Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por los demandantes frente al auto de 10 de noviembre de 2017, por medio del cual la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca negó conceder el de casación de la sentencia de 27 de octubre del mismo año, proferida dentro del proceso ordinario de Claudio Humberto Sarmiento López, Ana María Delgado González, Karen Melissa Sarmiento Delgado y Felipe Sarmiento Delgado, contra Allianz Seguros de Vida S.A. S.A. – antes Colseguros S.A.
1. Se pidió en el libelo declarar que la demandada incumplió el contrato de seguro de vida, cuyo tomador fue Banco Agrario de Colombia S.A., y asegurado Claudio Sarmiento Ruiz, quien falleció en Cúcuta el 18 de marzo de 2009, al negarse a pagar las coberturas de la póliza a sus beneficiarios.
En forma consecuencial, reclamaron se le condenara a pagarle a cada demandante, el 25% del valor asegurado que ascendía a $50.000.000 por concepto de amparo básico de vida, más $6.000.000 de renta mensual por muerte, para educación o canasta familiar. Adicionalmente, a título de intereses moratorios el 2% sobre el capital por el término de 25 meses y como indemnización de perjuicios por el no pago oportuno, la suma de $10.000.000; siendo el estimado total de las pretensiones $136.000.000, que incluye el valor del contrato, intereses, lucro cesante, daño emergente e indexación.
2. El Juez Civil del Circuito de Arauca dictó sentencia el 24 de febrero de 2017, en la cual declaró probada la excepción denominada «prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro» y negó las súplicas.
3. Apelaron de esa determinación los demandantes.
4. En audiencia de 27 de octubre de 2017, el Tribunal dictó sentencia confirmatoria de la impugnada.
5. Frente a ese fallo los actores interpusieron recurso extraordinario de casación, cuya concesión les fue negada por auto de 10 de noviembre de 2017.
Al respecto, acotó la magistrada ponente que no se estableció el requisito del interés económico para recurrir en casación, dado que sumadas las pretensiones apenas ascendían a $185.097.078, siendo ese el valor actual de la resolución desfavorable, que no alcanza la cuantía mínima legal de 1000 SMLMV, exigida en el artículo 338 del Código General del Proceso.
6. Los impugnantes propusieron recurso de reposición y en subsidio queja. Sus reparos se centraron en que, de conformidad con el artículo 334 ibídem, el recurso es procedente dada la naturaleza declarativa del proceso, y alegaron la «prevalencia al derecho sustancial y principio de favorabilidad» y la garantía del debido proceso.
7. El ad quem mantuvo su decisión y dio trámite a la queja, en esencia, porque las pretensiones de la Litis son de contenido patrimonial, de donde era menester dar aplicación a los artículos 338 y 339 ibídem.
1. Examinado el asunto, de entrada se advierte que le asistió razón al tribunal en haber denegado la vía extraordinaria de impugnación intentada por los quejosos.
2. La procedencia del recurso de casación, está supeditada a la satisfacción de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el artículo 334 del Código General del Proceso dispone que este extraordinario medio, procede, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, en «toda clase de procesos declarativos».
A su turno, el canon 338 ibídem, consagra:
Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
Como puede apreciarse, el nuevo compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimación de la resolución desfavorable, fijándola en un mil (1000) SMLMV, para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales. Y, en punto a la verificación de ese requisito, al tenor del artículo 339 siguiente,
Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.
3. La demanda da cuenta de una serie de pretensiones acumuladas a favor de varios accionantes, invocándose como principales las declarativas y como consecuenciales las de condena, estas últimas encaminadas a obtener el pago de la suma asegurada, así como de los intereses moratorios por el no pago oportuno, y la indemnización de los perjuicios patrimoniales que el extremo activo alegó haber sufrido con ocasión del incumplimiento contractual que dio origen al reclamo de tutela jurisdiccional.
En ese orden, no resulta factible acoger el argumento propuesto por los impugnantes, por cuanto de la lectura del libelo demandatorio salta a la vista que la finalidad de sus promotores era no solo obtener la declaración de responsabilidad civil radicada en la accionada, sino también, y quizá en forma preponderante, conseguir el pago de la póliza y la reparación del daño justipreciado en términos monetarios.
De este modo, la apreciación de los quejosos referente a que la súplica declarativa bastaba para que el recurso extraordinario fuera viable, es a todas luces inadmisible. Lo contrario, conduciría a desconocer que ante la evidencia del contenido esencialmente económico de la demanda, para efectos del recurso de casación era preciso demostrar la magnitud del detrimento patrimonial inferido a los recurrentes con la sentencia fustigada, dado que no se advierte ninguna de las excepciones previstas en el artículo 338 del Código General del Proceso.
En esa dirección, comoquiera que al tenor del artículo 13 del nuevo estatuto procesal, las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, los argumentos de inconformidad referidos a la prevalencia del derecho sustancial y respeto del debido proceso, carecen de cualquier sustento, dado que en este caso la inviabilidad de la casación deviene de la aplicación de una disposición de orden procesal, cuya pertinencia para la definición de este asunto no admite discusión.
4. En consecuencia, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como lo previó el sentenciador.
5. De conformidad con el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso, la resolución desfavorable de este recurso daría lugar a imponer condena en costas, sin embargo, no habrá lugar a ello dado que no existe constancia de que se hayan causado (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ibídem).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, en el proceso referenciado.
Segundo: Sin lugar a condena en costas por el trámite del recurso de queja.
Tercero: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado