento se formó para la celebración de contrato de compraventa y no de permuta», e hizo un pago inválido, porque Francisco Erley Betancur «no fue diputado por la vendedora para recibir el pago…». Refirió, también, que a los compradores «les incumbía la carga de la prueba, que se les trasladó por la afirmación indefinida de no pago…», y su postura procesal «muy débil» era un indicio en su contra, de lo que dedujo que «no pagaron dinero alguno; en otras palabras incumplieron la obligación primigenia…».
También sostuvo que el precio «resultó irrisorio, vil» en comparación con el calculado en el dictamen pericial, por lo que no fue serio; que existieron, por parte de los compradores, «maniobras torticeras, que desembocan en ilícito civil por el comportamiento doloso de los compradores»; y que por lo tanto, al estudiar el primer elemento de la pretensión de resolución del contrato, «no se supera siquiera el requisito de existencia» del mismo.
Para la recurrente, en los cargos cuarto y quinto, el Tribunal incurrió en errores de derecho y de hecho, respectivamente. Lo anterior porque no valoró las pruebas en conjunto, que demostraban que las partes sí estipularon el precio, como se observaba en la escritura pública respectiva, en las declaraciones de Ana Clotilde Ríos Ríos, Gloria Duque Hurtado, Flaviano Ríos Pineda, David Serna Sánchez y José María Ríos Ríos. También adujo que incurrió en error de hecho al valorar equivocadamente la demanda, en la que la actora confesó la existencia de precio. En el sexto, refirió que el yerro fáctico se produjo porque apreció indebidamente el peritaje, trabajo en el que el experto no informó que el monto pactado hubiese sido irrisorio, «simplemente se le conminó a fijar los valores».
Como lo ha reiterado la Corte, se requiere que la exposición de los fundamentos de la acusación sea «completa». Ha establecido, en relación con este requisito, que:
… cuando la sentencia atacada se apoya en varios puntales, es necesario y adicionalmente imprescindible, que se combatan todos ellos para poder invalidarla, ya que si el ataque no involucra el grueso de los sustentos que le sirven de basamento, o si aun haciéndolo queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar el fallo, éste no puede ser quebrado, pues, sin lugar a dudas, en este caso el cargo no está ceñido a la disciplina técnica del recurso en su formulación.
La Corte de manera constante ha venido sosteniendo que la acusación incompleta pugna contra la técnica del recurso extraordinario de casación; que cuando el ataque en casación se apoya en infracción de norma sustancial, solo puede aspirarse al quiebre de la sentencia acusada si se impugnan exitosamente todos los cimientos en que viene apoyada; y que combatir apenas alguno o algunos de esos cimientos pugna con la técnica que informa el recurso extraordinario de casación, como que aun cuando ellos saliesen airosos, los que quedaron al margen de la censura continuarían sirviéndole de soporte al fallo y la Corte estaría por lo mismo impedida para examinarlos. (CSJ. SC. Nov. 30 de 1988)
El ataque, contenido en las acusaciones en mención, no fue completo, pues no combatió todos los motivos en los que el Tribunal se basó para fundar su decisión.
En efecto, según el anterior compendio, el ad quem sostuvo, también como sustento de su sentencia, que los compradores no acreditaron que hubiesen honrado sus obligaciones contractuales, pues no pagaron la contraprestación debida a la actora; que así lo manifestó un testigo que acompañó a la vendedora el día en que suscribió la escritura; que el pago que hizo Gloria Isabel Duque no surtió efectos, pues lo hizo a un tercero que no fue diputado para el ello, y que la negación indefinida de la demandante, consistente en que no le pagaron, le trasladó la carga de la prueba a los compradores, quienes no explicaron cuándo y cómo cumplieron, «postura procesal muy débil», que constituía un indicio en su contra.
Dichos motivos, que igualmente sirvieron de sostén a la sentencia, fueron inadvertidos completamente por la censora, que se limitó a señalar, tan solo, que sí existió el pacto del precio, mas no que honró sus obligaciones, ausencia de pago que el ad quem, de forma amplia, analizó en su fallo, y cuyas conclusiones permanecen incólumes.
La casacionista, por lo tanto, no controvirtió la totalidad de los razonamientos en que se fundó dicha decisión. Por lo tanto, al no dirigirse la denuncia contra todos los argumentos y medios probatorios en los que aquella se sustentó, sino tan solo frente a algunos de ellos, la censura, aún de resultar exitosa, no permitiría desvirtuar la presunción de acierto de que viene revestida la providencia.
Tal proceder pone al descubierto, además, que la impugnante no demostró la trascendencia de los yerros señalados.
Téngase en cuenta que no basta con señalar el desatino «sino que además se hace necesario mostrar su trascendencia, esto es, según también se tiene definido, poner de “(…) presente cómo se proyectó en la decisión”1. (CSJ. AC. 26 de noviembre de 2014, rad. 2007-00234-01)
Precisamente, la demostración de la trascendencia de los yerros mencionados no fue una labor que la censura emprendiera, pues se restringió a señalar que sí existió un pacto en torno al precio de la compraventa, pero no se propuso desvirtuar las consideraciones del Tribunal relativas a su incumplimiento, derivado de no haber pagado lo acordado.
Es decir, no acreditó que la determinación del Tribunal, de «retornar el patrimonio de la demandante a la misma situación jurídica que presentaba para cuando se celebró el primer contrato», hubiese variado, de haber resultado próspera su acusación.
En otras palabras, en la acusación no se demostró que, aun de admitirse la hipótesis del recurrente, la supuesta transgresión de la ley en la sentencia materia del recurso extraordinario fuera determinante, esto es, que si no hubiesen existido, la decisión sería distinta.
Tal parte se lamentó de las consideraciones del Tribunal, pero sin demostrar que de acogerse su razonamiento la solución hubiese sido otra, aun cuando:
… la exigencia de la demostración de un cargo en casación, no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas –o generales- sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada. (Subraya la Sala). CSJ. SC. Feb. 2 de 2001, exp. 5670)
Por ende, como la parte impugnante no se propuso dicha tarea, ni se advierte la trascendencia del yerro alegado, se inadmitirán las censuras.
4. Además de los referidos reparos, la demanda de casación no cumplió con los presupuestos que consagra la ley procesal para su selección, pues la sentencia no vulneró los derechos y garantías constitucionales de las partes, ni les irrogó agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jurídico ni compromete el orden o el patrimonio público; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto del tema del litigio.
El trámite se ajustó a los parámetros legales, la decisión fue el producto de una valoración reflexiva de la demanda y de las pruebas, y no se advierten en ella yerros evidentes y trascendentes que ameriten su admisión.
La demandada Gloria Isabel Duque Hurtado confesó en su contestación y en el interrogatorio de parte que pagó su parte, no a la vendedora, sino a un tercero, el también demandado Francisco Erley Betancur, persona que no fue autorizada por la actora para recibir dicha suma. Además, confesó que como parte del pago le entregó a dicho citado unos vehículos que no estaban a su nombre, y que aquél «los pasó directamente a nombre de terceros», es decir, reconoció que no fueron a parar a manos de la vendedora. Y el testigo Rafael Antonio Matos Rodelo ratificó tal versión, al manifestar que dicha adquiriente le pagó su parte a «Francisco», mediante la entrega de unos vehículos —uno de ellos de propiedad de Maribel Aristizabal—, y un dinero en efectivo. Por su parte, los testigos Flaviano Ríos Pineda, David Serna Sánchez y Jesús María Ríos, que por su cercanía con la vendedora conocieron las circunstancias de la negociación, afirmaron al unísono, que los compradores no le entregaron suma alguna a la demandante. Es decir, el incumplimiento de la recurrente, advertido por el ad quem como uno de los pilares de su decisión, fue acreditado plenamente.
En definitiva, se impone la inadmisión de los cargos.
6. Por las razones expuestas, se inadmitirá el libelo, y se declarará desierto el recurso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnación extraordinaria que se interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, proferida el 20 de mayo de 2014, dentro del asunto referenciado.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de casación, de conformidad con el inciso 4º del artículo 373 del Código de Procedimiento Civil.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
(Ausencia justificada)
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
(Ausencia justificada)
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Vid. Auto de 18 de noviembre de 2009, expediente 00035.