Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por los demandantes frente al auto de 17 de abril de 2018, por medio del cual la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal negó conceder el de casación de la sentencia de 22 de marzo de 2018, proferida dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual promovido por Luis Fernando Ochoa Cuenca, Diana Lucía Ochoa Cuenca, Carmen Rozo de Pérez, Amparo Cuenca Charry, Rubén Darío Pérez Rozo, David Santiago Pérez Ochoa y José Alberto Pérez Agudelo, contra SaludCoop EPS Organismo Cooperativo en Liquidación y Clínica Casanare Ltda., al que concurrió como llamada en garantía Liberty Seguros S.A.
1. Se pidió en el libelo declarar que las accionadas son civil y extracontractualmente responsables de la muerte de Yimena Carolina Ochoa Cuenca, acaecida el 18 de marzo de 2012, luego de dar a luz a David Santiago Pérez Ochoa, por complicaciones anteriores y posteriores al parto.
En consecuencia, condenarlas a indemnizar los perjuicios irrogados a los demandantes en su calidad de parientes de la fallecida, así: para su hijo David Santiago Pérez Ochoa y para su compañero permanente Rubén Darío Pérez Rozo 100 SMLMV a título de indemnización de perjuicios morales y la misma cantidad por daño a la vida de relación; a favor de Amparo Cuenca de Charry, como madre, 100 SMLMV por perjuicios morales y 50 SMLMV por daño a la vida de relación; y para cada uno de los demás gestores -hermanos y suegros-, 50 SMLMV por daño moral. Por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reclamó el pago de $220.254.482.
2. El Juez Tercero Civil del Circuito de Yopal dictó sentencia en audiencia de 12 de julio de 2017, en la cual denegó las súplicas (fls. 581 – 600).
3. Apelaron de esa determinación los demandantes.
4. El Tribunal el 22 de marzo de 2018, confirmó el fallo de primer grado en lo que atañe al fracaso de las pretensiones, modificándola solo en el componente de la condena en costas.
5. Frente a la anterior decisión, los gestores interpusieron recurso extraordinario de casación, cuya concesión les fue negada por auto de 17 de abril de 2018.
Al respecto, acotó el magistrado ponente que en este caso no se satisface el requisito del interés económico para recurrir en casación, comoquiera que la parte activa está integrada por una pluralidad de personas, lo que impone analizar por separado el perjuicio que la decisión desfavorable le irroga a cada uno de los reclamantes. En esa dirección, concluyó que en ningún caso ese interés supera los mil (1000) SMLMV, y al no estar habilitado ese requisito de procedencia del recurso extraordinario, no se abre paso su concesión.
6. Los impugnantes propusieron recurso de reposición y en subsidio queja.
En sustento, alegaron que si bien existe pluralidad de actores, todos ellos persiguen una única pretensión consistente en la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual de las accionadas y al haber sido adversa la decisión de ese pedimento, no puede exigirse que cada uno, o por lo menos uno de ellos, deba tener expectativas superiores a 1000 SMLMV, «pues el origen de la cuantía indemnizatoria, es el mismo para todos».
6. El ad quem mantuvo su decisión y dio trámite a la queja, básicamente con los mismos argumentos que expuso en la determinación censurada.
1. Examinado el asunto, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal en haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por los quejosos.
2. La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este medio puede dirigirse, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra:
Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
Como puede apreciarse, el nuevo compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimación de la resolución desfavorable, fijándola en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de aspiraciones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificación de ese requisito, al tenor del artículo 339 siguiente,
Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.
3. En orden a resolver acerca de la inconformidad planteada debe tenerse en cuenta que la figura del litisconsorcio facultativo por activa obedece a que por razones de economía procesal, en un mismo proceso aunque sea diferente el interés de los accionantes, se pueda presentar una multiplicidad de súplicas a su favor, siempre que exista identidad de causa u objeto, se hallen en relación de dependencia o deban servirse de las mismas pruebas, lo que no impide que cada uno de ellos se considere como litigante separado.
En el sub judice, la demanda da cuenta de una serie de aspiraciones acumuladas por varios interesados, invocándose como principales unas declarativas y otras consecuenciales de condena, estas últimas encaminadas a obtener la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que el extremo activo alegó haber sufrido con ocasión del hecho dañoso que dio origen al reclamo de tutela jurisdiccional, sin que la reparación reclamada por alguno de los accionantes supere el equivalente a 1000 SMLMV.
Tratándose de la modalidad de litisconsorcio facultativo o voluntario, a efectos de establecer el monto del interés para recurrir en casación, el agravio económico se establece frente a cada uno de sus integrantes de manera particular, por cuanto la ley los considera independientes en el desarrollo de la relación jurídica procesal, en el entendido que en sus relaciones con la contraparte actúan como litigantes separados, al punto que los actos de cada uno no redundan ni en provecho, ni en perjuicio de los otros (art. 60 C. G. P.)
Lo anterior no obsta, para que en el evento de que uno de los litisconsortes cumpla a cabalidad las exigencias de procedencia del recurso de casación, incluyendo el interés económico, los demás puedan también valerse de este medio de impugnación, tal y como lo autoriza el artículo 338 del Código General del Proceso en su último inciso,
Cuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se concederá la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuere insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomos.
En síntesis, la apreciación de los quejosos referente a que el fracaso de las súplicas declarativas extendía a todos los litisconsortes el interés económico para recurrir, resulta inadmisible.
Ciertamente, pese a que la desestimación de las pretensiones declarativas e indemnizatorias afecta a todos los demandantes, se itera, el requisito de la «cuantía del interés para recurrir» debe apreciarse de cara al agravio irrogado con la sentencia impugnada a cada uno de ellos y de ninguna manera, para ese preciso efecto, se puede estimar la sumatoria de lo reclamado individualmente.
En ese sentido, de manera reiterada y uniforme se ha pronunciado esta Sala. Solo para ejemplificar, en AC7203-2016 se efectuó una reseña sobre esa temática, en los siguientes términos:
(…) Acerca de la señalada doctrina jurisprudencial, memorada en auto CSJ AC-7068-2016, rad. n° 2011-00762-01, se indicó:
[…] cuando de un litisconsorcio facultativo se trata, ha de examinarse en punto de las distintas personas que lo conforman y, concretamente, en relación con el menoscabo que el fallo a cada una de ellas les irroga, individualmente consideradas, conforme a la autonomía e independencia que revisten sus pretensiones, habida cuenta que la apuntada especie litisconsorcial acaece cuando ‘quienes integran la parte, por razones de economía procesal y mediando vínculos ya sea sobre el objeto, la causa o los medios de prueba, acuden voluntariamente a formular pretensiones independientes entre sí, que bien podrían formularse en proceso separado’ […]. De ahí, que el artículo […60 actualmente del Código General del Proceso] prescriba que los actos de cada uno de los litisconsortes no redundarán en provecho ni perjuicio de los otros, sin que por ello se aflija la unidad del proceso.
Así mismo, en proveídos AC4966-2015, rad. n° 2012-00179-01, AC 25, ene. 2013, rad. n° 2009-00676-01, entre muchos otros, se reiteró:
[…] la labor de tasación del desmedro económico del impugnante, que está a cargo de quien concede el medio de contradicción, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los artículos 50 y 51 del Código de Procedimiento Civil la posibilidad de que su conformación sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisión que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los últimos los une un vínculo tal que la resolución para todos ellos es uniforme (…) cuando varios interesados acuden al unísono en acumulación de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un análisis individualizado de su interés.
De igual manera, en proveído CSJ AC, 28 feb. 2007, rad. n° 2006-01954-00, se sostuvo:
[…] cuando en la parte actora concurren varias personas, el interés o la cuantía para recurrir varía dependiendo de si son integrantes de un litisconsorcio facultativo, o uno necesario, pues en el primer caso, siendo que se consideran litigantes independientes, los valores reclamados no pueden ser sumados a efectos de estimar la cuantía del menoscabo que la sentencia les causa, ya que cada uno de ellos es titular de su propio interés, a diferencia del litisconsorcio necesario en el que sí representa un solo valor. Y como en este asunto los demandantes concurren integrando un litisconsorcio facultativo, la pérdida que reclaman debe sopesarse de manera individual o separada.
4. En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como se previó en el auto impugnado.
5. De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado