Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por Servicios Online S.A.S., frente al auto de 12 de marzo de 2018, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó conceder el de casación de la sentencia de 30 de enero de 2018, proferida dentro del proceso verbal de la recurrente contra Booking Com. B. V y Booking Com. Colombia S.A.S.
1. Se pidió en el libelo declarar que las demandadas incurrieron en las conductas que constituyen actos de competencia desleal, por infringir los artículos 7, 8, 11 y 18 de la Ley 256 de 1996. En consecuencia, se les prohíba en forma definitiva utilizar el dominio www.booking.com para ofrecer o comercializar productos y servicios turísticos en Colombia, hasta tanto no cuente con RNT y no publique los precios conforme con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1558 de 2012.
Así mismo, se solita que en forma definitiva se les prohíba a las accionadas utilizar expresiones tales como «el mejor precio» y/o «precio mínimo garantizado» en su página www.booking.com, o en cualquier otro medio físico o virtual, asociadas al ofrecimiento y venta de servicios turísticos en Colombia (fls. 18 - 54, c. 1).
2. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictó sentencia en audiencia de 25 de agosto de 2017, en la cual desestimó las pretensiones.
3. Apeló esa determinación la parte actora.
4. El Tribunal dictó sentencia confirmatoria el 30 de enero de 2018 (fls. 135 – 144, c.12).
5. Frente a la anterior decisión, la accionante formuló recurso de casación, cuya concesión le fue negada por auto de 12 de marzo de 2018.
Al respecto, acotó la magistrada ponente que del examen de los medios probatorios no aparecía demostrado el quantum del menoscabo patrimonial que la sentencia le ocasiona a la opugnante. Además, como la sentencia fue dictada en proceso declarativo y no está comprendida dentro de las excepciones para descartar la valoración del interés cuantitativo, era indispensable determinar la cuantía del perjuicio, carga que no satisfizo la recurrente, pues omitió aportar una experticia para el efecto y al no ser factible establecer que éste era superior a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se imponía declarar la improcedencia del recurso extraordinario (fls. 156 – 158, ib.).
6. La impugnante propuso recurso de reposición y en subsidio queja. En síntesis, expuso que la naturaleza de las pretensiones formuladas no era económica, sino extra patrimonial en la medida que se concretaron a la «declaratoria de consumación de actos de competencia desleal y su correlativa prohibición de volverse a materializar»; conforme al artículo 334 del Código General del Proceso, «respecto de todas las sentencias dictadas en procesos ordinarios, sin excluir las extra patrimoniales, procede el recurso extraordinario de casación», y a tono con CC C-213 de 2017, en los casos de pretensiones «no esencialmente económicas debe prescindirse de cualquier valoración de la cuantía».
En conclusión, el recurso extraordinario sí era procedente por cuanto no siendo las pretensiones de carácter económico, tampoco era necesario acreditar el requisito de la cuantía del interés para recurrir, siendo esa la interpretación armónica que debe darse a los artículos 334 y 338 del Código General del Proceso.
7. La magistrada ponente decidió no reponer su decisión y dar trámite a la queja. En esa dirección, razonó que el hecho de que la accionante no hubiere formulado pretensión dineraria en la demanda, no la sustraía de justipreciar el valor de su interés en casación, toda vez que si bien este juicio por su naturaleza declarativa es de los contemplados en el numeral 1 del artículo 334 ibídem como susceptibles del recurso extraordinario, en todo caso no encaja dentro de las excepciones previstas en el artículo 338 siguiente como exonerado de esa exigencia.
1. Examinado el asunto, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal en haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por la quejosa.
2. La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este extraordinario medio, procede, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra:
Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
Como puede apreciarse, el nuevo compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimación de la resolución desfavorable, fijándola en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificación de ese requisito, al tenor del artículo 339 siguiente, «Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión».
3. La inconformidad planteada se circunscribe a que, contrario a lo analizado por el Tribunal, en este caso las aspiraciones no eran de contenido patrimonial y por lo mismo, no se requería acreditar la cuantía del interés para recurrir.
4. La demanda da cuenta de unas pretensiones declarativas y otras de prohibición que, ciertamente, no tienen explícitamente un contenido pecuniario. No obstante, la definición de si las mismas son de estirpe «esencialmente económica», debe consultar también el estudio de la naturaleza y finalidad del proceso.
Obsérvese que se trata de un proceso de competencia desleal promovido al amparo de la Ley 256 de 1996, cuyo objeto es «garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado» (art. 1°) y en cuanto a la legitimación por activa, dispone el artículo 21 ibídem, que «cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley». (Subraya intencional).
En el ámbito objetivo, al tenor del artículo 2 ibídem, los comportamientos previstos en esa ley «tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales», precisando que esa finalidad se presume cuando el acto, por las circunstancias en que se realiza, «se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero».
La misma normatividad regula dos tipos de acciones contra los actos de competencia desleal (art. 20),
1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. (…).
2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno. (Subraya intencional).
A partir de estas premisas, emerge con nitidez que el promotor de una acción de esta naturaleza tiene un interés de orden patrimonial que se dirige a contrarrestar o conjurar las prácticas o conductas calificadas como desleales en que incurre o puede incurrir otro participante que actúa en el mismo mercado en forma concurrencial.
4. En el sub judice, Servicios Online S.A.S., aduciendo su calidad de agencia de viajes online inscrita en el Registro Nacional de Turismo – RNT, formuló unas aspiraciones declarativas y otras prohibitivas encaminadas a atacar los actos de competencia desleal atribuidos a las demandadas, por cuanto no existe duda «sobre la intención y despliegue de actividades comerciales por parte de Booking B.V. en el territorio colombiano y que consisten en el ofrecimiento y venta de servicios turísticos a partir de la gestión comercial que para aquella desempeña su filial colombiana Booking.com.», y añade,
(…) Quiere significar lo anterior que Booking.com, además de estar abriendo mercado en Colombia en nombre de su controlante holandesa y por lo mismo disputándose una clientela en un segmento específico de la competencia debe tenerse como la compañía llamada a representar judicialmente a la sociedad holandesa (…) expuesto lo anterior en materia de las razones que sustentan la vinculación procesal de ambas sociedades, nos centraremos en lo sucesivo en exponer como aquellas desarrollan actividades catalogadas como servicios turísticos sin cumplir con las normas que informan la materia.
(…)
La violación de las normas contenidas en la Ley 300 de 1996 y sus decretos reglamentarios, afecta los intereses económicos de Servicios Online, al ser este un competidor directo de Booking B.V., y por ende de Booking.com, en el mercado de agencias de viajes online. Lo anterior, en tanto Booking B.V., a partir de la gestión comercial de expansión y posicionamiento que despliega su controlada Booking.com, está participando en el mercado colombiano sin autorización y sin tener que asumir todas las exigencias establecidas en la ley, las cuales Servicios Online sí ha tenido que cumplir para poder participar legalmente en el mercado colombiano. (Subraya intencional).
Y en el hecho numerado 2.46 expresamente indicó que el error y el engaño en que puede verse incurso el consumidor final, «afecta sin lugar a dudas los intereses económicos de Servicios Online al ser este un competidor directo de Booking B.V. en el mercado de agencias de viajes online, específicamente respecto del ofrecimiento de servicios de reserva de alojamientos» (Subraya intencional).
En el descrito panorama, resulta palmario que la acción ejercida, al margen de que no contenga pretensiones indemnizatorias, es la prevista en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 256 de 1996 y no la preventiva consagrada en el numeral 2 ibídem. De allí, que no resulte admisible el argumento de la quejosa en punto al carácter no patrimonial de sus súplicas, y menos aún, cuando de la lectura del libelo demandatorio salta a la vista que su finalidad era no solo obtener la declaración de que las convocadas incurrieron en conductas constitutivas de competencia desleal, sino además, y quizá en forma preponderante, que se les impidiera seguir participando en el mercado de la actividad turística online en Colombia mientras no cumplieran algunas exigencias legales, todo ello, como ya se vio, bajo el argumento de la afectación de sus intereses económicos.
5. En resumen, no llama a duda que los pedimentos, mirados de cara a la naturaleza del proceso, sí son de contenido esencialmente económico, y por ello, para efectos del recurso de casación, era preciso demostrar la magnitud del detrimento patrimonial irrogado a los recurrentes con la sentencia fustigada, dado que no se advierte ninguna excepción que amerite dar aplicación en ese sentido al artículo 338 del Código General del Proceso.
6. En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como lo previó la magistrada sustanciadora.
7. De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por Servicios Online S.A.S., contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado