MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada Ponente



AC2770-2018

Radicación n.° 15001-31-03-001-2010-00212-01

(Aprobada en sesión de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho)


Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).



Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por la parte demandante contra la sentencia del diez (10) de agosto de 2017, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso ordinario de resolución de contrato que adelantó el Consorcio Páginas Colombianas Boyacá, contra el Consejo Superior de Policía de Boyacá, Policía Nacional, Municipio de Tunja – Alcaldía de Tunja Boyacá.


ANTECEDENTES


Pidió la promotora se declare que el contrato de compraventa de marca y comercialización del nombre y evento AGUINALDO BOYACENSE 2006, suscrito entre el Consorcio Páginas Colombianas Boyacá, integrado por Claudia Carolina Hernández Medina y Mauros Food Limitada, hoy S.A. , como contratista, y el Consejo Superior de Policía de Boyacá, en calidad de contratante, suscrito el 28 de septiembre de 2006, fue incumplido por la demandada Consejo Superior de Policía de Boyacá, en razón a que no  cumplió con sus obligaciones derivadas del mencionado contrato de venta,


Consecuencialmente depreca que se les declare civilmente responsables de su incumplimiento, y se resuelva dicho contrato por esa razón; a más de que se les condene por la indemnización de perjuicios materiales y morales en la cuantía señalada en la demanda; subsidiariamente, que el referido acuerdo contractual es absolutamente nulo, debido a que la contratante vendió bienes inexistentes y derechos que no tiene. 


La causa fáctica, después de la reforma del libelo, puede compendiarse, así:


1. Que el contrato de venta anteriormente aludido tiene por objeto «la compra de los derechos de marca, nombre y comercialización del “AGUINALDO BOYACENSE 2006”, que implicaba la comercialización y recaudo por concepto de venta de patrocinio publicitarios referente a ese evento; lo mismo que la venta y recaudo por concepto de productos comestibles, licores, bebidas gaseosas y demás productos de consumo que se venden en las verbenas populares de la plazoleta MUISCA y eventos programados por el contratante o contratista o avalados por ellos.


2. Que la explotación comercial de los licores en los eventos del AGUINALDO BOYACENSE 2006, era un derecho claro y expreso de la activa, mismo que fue vulnerado por el contratante, con hechos como la falta de seguridad mínima necesaria; como la venta de exclusividad respecto de productos de la Industria de Licores de Boyacá; que en razón de la mala organización de la infraestructura, dio lugar a una feria de licor pirata dentro del evento, reduciendo los ingresos más o menos en un 90% de lo esperado. 


3. Que hubo una doble venta de los derechos adquiridos por el consorcio convocante sobre la marca, comercialización y venta de los productos del anotado acontecimiento, en virtud que el mismo objeto o en su gran mayoría, éste se vendió igualmente a la Industria de Licores de Boyacá.


4. Que el contratante recibiría los aportes del Municipio de Tunja, Gobernación de Boyacá, Empresa de Energía de Boyacá, Industria Licorera de Boyacá, Carrefour, Ser AQA y Bavaria, por lo que la comercialización del Aguinaldo Boyacense 2006 debía hacerse ante las demás empresas públicas o privadas del orden local, nacional e internacional, previa verificación, aprobación y verificación de transparencia de la firma por parte del contratante.


5. Que la ubicación de espacios publicitarios estaría programada por el contratista y acorde a la venta de espacios. Los medios alternativos de publicidad serán propuestos por el contratista, previa autorización del contratante.


6. Que el contratista asume todos los costos, la contratación y pago de artistas, luces, sonido, impuestos, arrendamiento y demás costos que haya lugar con motivo de la realización de verbenas en el coliseo IRDET, ya que tenía a su cargo la organización de eventos artísticos en ese coliseo, con cobro de boletería y consumo de bebidas alcohólicas, gaseosa, seguridad, impuestos y arrendamientos pertinentes.


7. Que se presentaron situaciones varias en la ejecución del contrato, tal se señalan en el escrito rector del proceso, que generan un incumplimiento del contrato por parte de la demandada y con graves perjuicios para la actora, las cuales fueron puestas en conocimiento del Consejo Superior de Policía de Boyacá, aunado a que este ente privado le vendió al consorcio demandante derechos inexistentes y otros que no eran de su propiedad.  


La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria de las pretensiones principales y subsidiarias del libelo de demanda, de fecha 19 de mayo de 2016, teniendo en cuenta la existencia y validez del contrato que tenía por objeto “ la compra de marca y comercialización del nombre y evento AGUINALDO BOYACENSE 2006”, y “la inexistencia de responsabilidad civil por ausencia de daños causados con ocasión del incumplimiento de las prestaciones a cargo del CONSEJO SUPERIOR DE POLICÍA DE BOYACÁ”; como también declarar probada las excepciones de mérito propuestas por las entidades públicas que integran la parte demandada denominadas «inexistencia de causa y Falta de legitimación en causa por pasiva».

Apelado el fallo por la accionante, el Tribunal resolvió revocarlo parcialmente y en su lugar dispuso declarar nulo  por objeto ilícito el contrato celebrado entre el Consorcio Páginas Colombianas Boyacá y el Consejo Superior de Policía de Boyacá de fecha 28 de septiembre de 2006, y por lo mismo ordenó que ese ente privado reintegre a la parte actora los Doscientos Treinta Millones de Pesos ($230.000.000.oo) que canceló por concepto del valor del contrato, suma que ha de ser indexada para el momento de su cancelación. Los intereses serán a partir de que se pronuncie esta sentencia y serán los que legalmente correspondan. Asimismo, mantuvo la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en causa pasiva respecto del Municipio de Tunja y la Policía Nacional, Ministerio de Defensa; también condenó en costas en esa instancia a la parte demandada Consejo Superior de Policía de Boyacá.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


1. Concentra su análisis inicial en la inconformidad de la apelante atinente a que se declare de oficio la nulidad del susodicho contrato por cuanto se vendió un bien inexistente, un derecho que no existe en cabeza del Consejo Superior de Policía de Boyacá, dado que por Acuerdo municipal 0037 del 2004, artículo primero, se declaró como patrimonio del municipio de Tunja el “Aguinaldo Boyacense”, reconociéndose como máxima expresión cultural y artística del mentado municipio, y legalmente es un bien intransferible, imprescriptible, no se puede vender y no es de propiedad del vendedor; igualmente, reclama que las cosas vuelvan a su estado anterior, de acuerdo al artículo 1746 del Código Civil. 


1.2 En ese laborío pone de presente que es deber del funcionario judicial estudiar primero la existencia y validez del contrato sobre el cual determinará sus efectos, y precisa que en folio 43 del expediente se encuentra el contrato que se está discutiendo, anotando que el aguinaldo boyacense es una tradición que viene desde 1947 y se ha convertido en una celebración que todo el mundo conoce que se lleva a cabo por todos los diciembres de cada año y se ha convertido en una práctica colectiva que mueve a la comunidad a que haya goce y disfrute de diferentes manifestaciones, artísticas, culturales de la ciudad, que involucran actividades como de ornato, lucimiento, de destacar las riquezas propias que conforma esta región del país, entonces, se entiende así que ésta es una fiesta que obedece a una expresión cultural y a la protección de una memoria colectiva del pueblo tujano y boyacense, recordando la declaración universal sobre diversidad cultural adoptada en la conferencia general de la Unesco del 2 de noviembre de 2001, que toma en cuenta esa cultura, que no es otra cosa que ese conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales y afectivos que identifican a una sociedad y a un grupo social que abarca las artes, las letras y otros modos de vida, y es por ello que la Constitución establece una serie de principios y de reglas orientadas al fomento y a la protección de la cultura; con relación a la celebración del aguinaldo boyacense año 2006, manifestó que no existe esa marca que, por supuesto, no se podía comercializar por ser un patrimonio cultural, que es un bien inmaterial del Estado que no puede involucrarse dentro del comercio, deviniendo en su nulidad absoluta por objeto ilícito; destacando que el artículo 72 de la Constitución Nacional establece que “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado y estipula que los bienes que lo integran son inalienable, inembargables e imprescriptible”.


1.3 Seguidamente desciende al examen del mencionado contrato a la luz de la carta política para memorar el cumplimiento de los principios de la función pública determinados en su artículo 209, y que las personas jurídicas particulares se pueden asociar mediante la celebración de convenios, creación de persona jurídica para el desarrollo conjunto de actividades y funciones que designe la ley, debiéndose determinar en ellos con precisión cuál es su objeto, cuál es su término, sus obligaciones, sus aportes, y corresponde a ese acto constitutivo de origen de una persona jurídica determinar cuáles son sus objetivos, que los enlaza con el artículo 355, ibídem, en el sentido que el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, podrá con los recursos respectivos celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas  y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo.


1.4 Al adentrarse en el examen de la naturaleza jurídica del Consejo Superior de Policía de Boyacá precisó que de acuerdo al certificado de existencia y representación visible en folio 30 y 192 del expediente, es una persona jurídica [privada] sin ánimo de lucro, y se preguntó a qué título esta dispuso de la venta, marca y comercialización del aguinaldo boyacense 2006, mucho más cuando se trata de una celebración que obedece a la protección de la memoria cultural y es una función de ese ente territorial, para concluir que si hubiera sido querer del municipio de Tunja celebrar este contrato, pues lo pudo hacer hecho cumpliendo directrices vigentes desde 1992, ajustando un contrato estatal regido por la Ley 80 de 1993, y demás normas que lo modifican y complementan.


1.5 Por este camino, consideró grave la situación materia de análisis en cuanto que el Consejo Superior de Policía de Boyacá no podía apropiarse de una tradición cultural para explotarla económicamente, no podía derruir esa naturaleza propia y jurídica de una persona sin ánimo de lucro; no se entiende bajo qué criterios legales recibe un provecho económico, vende una marca y comercialización, y que los recursos públicos que esa persona jurídica reciba en razón del contrato se tendrá en cuenta para el cumplimiento del objeto mismo y que ese objeto como era recibir los dineros por participación en ventas de boletería, pero es más recibió la suma de $300.000.000 (debe entenderse $230.000.000) por la venta de una fiesta cultural del municipio, conducta para la cual no estaba facultado ni legal ni convencionalmente.


1.6. Con base en lo anotado en precedencia, el tribunal discurrió que al disponer la referida demandada de esos efectos, vendieron algo que no tenían, y que no estaban contratando dos personas en desequilibrio de conocimiento, resaltando que la sociedad integrante del mencionado consorcio, Mauros Food Limitada, es una experta en marketing que conocía lo que estaba haciendo, por la actividad profesional que desarrollaba, aspecto que estimó importante que se dejara en claro.


1.7 Del mismo modo señaló que si fue discutido el tema de la nulidad, no se puede, por supuesto, hablar de la solidaridad que aquí se ha planteado, ya que estas personas (Municipio de Tunja y Policía Nacional – Ministerio de Defensa) no se pueden vincular y tampoco a quienes la representan, por hacer parte de la Junta Directiva del Consejo Superior de Policía de Boyacá, y los entes que son partes del contrato se rigen, para esta clase de convenios, por el derecho privado; afirmando categóricamente, que no obligaron a los entes que representaban y por lo mismo no se extienden los efectos del contrato a esas entidades públicas.     

       

2. Respecto de la falta de legitimación en causa por pasiva del Municipio de Tunja y de la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional, que el juzgador de primera instancia declaró probada, el ad quem confirmó esta decisión, pero la concretó a las susodichas entidades públicas, con fundamento en que el discutido contrato fue suscrito por el Consejo Superior de Policía de Boyacá, que es una persona jurídica sin ánimo de lucro y el consorcio Páginas Colombianas de Boyacá Ltda., enfatizando en sus efectos vinculantes solamente para las partes, además, del basamento fundacional que se consignó en el numeral anterior,


LA DEMANDA DE CASACIÓN


Se formuló por el Consorcio Páginas Colombianas Boyacá un único cargo contra la sentencia del Tribunal al amparo de la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, por violación directa de normas de derecho sustancial, artículos 640, 1494, 2155, 2158, 2159 y 2160 del Código Civil; 200 del Código de Comercio; 84 de la Ley 136 de 1994; artículo 246 del Código Penal; artículos 2, 13, 29, 58, 83, 228 y 230 de la Constitución Nacional.


1. Se fundamenta el cargo denunciando en la inaplicación de las normas nombradas en precedencia; el artículo 640 trata de los actos del representante legal; el dispositivo 1494 menciona las fuentes de las obligaciones; las normas 2155, 2158, 2159 y 2160 se ubican en las reglas del contrato de mandato, que regulan, en su orden, la responsabilidad del mandatario, las facultades del mandatario, cláusula de libre administración y cumplimiento del mandato; el artículo 200 del Código de Comercio hace alusión a la responsabilidad de los administradores de las sociedades; el 84 de la Ley 136 de 1994 precisa sobre la naturaleza del cargo de alcalde y determina su calidad de representante legal del ente territorial; el canon 246 del Código Penal se refiere al delito de estafa.

       

1.2 Para efectos de demostrar la violación en que pudo incurrir el juez plural, el impugnador extraordinario, arguye que:

(i) «los representantes legales del Consejo Superior de Policía de Boyacá, incurrieron en culpa grave, que tipifica el delito de estafa, por haber vendido bienes inexistentes que constituyen un patrimonio cultural que es absolutamente intransferible, inextinguible e inembargable. Norma que no fue aplicada al caso que nos ocupa».


(ii) «quedó demostrado que el representante del Consejo Superior de Policía de Boyacá, al momento de suscribirse el contrato objeto de Litis, lo fue el Alcalde Mayor de Tunja y su suplente el Comandante del Departamento de Policía de Boyacá; representación que excedió los límites permitidos por la ley, porque al suscribir el contrato vendieron bienes que no son ni eran [bienes de esa entidad]… por lo que tienen que responder personal y patrimonialmente por los daños y perjuicios que hayan ocasionados, tal y como así lo impone el artículo 640 del Código Civil».


(iii) «debe aplicarse la preceptiva del artículo 200 del Código de Comercio, que determina que los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. En el caso que nos ocupa los representantes legales del Consejo Superior de Policía de Boyacá…en su condición de administradores actuaron con dolo y culpa grave por haber vendido bienes inexistentes que constituyen un patrimonio cultural que es absolutamente intransferible, inextinguible e inembargable».


(iv) «el alcalde de Tunja, su condición de representante legal del municipio de Tunja, conforme lo dispone el artículo 84 de la Ley 136 de 1994, en calidad de representante legal del Consejo Superior de Policía de Boyacá, compromete la responsabilidad civil y patrimonial de ese ente territorial, por cuanto obró con culpa grave… cuando suscribió como representante legal de su representada el contrato objeto de esta Litis, norma que no fue aplicada al caso».


(v) «debe aplicarse el artículo 1494 del Código Civil porque resulta evidente que la nulidad del contrato objeto de la presente demanda se declaró porque los bienes que fueron transferidos por venta… son bienes inexistentes que constituyen un patrimonio cultural que es absolutamente intransferible, inextinguible e inembargable… por lo que se evidencia la culpa grave de los administradores en los perjuicios ocasionados a los demandantes en este proceso (…), norma que no se aplicó».


(vi) «el Alcalde mayor de Tunja y su suplente el Comandante del Departamento de Policía de Boyacá, como representantes del Consejo Superior de Policía de Tunja, al transferir bienes inexistentes que constituyen un patrimonio cultural que es absolutamente intransferible, inextinguible e inembargable deben responder hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su encargo, tal como lo establece el artículo 2155 del Código Civil, [también] por las obligaciones derivadas de la nulidad del contrato materia de Litis, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, norma que no se aplicó; asimismo deben responder solidariamente por cuanto como mandatarios obraron por fuera de los términos del mandato y de las leyes, violándose en forma directa el artículo 2157 porque no se aplicó a este asunto; tampoco se aplicó el artículo 2158, porque de haberse aplicado de ninguna manera habría prosperado las excepciones de fondo de inexistencia de la causa y falta de legitimación en causa pasiva, ya que las mencionadas demandadas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la sentencia objeto del recurso de casación; de igual forma, deben responder porque en el presente caso se alteró la sustancia del mandato, no hubo una recta ejecución de [este], tal lo consolida la declaratoria de nulidad del contrato objeto de la Litis (artículos 2159 y 2160 del Código Civil).   




CONSIDERACIONES


1.Como se tiene por sabido, el escrito dirigido a sustentar el recurso de casación debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos formales previstos en la ley, so pena de que sea declarado desierto (numeral 1º, artículo 346, del Código General del Proceso); consecuencia que tiene su razón de ser en el carácter extraordinario de este medio de impugnación, en el que campea el principio dispositivo, del que se desprende que solo dentro del marco trazado por el recurrente ha de discurrir la actividad de la Corte, en orden a determinar si la sentencia combatida se ajusta o no a la ley sustancial, o a la procesal, según el caso, sin que le sea a ésta permitido hacer interpretaciones para llenar vacíos o para replantear cargos deficientemente propuestos.


Esas exigencias que debe reunir la demanda de casación se encuentran previstas en el artículo 344 del CGP, que para el caso en particular, se resalta la prevista en el numeral 2, que prescribe:


]l]a formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa y con sujeción a las siguientes reglas:


a) Tratándose de violación directa, el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria.


En caso que la acusación se haga por violación indirecta, no podrán plantearse aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias.


Cuando se trate de error de derecho, se indicarán las normas probatorias que se consideren violadas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizará con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y señalar su trascendencia en el sentido de la sentencia.  


1.1 La claridad y precisión que debe ostentar la fundamentación de una acusación impide al casacionista que, en el desarrollo de ella, cuando invoca la causal primera de casación del artículo 336 del CGP (violación directa de la norma sustancial), entremezcle aspectos que estructuran los yerros estrictamente jurídicos, con aquellos que atañen a lo factual del recurso, reservados para la indirecta; tampoco pueden fusionarse.


De la misma forma, cuando se alega la causal segunda, (violación indirecta de la ley sustancial) tampoco es dable en la concreción del cargo plantear aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias. 


1.2 Por otra parte, los argumentos que componen el ataque formulado no deben venir mixturados; los motivos que dieren lugar a una u otra acusación, una vez identificados, no se pueden agrupar indistintamente en una misma causal; cada fundamento debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con el dislate esgrimido. Cuando así ocurre, no sólo se peca contra esa autonomía e individualidad, sino que, por esa vía, se desacata la exigencia atinente a que los fundamentos de las acusaciones sean claros, precisos y completos (numeral 2° del artículo 344 del Código General del Proceso).


Sobre este particular, y en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Corte había enseñado:


las razones o circunstancias que en cada una se consagran como suficientes para impugnar la sentencia gozan de autonomía e individualidad propia, y en consecuencia, no es posible configurar dos o más de ellas en la misma censura y que los cargos no solo respeten la independencia de las causales en que se fundan, sino que se formulen por separado de acuerdo con la exigencia del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil. Ha dicho sobre el punto la Corte: ‘la técnica del recurso de casación exige que los cargos se formulen en forma correcta y completa, sin ser posible la integración de unos con otros, en virtud de los principios de autonomía e independencia que gobiernan el recurso. (Cas. Civ. del 16 de junio de 1.985”). (Ver sent. Cas. Civ. No. 085 de 29 de septiembre de 1998, y AC del 6 de julio de 2009, rad. 52001-31-03-004-2000-00341-01)


2. La calificación formal de la demanda de casación no involucra el mérito de los cargos elevados contra el fallo combatido, pues la Corte, en este estadio procesal, se limita a la comprobación del cumplimiento de los requisitos enlistados en el artículo 344 del Código General del Proceso, tanto los denominados “accidentales”, referidos al resumen de los hechos y del proceso así como a la designación de las partes y de la sentencia, como de los "sustanciales”, enderezados propiamente a la aducción de la causal o causales escogidas para elevar la crítica jurídica del recurrente contra el fallo impugnado, mediante la fundamentación clara y precisa de los argumentos que le den piso firme a la invocación de esos motivos, y en donde la Corte pone un mayor énfasis por cuanto, si es la casación un recurso extraordinario en el que campea por regla general el principio dispositivo que le impide a aquella complementar los embates y suplir las falencias del censor, tiene éste a su cargo la tarea de presentarle a esta Colegiatura una crítica acompasada con los pilares de la sentencia, esto es, que guarden relación con sus argumentos (simetría), que los destruya totalmente (plenitud), para así derruir también la presunción de acierto y legalidad que acompaña al fallo de instancia en lo concerniente a las conclusiones fácticas y jurídicas que condujeron al sentenciador a decidir como lo hizo, tarea que si no se evidencia ha sido cumplida, acarrea en últimas una formulación de ataques sin la necesaria precisión o tino (desenfoque), o sin la claridad que, como requisitos formales, debe cumplir la demanda y cada uno de los cargos.


2.1 Ha adoctrinado la Sala que «[l]a crítica que propone el censor debe ser, de un lado, simétrica, de modo tal que se dirija específicamente a destruir cada uno de los fundamentos fácticos de la sentencia enjuiciada; y de otro, de ser consistente, es decir, que el mérito de la propuesta tenga virtualidad para excluir la tesis del Tribunal» (CSJ, sentencia 2 de octubre de 2001, expediente 6997, auto 11 de septiembre 2013, expediente 2004-00221-01, auto 19 de diciembre de 2012, Rad. n°. 2001-00038-01. AC2929-2016, de 16 de mayo de 2016, entre otros)


Referente a la simetría de la acusación, la Corte ha dicho que:

debe entenderse no sólo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jurídicas y probatorias que fundamentan la resolución, sino como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia. (CSJ, sentencia del 14 de julio de 1998, expediente 4724)


3. En lo que hace a la causal primera, debe advertirse que la infracción recta de las disposiciones sustanciales, por averiguado se tiene, sólo se produce cuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace. También ha sido criterio reiterativo de la Sala, que cuando la denuncia se orienta por esta vía, presupone que el acusador viene aceptando plenamente las conclusiones fáctica-probatoria- deducidas por el Tribunal.


En esa dirección, compete al recriminador,


“centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que    considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta”. (SC feb.18 de 2004. Radicación n° 7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, radicación n° 2000-00896).


Esta regla técnica de creación jurisprudencial, actualmente constituye un requisito formal de la demanda de casación, consagrado expresamente por el legislador en la letra a) del numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso.


3.1 El examen del único cargo devela que el ataque casacional tuvo por norte la violación directa por inaplicación de los preceptos sustanciales que allí se mencionan;  cuestiona la sentencia de segunda instancia en lo referente a haber confirmado parcialmente la sentencia del a-quo,  solamente en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en causa pasiva; controvierte en últimas la decisión fundamentada en que de acuerdo al contrato invocado como fuente de derechos y obligaciones, respecto del cual el tribunal de oficio declaró la nulidad absoluta por objeto ilícito, la alcaldía de Tunja y la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional-, no eran partes, siéndolos exclusivamente el Consorcio Páginas Colombianas de Boyacá y el Consejo Superior de la Policía, porque fueron quienes lo suscribieron.


En coherencia con lo expuesto, argumentó el ad quem que el hecho de que el alcalde de Tunja y el Comandante de Policía de Boyacá, hayan suscrito el mencionado contrato, estos representaban, como miembros de la Junta Directiva, es al Consejo Superior de Policía de Boyacá, y fue esta última la que suscribió el contrato con el consorcio Páginas Colombianas Boyacá; pero ellos no se están vinculado «ni están vinculando a la entidad que representan», razón para no involucrar la responsabilidad del ente territorial ni a la Policía Nacional.


3.2 Pronto se advierte que el censor al fundamentar el cargo no cumplió la formalidad prevista en la letra a, numeral 2, artículo 344 del Código General del Proceso, cuando ordena que «el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria», dado que las premisas que lo respaldan se sitúan en un aspecto fáctico, al reclamar que la alcaldía de Tunja y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, son responsables solidariamente de las obligaciones derivadas de la sentencia objeto de impugnación extraordinaria, por ser directa e indirectamente los representantes legales y administradores de los bienes y de los negocios de la persona jurídica «Consejo Superior de Policía de Boyacá».


Entonces es fuerza concluir que el casasionista se equivocó al encarrilar su embate por la vía directa, en vez de la indirecta, que era su escenario propio de ataque; no reuniéndose, por tanto, el anterior requerimiento formal exigible de la demanda de casación.


3.3 Bajo esa tesitura, si el recurrente alega que no se aplicaron las disposiciones sustanciales que señala en el cargo, invocando la causal 1ª del artículo 344 del CGP, por lo que se produjo la violación recta de la ley, significa que acepta el juicio fáctico realizado por el juzgador debido a que el error que pueda cometer el juez es uris in judicando, ajeno a cualquier consideración de facto. Luego, si el tribunal concluyó que la alcaldía de Tunja y la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional- no eran partes del discutido contrato, y, por esa razón, reconoció su falta de legitimación en causa pasiva, el recurrente extraordinario si quería derruir el basamento del fallo debía atacarlo por la vía indirecta; como así no ocurrió, bajo ese entendimiento, no hay lugar a admitir a trámite el cargo examinado.


3.4 A la par de lo anotado, se evidencia en el reproche casacional una plataforma fáctica que resulta nueva por cuanto se está reclamando una declaración de responsabilidad con base en la denunciada existencia de un contrato de mandato, de las facultades del mandatario, responsabilidad del mandatario, límites del mandato, cláusula de libre administración, cumplimiento del mandato, representación legal del municipio en cabeza de su alcalde, de las fuentes de las obligaciones, de la administración de las sociedades y responsabilidades por el delito de estafa; todo esto son aspectos que no hicieron parte del objeto litigioso, amén de que no fueron materia de decisión en las correspondientes instancias, no siendo factible su admisión por violentar el derecho de defensa de la parte opositora y develar un ataque desenfocado.


3.5 Aunado a lo anterior, el cargo no ataca la decisión central del juzgador de segundo nivel que, oficiosamente, declara la nulidad del susodicho contrato; todo lo contrario, a partir de esta decisión judicial el recurrente en casación pretende extender los efectos de la declaración de nulidad a quienes no fueron partes en el negocio jurídico declarado nulo absolutamente, caso de la alcaldía de Tunja y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, acudiendo a una tipología contractual diferente que no hace parte del tema de decisión, reproche que luce desenfocado.


3.6 De esta manera, no es cualquier norma sustancial la que debe indicarse transgredida por el operador judicial por no haberse aplicado al asunto sometido a tutela jurisdiccional, pues se requiere que las omitidas guarden identidad y correspondencia con el tema de decisión en particular, es decir, que realmente son y guardan relación con el escenario fáctico debatido y establecido, y, por ello, deben ser utilizadas para la resolución del caso en concreto.  


3.6.1 A mayor abundamiento debe decirse que no es suficiente que el acusador elabore un catálogo de las normas sustanciales que según su parecer fueron vulneradas por el juzgador de segundo grado, y que se limite a hacer una transcripción de las mismas, ya que su carga argumentativa va mucho más allá, en cuanto que es su deber establecer la naturaleza sustancial de las normas transgredidas, sumado a que debe realizar un análisis de cada una de ellas para develar cómo la sentencia de segundo grado las vulneró, el por qué son los cánones o pautas llamados a regular la decisión jurisdiccional del caso, así como su relevancia para la resolución del litigio.


En efecto, no se develó en la construcción del cargo el por qué se equivocó el tribunal cuando a partir de la comprobación de la existencia jurídica y representación legal del Consejo Superior de Policía de Boyacá, al realizar el estudio del contrato de “MARCA Y COMERCIALIZACIÓN DEL NOMBRE Y EVENTO ‘AGUINALDO BOYACENSE 2006, ASÍ COMO LA DIVULGACIÓN DE DICHO EVENTO A REALIZARSE EN LA PLAZOLETA MUISCA DE LA CIUDAD DE TUNJA”, observó que fue suscrito por el representante legal de la mencionada persona jurídica en su condición de contratante y  la persona natural que aparece signándole en su calidad de contratista, para de allí extraer como conclusión que la alcaldía de Tunja ni la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional – son partes del precitado contrato, ya que el alcalde de entonces, presidente de la junta directiva del Consejo Superior de Policía de Boyacá, cuando suscribió el contrato lo hizo en esa calidad, como representante de este, y, no en representación del municipio de Tunja; y, por ese sendero, descartó de esta última su condición de parte sustancial.


Del mismo modo, en qué consistió el error del sentenciador de segunda instancia cuando excluyó como parte del pluricitado contrato a la Policía Nacional, Comandante del Departamento de Policía de Boyacá, suplemente del presidente, si de la evaluación del documento que recogió el acuerdo negocial llegó a la anterior conclusión con base en que no fue suscrito por esta.

Se encuentra huérfana de argumentación lo pretendido por el opugnador extraordinario de que los efectos de la declaración de nulidad consagrados en el artículo 1746 del Código Civil alcancen a las señaladas entidades públicas, a pesar de no ser parte sustanciales del acto jurídico afectado de ineficacia jurídica.


3.6.2 En ese sentido, esta Corporación ha expresado, «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió» (CSJ, AC8738, 19 dic. 2016, rad. n° 2006-00119-01).


La consecuencia que se deriva del incumplimiento de esta exigencia formal es que no pueda ser admitido el cargo a trámite, en tanto, como bien se anotó en otro segmento de esta providencia, el carácter extraordinario y dispositivo de la casación impide que tal deficiencia pueda ser subsanada por esta Corte.


Este órgano de cierre tiene por admitido que:


Si el objeto de estudio en casación es la sentencia –como thema decissum, resulta exótico y no se acompasa con la finalidad de este recurso deducir en él nuevas pretensiones, o las mismas aducidas inicialmente pero apoyadas en hechos contrarios o diferentes…


De ahí que la doctrina y la jurisprudencia tienen dicho, desde vieja data, que es improcedente formular en casación cargos con apoyo en cuestiones o medios nuevos; o sea, en aspectos fácticos que por no haberse planteado ni alegado en ninguna de las instancias del proceso, o por ser contrarios a los que allí se debatieron, fueron desconocidos por el sentenciador de instancia, y que, por consiguiente, sólo buscan que el litigio se solucione mediante el estudio por la Corte Suprema de extremos absolutamente distintos a los que fueron base de la demanda y su contestación (SC, 19 en. 1982, no publicada).


        3.6.3 En fin, la negativa de aceptar medios nuevos en casación tiene como finalidad preservar el carácter excepcional del remedio, así como también los derechos de defensa y contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse sorprendidos con razonamientos que no tuvieron la oportunidad de controvertir y frente a los cuales carecieron de la posibilidad de hacer pedidos probatorios.


4. Alega el recurrente la violación de sus derechos fundamentales en la medida que la sentencia atacada no salvaguarda los derechos y garantías civiles; no recibió igual trato; el debido proceso en razón de que no fueron respetadas normas procesales que regulan los aspectos que debe contener la sentencia objeto del recurso extraordinario; se violó el derecho a la propiedad privada como consecuencia de la violación directa de normas sustanciales por su falta de aplicación; que se probó la mala fe de los representantes legales y administradores de los demandados Nación- Ministerio de Defensa – Policía Nacional y el Municipio de Tunja; también se viola el principio de prevalencia del derecho sustancial, igualmente de acceso a la administración de justicia y el de actividad judicial sometida al imperio de la ley  (artículos 2,13, 29,83, 228 y 230 de la  Constitución Nacional)


La Sala ha tenido oportunidad de examinar el asunto a la luz de los cambios normativos vinculados al recurso de casación, al tenor de los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, modificados por el artículo 7 de la Ley 1285 de 2009, y 336, in fine, del Código General del Proceso.


Del escrutinio del cargo realizado en líneas atrás afloró que no cumple con las condiciones mínimas para su admisibilidad. Empero, esta Corporación siguiendo de cerca lo previsto en el inciso final del artículo 336 del CGP, se encuentra autorizada para resguardar los derechos constitucionales, preservar el orden o el patrimonio público; observar los fines del recurso de casación (artículo 333, ibídem).


5. En el caso sub examine no se reúnen los requisitos para que la Corte pueda dejar de lado los aspectos formales que le llevarían a la inadmisión de la demanda de casación, por ejemplo, con miras a seleccionar, preferir o escoger la sentencia objeto de su pronunciamiento -forzosamente la que ya está siendo estudiada por la Corte en virtud del recurso de casación interpuesto- para los anotados fines.


El estudio de fondo del cargo, no obstante sus falencias, no se abre paso teniendo en cuenta que a prima facie no se avista vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la demandante, ni es ostensible que la sentencia de segundo nivel comprometa gravemente el orden o el patrimonio público, y tampoco se está en presencia de la necesidad de unificar la jurisprudencia en torno a la figura de la nulidad sustancial de los actos jurídicos y de sus efectos, ya que se aseguraron las garantías fundamentales de los sujetos procesales; el proceso se rituó bajo los parámetros legales; adicionalmente la sentencia del tribunal no luce arbitraria en cuanto se encontraba facultado legalmente para declarar de oficio la nulidad el anunciado contrato (artículo 2º, Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil), amen que la decisión ratificatoria de la falta de legitimación en causa pasiva de la alcaldía de Tunja y de la Policía Nacional – Ministerio de Defensa Nacional- abreva su legitimidad en el mismo contrato aducido como fuente de los derechos y obligaciones, además que los efectos de la declaración de nulidad únicamente cobija a los contratantes (artículo 1746, ibídem).     



6. En consecuencia, frente a los defectos formales que acusa el cargo examinado, se impone, sin más, la inadmisión de la demanda, lo que de suyo apareja la deserción del recurso de casación.


DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,

RESUELVE:


Primero: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia del diez (10) de agosto de 2017, proferida por la Sala Civil – Familia - del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso declarativo de resolución de contrato que adelantó el Consorcio Páginas Colombianas de Boyacá, contra El Consejo Superior de Policía de Boyacá, Municipio de Tunja y Policía Nacional – Nación Ministerio de Defensa Nacional.


Segundo: Devuélvase el expediente al tribunal de origen


Notifíquese,





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala





MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Impedido





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Impedido