Magistrada ponente
(Aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil dieciocho)
Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la parte actora (conformada por Sonia Stella Silva Ramírez, sus menores hijas a quienes ella representa, Emma Victoria Wilches Salamanca, Lucas Hernán, Pedro Aristides, Oscar Leonardo y Ligia Teresa Galvis Wilches) dice sustentar el recurso de casación que formuló contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de marzo de 2017, en el proceso que incoo frente a Luzmila Patricia Forero Esteban, Juan Carlos Hernández Forero y el Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego S.A. CIOSAS S.A., entidad que llamó en garantía a Seguros del Estado S.A.
A. En la sentencia impugnada el Tribunal desestimó las pretensiones de la parte actora dirigidas a que se declarara la responsabilidad civil de los demandados “por la reprochable atención médica prestada al señor Fabio Hernando Galvis Wilches” en el Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego S.A. y subsecuentemente se les condenara al pago de los perjuicios materiales e inmateriales. Confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá, con la cual se negaron las pretensiones de la demanda al hallarse próspera la excepción propuesta por la pasiva, denominada “inexistencia absoluta de responsabilidad civil en cabeza de los demandados”.
En su providencia, estima el Tribunal que el elemento daño se hallaba demostrado pues obra en el plenario el registro de defunción de Fabio Hernando Galvis Wilches. No obstante, en relación con el hecho culposo, luego de examinar detalles de la historia clínica de este paciente, afirma que “sí existió un error en el seguimiento y control del patrón respiratorio del paciente Galvis Wilches quien estaba siendo tratado por la médica Forero, de allí que la falla sea atribuible no sólo a ella, a título de descuido, sino el personal de enfermería, dejando, asimismo, entrever una falta de coordinación entre ellos, por lo cual se traduce en la culpa del Centro de investigaciones oncológicas Clínica San Diego S.A.” (fls. 109 y 110, c. 17); pero, agrega la Corporación, que contrario a lo alegado por la parte actora, las pruebas no permiten colegir un error médico por la no remisión del enfermo a la unidad de cuidados intensivos cuando llegó a las instalaciones de la entidad demandada.
En relación con la intervención del galeno Juan Carlos Hernández, la autoridad judicial de segunda instancia, previo examen de la prueba testimonial y pericial, colige que no quedó demostrado que este facultativo hubiese actuado con negligencia, imprudencia o ignorancia inexcusable en el procedimiento aplicado y por el contrario del análisis de los materiales de persuasión le llevan a concluir que el procedimiento y los medicamentos suministrados atendieron a la lex artis.
En consecuencia, concluye que “los errores en el tratamiento el paciente se produjeron en la fase de seguimiento y control por parte de la demandada Lucila Patricia Forero y del Centro de investigaciones oncológicas Clínica San Diego, por la no revisión estricta del patrón respiratorio del enfermo y al no ser valorado por neurología, y aunque ello pudo determinar una remisión a la uci y/o intubación tempranas, lo que probablemente incidiría en su recuperación, lo cierto es que no está demostrada la relación de causalidad entre la conducta censurable de aquellos y el deceso de Fabio Hernando Galvis Wilches”.
Remarca el Tribunal que el óbito acaeció mientras se encontraba este paciente internado en el hospital San Pedro Claver adonde fue trasladado de las instalaciones de la demandada el 14 de octubre de 2006, sin que obre en el plenario prueba alguna de la historia clínica de esos dos días en que estuvo a cargo de ese hospital, a pesar de los esfuerzos oficiosos realizados en procura de conseguirla. En consecuencia, al no demostrarse el motivo del fallecimiento, estima imposible establecer un nexo de causalidad que ligue ese suceso con la actividad ejercida por la médica Luzmila y el Centro oncológico demandados.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Tres cargos se formulan contra el fallo impugnado, de cuyo análisis la Corte deduce la indudable falta de idoneidad técnica del primero y la procedencia de una selección negativa del segundo, lo que impide que sean admitidos.
En efecto en el cargo primero, que se articula por la senda de la vía indirecta por violación de normas sustanciales a raíz de error de hecho probatorio y contiene además insistente reproche por no haber practicado el Tribunal las pruebas de oficio que decretó, no menciona norma de estirpe sustancial alguna. Y es sabido que si la causal de casación del numeral segundo del artículo 336 del Código General del Proceso precisamente obedece al control de legalidad y tutela del derecho objetivo que la Corte realiza a partir de la denuncia de infracciones a normas sustanciales, sin ellas, dado lo dispositivo y formal del recurso, no puede avanzar en el estudio de fondo del embate. Y es por ello que el artículo 344 ibídem en su parágrafo primero, contentivo de los requisitos que debe cumplir la demanda de casación, exige que al menos se señale una disposición de índole sustancial que constituyendo base esencial del fallo o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada.
En el cargo segundo, que antitécnicamente se le propone como subsidiario de un segmento del primero, tan sólo se indica que la omisión del Tribunal al no ejercer sus facultades disciplinarias para la práctica de la prueba de oficio que había decretado genera una nulidad.
Interpretado con lasitud, puede entenderse que este cargo aboga por una nulidad procesal originada en la sentencia, pero la hipótesis fáctica que plantea no se adecúa a ninguna de las causales establecidas por el legislador como detonantes de una irregularidad sancionada con esa invalidación perseguida, ni en el cargo se menciona alguna. Porque la que es procedente, esto es, la consistente en haberse omitido la oportunidad para practicar pruebas (numeral 5º del artículo 133 del CGP: el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:…5º: cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas…”) es evidente que no se presentó si se tiene en cuenta que el Tribunal ofició, en primer lugar, al Hospital San Pedro Claver “para que en el término de cinco días allegue a esta corporación copia de la historia clínica de Fabio Hernando Galvis Wilches” (f. 43), objetivo que se vio frustrado pues dicha institución había sido liquidada. Ello condujo entonces a que la autoridad judicial, en un segundo intento, oficiara con idéntico propósito “al ISS EPS y/o a quien tenga la custodia de las historias clínicas de pacientes atendidos en su momento por la clínica San Pedro Claver” (f. 49) siendo tal requerimiento respondido por el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación con lo siguiente: “dentro del acervo documental recibido no existe historia a nombre de Fabio Hernando Galvis Wilches identificado con c.c. No. 9. 533. 101 de la atención recibida en la extinta clínica San Pedro Claver” (f. 50, vto.)
De modo que aun cuando se considerase que el cargo cumple cabalmente con los requisitos técnicos, es del caso dar aplicación a lo previsto en el numeral segundo del artículo 347 del CGP, y en consecuencia inadmitirlo, pues “los errores procesales aducidos no existen”, en vista de que la frustración en la obtención del resultado de la prueba no significa que se haya omitido la oportunidad para su práctica sino tan solo el fracaso en la demostración de los hechos que quieren traerse el proceso con tal medio de convicción, a la sazón no conseguido.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
Primero: INADMITIR los cargos primero y segundo formulados contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de enero de 2013, en el proceso que los recurrentes adelantaron contra la sentencia identificada en el epígrafe de esta providencia.
Segundo: ADMITIR el cargo tercero planteado contra el mencionado fallo.
Tercero: Correr traslado común por 15 días a todos los opositores para que formulen la réplica respectiva.
Notifíquese,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA